Ma. Altagracia Guzman Bonilla
Expediente 64/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Altagracia Guzman Bonilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
EJECUTORIA AMPARO SOBRESEIMIENTO El doce de julio de dos mil diecisiete, el Secretario Juan García Trejo, CERTIFICO: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del veintisiete de junio al diez de julio del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno dentro del juicio de amparo 64/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que se tramitó incidente de suspensión en el que se negó la suspensión definitiva; y no se exhibió billete de depósito, así como que no se encuentra pendiente de resolver recurso de revisión dentro de dicho incidente. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los autos así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa, en la que se sobreseyó el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En ese sentido, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por se determina que tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión relativo SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que, en el primero se decretó el sobreseimiento y, en el segundo, se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3424/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen.
- Principal
... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 64/2017, promovido por Ma. Altagracia Guzmán Bonilla, contra los actos reclamados del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones y fundamentos expuestos en el diverso quinto. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy veinte de junio de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
La licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacateca, siete de marzo de dos mil diecisiete. Doy fe. Lic. María Concepción García Jacobo. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintidós de febrero pasado se emplazó al tercero interesado Francisco Cabral Juárez, a través de su endosatario en procuración Basilio Barrios García; por tanto, con el contenido del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, dese vista a dicho tercero para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que estime pertinente. En consecuencia, para dar oportunidad de que el referido tercero interesado se imponga del contenido del informe citados con la anticipación que indica el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. En otro sentido, toda vez que la citada parte tercera interesada no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diez de febrero pasado; y las notificaciones que sean de carácter personal, practíquesele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretario que autoriza y da fe. cecy*
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, día y hora señalados en autos para la celebración de la audiencia incidental en el incidente de suspensión 64/2017-1, la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta haciéndose constar la inasistencia de las partes. Enseguida, la secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: copia simple de la demanda de garantías promovida por Ma. Altagracia Guzmán Bonilla, auto de diez de febrero pasado, por el que se dio trámite al incidente de suspensión en que se actúa y el informe previo de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas. A lo anterior, la juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias que antecede y rendido el informe previo de las autoridades responsables citadas. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se da cuenta con las que ofreció la quejosa en copia simple en la demanda y en el escrito aclaratorio. A lo que la juez acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas las pruebas que acompaña atento a su especial naturaleza. En el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló En consecuencia, se declara cerrada la audiencia incidental, por lo que se ordena traer los autos a la vista para dictar la interlocutoria correspondiente. VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 64/2017-1, promovido por Ma. Altagracia Guzmán Bonilla, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, se procede a dictar la interlocutoria correspondiente. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Ma. Altagracia Guzmán Bonilla solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas. SEGUNDO. Admitida la demanda, se formó por duplicado esta incidencia, se solicitó a la autoridad su informe previo, se negó la suspensión provisional a la quejosa; la audiencia incidental se celebra en términos del acta que antecede, respecto a la autoridad señalada como responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por serlo para conocer del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 36, 122, 131 de la Ley de Amparo; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto, porque el acto reclamado se atribuye a autoridad que reside en el Estado de Zacateas, territorio en el que ejerce jurisdicción este Órgano Jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva deberá contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Bajo esta tesitura, de la integridad de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado, la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas de diez de enero de dos mil diecisiete, la cual no le fue notificada por no ser parte en el juicio ejecutivo mercantil 204/2016 y el embargo realizado en dicho juicio respecto del inmueble que se ostenta como propietaria. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas (foja 33), al rendir su informe previo aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. CUATRO. Ahora bien, toda vez que como quedó precisado, la promovente señala como acto reclamado el embargo realizado en el juico natural de mérito, respecto del inmueble del que se ostenta propietaria. En ese contexto, antes de determinar si se concede o se niega la suspensión definitiva solicitada por el aquí quejoso, cabe señalar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza; 4. La quejosa debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión definitiva y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página: 2347: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". En concreto, en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, la quejosa debe contar con: I) interés jurídico o interés legítimo y II) resentir una afectación en cualquiera de ellos. En consecuencia, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión definitiva, la quejosa tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una inferencia, el juzgador de amparo pueda presumir lógicamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable, conforme a los cuales corresponderá a la quejosa, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. Luego, cuando se aduce un interés legítimo, el acreditamiento del daño inminente e irreparable que se podría causar con la negativa de la suspensión que exige el artículo 131 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que tal exigencia, tratándose, de la solicitud de la suspensión definitiva de los actos reclamados, no puede traducirse en la exigencia de la demostración "plena" de tal daño. