Luz Mila Cortés Ruvio

Expediente 113/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
113/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Luz Mila Cortés Ruvio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El uno de junio de dos mil veintiuno, Juan García Trejo, secretario de Juzgado certifica: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del veinte al veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, contra el auto que desechó de plano la demanda de derechos. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    CERTIFICACIÓN. El doce de mayo de dos mil veintiuno, Jesús Romero Hernández, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica: que la notificación del acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, fue realizada a la parte quejosa el veinticinco de ese mes y año, tal y como se aprecia de la razón de notificación por lista, con efecto de notificación personal, por lo que la misma surtió efectos el veintiséis de febrero siguiente, de ahí que el plazo de cinco días para dar cumplimiento al requerimiento inserto en dicho proveído transcurrió del uno al cinco de marzo de dos mil veintiuno, descontándose de dicho plazo el veintisiete y el veintiocho de febrero de este año por ser fin de semana, lo anterior, de conformidad con el precepto 19 de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de mayo de dos mil veintiuno. Atento al estado de autos, del que se desprende que ha transcurrido el plazo otorgado a la promovente Luz Mila Cortes Ruvio, para dar cumplimiento al requerimiento inserto en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, sin que haya hecho manifestación alguna, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se tiene a la disidente promoviendo por propio derecho. En tales condiciones, se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que la parte quejosa reclama de las agentes del Ministerio Publico de Villa Guerrero, Jalisco, de Martín de Bolaños, Jalisco y de la diversa adscrita a la agencia contra el delito de feminicidio en el Estado de Zacatecas, la omisión de dictar medidas de protección en favor de los infantes de iniciales M.G.G.C., L.A.G.G.C. y D.A.G.C.; así como la omisión de ordenar la restitución de dichos infantes a favor de la promovente. En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, en relación al acto reclamado, se advierte la actualización de manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". La transcripción que antecede evidencia que previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente. Ahora, respecto al tópico de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación correspondiente al medio de impugnación procedente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que atendiendo a la finalidad del sistema de justicia penal acusatorio que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se infiriere que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con todas sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, era impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, expresó el Máximo Tribunal del País que era imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emitiera la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De igual manera el Tribunal Constitucional estableció que si bien el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, actuaciones que tienen como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, era incontrovertible que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadraban en este supuesto, ya que dicha conducta suponía la paralización de su función investigadora, por lo que la víctima u ofendido podían impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las consideraciones anteriores se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1ª./J. 28/2018 (10ª.), emitida por la citada Primera Sala, publicada el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017640, de rubro y contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De igual manera, la jurisprudencia 1ª./J. 27/2018 (10ª.), emitida por la supracitada Primera Sala publicada el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017641, cuyo rubro y contenido es: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En la especie Luz Mila Cortes Ruvio en su carácter de ofendida o víctima de hechos posiblemente constitutivos de los ilícitos de lesiones, violencia familiar y otros, acude a esta instancia constitucional a combatir los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar medidas de protección en favor de los infantes de iniciales M.G.G.C., L.A.G.G.C. y D.A.G.C; así como la omisión de ordenar la restitución de dichos infantes a favor de la promovente, es decir, omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, por lo que conforme al criterio del Máximo Tribunal del País debió haber impugnado los actos omisivos reclamados ante el juez de control correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional Procedimientos Penales por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas las omisiones aquí combatidas. Luego, los actos reclamados no tienen el carácter de definitivos en virtud que las omisiones o abstenciones reclamadas son impugnables en términos de los arábigos 109, fracción XXI y, 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del medio ordinario de defensa referido. De ahí que al no haber sido agotado dicho recurso previamente a instar el procedimiento constitucional, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Luz Mila Cortes Ruvio, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA PROPIA FECHA, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B Y C DE LA LEY DE AMPARO QUE A LA LETRA DICE:_ Zacatecas, Zacatecas, doce de mayo de dos mil veintiuno. Atento al estado de autos, del que se desprende que ha transcurrido el plazo otorgado a la promovente Luz Mila Cortes Ruvio, para dar cumplimiento al requerimiento inserto en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, sin que haya hecho manifestación alguna, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se tiene a la disidente promoviendo por propio derecho. En tales condiciones, se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que la parte quejosa reclama de las agentes del Ministerio Publico de Villa Guerrero, Jalisco, de Martín de Bolaños, Jalisco y de la