Manuel Chávez Celis

Expediente 575/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 36 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
575/2020
Año
2020
Actuaciones
36
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Manuel Chávez Celis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en audiencia constitucional el quince de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por Manuel Chávez Celis, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse. Por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el inciso a), fracción I, artículo 18 del aludido acuerdo, es depurable dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva al peticionario de amparo; y, destruible su duplicado, virtud a lo expuesto en el inciso a), fracción II, del diverso 20 del citado cuerpo normativo. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos, de conformidad con la certificación inserta al proemio de este acuerdo, ni tampoco de garantía, toda vez que ésta no fue exhibida en el cuaderno incidental. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el párrafo primero del dispositivo 21 del indicado acuerdo general, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del juicio principal y original del incidente de suspensión. Por lo que ve al duplicado del cuaderno suspensional éste deberá destruirse cuando culmine el plazo de seis meses de conservación, contado a partir del presente auto, en acatamiento al numeral 20, fracción II, inciso a) del mencionado acuerdo. Para el trámite de la destrucción del juicio de amparo y de los cuadernos de suspensión, deberá observarse lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal y otro tanto de dichos documentos deberán conservarse en este órgano jurisdiccional. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula del expediente principal, así como del duplicado del incidente de suspensión, los datos precisados con antelación, con la leyenda de valoración "destruible" y, por lo que respecta al expediente principal del citado incidente la leyenda "depurable". Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo VI-575/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido al día siguiente en este juzgado, ******************** demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADACTO RECLAMADODirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro; y, El oficio de********************en el cual el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, niega la solicitud de la colonia "Arboledas del Campestre" perteneciente al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en extenderle los permisos para la regularización y escrituración de dicha colonización, ello debido que no cumple con los requisitos contemplados en el Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán de Ocampo. Subdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Los que considera violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, previas prevenciones, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. TERCERO. En audiencia constitucional, se tuvo por no señaladas como autoridades responsables al: Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Virtud a su inexistencia, por ende, no procede realizar pronunciamiento al respecto, al haber quedado fuera de la contienda constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 51 fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que radican dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por esta vía constitucional, consisten en: El oficio de********************en el cual el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, niega la solicitud de la colonia "Arboledas del Campestre" perteneciente al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en extenderle los permisos para la regularización y escrituración de dicha colonización, ello debido que no cumple con los requisitos contemplados en el Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán de Ocampo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado al Subdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. En principio, debe decirse que las autoridades responsables fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificadas de los oficios 2777/2021 y 2778/2021 que se les giraron para tal efecto, según se advierte de las constancias que remitió el actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, de las que se advierte que el veintitrés de febrero del año en curso, se entregaron en las oficinas de esa dependencia dichos comunicados y sus anexos, en cumplimiento al despacho 35/2021 (orden 67) del índice de esta potestad federal, sin que lo hayan hecho. No obstante lo anterior, en el presente caso no procede tener por presuntivamente cierto el acto reclamado al Subdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, en virtud de que en autos se encuentra desvirtuado que éste haya participado en la emisión del oficio que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, según se advierte de la imagen que a continuación se inserta: Examinado el referido oficio fechado el********************por medio del cual el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, negó la solicitud a la colonia "Arboledas del Campestre" perteneciente al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, para extenderle los permisos para la regularización y escrituración de dicha colonización, porque, adujo, no cumple con los requisitos contemplados en el Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán de Ocampo. Empero, de su contenido no se advierte que el Subdirector adscrito a esa dependencia haya participado en la emisión de esa determinación sino que, por lo contrario, se desprende que fue el titular de esa dependencia quien suscribió el oficio reclamado. Por tanto, dada las particularidades del presente asunto y tomando en consideración que la parte quejosa no aportó alguna otra constancia de la que se advierta que el Subdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, haya participado en la elaboración o emisión del oficio que constituye el acto reclamado, es obvia la inexistencia del acto que se atribuye a dicha autoridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento respecto al acto atribuido al Subdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. CUARTO. Existencia del acto reclamado al Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Como quedó precisado en el considerando anterior el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse legalmente notificado del oficio mediante el cual se le requirió para tal efecto, el cual fue entregado en sus oficinas desde el veintitrés de febrero del año en curso. Por tanto, de conformidad con el artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene presuntivamente cierto el acto reclamado a la referida responsable. Presunción de certeza que se robustece con el original del oficio de********************que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, cuya imagen se insertó en apartados que anteceden, del que se advierte que fue precisamente el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, el funcionario que negó la solicitud formulada por la colonia Arboledas del Campestre", perteneciente al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en extenderle los permisos para la regularización y escrituración de dicha colonización, bajo el argumento de que no cumplía con los requisitos contemplados en el Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán de Ocampo. Prueba que se valora de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y, por tanto, se le confiere pleno valor probatorio en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del ordenamiento legal en consulta. En consecuencia, se tiene por acreditada la existencia del acto reclamado CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador federal, de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Actualización de la causa de improcedencia En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La causa de improcedencia referida tiene como base lo que establece la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que en lo conducente prevén: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ley de