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 299/2015: ".Entonces, en tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados, cuando el que la solicita aduce tener un interés legítimo, resultaría por demás injustificado exigirle, que en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, para acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, dicha demostración deba ser necesaria e indefectiblemente de manera plena, pues si en el caso del interés jurídico en la suspensión (interés suspensional), como se tiene visto, se ha determinado que puede acreditarse de manera indiciaria, la misma razón debe imperar en relación con el interés legítimo. Máxime que al ser el interés legítimo un concepto abierto para que los Jueces decidan, en cada caso concreto, si se está en presencia o no de un acto de autoridad que implique una violación constitucional a los derechos humanos y, en consecuencia, acreditar o no, ya sea el caso, la legitimación en el juicio de amparo o bien, en la suspensión, el interés suspensional que le asiste al inconforme, siempre partiendo para ello de considerar que tal interés puede ser personal, individual o colectivo, cuya afectación sea económica, profesional o de otra índole, pero a condición de que sea un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, cualificado, actual y real -no hipotético-; queda entonces a la prudente valoración del Juez de amparo, determinar en qué casos y con qué probanzas, el quejoso acredita de manera indiciaria el daño inminente e irreparable que se podría causar con la negativa de la suspensión en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo. (.) De ahí que resulte plenamente justificado que para el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, baste que el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, aunque sea de manera indiciaria -además de la demostración del interés social que justifique su otorgamiento-; pues de lo contrario, esto es, exigirle que lo acredite plenamente, cuando en dicha etapa procesal no se cuenta con los elementos suficientes para ello, sería hacer nugatorios -desde la suspensión provisional- los fines para los cuales se introdujo la institución jurídica del interés legítimo..." Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, página: 956: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". De lo anterior destaca que la parte quejosa al solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados debe acreditar su interés suspensional, aunque sea de manera indiciaria, lo que revela un estándar probatorio diferente al de prueba plena para tener por demostrada dicha legitimación. Sin embargo, el hecho de que el interés en la suspensión definitiva implique un nivel probatorio menor, no quiere decir éste no deba acreditarse ni siquiera de manera indiciaria, pues la apreciación que el órgano competente realice del interés, no puede depender solamente de la manifestación de la parte interesada, es decir, la sola afirmación de ésta, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En esa línea, en la ejecutoria en cita, la Segunda Sala consideró: ".En la inteligencia de que tal demostración indiciaria, implicará que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar, resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán perjuicios de difícil reparación para el quejoso, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, lo que implicará, necesariamente, se insiste, la valoración que haga el juzgador en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado la parte quejosa; sin que el otorgamiento de dicha medida cautelar pueda tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido antes de la presentación de la demanda, tal como se prevé en el segundo párrafo del artículo 131 en examen, ponderando además para ello, la apariencia del buen derecho y del interés social(28) y, sobre todo, que de concederse la suspensión no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior es así, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que la presentación de la demanda, conjuntamente con los elementos de prueba para establecer indiciariamente que el acto reclamado podría causarle un daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de negarle la suspensión, configuran ese interés legítimo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente existe peligro inminente de que se ejecute tal acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el inconforme. Lo que llevará al juzgador a ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo." En suma, para la acreditación indiciaria del interés suspensional (legítimo o jurídico) es necesario que se acrediten hechos, circunstancias o documentos, ciertos y conocidos por virtud de los cuales, realizando una inferencia, se pueda presumir lógicamente que quien solicita la medida cautelar resentirá un perjuicio, ya sea derivado de su especial situación frente al orden jurídico o de la titularidad de un derecho con el que cuente. Luego, en la suspensión definitiva, incluso en tratándose del supuesto en que se aduzca tener un interés legítimo, no basta la presentación de la demanda o las manifestaciones de la quejosa, bajo protesta de decir verdad, para que proceda la concesión de la suspensión de los actos reclamados, ya que la introducción del referido concepto jurídico, exige a la quejosa demuestre algo más que un interés simple, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para la interesada, pues no supone afectación a su esfera de derechos en algún sentido. Así pues, la comprobación del interés suspensional depende de los elementos probatorios que hubiere allegado la parte quejosa y no de la pretensión o manifestaciones realizadas por ésta. Ahora, en el caso, la quejosa reclama en esta instancia constitucional el embargo realizado en el juicio natural respecto del inmueble que defiende, y la sentencia en la que se ordenó sacar a remate dicho bien, toda vez que ésta se ostenta propietaria del mismo y para comprobar lo anterior, adjuntó a su demanda la copia simple del convenio celebrado por la mesa directiva de la colonia Emiliano Zapata y Aurora Moya de Bañuelos (fojas 6 a 8). Sin embargo, la promovente para acreditar su dicho presentó copia simple del acto jurídico referido, y no presentó algún otro elemento probatorio del hecho en el que descansa su interés suspensional, es decir, de la circunstancia de que demuestre que es propietaria de dicho inmueble. Lo anterior resulta insuficiente para acreditar dicho interés pues al tratarse de un documento simple no cuenta con valor probatorio, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Es decir, al presentar la copia simple de la referida acta no existe certeza de que nos encontremos ante un acto cierto y, por ende, es insuficiente para demostrar el interés jurídico de la quejosa para la suspensión del acto reclamado, aun de manera indiciaria. En lo conducente y por identidad jurídica sustancial, sirve de apoyo el criterio establecido en la Jurisprudencia número 1a./J 71/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el página 33, tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN.Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." De ahí que el documento exhibido resulta insuficiente para acreditar el interés suspensional, pues es necesario que existan pruebas ciertas a partir de las cuales pueda inferirse éste, aunque sea de manera indiciaria, lo que, se insiste, no acontece en la especie. Esto, pues la acreditación indiciaria, se reitera, parte de la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una inferencia, el juzgador de amparo pueda presumir lógicamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. De manera que sin la acreditación de hechos, circunstancias o documentos, ciertos y conocidos por virtud de los cuales pueda derivarse indiciariamente el interés en comento, no es posible tenerlo por acreditado. Por tanto, hasta este momento, la quejosa no acreditó su legitimación para la paralización de los actos reclamados, por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Ma. Altagracia Guzmán Bonilla, la suspensión definitiva solicitada, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. cecy*
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