Ma. Susana Ibañez Alizalde
Expediente 943/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/10/2018
Partes del expediente
- Ma. Susana Ibañez Alizalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 107 y 108), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad (foja 109), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio del año en curso (fojas 56 a la 80), se determinó conceder al quejoso *, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los dispositivos 23, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la parte accionante de garantías con fundamento en las disposiciones anteriores en el pago realizado el trece de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la parte quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente; cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, tampoco se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se realizó en su oportunidad por la revalidación de permiso de alcoholes materia del juicio, toda vez que de esta no se reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $*, restándole la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de comisión bancaria, y de igual manera, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DJC/5251/2018 de veinte de septiembre de la presente anualidad, presentado en la Oficialía de partes de este Juzgado (fojas 107 y 108), el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veinte de septiembre del año actual, realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de $*. Entonces, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $* misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el trece de abril del año en curso y el veinte de septiembre del año actual, se realizó la transferencia a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada devuelve la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo del presente año a agosto de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo del año actual entre el índice para el mes de agosto de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436; y para el mes de agosto de la presente anualidad fue de 100.492. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.75879; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $15,376.89 (quince mil trescientos setenta y seis pesos 89/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Sin que pase inadvertido, que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $15,373.89 (quince mil trescientos setenta y tres pesos 89/100 moneda nacional); toda vez que debía restarle la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de comisión bancaria; sin embargo, éste realizó una transferencia por la cantidad de $15,376.89 (quince mil trescientos setenta y seis pesos 89/100 moneda nacional), es decir, un excedente por la cantidad de $3.00 (tres pesos con 00/100 moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de exigirlos, así como los que efectué la quejosa, con el objeto de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
Tepic, Nayarit, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, signado por Adolfo Dueñas Canales, apoderado legal de la parte quejosa Proyecto Vallarta II, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual señala como autorizado en términos amplios a *** asimismo, solicita se autorice el uso de medios electrónicos, para la reproducción de actuaciones y constancias que obren en autos, así como la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio de amparo con nombre de usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; y señala autorizados para ello. En consecuencia, con sustento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral antedicho a***, por así haberlo solicitado y de conformidad con el arábigo 3, parte final del párrafo octavo de la ley de la materia, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente a la persona en comento, con nombre de usuario ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor. En relación con su solicitud del uso de medios electrónicos, como cámara fotográfica, grabadoras o lectores ópticos, para la reproducción de actuaciones y constancias que obren en autos, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación de Amparo en su ordinal 2º, se autoriza indistintamente al compareciente y autorizados para que obtengan copia mediante los medios indicados, previa identificación y constancia que dejen en autos. Cobra aplicación la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y siete, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga."
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por *a, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, remite en copia la constancia relativa al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, esto es, la transferencia electrónica al quejoso de la cantidad que ampara el fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por *, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual manifiesta, que en cumplimiento a la resolución emitida en el presente juicio de garantías, se turnaron los datos de la parte quejosa, al Director General de Tesorería, para que lleve a cabo la transferencia bancaria a favor del promovente; por ende, agréguese el ocurso de que se trata, así como de la documental que adjuntó, en el entendido de que con lo manifestado, únicamente se considera en vías de cumplimiento; lo expuesto, hágase del conocimiento de la responsable oficiante, para que una vez que se dé cabal acatamiento al fallo protector, lo informe inmediatamente a este Juzgado a fin de determinar si se está cumpliendo o no en sus términos con la ejecutoria de mérito.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Ma. Rosario Castro Guzmán651/2018
- Ma. Rosario de los Santos Palomera1930/2018
- Ma. Rubia de la Paz Cervantes328/2018
- Ma. Sandra Rodríguez Muñoz202/2018
- Ma.Santos Romero Peña712/2019
- Ma. Socorro Ramírez Escatel1516/2017
- Ma. Susana Monroy Bear2022/2019
- Ma. Teresa Guzmán López659/2018
- Ma. Teresa Guzmán López1065/2019
- Ma. Teresa Rodríguez Gama1653/2023
- Ma. Trinidad Sauceda Serafin1349/2019
- Ma. Verónica Ávila Suárez1962/2023