Ma. Socorro Ramírez Escatel

Expediente 1516/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 50 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1516/2017
Año
2017
Actuaciones
50
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Ma. Socorro Ramírez Escatel
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 50.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio y anexos presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintiséis de febrero de la presente anualidad, el Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó la forma en que dio cumplimiento de manera cabal a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa *************. Asimismo, que mediante proveído de cinco de julio de esta anualidad, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexos signado por la autoridad responsable citada, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Los anteriores acuerdos, se notificaron personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, el once de julio actual y ocho del mes y anualidad en comento, efectuando manifestaciones ambas partes. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, terminada de engrosar el treinta de octubre del año próximo pasado (fojas 176 a 187), se determinó, por una parte, sobreseer en el presente juicio y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.) se precisa la forma en que deberá proceder la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic y la actuaria adscrita, a saber: a) Dejar insubsistente todo lo actuado en la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015, con posterioridad al auto de veinte de octubre de dos mil quince, en que se avocó al conocimiento del asunto. b) Ordene el llamamiento de María del Socorro Ramírez Escatel, a la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015, y una vez cumplidos los requisitos previstos en los artículo 503 y 598 de la Ley Federal del Trabajo, resuelva lo que en derecho proceda con plenitud de jurisdicción. c) Lo aquí expuesto no prejuzga sobre la calidad de posible beneficiaria que pudiera asistirle a la quejosa, en tanto que esa es una cuestión que debe dilucidarse en el procedimiento de mérito." De lo anterior, se colige que los actos que debía realizar la autoridad responsable ordenadora, para cumplir con dicho fallo protector, eran los siguientes: Dejar insubsistente todo lo actuado con posterioridad al auto de veinte de octubre de dos mil quince, en la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015 de su índice. Ordene llamar a dichas diligencias a María del Socorro Ramírez Escatel. Hecho lo anterior, resolver conforme a derecho correspondiera. Así, a través del oficio número 350/2018, de dieciséis de noviembre del año próximo pasado (fojas 206 y 207), la autoridad responsable informo que por acto de quince del mismo mes y anualidad en cita, dejó insubsistente todo lo actuado en la jurisdicción voluntaria, con posterioridad al auto de veinte de octubre de dos mil quince, en el que se avocó al conocimiento; asimismo, ordenó llamar a juicio a la ahora quejosa María del Socorro Ramírez Escatel. Luego, mediante comunicado presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve (foja 225), la responsable remitió copia certificada del proveído de quince de enero del año en curso (foja 226), en el cual la autoridad responsable señaló las diez horas del veinte de febrero de dos mil diecinueve, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; del mismo modo, ordenó emplazar de nueva cuenta a la ahora quejosa y correrle traslado con copia del escrito inicial de demanda, bajo apercibimiento que de no comparecer ante ese Tribunal el día y hora señalados, se le tendría por inconforme con todo arreglo conciliatorio, así como por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas. Asimismo, mediante oficio 20/2019 (foja 227), de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable remitió las constancias de emplazamiento efectuado a la ahora quejosa María del Socorro Ramírez Escatel; así pues, mediante audiencia celebrada el veinte de febrero del año actual (fojas 255-258), la antes citada compareció a juicio, por conducto de sus apoderados, a dar contestación a la jurisdicción voluntaria tramitada ante la responsable en su calidad de tercera interesada, oponiendo excepciones y ofreciendo diversos medios de convicción de su parte, actuación ésta con la que se dice se convalidó el emplazamiento efectuado a la parte de referencia. En ese contexto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo pues la responsable acató los extremos de la concesión; por tanto, debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Lo anterior, sin que pase inadvertido que en el fallo protector se estableció que, una vez que la autoridad responsable dejara insubsistente todo lo actuado en la en la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015, con