diversa adscrita a la agencia contra el delito de feminicidio en el Estado de Zacatecas, la omisión de dictar medidas de protección en favor de los infantes de iniciales M.G.G.C., L.A.G.G.C. y D.A.G.C.; así como la omisión de ordenar la restitución de dichos infantes a favor de la promovente. En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, en relación al acto reclamado, se advierte la actualización de manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". La transcripción que antecede evidencia que previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente. Ahora, respecto al tópico de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación correspondiente al medio de impugnación procedente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que atendiendo a la finalidad del sistema de justicia penal acusatorio que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se infiriere que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con todas sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, era impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, expresó el Máximo Tribunal del País que era imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emitiera la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De igual manera el Tribunal Constitucional estableció que si bien el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, actuaciones que tienen como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, era incontrovertible que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadraban en este supuesto, ya que dicha conducta suponía la paralización de su función investigadora, por lo que la víctima u ofendido podían impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las consideraciones anteriores se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1ª./J. 28/2018 (10ª.), emitida por la citada Primera Sala, publicada el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017640, de rubro y contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De igual manera, la jurisprudencia 1ª./J. 27/2018 (10ª.), emitida por la supracitada Primera Sala publicada el viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017641, cuyo rubro y contenido es: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En la especie Luz Mila Cortes Ruvio en su carácter de ofendida o víctima de hechos posiblemente constitutivos de los ilícitos de lesiones, violencia familiar y otros, acude a esta instancia constitucional a combatir los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar medidas de protección en favor de los infantes de iniciales M.G.G.C., L.A.G.G.C. y D.A.G.C; así como la omisión de ordenar la restitución de dichos infantes a favor de la promovente, es decir, omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, por lo que conforme al criterio del Máximo Tribunal del País debió haber impugnado los actos omisivos reclamados ante el juez de control correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional Procedimientos Penales por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas las omisiones aquí combatidas. Luego, los actos reclamados no tienen el carácter de definitivos en virtud que las omisiones o abstenciones reclamadas son impugnables en términos de los arábigos 109, fracción XXI y, 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del medio ordinario de defensa referido. De ahí que al no haber sido agotado dicho recurso previamente a instar el procedimiento constitucional, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Luz Mila Cortes Ruvio, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CUENTA. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Luz Mila Cortes Ruvio, registrada con el folio 1430, con seis copias y anexos que se adjuntan. Con la circunstancia de que el licenciado Salvador Lara Martínez, tiene registrada su cédula profesional número 3636973 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Aarón Casillas Noyola. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luz Mila Cortes Ruvio, contra actos de la agente del Ministerio Publico contra el delito de feminicidio en el Estado de Zacatecas, y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 113/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) Por su parte, el numeral 108, fracción I de la Ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; De los numerales transcritos se desprende, en esencia, que uno de los requisitos que debe reunir el escrito de demanda es el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre; por lo tanto, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente cuando no se hubiere acompañado el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. Bajo esa premisa, de la lectura realizada al escrito de demanda, se advierte en su proemio que comparece Luz Mila Cortes Ruvio a solicitar el amparo y protección de la justicia de la Unión, sin precisar si promueve por propio derecho y/o en representación de un tercero; en tanto que en el apartado de actos reclamados establece como tales, la omisión de dictar medidas de protección en favor de los menores ahí referidos; así como la omisión de ordenar la restitución de dichos infantes a favor de la promovente. De ahí que existe incertidumbre si la quejosa promueve su demanda por propio derecho, y/o en representación de los menores a que hace referencia en su ocurso de demanda. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la parte promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Manifieste si presenta la demanda de amparo por propio derecho y/o en representación de los infantes de iniciales M.G.G.C., L.A.G.G.C. y D.A.G.C. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento mencionado dentro del plazo establecido se tendrá a la quejosa promoviendo por propio derecho. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Salvador Lara Martínez, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Aarón Casillas Noyola, por no contar con ese requisito; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. Sin que haya lugar a tener por autorizado en los términos que refiere a la persona de nombre Armando Javier, en virtud de no proporcionar el nombre completo del designado, lo que impide verificar su identidad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.

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