Ma. Teresa Guzmán López

Expediente 659/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
659/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Ma. Teresa Guzmán López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 111 a 113), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicho órgano, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de catorce de agosto de la presente anualidad (foja 114), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 55 a 80), se determinó conceder a Ma. Teresa Guzmán López, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Director General de Ingresos de dicha Secretaria, residente en esta ciudad, deberá devolver al quejoso la cantidad de $6,782.24 (seis mil setecientos ochenta y dos pesos 24/100 moneda nacional), que pagó el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de "MINISÚPER, ABARROTES, TENDAJONES Y SIMILARES NO MAYORES A 200 M2 CON VENTA ÚNICAMENTE DE CERVEZA", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (foja 9), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil dieciocho, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Resolución que causó ejecutoria el veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 98 a 99). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 111 a 113), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicho órgano, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante la entrega de cheque con número de 0000675, el diez de agosto de dos mil dieciocho, por la cantidad de $6,782.24 (seis mil setecientos ochenta y dos pesos con veinticuatro centavos moneda nacional). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (fojas 15 y 50), y que se efectúo la devolución mediante la expedición del título de crédito citado en el párrafo anterior el diez de agosto de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo al mes de agosto de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes julio de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de febrero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes julio de dos mil dieciocho fue de 132.991 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0074. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $6,782.24 (seis mil setecientos ochenta y dos pesos con veinticuatro centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,832.42 (seis mil ochocientos treinta y dos pesos con cuarenta y dos centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $50.18 (noventa y seis pesos con veintiún centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $6,832.42 (seis mil ochocientos treinta y dos pesos con cuarenta y dos centavos moneda nacional); sin embargo, de las constancias que anexó al oficio mediante el cual informó el cumplimiento de la sentencia, se advierte que hubo discrepancia entre los factores de actualización que utilizó y los que debió haber utilizado, por tanto éste reintegró la diversa de $6,782.24 (seis mil setecientos ochenta y dos pesos con veinticuatro centavos moneda nacional), es decir, hay un déficit de $50.18 (noventa y seis pesos con veintiún centavos moneda nacional); en ese sentido, se considera que dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de restituir la cantidad referida, así como los que efectué la quejosa, a fin de recibir dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicho órgano, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que notificó a la parte quejosa por medio de su autorizado legal, a fin de que se presentara en las oficinas que ocupa la Dirección General Jurídica de la Secretaría en comento; sin embargo, manifiesta que a la fecha no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque 0000611 puesto a su disposición con motivo del fallo protector concedido en autos que declaró la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de permiso, dicha circunstancia le fue notificada el seis del presente mes y año, como se advierte del anexo que acompaña.En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2° dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo, asimismo, requiérasele para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído comparezca ante las oficinas de la Dirección en comento a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada en los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta presentado por la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, por los motivos que expone, solicita se le conceda una prórroga con el fin de estar en condiciones de remitir las constancias que acrediten el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, se concede dicha prórroga y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que en el término de QUINCE DÍAS, a partir de que reciba la notificación del presente proveído, remita las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo que le fueron solicitadas por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.

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