Lydia Ortiz Dávila

Expediente 577/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
577/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
20/07/2016

Partes del expediente

  • Lydia Ortiz Dávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En veinte de julio de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del cinco al dieciocho de julio del año que transcurre, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo número 577/2016-5. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de julio de dos mil dieciséis Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de haberse decretado el sobreseimiento, por lo que éste Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 577/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. LYDIA, FRANCISCA, OLGA, LETICIA, CRISTOBAL Y HERLINDA, TODOS DE APELLIDOS ORTIZ DÁVILA, por su propio derecho, el doce de abril de dos mil dieciséis, presentaron en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que hacen consistir en la falta de expedición de los títulos de propiedad que los acredite como adjudicatarios de diversos lotes ubicados en la zona de fraccionamientos rurales de la Colonia San José del Saladillo y del Fraccionamiento La Blanca, ambos del municipio de Pánfilo Natera, Zacatecas. SEGUNDO. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y en proveído de trece de abril del año en curso, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad administrativa residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD., y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La falta de expedición de los títulos de propiedad que acredite a los quejosos como adjudicatarios de diversos lotes ubicados en la zona de fraccionamientos rurales de la Colonia San José del Saladillo y el Fraccionamiento la Blanca, ambos del municipio de Pánfilo Natera, Zacatecas, como se ordenó en resolución de catorce de julio del año próximo pasado, en el expediente 855/2013, relativo al procedimiento administrativo de división de cosa común promovido, entre otros, por los quejosos. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Las autoridades responsables Director de Fraccionamientos Rurales; Coordinador General Jurídico; Secretario General; y, Gobernador, todos del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconocieron la omisión o abstención de entregar los títulos de propiedad a los quejosos. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, mediante oficios registrados con los números 11253 y 11869, el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, remitió a este Juzgado Federal copia certificada de los títulos de propiedad números: 671, 670 y 669 a nombre de Lydia Ortiz Dávila; 675, 676 y 677 a favor de Francisca Ortiz Dávila; 689, 688, 687 expedidos a Olga Ortiz Dávila; 673, 672 y 674, a Cristobal Ortiz Dávila; 684, 685 y 686 a Herlinda Ortiz Dávila; y, 682, 681 y 683, a Leticia Ortiz Dávila, títulos que amparan la propiedad de los lotes descritos en la resolución de catorce de julio de dos mil quince, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas (fojas 7 a 17), mismos que han sido entregados a cada uno de los quejosos; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."" CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, para que la referida causa de improcedencia, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la demanda de amparo se advierte que los quejosos LYDIA, FRANCISCA, OLGA, LETICIA, CRISTOBAL Y HERLINDA, TODOS DE APELLIDOS ORTIZ DÁVILA, reclaman del Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas con sede en esta ciudad y otras autoridades, la falta de expedición de los títulos de propiedad que los acredite como adjudicatarios de diversos lotes ubicados en la zona de fraccionamientos rurales de la Colonia San José del Saladillo y del Fraccionamiento la Blanca, ambos del municipio de Pánfilo Natera, Zacatecas. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que remitió la citada autoridad en sus oficios registrados con los números 11253 y 11869, de diez y veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se desprende que los quejosos ya recibieron los títulos de propiedad respectivos. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y después de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, hizo entrega a los quejosos de los títulos de propiedad números: 671, 670 y 669 a nombre de Lydia Ortiz Dávila; 675, 676 y 677 a favor de Francisca Ortiz Dávila; 689, 688, 687 a Olga Ortiz Dávila; 673, 672 y 674, a Cristobal Ortiz Dávila; 684, 685 y 686 a Herlinda Ortiz Dávila; y, 682, 681 y 683, a Leticia Ortiz Dávila, títulos que amparan la propiedad de los lotes descritos en la resolución de catorce de julio de dos mil quince, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas (fojas 7 a 17); por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la ley en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por LYDIA, FRANCISCA, OLGA, LETICIA, CRISTOBAL Y HERLINDA, TODOS DE APELLIDOS ORTIZ DÁVILA, por su propio derecho. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por LYDIA, FRANCISCA, OLGA, LETICIA, CRISTOBAL Y HERLINDA, TODOS DE APELLIDOS ORTIZ DÁVILA, por su propio derecho, contra las autoridades responsables y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza, hasta el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE.

  3. Principal

    EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS, A CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL SUSCRITO LICENCIADO JESÚS ARMANDO FERREYRA BAUTISTA, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, TUVO VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO, POR LO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SER DICTADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE. En catorce de junio de dos mil dieciséis, el secretario de Juzgado licenciado Jesús Armando Ferreyra Bautista, da cuenta a la Juez con la certificación que antecede, con un oficio y anexos, registrados con el folio 11253. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, así como los autos del juicio de amparo 577/2016-5 y el oficio de cuenta y toda vez que dicho expediente se encuentra con audiencia celebrada y pendiente de resolver; por tanto, con el ocurso de que se trata, fórmese cuadernillo de antecedentes, que en su oportunidad se agregará al citado sumario. En atención a lo anterior, téngase por recibido el oficio signado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada de los títulos expedidos por el Gobernador del Estado a favor de los quejosos LYDIA, FRANCISCA, OLGA, LETICIA, CRISTÓBAL y HERLINDA, todos de apellidos ORTIZ DÁVILA; por tanto, tómese en cuenta lo anterior al momento de resolver el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo, del título y texto siguientes: AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causales de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público." NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jesús Armando Ferreyra Bautista, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

  4. Principal

    En doce de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez del mes y año que transcurre, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad; por tanto, y a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

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