Luzmila Garza López
Expediente 22/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 22/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Luzmila Garza López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA lo siguiente: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) El término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió para la parte quejosa del cuatro al dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, y para los terceros interesados del uno al quince de octubre de dos mil dieciocho sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. c) Que dentro de dicho juicio si se tramitó incidente de suspensión. d) No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el veintiuno de septiembre del año en curso, en la que se sobreseyó el amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, del citado Acuerdo, remítase el presente expediente previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la suspensión definitiva. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del mencionado acuerdo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, sucesión intestamentaria a bienes de Enrique Garza Chávez y Margarita López Garza, LA SENTENCIA DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y EL AUTO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DICTADO POR ESTE JUZGADO FEDERAL, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 19514 y anexo que se acompaña. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que se emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. Glósese las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión del presente asunto al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para el dictado de la sentencia correspondiente; en lo que se refiere a las constancias restantes del cuaderno de antecedentes aludido, procédase a su destrucción. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese; y personalmente a las partes. ..." "...San Andrés Cholula, Puebla, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 22/2018, promovido por la sucesión intestamentaria a bienes de Enrique Garza Chávez y Margarita López Garza, por conducto de su albacea; contra los actos del Delegado Municipal de la Localidad del Maguey, Villa Hidalgo, Zacatecas y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil dieciocho [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, la sucesión intestamentaria a bienes de Enrique Garza Chávez y Margarita López Garza, por conducto de su albacea Luzmila Garza López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Delegado Municipal de la Localidad del Maguey, Villa Hidalgo, Zacatecas. Acto reclamado: La orden para efectuar trabajos de excavación en una propiedad privada de la sucesión intestamentaria que representa. La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Prevención]. Por acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 12 a 14), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró el juicio con el número 22/2018, y requirió a la promovente para que exhibiera documento idóneo con el cual acreditara la personalidad con la que se ostentaba, apercibida que de no hacerlo, se tendría por no presentada su demanda. TERCERO [Admisión de la demanda]. Por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho (foja 20), la parte quejosa desahogó el requerimiento ordenado; y, por auto de veintidós del mismo mes y año (fojas 23 a 25), el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. CUARTO [Ampliación de la demanda]. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil dieciocho (foja 61), la quejosa amplió su demanda de amparo, señalando como nuevas autoridades responsables al Síndico Municipal, al Director de Obras Públicas, al Director de Seguridad Pública y a los Comandantes de Seguridad Pública, todos del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, y como nuevo acto reclamado la pretensión de continuar con los trabajos de excavación para la instalación de drenaje. QUINTO [Prevención].Por auto de siete de marzo del mismo año (fojas 66 a 68), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, requirió a la parte quejosa para que bajo protesta de decir verdad, manifestara los hechos y abstenciones que constituían los antecedentes del acto reclamado; señalara los preceptos que contenían los derechos humanos y las garantías que estimaba violadas; y, exhibiera las copias faltantes a efecto de correr traslado a las partes, apercibida que de no hacerlo, se tendría por no presentada su ampliación de la demanda. SEXTO [Admisión]. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 69 a 71), la quejosa desahogó el requerimiento ordenado; y, por acuerdo de catorce del mismo mes y año (fojas 72 a 74), se tuvo por ampliada la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y emplazó a los terceros interesados. La audiencia constitucional se verificó el catorce de junio de dos mil dieciocho conforme al acta que obra a folios 227 a 228. SÉPTIMO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 79/2018, de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado federal a las nueve horas con treinta minutos del día once del mismo mes y año; signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 22/2018, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. OCTAVO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 459/2018-II, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, su ampliación y su escrito aclaratorio (fojas 61 y 69 a 71), a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que los actos reclamados en el presente asunto son: I. La orden para efectuar trabajos de excavación. II. La continuación de los trabajos de excavación para la instalación de un drenaje. Actos que se atribuyen al Delegado Municipal de la Localidad del Maguey, al Síndico, al Director de Obras y Servicios Públicos, al Director de Seguridad Pública y a los Comandantes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, todos del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. El Delegado Municipal de la Localidad del Maguey, el Síndico, el Director de Obras y Servicios Públicos, el Director de Seguridad Pública y los Comandantes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, todos del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas; al rendir sus informes justificados (fojas 92 a 104), manifestaron que no eran