Manuel Aarón García Escutia
Expediente 740/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 740/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Aarón García Escutia
Actuaciones
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se haga pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, dado que no se solicitó.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Recepción de oficio. Intégrese el comunicado del Presidente de la Junta Local Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se le tiene rindiendo informe justificado. Así como remitiendo, copias certificadas de las constancias que integran el expediente laboral 3D-1209/2021. 2. Sobresee fuera audiencia. De las constancias que adjuntó la junta responsable, las que adquieren valor probatorio conforme lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se advierte que el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno proveyó, entre otras cosas: a. Tuvo por recibida y radicada la demanda laboral promovida por Manuel Aarón García Escutia, en contra de GRUPO POSADA S.A.B. DE C.V. y otros, en la vía ordinaria laboral por indemnización constitucional; 2. Señaló las doce horas con treinta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, con los apercibimientos legales a las partes. 3. Comisionó al actuario para que emplazara a la parte demandada. De lo anterior, se estima que en el particular, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En el particular, se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado y de la garantía establecida para su protección. En tal virtud, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos reconocidos en la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías establecidas para su protección, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar aquéllos y cumplir, por su parte, lo que exijan; fin que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste, así como todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En el caso que nos ocupa, si el quejoso reclamó de la responsable la omisión de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral, porque a la fecha de presentación de la demanda de amparo -dieciocho de agosto de dos mil veintiuno- no había señalado día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones, como lo dispone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y, si el veintisiete de agosto siguiente la autoridad responsable abandonó esa omisión, al señalar fecha para la aludida audiencia, es inconcuso que lo reclamado ya no podrá afectarle. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, respecto del acto a estudio. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". 2.1. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON SÉIS MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Alegatos. Intégrese el escrito signado por la Agente del Ministerio Público adscrito, a través del cual realiza manifestaciones; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos y dese cuenta con ellos en la audiencia constitucional. Copias. Finalmente, por cuanto a la copia que solicita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídasele una vez que se emita la sentencia relativa.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de dos de enero de dos mil veinte, se concedió a Rosalio Lobato Hurtado, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Investigador de la Quinta Agencia de la Fiscalía Regional de Morelia con residencia en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "Dejar insubsistente el proveído dictado por ésta el treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictado en la averiguación previa 021/2015-V-2, en el cual negó admitir y desahogar las pruebas ofrecidas por el defensor del inculpado Rosalio Lobato Hurtado consistentes en: Pericial en urología Documental privada Ampliación de declaración a cargo de Víctor Hugo Galván Jiménez y Marco Antonio Barrera Arguello. Dictar uno nuevo en el que: Provea nuevamente lo conducente respecto a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por el quejoso, y que se han identificado con anterioridad, atendiendo a lo resuelto en el presente fallo; y en caso que exista alguna limitante o restricción legal para su ofrecimiento y recepción, deberá fundarlo y motivarlo." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El Agente del Ministerio Público encargado del cumplimiento, remitió copia certificada de los documentos consistentes en: Acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte. Cédula de notificación a Carlos Gutiérrez Curiel. Notificaciones personales practicadas a Carlos Gutiérrez Curiel. Escrito presentado por Carlos Gutiérrez Curiel de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Ratificación de escrito. Cédula de notificación a Marco Antonio Feliciano Barrera Arguello de veinticinco de febrero de dos mil veinte. Cédula de notificación a Víctor Hugo Galván Jiménez de veinticinco de febrero de dos mil veinte. Escrito presentado ante este órgano por Carlos Gutiérrez Curiel. Oficio de requerimiento a Víctor Hugo Galván Jiménez, respecto de la hoja en la que aparezcan las notas del médico de guardia que prestó los servicios a las veinte horas del tres de febrero de dos mil catorce, y ocho horas del día cuatro del mismo mes. Oficio de veintisiete de agosto de dos mil veinte en el que se requirió de nueva cuenta al Director de la Clínica San Miguel las notas médicas descritas, con el apercibimiento que en caso de no cumplir le sería aplicados como medio de apremio una multa. Escrito de Víctor Hugo Galván Jiménez en cuanto director de la Clínica San Miguel presentado ante el Agente del Ministerio Público en donde informa sobre la imposibilidad de exhibir los documentos requeridos en virtud de que el expediente médico de que se trata fue depurado. Acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte en donde se tiene por recibido el escrito que antecede. Escrito de veintitrés de agosto de dos mil veinte en que el citado Víctor Hugo, exhibe copias de la relación de los expedientes depurados el diez de febrero de dos mil catorce. Acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno en donde el Agente del Ministerio Público Investigador, en que se volvió a requerir al director de la Clínica San Miguel, la exhibición de las constancias médicas aludidas. Opinión médica de Belisario Torres Alvarado en relación a la probable responsabilidad del indiciado en la negligencia médica que se le imputa, presentado el doce de abril de dos mil veintiuno. Aplicación de declaración Marco Antonio Feliciano Barrera Arguello de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Sin embargo, del estudio integral de las constancias descritas, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a las obligaciones básicas impuestas en la ejecutoria de amparo ya que dejó insubsistente el proveído dictado el treinta de agosto de dos mil diecinueve, y ordenó el desahogo de las pruebas Pericial en urología, documental privada consistente en las notas médicas y la ampliación de declaración a cargo de Víctor Hugo Galván Jiménez y Marco Antonio Barrera Arguello, pero omitió resolver sobre la imposibilidad planteada por el director médico de la Clínica San Miguel, respecto de la exhibición de la hoja en la que aparezcan las notas del médico de guardia que prestó los servicios a las veinte horas del tres de febrero de dos mil catorce, y ocho horas del día cuatro del mismo mes, lo que resulta trascendente porque son indispensables para resolver lo que en derecho corresponda. Es importante señalar, que para resolver sobre la imposibilidad planteada el Agente del Ministerio Público debe tomar en cuenta, todo lo manifestado en el procedimiento, precisar si tal exhibición es una carga procesal o una obligación, y con base en ello decidir si para lograr resolver el asunto, debe aplicar los medios de apremio a fin de allegarse de la documental en cuestión, o bien, si se trata de una carga probatoria, apercibir a las pates que en caso de exhibirlas se tendrá por presuntamente demostrado lo que el oferente de la prueba pretende, para que, con base en ello resuelva en definitiva la averiguación previa. 4. Conclusión. En ese contexto, se concluye que las autoridades responsables incurrieron en defecto; por tanto, no se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, resulta innecesario pronunciarse sobre las manifestaciones de la parte quejosa. 5. Requerimiento y apercibimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Investigador de la Quinta Agencia de la Fiscalía Regional de Morelia, así como al Titular de la Fiscalía Regional de Morelia en cuanto superior jerárquico del primero, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo en los términos establecidos en los párrafos precedentes; apercibidas que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta a cada una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en término de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente.
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