Ma. Rosalva Meza López
Expediente 2364/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 26 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2364/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 20/04/2022
Partes del expediente
- Juez Mixto de Primera Instancia, Con Sede En Villa Hidalgo,Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit
- Ma. Rosalva Meza López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
veinte de abril de dos mil veintidósAUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, a las diez horas con veinticuatro minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 2364/2019, promovido por Ma. Rosalva Meza López; la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida por el secretario Jesús Amador Casas que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. El secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron presenciar la presente audiencia por videoconferencia en el equipo de cómputo que este juzgado destinó para ello, acorde con el Acuerdo General 21/2020. Asimismo, certifica que las constancias del presente expediente físico concuerdan fielmente con las que obran en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Acto continuo, el secretario hace una relación de las constancias que obran en autos, da cuenta con: a) Escrito de demanda (fojas 2 a 17). b) Informe justificado rendido por el Juez Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit (foja 24), así como legajo de pruebas que obra por separado. c) Emplazamiento efectuado al tercero interesado Epifanio Meza López (foja 53). d) De igual forma, se hace constar que en auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 55 y 56), este Juzgado Federal requirió a la quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Actuario Notificador adscrito al Juzgado Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit, por apreciarse de las constancias de autos que practicó el emplazamiento de la parte quejosa; el cual se notificó el cinco de marzo de dos mil veinte (foja 59); de ahí que el lapso de quince días que se le otorgó transcurrió del nueve al veintisiete de marzo de dos mil veinte, sin que se haya dado cumplimiento a la misma por la parte quejosa. A lo que la Jueza de Distrito determina: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias y por rendidos los informes justificados. En relación a la certificación de cuenta, toda vez que la parte quejosa fue omisa en dar cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte en el lapso que se le otorgó al efecto, se hace efectivo el apercibimiento de referencia y en consecuencia, no se tiene como autoridad responsable al Actuario Notificador adscrito al Juzgado Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit, por ende, el presente juicio se resolverá en los términos en los que fue inicialmente planteado. Sin más constancias que deban relacionarse, se abre el periodo probatorio y con apoyo en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, en razón de su propia naturaleza, las pruebas documentales que ofrecieron las partes; se cierra dicha etapa y se abre la de alegatos, sin que ninguna de las partes los hayan hecho valer. Se cierra la citada fase y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta para constancia, acto seguido, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 2364/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Ma. Rosalva Meza López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto reclamado siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: C. Juez Mixto de Primera Instancia de Villa Hidalgo, Nayarit." "IV.- ACTO RECLAMADO: Todas y cada una de las actuaciones del juicio número 160/2015, desde su inicio y hasta la presente fecha, toda vez que nunca he tenido conocimiento de los mismos, a pesar de haber sido hija de la señora Francisca López Ruiz." La parte quejosa indicó como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el expediente 2364/2019; por auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda (fojas 18 a 20); se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se citó a las partes en día y hora hábil para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, procede dictar la resolución constitucional respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 60, fracción I y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve contra una autoridad residente en la delimitación territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa reclama: Del Juez Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit, todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario 160/2015, respecto al cual la quejosa se ostenta como tercera extraña. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit, sin que sea óbice que al rendir su informe con justificación haya indicado que no era cierto el acto reclamado (foja 24). Ello es así, pues de las constancias certificadas que remitió relativas al juicio sucesorio intestamentario 160/2015, se aprecia que sí versa sobre la transmisión de derechos hereditarios de la de cujus Francisca López Ruiz, procedimiento respecto al cual se ostenta la parte quejosa como tercera extraña. Por ende, se tiene como cierto el acto reclamado consistente en la totalidad de las actuaciones de dicho sumario civil. Dichas documentales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido certificadas por funcionario público en el ejercicio de las atribuciones que le son propias con motivo de su encargo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación se enuncian los antecedentes que se desprenden del juicio sucesorio intestamentario 160/2015, del índice del Juzgado Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit: 1. