Manuel Badillo Aguilar

Expediente 363/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
363/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Manuel Badillo Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    En veintidós de junio de dos mil veintiuno, se da cuenta con una promoción con folio 9822. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, de cuyo contenido se advierte que acusa recibo del diverso oficio por medio del cual se remitió el juicio de amparo 363/2021; así como que se avocó al conocimiento del asunto. Bajo esas condiciones y al no existir diligencias pendientes por desahogar, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se determina que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por lo que una vez que transcurra el término de seis meses a que el citado punto vigésimo se refiere, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    CUENTA. El seis de mayo de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por Manuel Badillo Aguilar, registrada con el número de folio 7770, con nueve copias de ésta y un anexo que se adjuntan. b) La circunstancia de que los licenciados Soraya Ishel López Badillo (cédula 3749491), Alejandro Enrique Badillo Aguilar (cédula 1119812) y Omar Gustavo Olvera Fraire (cédula 10695174) tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así Carlos David Olvera Fraire y Juan Carlos de la Rosa Mares. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de mayo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel Badillo Aguilar, contra actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 6, 16, 20 y 133 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 363/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Toda vez que el juez de distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica para emitir una decisión, conforme a los elementos allegados por la parte quejosa, en primer lugar se debe analizar si se tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva al gobernado del conformidad con el artículo 17 constitucional. En ese orden de ideas, este juzgado de Distrito considera que la competencia constitucional para conocer de la demanda de amparo de que se trata, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por las razones que se desarrollarán enseguida Los artículos 28, decimoquinto y vigésimo párrafo, fracción VII, y 94, sexto párrafo, de la Constitución Federal, establecen: "Artículo 28. [.] El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. [.] La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: [.] VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; [.] Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." De la lectura de los preceptos transcritos se desprende, en lo que interesa, que las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, el cual debe sustanciarse por un juez especializado en los términos del artículo 94 de la Constitución, esto es, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Dicho de otra forma, por disposición constitucional expresa, los actos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones únicamente pueden impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, del cual debe conocer un juez especializado en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en la Constitución, el ocho de agosto de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región; creándose así los órganos jurisdiccionales especializados en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. En el caso, se señaló como autoridad responsable al Instituto Federal de Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, autoridad a la cual, de una lectura integral a la demanda de amparo y anexos se desprende que la parte quejosa le reclama la obtención e ingreso al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil de los datos personales (biométricos) de la quejosa, con motivo de la aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo expuesto permite concluir que el presente juicio debe conocerlo un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, pues basta que un acto sea emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que se actualice dicha competencia especializada, por expresa disposición constitucional. En efecto, la regla de competencia prevista en la Constitución Federal es clara al señalar un criterio que atiende únicamente a la autoridad emisora del acto, pues es suficiente que el acto reclamado haya sido emitido por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que se actualice la competencia especializada en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida, es competencia del Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno; en consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal e referencia; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Soraya Ishel López Badillo (cédula 3749491), Alejandro Enrique Badillo Aguilar (cédula 1119812), Juan Ignacio Ruiz Ramos (cédula 9387628), Omar Gustavo Olvera Fraire (cédula 10695174), quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Carlos David Olvera Fraire y Juan Carlos de la Rosa Mares, por no contar con ese requisito; y como domicilio para tal fin el que indica en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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