Ma. Concepción Sánchez
Expediente 553/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Concepción Sánchez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que dicho Tribunal aceptó la competencia declinada por este Juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 553/2017 del índice de este órgano jurisdiccional; al respecto se provee: De su contenido, se desprende que la oficiante no se pronunció sobre la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y ordenó devolver el cuaderno en que se actúa, asimismo, archivó el expediente **** de su índice; lo anterior, dado que el oficio por el que se le informó carece de firma autógrafa. Acúsese recibo. En razón de lo anterior, reexpídase la comunicación 8193, que contiene el proveído de veinticinco de mayo pasado, por el que este Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Ma. Concepción Sánchez y remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a fin de que lo envíe al Juzgado que, por turno, corresponda.
- Principal
Agréguese la razón del Actuario adscrito a este juzgado, por la cual manifiesta su imposibilidad para notificar el auto de veinticinco de los corrientes, personalmente a la quejosa *******, toda vez que al constituirse en la colonia ****l en esta ciudad, no tuvo a la vista ninguna calle con el nombre "NUEVA" como lo manifestó en su demanda la quejosa. Asimismo, se constituyó en diverso domicilio ubicado en calle Villa ***de dicha colonia, a fin de cumplir con lo ordenado por este Tribunal, informándole que no habita en ese lugar la buscada. En razón de lo anterior, notifíquesele dicho proveído y los subsecuentes por medio de lista, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la ley de la materia. En consecuencia se notifica por medio de lista el mencionado proveido que en lo conducente dice:Vista la demanda de amparo presentada por **********, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 553/2017. En principio, debe decirse que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de la Amparo. Ahora bien, en cumplimiento de tales disposiciones, se advierte que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Dicho precepto, establece: "Artículo 37: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los jueces de distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: 1a. La regla inicial contenida en el primer párrafo se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; 2a. La segunda previsión normativa, más que una regla diversa constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del juez de distrito a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, 3a. En el último párrafo del precepto se establece la tercera regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este último supuesto basta que de autos se evidencie que la responsable emisora del acto o resolución reclamada, que no requiera de ejecución material, resida o radique dentro del ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Así, para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de un juicio de amparo, se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio, tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución. En el presente caso, del análisis del libelo constitucional, así como de la resolución dictada el treinta de junio de dos mil catorce, por el Tribunal Unitario Agrario, se advierten como antecedentes: ************, promovió ante el Tribunal Unitario Agrario, diligencias de jurisdicción voluntaria tendientes a acreditar que es la primera sucesora designada a bienes de su extinta madre ************, en relación con los certificados parcelarios y derechos sobre tierras de uso común números ***, derechos que defiende en esta instancia la quejosa **********. El Magistrado responsable, mediante resolución de treinta de junio de dos mil catorce, determinó reconocer tal carácter a la citada promovente; asimismo, ordenó: "se deberán cancelar los certificados que se expidieron a ésta, para que en su lugar le sean expedidos los certificados correspondientes a la aquí promovente". Con motivo de lo anterior, la quejosa acude a esta instancia, reclamando todo lo actuado en el juicio agrario número *** del índice del Tribunal responsable, así como la ejecución de dicha resolución, consistente en el posible desposeimiento de las parcelas pertenecientes al ***, ubicadas en la ciudad de *** Guanajuato, y que según lo manifestado por la promovente, tiene derechos ejidales sobre dichas tierras de uso común. Ahora bien, de la demanda de amparo, así como de los anexos, no se desprende la existencia de un posible desposeimiento de las tierras ejidales que defiende la quejosa, pues no existe algún mandato que afecte los bienes que defiende. Por otra parte, de la resolución pronunciada por la Tribunal responsable, sí se desprende expresamente la orden de cancelación de los certificados parcelarios, para que en su lugar sean expedidos los certificados correspondientes a favor de **********. De lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que la ejecución en el procedimiento, no es más que la cancelación de los certificados parcelarios en relación con los derechos ejidales, así como la expedición de nuevos títulos, que deberá llevarse a cabo en el Registro Agrario Nacional, con residencia en la ciudad de Guanajuato, capital, lugar donde tendrá ejecución material. Sin que pase inadvertido, que la quejosa reclame el posible desposeimiento sobre las tierras de uso común, pues como se precisó en párrafos anteriores, de la resolución que anexó a su demanda de cuenta, se desprende que únicamente se le reconoció el carácter de ejidataria a *********, y se ordenó la cancelación de los certificados a nombre de **********, a fin de que se emitan nuevos certificados, sin que sea siquiera inminente el desposeimiento. En mérito de ello, resulta aplicable el primer supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que el Juez competente para conocer del amparo que en su contra se interponga será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado. Por otra parte, en Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en lo que ahora interesa dispone: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: **********. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Tribunal, SE DECLARA INCOMPETENTE DE PLANO para conocer del juicio de amparo que aquí se promueve, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 la Ley de Amparo, y la declina al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON SEDE EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE, que por razón de turno le corresponda conocer del presente asunto y, por economía procesal y en aras de la impartición de justicia pronta y expedita se remite a la oficina de Correspondencia Común la demanda original, cinco copias de la misma, solicitando el acuse de recibo correspondiente, en el que se informe sobre la determinación tomada respecto de la presente resolución. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a la parte accionante que la sentencia que en su caso se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que le asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Sin que sea el caso que este juzgado de Distrito se pronuncie sobre la suspensión provisional solicitada, en virtud que no se reclaman actos de los mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ***de esta ciudad; y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la ley de Amparo, a ***********, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por **********, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 553/2017. En principio, debe decirse que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de la Amparo. Ahora bien, en cumplimiento de tales disposiciones, se advierte que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Dicho precepto, establece: "Artículo 37: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los jueces de distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: 1a. La regla inicial contenida en el primer párrafo se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; 2a. La segunda previsión normativa, más que una regla diversa constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del juez de distrito a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, 3a. En el último párrafo del precepto se establece la tercera regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este último supuesto basta que de autos se evidencie que la responsable emisora del acto o resolución reclamada, que no requiera de ejecución material, resida o radique dentro del ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Así, para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de un juicio de amparo, se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio, tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución. En el presente caso, del análisis del libelo constitucional, así como de la resolución dictada el treinta de junio de dos mil catorce, por el Tribunal Unitario Agrario, se advierten como antecedentes: ************, promovió ante el Tribunal Unitario Agrario, diligencias de jurisdicción voluntaria tendientes a acreditar que es la primera sucesora designada a bienes de su extinta madre ************, en relación con los certificados parcelarios y derechos sobre tierras de uso común números ***, derechos que defiende en esta instancia la quejosa **********. El Magistrado responsable, mediante resolución de treinta de junio de dos mil catorce, determinó reconocer tal carácter a la citada promovente; asimismo, ordenó: "se deberán cancelar los certificados que se expidieron a ésta, para que en su lugar le sean expedidos los certificados correspondientes a la aquí promovente". Con motivo de lo anterior, la quejosa acude a esta instancia, reclamando todo lo actuado en el juicio agrario número *** del índice del Tribunal responsable, así como la ejecución de dicha resolución, consistente en el posible desposeimiento de las parcelas pertenecientes al ***, ubicadas en la ciudad de *** Guanajuato, y que según lo manifestado por la promovente, tiene derechos ejidales sobre dichas tierras de uso común. Ahora bien, de la demanda de amparo, así como de los anexos, no se desprende la existencia de un posible desposeimiento de las tierras ejidales que defiende la quejosa, pues no existe algún mandato que afecte los bienes que defiende. Por otra parte, de la resolución pronunciada por la Tribunal responsable, sí se desprende expresamente la orden de cancelación de los certificados parcelarios, para que en su lugar sean expedidos los certificados correspondientes a favor de **********. De lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que la ejecución en el procedimiento, no es más que la cancelación de los certificados parcelarios en relación con los derechos ejidales, así como la expedición de nuevos títulos, que deberá llevarse a cabo en el Registro Agrario Nacional, con residencia en la ciudad de Guanajuato, capital, lugar donde tendrá ejecución material. Sin que pase inadvertido, que la quejosa reclame el posible desposeimiento sobre las tierras de uso común, pues como se precisó en párrafos anteriores, de la resolución que anexó a su demanda de cuenta, se desprende que únicamente se le reconoció el carácter de ejidataria a *********, y se ordenó la cancelación de los certificados a nombre de **********, a fin de que se emitan nuevos certificados, sin que sea siquiera inminente el desposeimiento. En mérito de ello, resulta aplicable el primer supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que el Juez competente para conocer del amparo que en su contra se interponga será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado. Por otra parte, en Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en lo que ahora interesa dispone: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: **********. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Tribunal, SE DECLARA INCOMPETENTE DE PLANO para conocer del juicio de amparo que aquí se promueve, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 la Ley de Amparo, y la declina al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON SEDE EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE, que por razón de turno le corresponda conocer del presente asunto y, por economía procesal y en aras de la impartición de justicia pronta y expedita se remite a la oficina de Correspondencia Común la demanda original, cinco copias de la misma, solicitando el acuse de recibo correspondiente, en el que se informe sobre la determinación tomada respecto de la presente resolución. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a la parte accionante que la sentencia que en su caso se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que le asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Sin que sea el caso que este juzgado de Distrito se pronuncie sobre la suspensión provisional solicitada, en virtud que no se reclaman actos de los mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ***de esta ciudad; y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la ley de Amparo, a ***********, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral.
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