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil quince, Epifanio Meza López, presentó demanda a fin de que se transmitieran los derechos sucesorios de la de cujus Francisca López Ruiz, en la vía sucesoria intestamentaria, en la cual se señaló como presunta heredera a la aquí quejosa Rosalva Meza López, entre otros, de quién se exhibió su acta de nacimiento, de la cual se advierte que su nombre completo es Ma. Rosalva Meza López (fojas 1 a 5 y 11 del legajo de pruebas). 2. Dicha demanda se admitió por auto de veintiséis de noviembre de dos mil quince por el Juez Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit, oportunidad en la cual ordenó que se efectuara el emplazamiento a los demandados (fojas 35 y 36 ídem). 3. De esta forma, la demandada Rosalva Meza López, fue emplazada a juicio el ocho de febrero de dos mil dieciséis, por el Actuario Notificador adscrito al Juzgado Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit (fojas 58 y 59 ídem). 4. Por resolución de nueve de junio de dos mil dieciséis (fojas 100 a 102 ídem), se aperturó la sucesión legítima y se declararon como únicos y universales herederos a Epifanio, J. Asención, Catalina y Domitila, todos de apellidos Meza López, dejando a salvo los derechos de terceras personas a fin de que los hicieran valer como en derecho corresponda. 5. En diligencia de veintidós de junio de dos mil dieciséis, se tuvo como albacea de la sucesión al heredero Epifanio Meza López, quien aceptó y protestó el cargo conferido (foja 104). 6. Por auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, se autorizó la separación del procedimiento judicial para ser continuado en sus demás etapas ante Notario Público (foja 106). 7. En este tenor, mediante escritura pública 6,467, de once de abril de dos mil diecinueve, el Notario Público Número Uno de la Segunda Demarcación Notarial del Estado de Nayarit, con sede en Santiago Ixcuintla, Nayarit, llevó a cabo las secciones de inventarios y avalúos, administración, así como partición y adjudicación (fojas 138 a 145 del expediente de amparo). En relación con dicho procedimiento la quejosa se ostenta con el carácter de tercera extraña, con el cual reclama la totalidad de las actuaciones del juicio respectivo. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las partes las invoquen o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el ordinal 62, de la Ley de Amparo. En el caso, se precisaron como actos reclamados del Juez Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit, todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario 2364/2019, respecto al cual la quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio. Empero, de las copias certificadas del juicio de referencia, se advierte que la aquí quejosa fue emplazada a juicio por el Actuario Notificador del Juzgado Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit, el ocho de febrero de dos mil dieciséis (fojas 58 y 59 del legajo de pruebas). Ante tal circunstancia, el Juez de Distrito tiene la obligación de formular prevención a la quejosa en casos como el presente en que no se señaló como autoridad responsable al funcionario público que practicó el emplazamiento respectivo. La prevención mencionada constituye una oportunidad procesal prevista en ley, que se otorga al justiciable para que subsane aquellas deficiencias que impiden la eficaz administración de justicia y la adecuada defensa de los derechos humanos. Tal actuación judicial encuentra su apoyo y justificación en la función conferida al Juez que, como director del proceso, tiene la obligación de llevar a cabo todo lo necesario para la debida integración y desarrollo adecuado del procedimiento que es sometido a su potestad, con el propósito de dirigirlo de manera óptima y efectiva e impulsarlo de forma que pase por sus distintas etapas con la mayor celeridad, sin estancamientos para lograr su máximo aprovechamiento en la actuación final que, ordinariamente, es la sentencia de mérito, en donde se resuelve el litigio que le da origen. La función judicial en los términos explicados, incluye la atribución de requerir la corrección de las inconsistencias que advierta en la sustanciación del procedimiento, mediante la notificación al promovente sobre los defectos o inconsistencias concretas advertidas y el otorgamiento de un plazo razonable para que éstas se subsanen, con la advertencia de las consecuencias legales que puede acarrear su inactividad ante el requerimiento formulado. Por lo que hace al supuesto específico, consistente en que en el escrito de demanda, el promovente no señale como autoridad responsable al funcionario público encargado de la diligencia que se combate vía conceptos de violación, a pesar de señalar como responsables a diversas autoridades, resulta evidente que el juzgador de amparo debe prevenir al promovente