Manuel Carrillo González
Expediente 856/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Manuel Carrillo González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diez al veintitrés de enero de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de cinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 65 a 70), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 856/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el cinco de enero de dos mil dieciocho en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 856/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la Oficial de Registro Público de la Propiedad del Estado de Zacatecas, en la ciudad del mismo nombre (foja 31), del emplazamiento de los terceros interesados Juan Torres Casillas (foja 43) y Nancy Isabel Sifuentes García (foja 46), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con con la documental ofrecida por la autoridad responsable, consistente en las constancias relativas a la inscripción reclamada (fojas 56 a 60), así como con las documentales allegadas por el quejoso con la demanda de amparo (fojas 6 a 9). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario relaciona los formulados por la representación social en el pedimento registrado con el folio 15814 (fojas 49 y 50). El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para tal efecto. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 856/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Manuel Carrillo González, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: AUTORIDADES RESPONSABLES: Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Zacatecas, en la ciudad del mismo nombre. ACTO RECLAMADO: - El oficio de nueve de noviembre de dos mil quince recibido por la oficial responsable. Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de tres de octubre de dos mil diecisiete (fojas 10 a 14), se registró el juicio con el expediente 856/2017 y se requirió al quejoso para que: 1. Señalara la fecha en la que tuvo conocimiento del oficio reclamado. 2. Manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, al haber sido la autoridad que refirió emitió el comunicado citado. 3. Precisara el acto que reclama del oficial responsable. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil diecisiete, el quejoso precisó que: 1. Tuvo conocimiento del oficio reclamado el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 2. No era su deseo señalar como autoridad responsable al juez de primera instancia referido. 3. El acto reclamado del oficial registrador era la inscripción del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil 861/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas, sobre un inmueble de su propiedad (foja 15). En acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 18 a 21), se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes con justificación, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se mandó emplazar a la parte tercero interesada, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad administrativa que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: La inscripción realizada el nueve de enero de dos mil dieciséis respecto del embargo trabado el nueve de noviembre de dos mil quince en el juicio ejecutivo mercantil 861/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas (promovido por Juan Torres Casillas contra el quejoso), por la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos sobre el inmueble ubicado en la calle Odontología, diecinueve, fraccionamiento SPUAZ, Guadalupe, Zacatecas, registrado bajo el número 25, folios 218-224, volumen 1303, Libro Primero, Sección Primera, a nombre del quejoso. Lo precisado pues del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la inconformidad toral radica en el hecho de que se estimó procedente la inscripción anterior y que la controversia del oficio que ordenó tal registro se realiza en la medida de que, a juicio del quejoso, no podía generar el registro en comento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Oficial del Registro Público de la Propiedad del Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, aceptó la existencia de la inscripción reclamada (foja 31). Asimismo, remitió la copia certificada de las constancias relativas a dicho registro (fojas 56 a 60); documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado y su ejecución. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante oficio de nueve de noviembre de dos mil quince, dirigido al Oficial del Registro Público de la Propiedad del Estado de Zacatecas, en la ciudad de Guadalupe, el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de la capital de dicha entidad federativa ordenó la inscripción del embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil 861/2015 el nueve de noviembre de dos mil quince, respecto del inmueble señalado en la diligencia de esa fecha que se anexaba (foja 56). 