ciertos los actos reclamados. Sin embargo, más adelante adujeron que: "a). la excavación se estaba haciendo dentro de las instalaciones del templo o capilla de la comunidad -área común del pueblo-, por un lado de una pared contigua de un vecino al templo. c). la excavación que se estaba realizando se conectaría al drenaje principal de la comunidad.". Como se observa, las autoridades responsables realizan manifestaciones tendentes a acreditar que los trabajos de excavación que se les atribuyen se están realizando en áreas comunes de la comunidad, lo que permite concluir que sí existen los actos reclamados. CUARTO [Improcedencia del juicio]. De oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, ya que la sucesión quejosa no acreditó que los actos reclamados afecten su interés jurídico ni legítimo. Para arribar a la anterior determinación, es necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 107 fracción I de la Constitución Federal, 5 fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, conforme a los cuales es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, excepto en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues en estos casos el quejoso deberá demostrar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De igual forma, establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en que éste se siga a instancia de parte agraviada, y se entiende que tiene tal carácter aquél que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna y con ello afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; esto es, el promovente debe justificar un interés, ya jurídico, ya legítimo. Ahora bien, el primero de esos conceptos -interés jurídico- se identifica con un derecho subjetivo, derivado de una norma objetiva, a favor de un sujeto determinado, resultando en consecuencia para éste una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad que trastoque ese derecho; por lo que, para que un gobernado pueda estar en aptitud de solicitar el amparo de la Justicia Federal, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho legítimamente tutelado por el orden normativo vigente, y que aquél haya sido vulnerado por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, a saber: a) La titularidad de un derecho a favor del gobernado. b) La existencia de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho proveniente de un ente investido de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, ese interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse de presunciones. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por otra parte, el interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no esgrime a su favor un derecho subjetivo, impugna la actuación o la omisión de una autoridad bajo el argumento de que con ello se le afecta, dada una situación favorable o ventajosa en la que se encuentra respecto de determinadas disposiciones jurídicas. Dicho en otras palabras, el interés legítimo es la facultad o potestad de exigencia que surge a favor de un gobernado, con motivo de una lesión o principio de afectación a esa situación favorable o ventajosa, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad traería consigo la permanencia en esa situación. No obstante lo anterior, ese interés legítimo para reclamar una norma o acto también debe ser acreditado en el juicio de amparo, es decir, debe acreditarse esa situación jurídica especial o cualificada, y su afectación por un determinado acto de autoridad, que si bien no vulnera derechos subjetivos, sí afecta la mencionada situación. Sirve de apoyo a lo antedicho la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012364 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.) Página: 690 "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora bien, en la especie se reclama la orden para efectuar trabajos de excavación y su continuación para la instalación de un drenaje, pues aduce la sucesión quejosa que los mismos afectan bienes de su propiedad. Al respecto, debe decirse que para poder considerar que tales actos lesionan el interés jurídico de la impetrante, es menester demostrar que con ellos se afecta algún derecho subjetivo tutelado por la norma, como pudieran ser la propiedad o posesión de algún bien inmueble de su propiedad; lo que no acontece en la especie, pues en el sumario no existe ningún medio de convicción que acredite este extremo. En efecto, la peticionaria del amparo ofreció como pruebas las siguientes: a) Ocho impresiones fotográficas (fojas 62 a 65), que de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por su artículo 2, carecen de valor probatorio, ya que no cuentan con la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas. b) Copia de un "plano ilustrativo" (folio 200), la cual si bien es cierto está certificada por notario público, sin embargo, dicha certificación sólo da fe de la existencia de su original, pero en modo alguno puede tener el alcance de demostrar que los trabajos de excavación reclamados se están realizando en un inmueble propiedad de la sucesión quejosa, pues no es el medio de prueba idóneo para acreditar dicho extremo. Así mismo, debe destacarse que las autoridades responsables ofrecieron como prueba la inspección judicial, la cual fue desahogada el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (foja 181); la cual no le reporta ningún beneficio a la parte quejosa, pues de su contenido sólo se advierte, en lo que interesa, que el funcionario judicial dio fe de que se estaban realizando trabajos de excavación a un lado de una barda construida con block; que no se encontraba ningún tipo de circulación o enmallado que obstaculizara las vías, ya que era un lugar público; y, que las viviendas y las calles sí contaban con servicios públicos como agua, luz, drenaje y pavimentación. En lo referente al interés legítimo, debe decirse que las pruebas relacionadas con anterioridad también son inconducentes para acreditar que los actos reclamados afectan a la sucesión quejosa dada una situación favorable o ventajosa en la que se encuentre respecto de determinadas disposiciones jurídicas. En este orden de ideas, al no estar acreditado que los actos reclamados afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la sucesión intestamentaria a bienes de Enrique Garza Chávez y Margarita López Garza, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. ..."
