Liliana Denisse Castellanos Velasco

Expediente 463/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
463/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Liliana Denisse Castellanos Velasco y Otros.
  • Liliana Denisse Castellanos Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, acusa recibo e informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte tercera interesada contra la sentencia dictada en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el tercero interesado Luis Armando Santibáñez Villanueva interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo distribúyase entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en el que se integre debidamente el expediente, remítanse el original del ocurso donde se interpone el recurso de revisión y se expresan los agravios, así como un ejemplar de ese libelo y los autos originales de este juicio constitucional al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con sede en esta localidad, para la substanciación de ese mecanismo de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del sumario. En otro aspecto, de autos se advierte que el pasado treinta y uno de julio, en auto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, omitiéndose girar los oficios respectivos al agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, llevadora de la carpeta de investigación 31646/FMUJ/UDNA/2020 y al Fiscal Adscrito a la Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, llevadora del toca penal JOTPAI/03/2023 (terceros interesados). En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, gírense los oficios respectivos junto con este proveído y la inserción de la sentencia concesoria a dichas autoridades. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJO

  3. Principal

    (SE NOTIFICO POR LISTA AL TERCERO INTERESADO) S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 463/2023, promovido por Liliana Denisse Castellanos Velasco. I. ANTECEDENTES 1. Menciona la quejosa que el trece de octubre de dos mil veinte, denunció al padre de sus menores hijas Luis Armando Santibáñez Villanueva, ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores, cometido en agravio de las menores de identidad reservada R. y M.L. ambas de apellidos S. C., dando inicio a la carpeta de investigación 31646/FMUJ/UDNA/2020. 2. Una vez concluidos los actos de investigación, la agente del Ministerio Público ejercitó acción penal contra el mencionado imputado, formándose la causa penal 1115/2022, del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. 3. Que el cinco de diciembre de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de comunicación de la imputación en la citada causa penal, en la cual el imputado se acogió al beneficio de la duplicidad del término constitucional, señalándose la continuación de la audiencia para el once de diciembre del mismo año. 4. El once de diciembre de dos mil veintidós, se resolvió la situación jurídica del imputado y se dictó en su contra auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores cometido en agravio únicamente de la menor M.L.S.C, no así por lo que respecta a la diversa menor R.S.C. 5. Inconforme con esa determinación, el imputado interpuso recurso de apelación, mismo que correspondió a la Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, registrándose con el toca JOTPAI/03/2023, y mediante resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, revocó el auto de vinculación a proceso en contra del imputado y en su lugar decretó auto de no vinculación a proceso a favor de Luis Armando Santibáñez Villanueva. 6. Los hechos antes narrados constituyen los antecedentes del acto reclamado, y el precisado en el punto que antecede constituye el motivo de disenso por el que Liliana Denisse Castellanos Velasco acude a esta instancia constitucional con la finalidad de que se le restituya en el goce de los derechos que estima violados. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 7. Liliana Denisse Castellanos Velasco, el nueve de mayo de dos mil veintitrés, presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al magistrado de la Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 8. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 9. La demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional el diez de mayo siguiente y por auto de once de mayo de dos mil veintitrés, se radicó, registrándose bajo el expediente 463/2023, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. 10. El veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado Luis Armando Santibáñez Villanueva, quien se apersonó a juicio mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veintitrés; asimismo, se emplazó a juicio a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y al Fiscal adscrito a la Sala Penal responsable. 11. La audiencia constitucional, tuvo verificativo el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en los términos asentados en el acta correspondiente. III. COMPETENCIA 12. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. 13. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de un acto que deriva de un procedimiento penal y la autoridad responsable reside dentro de la demarcación territorial en la cual este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 14. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 15. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 16. Ahora bien, en virtud que la demanda de amparo debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo, los capítulos de actos reclamados y de antecedentes, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, con relación a la causa de pedir y con ello el órgano jurisdiccional se encuentre en calidad de resolver la litis realmente planteada, se tiene como acto reclamado: Al magistrado de la Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el siguiente:  La resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal JOTPAI/03/2023, por la que revocó el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 115/2022, del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y en su lugar, determinó no vincular a proceso a Luis Armando Santibáñez Villanueva. Del juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca:  La ejecución de la resolución dictada por la autoridad ordenadora. 17. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 18. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. 19. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. 20. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." 21. En tal sentido, al rendir informe justificado, el magistrado titular de la Séptima Sala Penal Unitaria del tribunal Superior de Justicia del Estado y la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, aceptaron la existencia del acto que se les reclamó, lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron a sus respectivos informes justificados, tanto en expediente físico relativo al toca penal JOTPAI/03/2023, como en disco versátil digital, que contienen el registro de audio y video de las audiencias de comunicación de imputación y de ampliación de plazo constitucional. 