Ma.Santos Romero Peña
Expediente 712/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/12/2020
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- Ma.Santos Romero Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el doce de agosto de dos mil veinte (fojas 135 a 137), el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de trece de agosto de la presente anualidad (foja 141), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 43 a 56), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.]1. Los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, así como los arábigos 24, fracción XII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por la quejosa, determinadas en el recibo de pago exhibido por la agraviada previstas en el arábigo 24, fracción XII de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación con el pago que efectuó la impetrante de garantías. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el tres de marzo de dos mil veinte (fojas 99 a 107), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante la cual desechó el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable; por lo cual, se requirió por el cumplimiento a la misma. En ese sentido, el trece de marzo de dos mil veinte (fojas 116 a 117), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había generado el cheque a favor de la parte quejosa; posteriormente, doce de agosto de este año (fojas 135 a 137), mediante oficio, indicó que el once del citado mes y anualidad, entregó el mencionado documentó a favor de la mencionada parte justiciable y de la que se advierte que devolvió la cantidad de $7,244.13 (siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 13/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $6,988.92 (seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 92/100 moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y el once de agosto del año que transcurre, se realizó la entrega del cheque al multicitado quejoso; empero, el citado cheque fue generado desde el diez de marzo de este año, como se advierte de la constancia que remitió la autoridad responsable. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de febrero del año próximo pasado al mes de febrero de esta anualidad. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de febrero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del año próximo pasado fue de 103.079; y para el mes de febrero de este año de 106.889. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03696194181162. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $6,988.92 (seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 92/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $7,247.24 (siete mil doscientos cuarenta y siete pesos 24/100 moneda nacional); se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $258.32 (doscientos cincuenta y ocho pesos 32/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $7,244.13 (siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 13/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $7,247.24 (siete mil doscientos cuarenta y siete pesos 24/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $7,244.13 (siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 13/100 moneda nacional), es decir, tiene un faltante de $3.11 (tres pesos 11/100 moneda nacional), pero el mismo no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable, así como los que efectúe la parte agraviada, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Luego, ya que la parte quejosa adjuntó a su demanda un recibo de pago original (casi ilegible) (foja 11), requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el citado documento; apercibida que de no hacerlo, el mismo podrá ser depurado junto con el expediente. En la inteligencia que si su deseo es el de comparecer, deberá estarse a lo dispuesto por la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que establece que las partes deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", cuyo link es: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home; en el cual, al momento de agendar una cita se le generará un código QR el cual deberá presentar para el ingreso a éste órgano jurisdiccional. De igual manera, de conformidad con el artículo 7 del mencionado Acuerdo General 21/2020, se insiste que al momento de presentarse, acuda respetando las medidas de sana distancia, conforme a la señalización respectiva (flechas de tránsito y cuadros en el área de espera y atención), evite permanecer en las áreas de tránsito y usar cubrebocas en todo momento; apercibido que de no cumplir a estas medidas se hará acreedor en principio una llamada de atención y en caso de reincidir o subsista el incumplimiento, generará su expulsión inmediata del juzgado federal. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio enviado en línea por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que el Magistrado Presidente de dicho Órgano, admitió el recurso de revisión interpuesto por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, en contra de la sentencia de veintinueve de mayo de la citada anualidad, en el juicio de amparo 712/2019, del índice de este Juzgado; revisión que se registró con el número 582/2019. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado; entonces, como se ordenó por proveído de cinco de agosto de la presente anualidad (foja 83), remítase el original del presente juicio de amparo, así como el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, contra la sentencia pronunciada en autos (fojas 43 a 56). CÚMPLASE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibida la misiva suscrita por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en autos (fojas 43 a 56); luego, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la actual Ley de Amparo, téngase por interpuesto tal medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito los ordinales 84 y 89, ambos de la Ley de Amparo en comento y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la resolución dictada en este juicio constitucional es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad. Por ende, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, con sustento en el arábigo 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el mismo dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al Órgano de Control Constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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