Manuel Cano Maynez

Expediente 1775/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1775/2015
Año
2015
Actuaciones
23
Última actuación
31/08/2016

Partes del expediente

  • Manuel Cano Maynez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    En treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, CERTIFICO: Que ha transcurrido en exceso el término de tres días que se concedió al quejoso MANUEL CANO MÁYNEZ en auto de diez de agosto del año en curso, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, respecto del acto realizado por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a la fecha ha fenecido sin que lo hubiera hecho; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que el quejoso MANUEL CANO MÁYNEZ, no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término de tres días que se le concedió para tal efecto, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veintiocho de diciembre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva en catorce de marzo de dos mil dieciséis; en la que se concedió al quejoso la protección constitucional, para los efectos siguientes: "Consecuentemente, al resultar fundado el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad del artículo 52, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas lo procedente es conceder el amparo y la protección solicitados para que en términos de los artículos 77, fracción I, y 78 de la Ley de Amparo: Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso las imposiciones que se establecen a su cargo por motivo del pago de derechos registrales previstos por los artículos 52, fracciones I, II, inciso b), XII y XVII, y 57 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas contenidos en el recibo oficial F2065865; y, Quede a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución del importe respectivo; esto es, una vez que cause ejecutoria el presente fallo deberá requerirse al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y a la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, o a cualquier otra autoridad dependiente de esa Secretaría que conforme a sus atribuciones quede vinculada, para que ordene la devolución del importe que el quejoso haya erogado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo haga conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el inconforme frente a la ley tributaria. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.) de epígrafe y contenido siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA."." Del mismo modo, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 112/99 que reza: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Asimismo, ilustra lo aseverado la tesis 2a. XIV/97 de rubro y contenido siguientes: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCION CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACION DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso". Además, a fin de restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado, conforme a los dispositivos legales de la Ley de Amparo invocados en párrafos precedentes, el efecto de la protección federal también implica que la autoridad fiscal estatal competente, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, devuelva al quejoso la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada, lo cual implica que después de calcular el pago de los derechos por la inscripción de los documentos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio deberá devolverse al inconforme la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada en términos del artículo 16 A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, en virtud de que sólo de esa manera se logrará restituir al solicitante del amparo en el goce del derecho violado; en la inteligencia de que esa devolución no deberá comprender el pago de intereses por indemnización al tratarse de un concepto ajeno a la razón por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la norma jurídica impugnada. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, del epígrafe y texto siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". Así como la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, que lleva por rubro y texto los siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas a la de Amparo, como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación lógica en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución". Finalmente, no pasa inadvertido que si el monto del derecho pagado por el quejoso constituye a su vez la base para determinar otro tipo de contribuciones, como el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, previsto por los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; entonces, a fin de restituir al agraviado plenamente en el derecho violado, la autoridad fiscal estatal competente, una vez establecido el monto de los derechos por los servicios prestados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, también deberá recalcular las cantidades que el inconforme debe cubrir por esas otras contribuciones y devolver las cantidades excedentes debidamente actualizadas en los términos expuestos en párrafos precedentes; en el entendido que el alcance de la protección federal no implica liberar al quejoso de la obligación tributaria derivada de esos últimos preceptos legales, en tanto que no fue declarada su inconstitucionalidad. Conclusión que tiene respaldo en lo determinado en la jurisprudencia 2a./J. 75/2001, que a continuación se transcribe: "SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL. En virtud de que el efecto de las sentencias dictadas en los amparos contra leyes es que al quejoso no le sea aplicada la norma declarada inconstitucional (durante el tiempo de su vigencia), lo conducente es que las autoridades exactoras estén obligadas a restituirle las cantidades que haya enterado, tanto por el impuesto principal como por los tributos complementarios, puesto que su aplicación se encuentra estrechamente vinculada a la norma materia del juicio de garantías, independientemente de que la protección constitucional se haya sustentado en consideraciones relativas al precepto que señalaba la tasa que debía aplicarse para pagar el tributo principal, pues si los tributos complementarios deben calcularse sobre la misma base, el amparo otorgado trasciende necesariamente a ellos". Acto seguido, mediante proveído de veintidós de abril del año en curso, causó ejecutoria la citada sentencia, requiriendo a las autoridades responsables Secretario de Finanzas del Estado; Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas, ambos con sede en esta ciudad y Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas, para que dieran cabal cumplimiento a dicho fallo. Luego, por auto de dieciséis de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, a través del cual, informaron las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo siendo estas las siguientes: en seis de junio de dos mil dieciséis, se hizo del conocimiento del quejoso que se encontraba a su disposición la cantidad que pagó de más por el servicio prestado, por lo que anexó copia certificada de dicha notificación, encontrándose en espera de que el peticionario de garantías se presentara a recibir la cantidad respectiva; con lo anterior se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera; sin embargo, no hizo manifestación alguna no obstante de haber sido notificado el veintidós de junio del año en curso. Posteriormente, en auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se tuvo a la citada responsable por informando que en siete del citado mes y año, se hizo entrega al quejoso de la cantidad de $27,288.00 (veintisiete mil doscientos ochenta y ocho pesos cero centavos moneda nacional) que pagó por excedente al servicio recibido, anexando copia certificada de la constancia de recibo. Después de ello, en doce de julio del año en curso, se requirió a las autoridades responsables Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, a efecto que manifestara si la cantidad de $27,288.00 (veintisiete mil doscientos ochenta y ocho pesos cero centavos moneda nacional) que le fue devuelta al quejoso en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, resultaba ser el numerario excedente y debidamente actualizado determinado, a lo que en diez del mes y año que transcurre, se tuvo a dicha responsable por manifestando que efectivamente, dicha cantidad se encontraba debidamente actualizada conforme a las reformas y adiciones realizadas a la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de treinta de diciembre de dos mil quince, circunstancia con la cual se ordenó dar vista al quejoso a fin de que manifestara lo que en su derecho correspondiera. Ahora bien, atendiendo a que en la sentencia protectora de garantías dictada en el juicio de amparo en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyeran al quejoso MANUEL CANO MÁYNEZ de la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada, señalada en la sentencia dictada en el presente sumario. Asimismo, tomando en consideración que el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, allegó a este Juzgado Federal, copia certificada de las constancias realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en esa virtud, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse concedido el amparo; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