2. El nueve de enero de dos mil dieciséis, la Oficial del Registro Público de la Propiedad del Estado de Zacatecas, en la ciudad del mismo nombre, asentó haber realizado la inscripción solicitada (foja 60). El registro anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. La oficial responsable alega que debe sobreseerse en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el inmueble objeto del gravamen registrado fue señalado por el propio amparista en la diligencia de embargo respectiva; aunado a que excedió el plazo de quince días para promover la instancia constitucional, debido a que desde el momento mismo del embargo conoció de tal gravamen (foja 31). El alegato anterior resulta infundado, pues parte de una premisa incorrecta, a saber, que la materia de la presente instancia constitucional se integra por la controversia del gravamen objeto de la inscripción. Sin embargo, como se precisó, la inconformidad base de la demanda de amparo se concreta en la inscripción realizada, en el sentido de que no era procedente; por tanto, lo planteado implica únicamente el análisis de dicho registro como acto de autoridad, es decir, si a luz de la normatividad aplicable resultaba procedente tal acto; de manera que no forma parte de la litis la eficacia del embargo alegado. Por tanto, resulta irrelevante para efectos de la procedencia de este juicio, que el quejoso hubiera señalado para embargo el inmueble involucrado y la fecha de conocimiento de dicho gravamen, porque, se insiste, éste no forma parte de la litis constitucional, al concretarse únicamente en su inscripción. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados, como se argumentará a continuación. El amparista aduce que la inscripción reclamada resulta violatoria de las garantías de audiencia, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, porque se embargó un inmueble de su propiedad sin que existiera una orden de embargo. La afirmación anterior resulta infundada, pues de las constancias remitidas por la oficial registradora responsable, se advierte que la inscripción combatida fue ordenada, como se reseñó, mediante oficio de nueve de noviembre de dos mil quince, dirigido al Oficial del Registro Público de la Propiedad del Estado de Zacatecas, en la ciudad de Guadalupe, por el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de la capital de dicha entidad federativa. De dicho documento, se advierte que el juzgador citado ordenó la inscripción del embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil 861/2015 el nueve de noviembre de dos mil quince, respecto del inmueble señalado en la diligencia de esa fecha que se anexaba (foja 56). Por tanto, no puede considerarse que la inscripción fue realizada sin que existiera orden alguna, pues consta que fue a requerimiento de una autoridad judicial en virtud del resultado de una diligencia de requerimiento de pago. Sin que pueda analizarse la legalidad de la orden y actuaciones que le dieron origen, dado que resultan actos ajenos a la litis constitucional. En otro orden de ideas, el quejoso refiere, en esencia, que la inscripción combatida no debió realizarse por la autoridad responsable, en virtud que el oficio girado por el juez que lo ordenó iba dirigido a la oficial registradora en Guadalupe, Zacatecas, por lo que no existió un oficio en el que se haya ordenado a aquélla realizar la inscripción, al no ir dirigido a dicha dependencia, siendo que el artículo 12 Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio regula la competencia de las distintas oficialías que se encuentran en el Estado. Además, el quejoso arguye que la inscripción del embargo no debió realizarse, pues de la diligencia en que se trabó dicho gravamen no se desprenden los datos precisos y completos del inmueble involucrado. Por tanto, afirma, la oficial responsable debió solicitar, previo a realizar el registro en controversia, se aclarara a quién iba dirigido el oficio que ordenó el embargo y que se acompañaran todos los datos del inmueble a embargar. Lo motivos de inconformidad anteriores resultan infundados, por dos razones: I. El artículo 12 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas establece la competencia de las distintas oficialías registrales en conformidad con la demarcación prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, sin que, en ese sentido, se prevé una oficina especial para el municipio de Guadalupe, sino únicamente para la ciudad de Zacatecas. Ahora bien, el artículos 3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, para efectos de jurisdicción y competencia, el territorio del Estado de Zacatecas se dividirá en el número de distritos judiciales que por acuerdo general determine el Pleno y, que también, de la misma forma, debe establecerse el número, materia de conocimiento y límites territoriales de los Juzgados de Primera Instancia. Al respecto, el numeral 2, fracción I, del Acuerdo General sobre la distritación judicial de veintiocho de abril de dos mil dieciséis del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas establece: "Art. 2° La integración de los Distritos Judiciales, los órganos judiciales competentes de primer grado que existen en ellos y la materia de los que cada uno de