posterioridad al auto de veinte de octubre de dos mil quince, ordenara el llamamiento de María del Socorro Ramírez Escatel, a la jurisdicción voluntaria laboral en cita y una vez cumplidos los requisitos de ley, resolviera lo que en derecho proceda con plenitud de jurisdicción. Sin embargo, de la ejecutoria en análisis se advierte que dicha concesión de amparo fue con motivo de una violación procesal detectada en la etapa de llamamiento; por lo que, debe precisarse que el dictado de una nueva resolución que ponga fin al procedimiento de origen no es una consecuencia directa de la concesión de mérito, pues, se reitera, ésta se otorgó con motivo de una irregularidad procesal detectada en la etapa de llamamiento al procedimiento, por tanto, para efecto de analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, basta que la autoridad responsable subsane dicha violación procesal, sin tener que esperar que se resuelva de fondo el asunto planteado ante su jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 166/2008, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el tomo XXVIII, página 289, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Por tanto, se reitera, para tener por cumplida la ejecutoria en análisis bastaba que la autoridad responsable dejara sin efectos el acto motivo de reclamo y ordenara la reposición del procedimiento de origen, ordenando el llamamiento de la tercera interesada en el juicio de origen ahora quejosa, a fin de que actúe conforme a los lineamientos plasmados en el citado fallo protector en el sentido de subsanar la violación procesal detectada, sin esperar a que se pronunciara una nueva resolución, por tratarse de un acto futuro e incierto y no una consecuencia directa del indebido llamamiento al procedimiento de origen, lo cual se dice se cumplió a cabalidad. En consecuencia, es dable tener por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en autos. Lo anterior, sin que pasen inadvertidas las manifestaciones formuladas por **********, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte tercera interesada *************, en el sentido de que en la ejecutoria de análisis la responsable se excedió, pues, a su consideración, al momento de cumplir deja sin efecto y reclasifica unilateralmente el procedimiento para continuarlo del tipo especial laboral y, por ende, revoca lo que la misma había emitido el veinte de octubre de dos mil quince; sin embargo, dichas manifestaciones resultan inoperantes, toda vez que se encuentran dirigidas a atacar cuestiones de fondo que resultan ajenas a la litis. Por su parte, la quejosa realizó manifestaciones en el sentido de que el auto de veinte de junio de dos mil diecinueve (fojas 286-288), emitido dentro de los autos del procedimiento de origen, la responsable no le notificó personalmente dicha determinación, por lo que considera se le está dejando en estado de indefensión; sin embargo, no asiste razón, pues en audiencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve compareció a juicio por conducto de sus apoderados, por lo que lo posibles vicios realizados en la diligencia de mérito, quedaron consentidos. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió, respecto de los actos reclamados (fojas 20 a 23 y 28 a 32 respectivamente) del original del cuaderno incidental; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio y anexos presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintiséis de febrero de la presente anualidad, el Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó la forma en que dio cumplimiento de manera cabal a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa *************. Asimismo, que mediante proveído de cinco de julio de esta anualidad, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexos signado por la autoridad responsable citada, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Los anteriores acuerdos, se notificaron personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, el once de julio actual y ocho del mes y anualidad en comento, efectuando manifestaciones ambas partes. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, terminada de engrosar el treinta de octubre del año próximo pasado (fojas 176 a 187), se determinó, por una parte, sobreseer en el presente juicio y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.) se precisa la forma en que deberá proceder la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic y la actuaria adscrita, a saber: a) Dejar insubsistente todo lo actuado en la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015, con posterioridad al auto de veinte de octubre de dos mil quince, en que se avocó al conocimiento del asunto. b) Ordene el llamamiento de María del Socorro Ramírez Escatel, a la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015, y una vez cumplidos los requisitos previstos en los artículo 