Lilian de Monserrat Marin Gonzalez
Expediente 222/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lilian de Monserrat Marin Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, solicita una prórroga de diez días a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, en virtud que es un asunto de mediana complejidad y requirió al director de Servicios Municipales del mismo municipio para que cumpla en los términos señalados la ejecutoria, como se corrobora del anexo que remite. En consecuencia, como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga de diez días a la autoridad responsable Coordinador de Servicios Municipales del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, a efecto de que cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la responsable que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectivo el medio de apremio decretado en auto de nueve de julio de la presente anualidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual la quejosa **z, solicita copia certificada de la sentencia dictada en este juicio de amparo. Atento a lo anterior, se autoriza su expedición en los términos siguientes: Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, se ordena el escaneo de las constancias relativas a la sentencia dictada en este juicio de amparo 222/2021. A través del correo electrónico que proporcionó la promovente, remítasele el archivo del escaneo correspondiente, para que esté en aptitud de imprimirlas. Posteriormente deberá generar cita para consulta del expediente, con la finalidad que el día programado acuda para obtener la certificación correspondiente, previo cotejo y atendiendo las cargas de trabajo que permitan su entrega el mismo día de su exhibición. En el entendido de que deberá ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Téngase por autorizadas para la entrega las documentales certificadas, a las personas que indica en su escrito. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 222/2021 III-A, promovido por **. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si se actualiza la violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES La quejosa refiere que el veinticinco de enero de dos mil diecisiete y el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, presentó dos escritos, ante la Coordinación de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. No obstante ello, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, manifiesta que no se le notificó respuesta alguna a las solicitudes formuladas. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se formuló mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. La demanda por cuestión de turno, se remitió a este Juzgado de Distrito, donde se registró con el número 222/2021 y se admitió por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión y la autoridad responsable tiene residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, como lo explica la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable por analogía: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la intención de la quejosa es reclamar del Coordinador de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a sus peticiones realizadas el veinticinco de enero de dos mil diecisiete y veintiocho de junio de dos mil diecinueve. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. En ese orden de ideas, se tiene que el Coordinador de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por conducto del Subdirector Jurídico, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye. Lo anterior, en razón de que refiere no ser la autoridad facultada para dar el dictamen que solicita la quejosa en su escrito de petición; sin embargo, después de que se le requiriera la documental que hiciera constar esa respuesta y su notificación dirigida a la quejosa, la responsable indicó que no contaba con tal ocurso. De ahí, que deba tenerse como cierto el acto que se le atribuye. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 211004, que a continuación se invoca: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente. ESTUDIO DE FONDO Resulta fundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, al aducir que se ha violado en su perjuicio el derecho fundamental establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber dado contestación la responsable en un breve término, a la solicitud que le hizo mediante escritos presentados el veinticinco de enero de dos mil diecisiete y veintiocho de junio de dos mil diecinueve; mismo que se considera suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe: "Artículo 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del precepto legal transcrito, se constata que el derecho de petición es consagrado en la Carta Magna como uno de los derechos públicos subjetivos fundamentales del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales, para dar contestación por escrito y en breve término a las solicitudes formuladas por los justiciables. El ejercicio del indicado derecho tiene como presupuesto, que el gobernado eleve por escrito, de manera pacífica y respetuosa, la petición correspondiente al funcionario o empleado titular del órgano del Estado, para que éste tenga el deber ineludible de darle respuesta a las peticiones que de esa manera le formule todo gobernable, por ser éste el titular de la potestad jurídica de petición derivada de la norma constitucional como derecho subjetivo público individual. Así, del artículo Constitucional transcrito se infiere lo siguiente: 1. Que a los funcionarios y empleados públicos podrán formulárseles peticiones por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 2. Que la autoridad a la que se le formule una petición que reúna las formalidades precitadas, deberá dar contestación al peticionario. 3. Que dicha contestación deberá hacerse por escrito y comunicarse en breve término al gobernado. Robustece lo anterior, la jurisprudencia por contradicción P./J. 42/2001 localizable en la página ciento veintiséis, del Tomo XIII, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del, que reza: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Así como el criterio sostenido en la tesis visible en la página 318 del Tomo X, Octava Época, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que prevé: "DERECHO DE PETICIÓN. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud". Requisitos que la autoridad señalada como responsable debe probar fehacientemente haber cumplido, para que pueda entonces asegurarse que se cumplió el imperativo constitucional en comento; esto es, cuando en el juicio de amparo se reclama la violación al artículo 8º de nuestra Carta Magna, como en el presente caso, corresponde a la parte quejosa demostrar la existencia de la petición, y a la autoridad responsable, que dio respuesta y la hizo del conocimiento del interesado. Ahora bien, en el caso a estudio, el primero de los requisitos previstos en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra satisfecho, pues la quejosa acreditó que el veinticinco de enero de dos mil diecisiete y veintiocho de junio de dos mil diecinueve, realizó una petición al Coordinador de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de manera pacífica y respetuosa. Cabe realizar la precisión, que la quejosa exhibió copia simple de los escritos de petición que uno contiene el sello de recibido por la oficialía de partes de la citada responsable y otro el nombre y firma del servidos público que lo recibió, a los cuales no se les puede otorgar valor probatorio; sin embargo, no puede