estos conoce, son: I. Distrito Judicial de la capital. Municipios: Genaro Codina, Guadalupe, Pánuco, Trancoso, Vetagrante y Zacatecas [sede]." Del precepto anterior se advierte que el Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas comprende, entre otros, al municipio de Guadalupe. En consecuencia, resulta indudable que el distrito registral de la ciudad de Zacatecas, al igual que en el distrito judicial destacado, comprende el municipio de Guadalupe, pues precisamente las oficialías se encuentran distribuidas en conformidad con dichos distritos y únicamente se precisó la existencia de una dependencia registral en la capital del estado. Por tanto, la Oficialía del Registro Público de la Propiedad del Estado de Zacatecas, en la ciudad del mismo nombre, es competente para inscribir los actos relativos a los inmuebles ubicados en el municipio de Guadalupe, es evidente que el hecho de que el oficio origen de la inscripción reclamada se hubiera dirigido a la oficialía correspondiente a dicho municipio y fuera recibido por la de la capital resulta irrelevante, porque no se trata de dos dependencias distintas, sino que la segunda comprende la primera. En suma, contrariamente a lo implícitamente alegado, la inscripción reclamada no fue realizada por una oficialía incompetente para tal efecto, porque, se insiste, el distrito registral de la capital de Zacatecas abarca el municipio al cual fue dirigido el oficio respectivo. II. Del análisis del oficio por medio del cual se ordenó la inscripción controvertida (fojas 56), se advierte que en relación con los datos de identificación del inmueble objeto del gravamen se especificó que constaban en la diligencia de embargo que se anexaba. En ese sentido, de dicha actuación se desprende que el demandado en el juicio de origen (aquí quejoso) señaló para garantizar el adeudo que se le reclamaba el inmueble ubicado en la calle Odontología, diecinueve, fraccionamiento SPUAZ, en Guadalupe, Zacatecas, registrado con el número 25, folio 218, volumen 1303 (foja 57). De lo anterior se advierte que en la diligencia en referencia se plasmaron los datos de identificación suficientes respecto del inmueble gravado a efecto de que pudiera llevarse a cabo el registro del embargo, toda vez que se especificó la ubicación completa de la propiedad y el titular de dicho derecho (el demandado en el juicio de origen. Lo anterior pues la ubicación exacta del bien y el nombre del propietario excluyen que pueda registrarse el gravamen en una propiedad diversa. Máxime que el propio quejoso mencionó parcialmente los datos registrales. Por tanto, era patente el bien sobre el que recayó el gravamen lo que permitía realizar la inscripción de éste y, por ende, resulta infundada la pretensión de que no existían datos suficientes para tal efecto, pues, se insiste, consta los datos básicos sobre la identidad del inmueble que se trataba. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación y no actualizarse algún supuesto en el que proceda suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel Carrillo González contra el acto reclamado del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Zacatecas, en la ciudad del mismo nombre, consistente en la inscripción realizada el nueve de enero de dos mil dieciséis respecto del embargo trabado el nueve de noviembre de dos mil quince en el juicio ejecutivo mercantil 861/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas; por las razones y fundamentos expuestos el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas. Certifica: Que se encuentran fijadas las diez horas para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; Que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las documentales que en cumplimiento al requerimiento formulado remitió el oficial del Registro Público del distrito judicial de la capital. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos del presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del contenido de las documentales que en cumplimiento al requerimiento formulado remitió el oficial del Registro Público del distrito judicial de la capital; por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la nueva Ley de la Materia, para diferir la celebración de la citada audiencia en el nuevo plazo señalado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen*
- Principal
En doce de diciembre de dos mil diecisiete se da cuenta con una promoción con folio 16402. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable oficial de Registro Público del distrito judicial de la capital, por el que en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado por este juzgado en veintiocho de noviembre del año en curso remite las documentales que le fueron solicitadas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, debiendo relacionarse nuevamente en la audiencia constitucional relativa. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga hasta antes de la aludida audiencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Luis.
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