de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo para que éste subsane dicha circunstancia. Toda vez que dicho funcionario será el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, pues él conoce los detalles del acto reclamado; ello, con independencia de que el titular del Tribunal sea señalado también como autoridad responsable como encargado de revisar el oficio del subalterno. Lo anterior, a fin de garantizar al promovente que pueda subsanar las deficiencias que impiden la adecuada constitución de la relación procesal. Ello encuentra sustento en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que se reproduce enseguida: "ACTUARIO, HIPOTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." De igual forma, sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 687, del Libro 5, abril de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días- aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta." Así, en cumplimiento a la disposición anterior, en auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 55 y 56), este Juzgado Federal requirió a la quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Actuario Notificador adscrito al Juzgado Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit, por apreciarse de las constancias de autos que había efectuado la práctica material del emplazamiento de referencia. Cabe precisar que, la participación de la indicada autoridad en la práctica del emplazamiento reclamado, se advirtió del contenido del informe justificado que rindió el Juez Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit. Sin embargo, la quejosa fue omisa en dar cumplimiento a la prevención de referencia, motivo por el cual en la audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de referencia y en consecuencia no se tuvo como autoridad responsable a la antedicha. De la relatoría que se efectuó con antelación, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, dicho precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, resulta conveniente transcribir el numeral 1° y 5º, fracción II, así como 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que al tenor de la letra dicen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. III. La autoridad o autoridades responsables." El primero de los precitados arábigos estatuye lo que doctrinariamente se conoce como la causa de improcedencia legal y que consiste en que el juicio de amparo no resulta procedente cuando tal situación resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, de la propia Ley de Amparo. En tanto que el segundo y tercero de ellos, establece que el objeto del amparo es resolver contiendas, entre otro caso, por actos de autoridad y de igual forma, se precisan las características que deben de reunirse a fin de considerar como responsable a la autoridad a la que el quejoso señale con ese carácter en su demanda de amparo y al efecto, se previene que se trata de las que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; en el entendido que en la demanda de amparo deben expresarse la autoridad o autoridades responsables. Luego, a fin de que proceda el Juicio de Amparo, se requiere, en lo que al caso concierne, la existencia tanto de un acto de autoridad, como que el mismo haya sido emitido por un ente que tenga la calidad de autoridad responsable. De dichos preceptos se desprende, que el juicio de amparo no resulta procedente, en aquellos casos en que la improcedencia derive de alguna causa prevista en la ley y que en la demanda de amparo la parte quejosa deberá señalar, invariablemente a las autoridades a quienes atribuya el acto reclamado. Empero, como se indicó precedentemente, la quejosa no señaló como autoridad responsable al Actuario Notificador adscrito al Juzgado Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit, pese a que se apreciaba de las constancias de autos que había efectuado la práctica material del emplazamiento de referencia. Al efecto, cabe recordar que este Juzgado Federal requirió a la quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al ente precisado en el párrafo anterior, por apreciarse de las constancias de autos que había efectuado la práctica material del emplazamiento de referencia. Sin que la quejosa hayan dado cumplimiento a la prevención de referencia en el lapso que se les otorgó al efecto, motivo por el cual en la audiencia constitucional, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte y en consecuencia no se tuvo como autoridad responsable. En este contexto, al no haber sido señalado como responsable al ente que practicó el emplazamiento, este Juzgado Federal no está en condiciones de analizar el acto descrito, precisamente porque esa autoridad no fue llamada a juicio, pese a que se notificó oportunamente a la quejosa si era su deseo hacerlo así. Lo anterior genera la improcedencia del presente juicio de amparo, por cuanto que dicha autoridad es directamente encargada de defender la legalidad de su actuación, al conocer los detalles y circunstancias particulares que generaron la emisión y práctica del emplazamiento reclamado. En efecto, si bien el Actuario Notificador que practicó el emplazamiento debe considerarse autoridad ejecutora, en la medida en que observa las órdenes del Juez respectivo; no lo es menos que las actuaciones que realiza revisten