negarse que se trata de un indicio. Es por ello, se reitera el primero de los requisitos se encuentra satisfecho. En cuanto al segundo requisito señalado en el artículo 8º de la Constitución Federal, éste no se encuentra satisfecho, porque de autos no se advierte que las autoridades responsables hayan emitido una contestación a la solicitud de la parte quejosa, por lo que es dable concluir, que se transgrede en perjuicio de éste, el derecho contenido en el artículo 8º Constitucional. Lo anterior, en virtud de que la responsable no ha dado contestación a los escritos de petición presentados por la accionante del amparo. No debe soslayarse que en torno al derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Ley Fundamental, deben actualizarse como se dijo, las siguientes premisas: la existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar la resolución correspondiente al gobernable. Sobre esas premisas, es dable concluir que la contestación que recaiga a la solicitud formulada es el elemento constitutivo principal del derecho público subjetivo en comento. Así, la quejoso hizo del conocimiento y acreditó ante este tribunal, que por escritos presentados el veinticinco de enero de dos mil diecisiete y veintiocho de junio de dos mil diecinueve, ante el Coordinador de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó dos peticiones, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, se le haya notificado respuesta alguna; por tanto, la autoridad responsable está constreñida a dar contestación a esa petición y hacerlo del conocimiento de la quejosa, porque no existe impedimento alguno para actuar consecuentemente. Aunado a lo anterior, una vez que la autoridad responsable emita la contestación respectiva, deberá hacerlo del conocimiento de la parte quejosa, para de esta forma queden satisfechas las exigencias previstas en el artículo 8° Constitucional, y determinar que en la especie no existió violación al derecho subjetivo público consagrado en el citado numeral, puesto que si bien se acreditó la existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; empero no se ha efectuado la contestación, mucho menos la notificación de ésta al gobernable, como en derecho corresponda. Además, el plazo entre las fechas de presentación de los escritos de solicitud y la fecha de emisión de esta sentencia, es suficiente prudentemente para haber dado contestación; sin embargo, la autoridad no acreditó en la secuela procesal de este juicio ni en la audiencia de ley, haber realizado lo indicado en el precepto 8 Constitucional. No pasa inadvertido para este juzgador, lo manifestado por la autoridad responsable en el sentido que no es la autoridad facultada para expedir lo solicitado por la quejosa, pues como se advierte de las constancias que integran el expediente, no exhibió documental alguna con la que acredite que le hizo de su conocimiento que en efecto, no era la autoridad competente para responderle. Así como tampoco, que uno de los escritos (veinticinco de enero de dos mil diecisiete) se haya presentado con la anterior administración, pues esa manifestación no puede coartar el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, para que se le dé contestación a su petición; o que, después de buscar el diverso ocurso (veintiocho de junio de dos mil diecinueve), no se haya encontrado registro alguno de su recepción, ya que la quejosa lo anexó en copia simple, con la hora, fecha, nombre y firma de la persona que lo recibió, circunstancia que no fue objetada por la autoridad responsable. No obstante ello, se insiste a la fecha en que se dicta la presente resolución, no se tiene constancia alguna donde se acredite que la autoridad responsable haya dado contestación a los ocursos de la quejosa presentados el veinticinco de enero de dos mil diecisiete y veintiocho de junio de dos mil diecinueve, ya que este juzgador al menos de las constancias aportadas al sumario, no advierte una imposibilidad para hacerlo; por ende, es incuestionable que se violó en perjuicio de la impetrante de amparo, el derecho de petición consagrado por el numeral en comento. En apoyo de la conclusión anterior, cabe citar la tesis de jurisprudencia, visible en la página 127, Segunda Sala del Tomo 205-216, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación Nación, que a la letra dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO LOS TRAMITES RELATIVOS A SU PETICION. Las garantías del artículo 8° Constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, este bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8° Constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8° Constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que si hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8° Constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la substanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones." DECISIÓN Consecuentemente, la omisión de la autoridad responsable en dar contestación a la solicitud de la quejosa, implica dejarla en estado de indefensión. Por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Lilian de Monserrat Marín González, para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable en el ámbito de su competencia, emita la contestación respectiva y notifique de manera inmediata a la promovente del amparo la respuesta emitida a sus solicitudes presentadas el veinticinco de enero de dos mil diecisiete y veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Para cumplir con lo anterior, deberá remitirse copia simple de los oficios en comento a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis visible en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. NOTIFICACIÓN DEL. Aun cuando la responsable señale haber dado respuesta a la solicitud que el quejoso le presentó de acuerdo con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si no demuestra de manera fehaciente que la respuesta a tal solicitud, le fue notificada al solicitante, debe considerarse que no dio contestación al peticionario, violando con ello el precepto constitucional en comento." También la jurisprudencia 129, visible en la página 88 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, que señala: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8º constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." En la inteligencia que los efectos de esta sentencia únicamente la constriñen a emitir la determinación respectiva y hacerla del conocimiento de la quejosa, pero no a resolver en determinado sentido. Por las razones que aporta, es aplicable la tesis XXXIV/92, visible en la página 81 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, cuyo contenido es: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8º. Constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a **, contra el acto reclamado al Coordinador de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. El amparo se concede en los términos del apartado VIII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Subdirector Jurídico del municipio de Oaxaca de Juárez, téngase como prueba de su parte la documental que para tal efecto exhibe; con lo anterior dese vista a las partes. En consideración a lo anterior, toda vez que la parte quejosa no tendrá conocimiento del informe justificado que remite la citada autoridad responsable, con la debida anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para este día se reprograma para las catorce horas con cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.
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