- Principal
El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 19514 y anexo que se acompaña. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que se emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. Glósese las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión del presente asunto al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para el dictado de la sentencia correspondiente; en lo que se refiere a las constancias restantes del cuaderno de antecedentes aludido, procédase a su destrucción. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese; y personalmente a las partes. ..." "...San Andrés Cholula, Puebla, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 22/2018, promovido por la sucesión intestamentaria a bienes de Enrique Garza Chávez y Margarita López Garza, por conducto de su albacea; contra los actos del Delegado Municipal de la Localidad del Maguey, Villa Hidalgo, Zacatecas y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil dieciocho [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, la sucesión intestamentaria a bienes de Enrique Garza Chávez y Margarita López Garza, por conducto de su albacea Luzmila Garza López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Delegado Municipal de la Localidad del Maguey, Villa Hidalgo, Zacatecas. Acto reclamado: La orden para efectuar trabajos de excavación en una propiedad privada de la sucesión intestamentaria que representa. La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Prevención]. Por acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 12 a 14), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró el juicio con el número 22/2018, y requirió a la promovente para que exhibiera documento idóneo con el cual acreditara la personalidad con la que se ostentaba, apercibida que de no hacerlo, se tendría por no presentada su demanda. TERCERO [Admisión de la demanda]. Por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho (foja 20), la parte quejosa desahogó el requerimiento ordenado; y, por auto de veintidós del mismo mes y año (fojas 23 a 25), el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. CUARTO [Ampliación de la demanda]. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil dieciocho (foja 61), la quejosa amplió su demanda de amparo, señalando como nuevas autoridades responsables al Síndico Municipal, al Director de Obras Públicas, al Director de Seguridad Pública y a los Comandantes de Seguridad Pública, todos del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, y como nuevo acto reclamado la pretensión de continuar con los trabajos de excavación para la instalación de drenaje. QUINTO [Prevención].Por auto de siete de marzo del mismo año (fojas 66 a 68), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, requirió a la parte quejosa para que bajo protesta de decir verdad, manifestara los hechos y abstenciones que constituían los antecedentes del acto reclamado; señalara los preceptos que contenían los derechos humanos y las garantías que estimaba violadas; y, exhibiera las copias faltantes a efecto de correr traslado a las partes, apercibida que de no hacerlo, se tendría por no presentada su ampliación de la demanda. SEXTO [Admisión]. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 69 a 71), la quejosa desahogó el requerimiento ordenado; y, por acuerdo de catorce del mismo mes y año (fojas 72 a 74), se tuvo por ampliada la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y emplazó a los terceros interesados. La audiencia constitucional se verificó el catorce de junio de dos mil dieciocho conforme al acta que obra a folios 227 a 228. SÉPTIMO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 79/2018, de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado federal a las nueve horas con treinta minutos del día once del mismo mes y año; signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 22/2018, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. OCTAVO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 459/2018-II, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, su ampliación y su escrito aclaratorio (fojas 61 y 69 a 71), a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que los actos reclamados en el presente asunto son: I. La orden para efectuar trabajos de excavación. II. La continuación de los trabajos de excavación para la instalación de un drenaje. Actos que se atribuyen al Delegado Municipal de la Localidad del Maguey, al Síndico, al Director de Obras y Servicios Públicos, al Director de Seguridad Pública y a los Comandantes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, todos del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. El Delegado Municipal de la Localidad del Maguey, el Síndico, el Director de Obras y Servicios Públicos, el Director de Seguridad Pública y los Comandantes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, todos del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas; al rendir sus informes justificados (fojas 92 a 104), manifestaron que no eran ciertos los actos reclamados. Sin embargo, más adelante adujeron que: "a). la excavación se estaba haciendo dentro de las instalaciones del templo o capilla de la comunidad -área común del pueblo-, por un lado de una pared contigua de un vecino al templo. c). la excavación que se estaba realizando se conectaría al drenaje principal de la comunidad.". Como se observa, las autoridades responsables realizan manifestaciones tendentes a acreditar que los trabajos de excavación que se les atribuyen se están realizando en áreas comunes de la comunidad, lo que permite concluir que sí existen los actos reclamados. CUARTO [Improcedencia del juicio]. De oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, ya que la sucesión quejosa no acreditó que los actos reclamados afecten su interés jurídico ni legítimo. Para arribar a la anterior determinación, es necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 107 fracción I de la Constitución Federal, 5 fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, conforme a los cuales es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, excepto en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues en estos casos el quejoso deberá demostrar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De igual forma, establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en que éste se siga a instancia de parte agraviada, y se entiende que tiene tal carácter aquél que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna y con ello afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; esto es, el promovente debe justificar un interés, ya jurídico, ya legítimo. Ahora bien, el primero de esos conceptos -interés jurídico- se identifica con un derecho subjetivo, derivado de una norma objetiva, a favor de un sujeto determinado, resultando en consecuencia para éste una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad que trastoque ese derecho; por lo que, para que un gobernado pueda estar en aptitud de solicitar el amparo de la Justicia Federal, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho legítimamente tutelado por el orden normativo vigente, y que aquél haya sido vulnerado por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, a saber: a) La titularidad de un derecho a favor del gobernado. b) La existencia de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho proveniente de un ente investido de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, ese interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse de presunciones. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por otra parte, el interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no esgrime a su favor un derecho subjetivo, impugna la actuación o la omisión de una autoridad bajo el argumento de que con ello se le afecta, dada una situación favorable o ventajosa en la que se encuentra respecto de determinadas disposiciones jurídicas. Dicho en otras palabras, el interés legítimo es la facultad o potestad de exigencia que surge a favor de un gobernado, con motivo de una lesión o principio de afectación a esa situación favorable o ventajosa, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad traería consigo la permanencia en esa situación. No obstante lo anterior, ese interés legítimo para reclamar una norma o acto también debe ser acreditado en el juicio de amparo, es decir, debe acreditarse esa situación jurídica especial o cualificada, y su afectación por un determinado acto de autoridad, que si bien no vulnera derechos subjetivos, sí afecta la mencionada situación. Sirve de apoyo a lo antedicho la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012364 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.) Página: 690 "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora bien, en la especie se reclama la orden para efectuar trabajos de excavación y su continuación para la instalación de un drenaje, pues aduce la sucesión quejosa que los mismos afectan bienes de su propiedad. Al respecto, debe decirse que para poder considerar que tales actos lesionan el interés jurídico de la impetrante, es menester demostrar que con ellos se afecta algún derecho subjetivo tutelado por la norma, como pudieran ser la propiedad o posesión de algún bien inmueble de su propiedad; lo que no acontece en la especie, pues en el sumario no existe ningún medio de convicción que acredite este extremo. En efecto, la peticionaria del amparo ofreció como pruebas las siguientes: a) Ocho impresiones fotográficas (fojas 62 a 65), que de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por su artículo 2, carecen de valor probatorio, ya que no cuentan con la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas. b) Copia de un "plano ilustrativo" (folio 200), la cual si bien es cierto está certificada por notario público, sin embargo, dicha certificación sólo da fe de la existencia de su original, pero en modo alguno puede tener el alcance de demostrar que los trabajos de excavación reclamados se están realizando en un inmueble propiedad de la sucesión quejosa, pues no es el medio de prueba idóneo para acreditar dicho extremo. Así mismo, debe destacarse que las autoridades responsables ofrecieron como prueba la inspección judicial, la cual fue desahogada el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (foja 181); la cual no le reporta ningún beneficio a la parte quejosa, pues de su contenido sólo se advierte, en lo que interesa, que el funcionario judicial dio fe de que se estaban realizando trabajos de excavación a un lado de una barda construida con block; que no se encontraba ningún tipo de circulación o enmallado que obstaculizara las vías, ya que era un lugar público; y, que las viviendas y las calles sí contaban con servicios públicos como agua, luz, drenaje y pavimentación. En lo referente al interés legítimo, debe decirse que las pruebas relacionadas con anterioridad también son inconducentes para acreditar que los actos reclamados afectan a la sucesión quejosa dada una situación favorable o ventajosa en la que se encuentre respecto de determinadas disposiciones jurídicas. En este orden de ideas, al no estar acreditado que los actos reclamados afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la sucesión intestamentaria a bienes de Enrique Garza Chávez y Margarita López Garza, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. ..."
- Principal
El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con registro 11362. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 523/2018 y de origen 143/2018, enviado para que se desahogara la prueba de inspección judicial ofrecida por las autoridades responsables. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese. ...
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