cierta independencia y son de su exclusiva responsabilidad. Así, las formalidades a que se refiere la legislación procesal civil aplicable, corresponde llevarlas a cabo a dicho funcionario. Sin embargo, al no haber sido intención de la parte quejosa llamarlo al presente juicio, dicho funcionario judicial se encuentra imposibilitado para exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto que se le imputa o la improcedencia del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 186, del Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." Así como también, la jurisprudencia del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visibles en la página 738, del Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Así entonces, toda vez que dicho ente no fue llamado a juicio ni fue oído, existe imposibilidad de examinar la constitucionalidad de sus actos; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1°, 5º, fracción II, así como 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 93, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que dice: "AUTORIDADES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída". De igual forma, cabe precisar que si bien, la quejosa señala como acto reclamado todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 160/2015, sin embargo, dicha inconstitucionalidad no se reclama por vicios propios sino única y exclusivamente a consecuencia de la violación a su garantía de audiencia, pues argumenta que no fue llamada a juicio. Por ende, por la misma razón, se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto a la totalidad de las actuaciones reclamadas, de conformidad con los razonamientos jurídicos plasmados en la presente sentencia. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, en términos de lo que prevé el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Así, por lo expuesto y fundado conforme a los artículos 65, 73, 74, 75, 76 y 217 de Ley de Amparo Vigente se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Rosalva Meza López, respecto a los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Mixto de Villa Hidalgo, Nayarit; de conformidad con las razones jurídicas y el fundamento legal plasmados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe.
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TEPIC, NAYARIT, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. SE RECIBE OFICIO. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Villa Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, a través del cual, en atención a la determinación de tres de febrero del año en curso, proporciona la información ahí solicitada. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguese la comunicación oficial y anexo a los presentes autos con vista a las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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primero de marzo de dos mil veintidósEn uno de marzo de dos mil veintidós, el licenciado Jesús Amador Casas, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en TEPIC, NAYARIT, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado de autos se aprecia que, mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, se requirió al Juez Mixto de Primera Instancia de Villa Hidalgo, Nayarit, a efecto de que remita a este Juzgado, copa legible, completa y certificada de la escritura pública seis mil cuatrocientos sesenta y siete, relativa a la adjudicación por herencia a bienes de la sucesión intestamentaria de Francisca López Ruiz, a favor de los herederos Epifanio, J. Ascención Catalina y Domitila, todos de apellidos Meza López, sin que a la data en que se actúa se tenga conocimiento que el referido ente se encuentre debidamente notificado de ello En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. SE RECIBE OFICIO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Villa Hidalgo, Nayarit y anexos, a través de los cuales, informa la imposibilidad para remitir dentro del lapso otorgado el tres de febrero actual, copia legible, completa y certificada de la escritura pública seis mil cuatrocientos sesenta y siete, relativa a la adjudicación por herencia a bienes de la sucesión intestamentaria de *****************, todos de apellidos *************. Debido a que, solicitó al fedatario público ante quién se otorgó el instrumento de mérito, las exhibiera dentro del término de tres días y así estar en la condición de cumplir con el requerimiento de que fue objeto dentro del juicio de amparo en que se actúa, como lo acredita con el acuse respectivo. No obstante lo anterior, exhibe en copia certificada las documentales con las que cuenta, mismas que aclara se encuentran ilegibles en parte; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguese la comunicación oficial y anexos a los presentes autos con vista a las partes para los efectos legales conducentes. Con independencia de ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en cita, por disposición expresa en su precepto 2, requiérase al ente oficiante, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que reciba la escritura pública de que se trata, la remita debidamente certificada, toda vez que resulta indispensable para resolver el presente sumario. Notifíquese.
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