Manuel Carrillo González

Expediente 785/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
785/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2016

Partes del expediente

  • Manuel Carrillo González

Actuaciones

  1. Principal

    En cinco de julio de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ---------------------------------------------------------------------------------------------C E R T I F I C O:----------------------------Que del veintisiete de junio al uno de julio del presente año, transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el veintidós de junio del año en curso, dentro del juicio de amparo 785/2016-3, promovido por MANUEL CARRILLO GONZÁLEZ.- Doy fe. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el veintidós de junio de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por MANUEL CARRILLO GONZÁLEZ; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, en razón de que el auto de que se trata no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico ó histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR DE LISTA A LAS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE.

  2. Principal

    En veintidós de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el folio 11648 y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por MANUEL CARRILLO GONZÁLEZ, contra actos del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, los que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 785/2016-3, que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" En el presente asunto esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales numeral 107, fracción V y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;" Previamente conviene acotar, que con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, los actos procesales (sucedidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, hasta antes de emitirse la resolución de primera instancia), tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales, por lo que en este supuesto no pueden reparase las violaciones que en determinado caso llegasen a perpetrarse a través del amparo directo; lo que no ocurre tratándose de otro tipo de resoluciones, entre otras, aquellas que versan sobre el ofrecimiento, admisión o desechamiento de pruebas dentro del procedimiento respectivo, dado que sus efectos se contraen exclusivamente a consecuencias dentro del proceso, esto es, son de naturaleza intraprocesal; de tal manera que, al ser violaciones ocurridas en la secuela procesal, deben ser reclamadas hasta que se dicte la resolución definitiva, en caso de que ésta sea desfavorable al recurrente, por medio del juicio de amparo directo, previa impugnación a través de los recursos ordinarios que establece la ley que rige el acto reclamado de que se trate. En efecto, ha sido criterio jurisprudencial reiterado que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y; como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En ese sentido, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 774, consultable en la página 523, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva..". En ese contexto, se considera que en el caso a estudio, se está en presencia de un acto que no es de ejecución irreparable, ya que con las resoluciones que se combaten en esta instancia constitucional, no se afectan los derechos sustantivos del impetrante del amparo; afirmación que se sustenta en las consideraciones que enseguida se expondrán. Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados consisten en las resoluciones interlocutorias dictadas el veintiséis y treinta y uno de mayo del presente año, dentro del juicio mercantil ejecutivo 861/2015, en la que se resolvieron dos incidentes de nulidad de actuaciones promovidos por el ahora quejoso. Como se ve, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitieron las resoluciones impugnadas, es inconcuso que no se trata de actos que tengan una ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, en razón de que la circunstancia de que el Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, determinara que no prosperaron los incidentes de nulidad de actuaciones planteados ante su instancia por el promovente del amparo, no constituyen actos procesales cuya ejecución sea de imposible reparación, pues en todo caso sólo pudieran vulnerarse derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales; de manera tal que las irregularidades que aduce el inconforme se cometieron en su perjuicio, podrán ser reparadas si obtiene sentencia que le favorezca, sin haber dejado ninguna lesión en su esfera jurídica; y en caso de que dicho fallo le sea adverso, las afectaciones procesales generadas con las determinaciones que en esta instancia se reclaman, podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo directo que contra ese fallo se promueva, conforme a lo dispuesto por el artículo 172, fracción V de la ley de la materia en consulta, pudiendo reclamar entonces las infracciones que considere se originaron durante la secuela procesal. Es aplicable al tema, por identidad de razones, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a.), consultable en la página 1993, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley." En consecuencia, en el presente asunto se patentiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales numeral 107, fracción V y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de amparo promovida por MANUEL CARRILLO GONZÁLEZ. Apoya esta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, téngase como autorizado del quejoso en lo amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Abel Rodríguez Herrera, toda vez que cuenta con cédula profesional (4004579) registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo faculta para ejercer la profesión de abogado y tomando en consideración que el quejoso señala los estrados de este Juzgado, para recibir notificaciones de carácter personal y en razón de que no constituyen un domicilio propiamente dicho; en consecuencia, hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la notificación del presente auto, así como las posteriores de carácter personal, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del diverso numeral 29 del cuerpo de leyes invocado. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres. Doy Fe.

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