  2. Principal

    En diez de agosto de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el oficio registrado con folio 14137. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que remite el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el oficio signado por el Secretario de Finanzas en el que informa que en atención al requerimiento efectuado por este Juzgado por proveído de doce de julio del año en curso, le fue devuelto al quejoso el pago en excedente de $27,288.00 (veintisiete mil doscientos ochenta y ocho pesos cero centavos moneda nacional) por el servicio prestado, cantidad que se encuentra debidamente actualizada conforme a las reformas y adiciones realizadas a la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de treinta de diciembre de dos mil quince; en consecuencia, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. EMVG

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el quejoso MANUEL CANO MÁYNEZ, no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento que dice la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, dio a la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario.... Además, a fin de restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado, conforme a los dispositivos legales de la Ley de Amparo invocados en párrafos precedentes, el efecto de la protección federal también implica que la autoridad fiscal estatal competente, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, devuelva al quejoso la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada, lo cual implica que después de calcular el pago de los derechos por la inscripción de los documentos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio deberá devolverse al inconforme la cantidad pagada en exceso debidamente actualizada en términos del artículo 16 A del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, en virtud de que sólo de esa manera se logrará restituir al solicitante del amparo en el goce del derecho violado; en la inteligencia de que esa devolución no deberá comprender el pago de intereses por indemnización al tratarse de un concepto ajeno a la razón por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la norma jurídica impugnada. Finalmente, no pasa inadvertido que si el monto del derecho pagado por el quejoso constituye a su vez la base para determinar otro tipo de contribuciones, como el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, previsto por los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; entonces, a fin de restituir al agraviado plenamente en el derecho violado, la autoridad fiscal estatal competente, una vez establecido el monto de los derechos por los servicios prestados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, también deberá recalcular las cantidades que el inconforme debe cubrir por esas otras contribuciones y devolver las cantidades excedentes debidamente actualizadas en los términos expuestos en párrafos precedentes; en el entendido que el alcance de la protección federal no implica liberar al quejoso de la obligación tributaria derivada de esos últimos preceptos legales, en tanto que no fue declarada su inconstitucionalidad. Por tanto, a efecto de que este Juzgado esté en aptitud de determinar si la ejecutoria emitida en el presente sumario se encuentra cumplida, requiérase a las autoridades responsables Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y a la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado si la cantidad de $27,288.00 (veintisiete mil doscientos ochenta y ocho pesos cero centavos moneda nacional) que le fue devuelta al quejoso de mérito, en cumplimiento a la ejecutoria de referencia, resulta ser el numerario excedente y debidamente actualizado determinado. Lo anterior, porque así se determinó en los efectos de la protección constitucional. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo antes apuntado o de no hacerlo sin causa justificada dentro del término apuntado, se le impondrá una multa equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    En veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número de folio 11724 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de junio del año en curso, informa que en esa misma fecha se hizo entrega al quejoso MANUEL CANO MAYNEZ, de la cantidad de $27,288.00 (veintisiete mil doscientos ochenta y ocho pesos cero centavos moneda nacional) que pagó por excedente al servicio recibido; por tanto, una vez que transcurra el término de tres días que se otorgó al quejoso de mérito en proveído de dieciséis del mes y año que transcurre, este órgano jurisdiccional se pronunciará respecto al cumplimiento otorgado por la responsable en el juicio de amparo que nos ocupa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

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