Amparo Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los citados preceptos legales se colige que el juicio de amparo es el medio de control de la constitucionalidad de actos de autoridad, y excepcionalmente de particulares. Asimismo, se establece que el juicio de amparo se sigue siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, el que se vio afectado de forma real y actual, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con motivo del acto de autoridad reclamado. Por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, y que ese interés resulte agraviado por la autoridad, de modo que, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el caso concreto, el quejoso refiere que el acto de autoridad consistente en oficio de ******************** le afecta, pues la negativa de la regularización del asentamiento en la Colonia Arboledas del Campestre en Pátzcuaro, Michoacán, carece de fundamentación y motivación. En ese sentido, el quejoso debe demostrar la afectación a su esfera jurídica derivada del acto de autoridad que combate; lo cual no significa que en el juicio de amparo se decida y se haga un pronunciamiento sobre la titularidad de ese derecho, sino que dicho análisis en relación con el valor probatorio de los documentos, deberá realizarse exclusivamente para efectos de comprobar el interés jurídico y, por consecuencia, la legitimación del promovente y la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página 333, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público". A efecto de acreditar la afectación a su esfera jurídica el quejoso el quejoso remitió el original del oficio de********************signado por el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que el aquí quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que: "(.) formulamos atenta promoción y petición a las autoridades correspondientes a fin de que nos dieran los permisos necesarios para poder estar en condiciones de regularizar nuestras posesiones y que se nos diera certeza jurídica a los que habitamos en la multicitada colonia popular". Empero, pese a la manifestación bajo protesta de decir verdad, tal aspecto no quedó corroborado con constancia alguna, dado que la respuesta a dicha solicitud se encuentra inserta en el oficio de********************sin embargo, éste se encuentra dirigido a ******************** en su calidad de representante de la ******************** esto es, se trata de una persona diversa al promovente del amparo que es******************** Máxime que el quejoso tampoco demostró que él, a título personal, hubiese presentado -ante la referida responsable- la solicitud que motivó la emisión del oficio reclamado, ya sea en su calidad de representante, propietario o habitante de algún inmueble ubicado en la ******************** pues al efecto nada adjuntó a su escrito de demanda; de ahí que se considere que no existe afectación a su interés jurídico derivado del acto de autoridad que reclama. En otro orden de ideas, dado que la parte quejosa se duele de una afectación en sus derechos, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues aduce ser parte de los habitantes de la ******************** de ahí que resulte pertinente abundar en el concepto de interés legítimo. El interés legítimo es la facultad que tienen todas aquellas personas que, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen interés en que determinados actos de autoridad, se ajusten a la legalidad, cuyo objeto es que al ejercerlo les sea reparado el derecho violado; es decir, es aquella circunstancia que produce que el quejoso en el juicio de amparo sea quien resienta una afectación con motivo de un acto de autoridad que altere de manera directa su esfera de facultades y deberes, un derecho reconocido por el orden jurídico o, bien, que se violen derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación a lo anterior la tesis con registro 2003067, número 2a. XVIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 2, página 1736, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella". Establecido lo anterior, se reitera, el hoy quejoso controvierte el oficio de ******************** en el cual le negaron a los habitantes de la********************la regularización de dicha colonia. En tales condiciones, a efecto de evidenciar el interés legítimo y, por ende, la afectación en virtud de su especial situación del quejoso frente al orden jurídico, el promovente tiene la carga de demostrar el carácter de residente o de vecindad en la colonia a la que alude el acto de autoridad, pues de demostrar ese carácter entonces se encontraría en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión demandada en juicio, ya sea por una circunstancia personal, o por una regulación sectorial o grupal y que, de prosperar la acción constitucional, se traduciría en la protección del derecho legítimo en disputa. Ahora, la parte quejosa durante el trámite del presente juicio de amparo, no ofreció prueba idónea y suficiente para acreditar su interés legítimo, ello se dice, debido a que si bien allegó al presente expediente como prueba: Copia simple del acta de asamblea general, pasada ante la fe de la Notaria Pública número ciento setenta y ocho ********************en ejercicio y con residencia en el Distrito de Pátzcuaro, Michoacán, de la Asociación Civil denominada ******************** no así -como lo refirió en su escrito presentado el ******************** Sin embargo, tal documental al ser fotocopia simple carece de valor probatorio pleno, pues ésta puede ser creada o alterada a través de los descubrimientos de la ciencia; ello, al margen de que la precitada copia simple tampoco revelaría que el promovente ******************** sea representante de la colonia ******************** por ende, no es apta para acreditar la personalidad con la que se ostentó el peticionario; de ahí su ineficacia. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Habida cuenta que aun cuando se observara el contenido de la copia simple del acta de asamblea general, pasada ante la fe de la Notaria Pública número ciento setenta y ocho ********************en ejercicio y con residencia en el Distrito de Pátzcuaro, Michoacán, de la Asociación Civil denominada ******************** dicha documental sería ineficaz para demostrar los extremos pretendidos por el promovente ********************, esto es, que es representante de la colonia ******************** pues en ningún apartado de ésta se asentó que el indicado asentamiento humano forme parte de la persona moral ********************, tampoco revela que dicha asociación represente a la colonia referida, por sí misma o por conducto de algún apoderado. En estas condiciones, la vinculación jurídicamente relevante y protegida, no depende de la simple manifestación del interesado, en el sentido de que goza de un interés legítimo, sino que debe justificarlo, lo que en el presente asunto no fue acreditado por el hoy quejoso, pues -se insiste- éste no aportó probanzas, para demostrar que, efectivamente, tenía el interés requerido para promover el presente juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER en el juicio de amparo. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que, aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley referida, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que señala el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en mención. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E : Primero. Se SOBRESEE el juicio de amparo solicitado por, en contra de los actos reclamados al Director y Subdirector, ambos de Urbanismo del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Manuel Chávez Celis, contra los actos que reclamó de las autoridades y por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.

  4. Principal

    Remite constancias Agréguese a los autos para que obre legalmente como corresponda el oficio con terminación 147/2021, signado por la Jefa de Administración Centro Histórico del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se le tuvo remitiendo copia certificada de los acuses que cita en dicha comunicación. Integración de expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

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