Lydia Ortiz Dávila
Expediente 756/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Lydia Ortiz Dávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En diez de agosto de dos mil dieciséis, la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C A : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiuno de julio al tres de agosto de dos mil dieciséis; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de trece de julio pasado, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en los autos del juicio de amparo número 756/2016-2.- DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diez de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaria, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el sobreseimiento fuera de audiencia, dictado mediante auto de trece de julio pasado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. En tales condiciones, al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, ello en consideración a que en los autos del presente juicio de amparo, se sobreseyó fuera de audiencia. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada del procedimiento Administrativo Sucesorio Intestamentario 32/2010. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza. Doy fe. /manuelcc
- Principal
En diecinueve de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito, en el sentido de que no le fue posible notificar a los terceros interesados LETICIA, ROSA MARÍA, CRISTÓBAL, FRANCISCA, JOSÉ LUIS y ERNESTINA, todos de apellidos ORTIZ DÁVILA el auto de trece de julio del año en curso, toda vez que no señalaron domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante que de autos se advierte que fueron debidamente emplazados a juicio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de catorce de junio de dos mil dieciséis; y la notificación del auto de mérito, así como las subsecuentes que sean de carácter personal, practíqueseles por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Cecy*
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En trece de julio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con los oficios registrados con los números 12932, y 12931 anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de julio de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, por el que remiten copia certificada de los títulos de propiedad 733, 734 y 738, emitidos a nombre de las quejosas Herlinda, Lydia y Olga, todas de apellidos Ortiz Dávila, respecto a los lotes 52 primo fracciones I,II y III ubicados en la colonia San José del Saladillo, terrenos expropiados a la Ex Hacienda de El Carro, Municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, lo que trae como consecuencia que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la demanda de amparo se advierte que las citadas quejosas, señalaron como acto reclamado la falta de expedición de títulos de propiedad de los citados predios, por considerar que transgrede el derecho humano de petición contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante oficio 2584/2016, remitió copia certificada con firma autógrafa de los títulos de propiedad mencionados en líneas precedentes. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de la documental antes descrita se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable, acreditó haber expedido los títulos de propiedad, el trece de abril del año en curso; lo cual constituyó el acto reclamado en el presente juicio; por tanto, al haberse emitido los títulos de propiedad correspondientes, es inconcuso que ello se traduce en que fueron restituidas las quejosas en el pleno goce del derecho fundamental que estimaron vulnerado en su perjuicio; y, por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Finalmente, se tiene por recibido el diverso oficio signado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, por el cual, en atención a lo solicitado mediante oficio 32360/2016 de seis de julio actual, remite copia certificada del Procedimiento Administrativo Sucesorio Intestamentario 32/2010, las que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen como pruebas de la autoridad responsable y, dado el volumen de las mismas fórmese cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc"
- Principal
SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS LETICIA, ROSA MARÍA, CRISTÓBAL, FRANCISCA, JOSÉ LUIS Y ERNESTINA, TODOS DE APELLIDOS ORTIZ DÁVILA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO: "En trece de julio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con los oficios registrados con los números 12932, y 12931 anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de julio de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, por el que remiten copia certificada de los títulos de propiedad 733, 734 y 738, emitidos a nombre de las quejosas Herlinda, Lydia y Olga, todas de apellidos Ortiz Dávila, respecto a los lotes 52 primo fracciones I,II y III ubicados en la colonia San José del Saladillo, terrenos expropiados a la Ex Hacienda de El Carro, Municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, lo que trae como consecuencia que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la demanda de amparo se advierte que las citadas quejosas, señalaron como acto reclamado la falta de expedición de títulos de propiedad de los citados predios, por considerar que transgrede el derecho humano de petición contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante oficio 2584/2016, remitió copia certificada con firma autógrafa de los títulos de propiedad mencionados en líneas precedentes. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de la documental antes descrita se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable, acreditó haber expedido los títulos de propiedad, el trece de abril del año en curso; lo cual constituyó el acto reclamado en el presente juicio; por tanto, al haberse emitido los títulos de propiedad correspondientes, es inconcuso que ello se traduce en que fueron restituidas las quejosas en el pleno goce del derecho fundamental que estimaron vulnerado en su perjuicio; y, por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Finalmente, se tiene por recibido el diverso oficio signado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, por el cual, en atención a lo solicitado mediante oficio 32360/2016 de seis de julio actual, remite copia certificada del Procedimiento Administrativo Sucesorio Intestamentario 32/2010, las que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen como pruebas de la autoridad responsable y, dado el volumen de las mismas fórmese cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc"
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