Manuel Ávila Guerrero
Expediente 1679/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1679/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Manuel Ávila Guerrero
Actuaciones
- Principal
El treinta de octubre de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, transcurrió del veintitrés al veintinueve de octubre de la presente anualidad, sin contar los días veintisiete y veintiocho de octubre del dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Karla
- Principal
CUENTA. El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con escrito registrado con el folio 20940. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Manuel Ávila Guerrero, mediante el cual se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, por lo que en tales condiciones se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Una vez analizada la demanda de amparo en su integridad, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción, III, inciso b), de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el acto señalado como reclamado, consiste en la resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho dictada por la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, dentro del recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria de treinta y uno de mayo del año en curso, emitida por la Dirección de Fraccionamientos Rurales de Gobierno del estado de Zacatecas, dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso, contra el acta levantada en trece de mayo de dos mil dieciséis en el expediente 982/2015 relativo al procedimiento administrativo de restitución de tierras promovido por Esperanza Ávila Guerrero, el cual se encuentra en la etapa de verificación de bienes inmuebles materia de la restitución planteada ubicados en la colonia Progreso de Alfonso Medina de Río Grande, Zacatecas, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo que no es de imposible reparación, puesto que con dicho acto únicamente se confirma la improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones, respecto del acta levantada en trece de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se llevó a cabo la diligencia consistente en la realización de los trabajos pertinentes dentro de los lotes materia del procedimiento, a efecto de que la Dirección de Fraccionamientos Rurales, pudiera contar con los elementos técnicos necesarios para determinar la ubicación de los inmuebles de cuya restitución se solicitó. Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa algún supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. Así las cosas, en el caso concreto, no se surte a cabalidad el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado el quejoso lo hace consistir en la resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho dictada por la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, dentro del recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria de treinta y uno de mayo del año en curso, emitida por la Dirección de Fraccionamientos Rurales de Gobierno del estado de Zacatecas, dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso, contra el acta levantada en trece de mayo de dos mil dieciséis en el expediente 982/2015 relativo al procedimiento administrativo de restitución de tierras promovido por Esperanza Ávila Guerrero y, como tal, no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por tanto, debe concluirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional únicamente constituye un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, en virtud de que únicamente constituye una parte del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas. Efectivamente, en el artículo 161, de esa ley, se prevé que el procedimiento de restitución de tierras se inicia con el requerimiento al particular que se encuentra en posesión de un bien perteneciente al régimen de fraccionamientos rurales y que haya sido adjudicado a otro diverso. Por su parte, en el artículo 162 se establece que la autoridad administrativa le concederá al particular requerido un término de cinco días hábiles y una vez transcurridos, se emitirá la resolución correspondiente, pudiendo ordenarse en la misma el desalojo del bien de que se trate, siguiendo en este caso las reglas de la ejecución forzosa. Por tanto, el acto señalado como reclamado, consistente en la resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho dictada por la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, dentro del recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria de treinta y uno de mayo del año en curso, emitida por la Dirección de Fraccionamientos Rurales de Gobierno del estado de Zacatecas, dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso, contra el acta levantada en trece de mayo de dos mil dieciséis en el expediente 982/2015 relativo al procedimiento administrativo de restitución de tierras promovido por Esperanza Ávila Guerrero, en el cual se confirma la improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones, respecto del acta levantada el trece de mayo de dos mil dieciséis, consistente en la realización de los trabajos pertinentes dentro de los lotes materia del procedimiento, a efecto de que la Dirección de Fraccionamientos Rurales, pudiera contar con los elementos técnicos necesarios para determinar la ubicación de los inmuebles de cuya restitución se solicitó, no constituye un acto en el procedimiento que sea de imposible reparación, sino que se trata de un acto intraprocesal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto que se lee: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción III, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, del mismo ordenamiento legal lo que procede es desechar la presente demanda de derechos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Karla
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CUENTA. El ocho de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con escrito registrado con el folio 20370. Zacatecas, Zacatecas, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Manuel Ávila Guerrero, por el que pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, Se toma en consideración que en el citado proveído se requirió al promovente a efecto de que en el término de cinco días hábiles, siguientes al en que surtiera efectos la legal notificación del citado acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad manifestara: La etapa en que se encuentra el expediente 982/2015, relativo al procedimiento administrativo de restitución de tierras promovido por Esperanza Ávila Guerrero, Precisara el contenido del acta de trece de mayo de dos mil dieciséis. Al respecto, el quejoso manifiesta que la etapa en la que se encuentra el expediente 982/2018 relativo al procedimiento administrativo de restitución de tierras promovido por Esperanza Ávila Guerrero se encuentra en la etapa de verificación de unos bienes inmuebles ubicados en la colonia Progreso de Alfonso Medina, Río Grande, Zacatecas. Asimismo, aduce que el contenido del acta de trece de mayo de dos mil dieciséis consistió en la diligencia de los trabajos pertinentes dentro de los lotes materia del procedimiento, a efecto de que la Dirección de Fraccionamientos Rurales, pudiera contar con los elementos técnicos necesarios para determinar la ubicación de los inmuebles de cuya restitución se solicitó. Así, del contenido del ocurso de cuenta se advierte que el justiciable de mérito cumple la prevención descrita, sin embargo, teniendo en consideración que del escrito aclaratorio surge nuevos requisitos a satisfacer, en razón a que no se advierte si en el expediente 982/2018 relativo al procedimiento administrativo de restitución de tierras promovido por Esperanza Ávila Guerrero, de donde emana el acto reclamado, lo que da lugar a prevenir a la parte quejosa en términos de las fracción del numeral 114 de la Ley de Amparo. Porque si bien, la regla general dicta que en un solo auto preventivo deben aglutinarse todas las irregularidades contenidas en la demanda, también es verdad que la excepción opera en tratándose de casos en los que aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión, tal como acontece en el caso concreto. Ilustra al respecto la tesis XXVII.3 K, perteneciente a la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003, página 1121; que dice: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." PREVENCIÓN. En consecuencia, con apoyo en el precepto legal invocado, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Manifieste si ya se emitió la sentencia correspondiente dentro del expediente 982/2018 relativo al procedimiento administrativo de restitución de tierras promovido por Esperanza Ávila Guerrero. Además, se hace del conocimiento del promovente que es el quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio accionante del amparo, ya que es él quien debe manifestar el acto que reclama para estar en aptitud de formar la litis constitucional. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la prevención aquí decretada, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo provee y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante la Secretaria Rebeca Isabel Medina Becerra, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 19348 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el secretario de Finanzas de Gobierno del estado, con sede en esta ciudad, por el que envía las constancias correspondientes a las actuaciones tendentes al cumplimiento a la sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que, dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que estimen pertinente, bajo apercibimiento que de no hacerlo, de oficio, este juzgado resolverá lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
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