503 y 598 de la Ley Federal del Trabajo, resuelva lo que en derecho proceda con plenitud de jurisdicción. c) Lo aquí expuesto no prejuzga sobre la calidad de posible beneficiaria que pudiera asistirle a la quejosa, en tanto que esa es una cuestión que debe dilucidarse en el procedimiento de mérito." De lo anterior, se colige que los actos que debía realizar la autoridad responsable ordenadora, para cumplir con dicho fallo protector, eran los siguientes: Dejar insubsistente todo lo actuado con posterioridad al auto de veinte de octubre de dos mil quince, en la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015 de su índice. Ordene llamar a dichas diligencias a María del Socorro Ramírez Escatel. Hecho lo anterior, resolver conforme a derecho correspondiera. Así, a través del oficio número 350/2018, de dieciséis de noviembre del año próximo pasado (fojas 206 y 207), la autoridad responsable informo que por acto de quince del mismo mes y anualidad en cita, dejó insubsistente todo lo actuado en la jurisdicción voluntaria, con posterioridad al auto de veinte de octubre de dos mil quince, en el que se avocó al conocimiento; asimismo, ordenó llamar a juicio a la ahora quejosa María del Socorro Ramírez Escatel. Luego, mediante comunicado presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve (foja 225), la responsable remitió copia certificada del proveído de quince de enero del año en curso (foja 226), en el cual la autoridad responsable señaló las diez horas del veinte de febrero de dos mil diecinueve, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; del mismo modo, ordenó emplazar de nueva cuenta a la ahora quejosa y correrle traslado con copia del escrito inicial de demanda, bajo apercibimiento que de no comparecer ante ese Tribunal el día y hora señalados, se le tendría por inconforme con todo arreglo conciliatorio, así como por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas. Asimismo, mediante oficio 20/2019 (foja 227), de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable remitió las constancias de emplazamiento efectuado a la ahora quejosa María del Socorro Ramírez Escatel; así pues, mediante audiencia celebrada el veinte de febrero del año actual (fojas 255-258), la antes citada compareció a juicio, por conducto de sus apoderados, a dar contestación a la jurisdicción voluntaria tramitada ante la responsable en su calidad de tercera interesada, oponiendo excepciones y ofreciendo diversos medios de convicción de su parte, actuación ésta con la que se dice se convalidó el emplazamiento efectuado a la parte de referencia. En ese contexto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo pues la responsable acató los extremos de la concesión; por tanto, debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Lo anterior, sin que pase inadvertido que en el fallo protector se estableció que, una vez que la autoridad responsable dejara insubsistente todo lo actuado en la en la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015, con posterioridad al auto de veinte de octubre de dos mil quince, ordenara el llamamiento de María del Socorro Ramírez Escatel, a la jurisdicción voluntaria laboral en cita y una vez cumplidos los requisitos de ley, resolviera lo que en derecho proceda con plenitud de jurisdicción. Sin embargo, de la ejecutoria en análisis se advierte que dicha concesión de amparo fue con motivo de una violación procesal detectada en la etapa de llamamiento; por lo que, debe precisarse que el dictado de una nueva resolución que ponga fin al procedimiento de origen no es una consecuencia directa de la concesión de mérito, pues, se reitera, ésta se otorgó con motivo de una irregularidad procesal detectada en la etapa de llamamiento al procedimiento, por tanto, para efecto de analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, basta que la autoridad responsable subsane dicha violación procesal, sin tener que esperar que se resuelva de fondo el asunto planteado ante su jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 166/2008, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el tomo XXVIII, página 289, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Por tanto, se reitera, para tener por cumplida la ejecutoria en análisis bastaba que la autoridad responsable dejara sin efectos el acto motivo de reclamo y ordenara la reposición del procedimiento de origen, ordenando el llamamiento de la tercera interesada en el juicio de origen ahora quejosa, a fin de que actúe conforme a los lineamientos plasmados en el citado fallo protector en el sentido de subsanar la violación procesal detectada, sin esperar a que se pronunciara una nueva resolución, por tratarse de un acto futuro e incierto y no una consecuencia directa del indebido llamamiento al procedimiento de origen, lo cual se dice se cumplió a cabalidad. En consecuencia, es dable tener