Luz María Patricia Guzmán Flores

Expediente 1458/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1458/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
  • Luz María Patricia Guzmán Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El quince de noviembre de dos mil dieciocho, Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del dieciséis al veintinueve de octubre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de diez de octubre del presente año, dictada por este juzgado dentro del juicio de amparo 1458/2018. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad señalada como responsable. De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado el diez de octubre de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obra documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y REQUIERA a la parte quejosa, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. FabiMtz*.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las once horas del diez de octubre de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1458/2018, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Celina Bernal Nava, secretaria que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, en principio, la secretaria certifica que del diecinueve de septiembre último, al nueve de octubre actual, transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 en relación con el numeral 111, fracción II de la Ley de amparo, que le fue concedido a la quejosa, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda, respecto de la respuesta externada por Mónica Borrego Estrada, diputada de la Sexagésima segunda Legislatura del Estado, en contestación a la petición cuya omisión reclama. A lo que el juez provee: Se hace efectivo en perjuicio de la parte quejosa el apercibimiento contenido en dicho proveído, y se ordena continuar el procedimiento en este juicio de amparo, únicamente respecto del acto y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda Enseguida, la secretaria da lectura a la demanda de amparo (fojas 2 a 3), al informe justificado rendido por la autoridad responsable (foja 12 a 18); así como, a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el Juez provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta al Juez con la documental que anexó la quejosa a su escrito de demanda (foja 4), y con las que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado (19 a 21). A lo que el Juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los vertidos por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en su pedimento 1577/2018 (fojas 23 a 24); así como los que la autoridad responsable formuló en su informe justificado. A lo que el Juez dispone: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los argumentos referidos. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del mencionado artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a dictar sentencia. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1458/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Luz María Patricia Guzmán Flores, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Sexagésimo Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - La omisión de dar contestación a su petición de dos de mayo de dos mil diecisiete. Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 5 a 8), se registró el juicio con el expediente 1458/2018, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta precedente y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La omisión de dar contestación a su petición de dos de mayo de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, no obstante haber sido negado por la autoridad responsable en su informe justificado (fojas 12 a 18). Sin embargo, su certeza se desprende pues no obstante haber negado la existencia del acto que se le atribuye; la Sexagésimo Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas, en el propio informe, hace manifestaciones que evidencian su certeza. CUARTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." La autoridad responsable aduce en su informe justificado que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es fundado. La porción normativa en cita establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción precitada estatuye que el juicio biinstancial es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado; para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la demanda de derechos se advierte que Luz María Patricia Guzmán Flores, reclama la omisión de dar contestación a su petición de dos de mayo de dos mil diecisiete. Así, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, en particular, del informe justificado de la autoridad responsable, se desprende que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se dio contestación a la petición señalada en el párrafo que antecede, la cual se notificó personalmente el veinte de agosto siguiente a Miroslava Dorado Fernández, autorizada de la aquí quejosa; ello, según se desprende de las constancias que obran a fojas 19 y 20. Documentales la anteriores que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, implica que ya fue emitida la respuesta a la solicitud presentada y notificada a la parte quejosa; contestación que resulta congruente con lo solicitado. De lo anterior se colige que se dio respuesta a la parte quejosa, por lo que fue restituida en el pleno goce del derecho que estimó vulnerado en su perjuicio; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Sin soslayar que en proveído de trece de septiembre del año actual se dio vista a la quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la contestación de la autoridad responsable a su escrito de dos de mayo de dos mil diecisiete, sin que manifestara nada al respecto; razón por la cual, no figura como acto destacado en el presente juicio. En las condiciones apuntadas, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, con en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de derechos promovido por Luz María Patricia Guzmán Flores. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luz María Patricia Guzmán Flores contra el acto y autoridad señalados en el considerando segundo del presente fallo. Lo anterior por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Celina Bernal Nava, secretaria que autoriza y da fe. gfp

  3. Principal

    El trece de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos para la celebración de la audiencia constitucional. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Doy Fe. El secretario En la misma fecha, se da cuenta con la promoción con folio 18518, así como con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional; asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, una vez que se dicte la resolución respectiva, expídase la copia que solicita, lo anterior previa toma de razón y recibo que se deje en autos. Por otra parte, de autos se desprende que la autoridad responsable director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe de ley, el acuse del escrito de dieciséis de agosto del presente año, firmado por la diputada de la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas, residente en esta ciudad, Mónica Borrego Estrada, por el que da contestación a Luz María Patricia Guzmán Flores, a la petición que ésta le formuló por diverso libelo recibido por la responsable en comento, el dos de mayo de dos mil diecisiete; así como de la constancia de notificación hecha a la citada quejosa de la referida respuesta. Ahora, de dichas constancias se advierte que la autoridad responsable dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa, cuya omisión constituye el acto reclamado, dado que de las documentales antes referidas, se constata que la quejosa tuvo conocimiento de la misma el veinte de agosto del presente año; por tanto, lo procedente es dar vista a Luz María Patricia Guzmán Flores y correrle traslado con la contestación a su petición a efecto de que dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Único: manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable de mérito, en contestación a la petición cuya omisión reclama y de ser así exhiba las copias necesarias de su escrito de ampliación de demanda para correr traslado a las demás partes. En el entendido que el actuario adscrito deberá asentar en la constancia de notificación de manera pormenorizada que dio vista a la quejosa y corrió traslado con la contestación dada a la petición por la autoridad responsable. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, Tomo 1, Libro VIII, Mayo de 2012, Decima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Así como la Jurisprudencia 2a./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna se continuará con el trámite del presente juicio únicamente respecto del acto y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. A fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la audiencia que estaba señalada para el día de hoy y, en su lugar se señalan las ONCE HORAS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Ángeles

  4. Principal

    El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 17084. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga; asimismo, de conformidad con el numeral 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de la citada autoridad a los profesionistas que menciona en su comunicado. Por último, con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, ténganse como pruebas de su parte, las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

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