por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en autos. Lo anterior, sin que pasen inadvertidas las manifestaciones formuladas por **********, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte tercera interesada *************, en el sentido de que en la ejecutoria de análisis la responsable se excedió, pues, a su consideración, al momento de cumplir deja sin efecto y reclasifica unilateralmente el procedimiento para continuarlo del tipo especial laboral y, por ende, revoca lo que la misma había emitido el veinte de octubre de dos mil quince; sin embargo, dichas manifestaciones resultan inoperantes, toda vez que se encuentran dirigidas a atacar cuestiones de fondo que resultan ajenas a la litis. Por su parte, la quejosa realizó manifestaciones en el sentido de que el auto de veinte de junio de dos mil diecinueve (fojas 286-288), emitido dentro de los autos del procedimiento de origen, la responsable no le notificó personalmente dicha determinación, por lo que considera se le está dejando en estado de indefensión; sin embargo, no asiste razón, pues en audiencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve compareció a juicio por conducto de sus apoderados, por lo que lo posibles vicios realizados en la diligencia de mérito, quedaron consentidos. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió, respecto de los actos reclamados (fojas 20 a 23 y 28 a 32 respectivamente) del original del cuaderno incidental; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa ********, autorizado de la parte tercero con interés. a través de los cuales realizan diversas manifestaciones respecto de las gestiones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, agréguense a sus autos los escritos de cuenta para los efectos legales conducentes y una vez que transcurra el plazo de tres días concedido por auto de cinco de julio del presente año, acuérdese lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta, así como con las diversas constancias que se tuvieron por recibidas en auto de veintisiete de febrero del año en curso, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Lo anterior, sin que pase inadvertido que en el fallo protector se estableció que: "(.) se precisa la forma en que deberá proceder la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic y la actuaria adscrita, a saber: a) Dejar insubsistente todo lo actuado en la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015, con posterioridad al auto de veinte de octubre de dos mil quince, en que se avocó al conocimiento del asunto. b) Ordene el llamamiento de María del Socorro Ramírez Escatel, a la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015, y una vez cumplidos los requisitos previstos en los artículo 503 y 598 de la Ley Federal del Trabajo, resuelva lo que en derecho proceda con plenitud de jurisdicción. c) Lo aquí expuesto no prejuzga sobre la calidad de posible beneficiaria que pudiera asistirle a la quejosa, en tanto que esa es una cuestión que debe dilucidarse en el procedimiento de mérito." De lo anterior se advierte que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que: Dejara insubsistente todo lo actuado en la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015, con posterioridad al auto de veinte de octubre de dos mil quince. Ordene el llamamiento de María del Socorro Ramírez Escatel, a la jurisdicción voluntaria laboral 34/2015 Resolviera conforme a derecho Sin embargo, de la ejecutoria en análisis se advierte que dicha concesión de amparo fue con motivo de una violación procesal detectada en la etapa de llamamiento; por lo que, debe precisarse que el dictado de una nueva resolución que ponga fin al procedimiento de origen no es una consecuencia directa de la concesión de mérito, pues, se reitera, ésta se otorgó con motivo de una irregularidad procesal detectada en la etapa de llamamiento al procedimiento, por tanto, para efecto de analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, basta que la autoridad responsable subsane dicha violación procesal, sin tener que esperar que se resuelva de fondo el asunto planteado ante su jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 166/2008, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el tomo XXVIII, página 289, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: **Por tanto, se reitera, para tener por cumplida la ejecutoria en análisis basta que la autoridad responsable deje sin efectos el acto motivo de reclamo y ordene la reposición del procedimiento de origen, a fin de que actúe conforme a los lineamientos plasmados en el citado fallo protector en el sentido de subsanar la violación procesal detectada, sin esperar a que se pronuncie una nueva resolución, por tratarse de un acto futuro e incierto y no una consecuencia directa del indebido llamamiento al procedimiento de origen. **

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