22. Medios de prueba que adquieren la naturaleza jurídica de documentales públicas y que tienen valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. 23. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos epígrafe y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. OPORTUNIDAD 24. Se advierte que la quejosa quedó notificada del acto reclamado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, según constancia de envío del correo electrónico respectivo a la cuenta del asesor jurídico de las víctimas. 25. Por tanto, en términos del artículo 82, fracción I, inciso b) y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales , la notificación relativa surtió efectos el dieciocho de abril siguiente. 26. Así, el término de quince días que prevé el párrafo primero, del artículo 17, de la Ley de Amparo, para interponer la demanda transcurrió del diecinueve de abril al once de mayo de dos mil veintitrés, al actualizarse la primera de las hipótesis fácticas que contempla el artículo 18 de la ley de la materia. 27. Descontándose de dicho cómputo los días sábados y domingos que mediaron en el lapso indicado, por ser días inhábiles de conformidad con lo estatuido en el artículo 19 del citado ordenamiento legal, así como los declarados inhábiles mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. 28. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el nueve de mayo de dos mil veintitrés, se considera que es oportuna. VII. LEGITIMACIÓN 29. Liliana Denisse Castellanos Velasco se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del propio cuerpo normativo, porque en la causa penal 1115/2022 de origen tienen el carácter de víctima y la resolución reclamada le es adversa, dado que la autoridad responsable revocó el auto de vinculación a proceso y en su lugar determinó no vincular a proceso al imputado. VIII. PROCEDENCIA 30. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". 31. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. 32. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". 33. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el dispositivo 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercicio de la acción de amparo que hipotéticamente establece tal precepto. 34. En respaldo de lo anterior se cita por las razones que contiene la jurisprudencia P./J. 22/91 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." IX. ESTUDIO DE FONDO 35. La quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la disidente, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. 36. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.58/2010 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." 37. Asimismo, cobra aplicación al respecto la jurisprudencia V1.20. J/129 , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de Ia Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." 38. No obstante, para mejor comprensión de las razones que sustentan esta sentencia, se sintetizan los planteamientos formulados por la parte quejosa, en ellos se aduce que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos humanos de igualdad, seguridad jurídica, legalidad, y administración de justicia consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones siguientes: a) Que se violan las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que la Sala refirió que no se acreditaron los elementos del delito de sustracción de menores, cuando para la vinculación a proceso no se necesita acreditar dichos elementos, solamente se debe acreditar el hecho y la probabilidad de que el imputado lo cometió. b) Que la resolución reclamada atenta contra la valoración de la prueba, pues la Sala resolutora no indicó porqué la valoración de los medios de prueba que realizó el juez de Control para vincular a proceso al imputado fue incorrecta, y posteriormente hacer su propia valoración; no obstante, sólo hizo apreciaciones subjetivas y resuelve con base en una cronología de hechos. c) Que el magistrado responsable no acreditó cuáles eran las condiciones que justificaron, primero, que el imputado no devolviera a la menor, y segundo, cuáles fueron las condiciones que hicieron que la entregara al día siguiente. d) La responsable emite su resolución con base a meras apreciaciones subjetivas que no tienen sustento objetivo, pues afirma que el imputado tenía una causa justificada para no regresar a la menor M.L.S.C., sin que manifieste cuál es esa causa, pues en todo caso, la supuesta violencia se ejercía contra la diversa infante R.S.C.; pasando por alto la sala responsable que la quejosa tenía la guarda y custodia de las menores y que existía una resolución que le indicaba la forma y términos en que debía regresar a las niñas después de ejercer su derecho de convivencia. 39. En principio, este órgano jurisdiccional estima necesario dejar establecido que en el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso b), del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado deriva de un proceso del sistema penal acusatorio, donde la quejosa tiene el carácter de víctima. 40. Ahora, los conceptos de violación esgrimidos por la promovente son esencialmente fundados; para evidenciar la calificativa dada a los motivos de inconformidad que la disidente planteó es necesario tener presente el contenido de los artículos 16, primer párrafo, y 17, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.]" "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" 41. El dispositivo transcrito en primer orden establece en la parte conducente el derecho fundamental de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares sin privarlos de sus derechos e impone a las autoridades que los dictan el deber de que tales actos de molestia se expresen por escrito, que provengan de autoridad competente y que se funde y se motive la causa legal del procedimiento; esto es, que se expongan las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para pronunciar el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. 42. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 73 emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional del País , que informa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." 43. Cabe señalar que el principio de legalidad contenido en el aludido precepto constitucional establece una regla general que tiene aplicación en todas las resoluciones jurisdiccionales y ese principio tiene como objeto que el Juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino que cumpla con la exigencia de examinar y de valorar los hechos expresados por las partes de acuerdo con los elementos de convicción presentados en el proceso, ajustando su determinación al ordenamiento legal aplicable al caso, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que ese órgano jurisdiccional consideró para resolver el debate. 44. En ese contexto, es factible sostener que por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar y a motivar tal acto; esto es, toda autoridad judicial tiene el deber de citar los preceptos legales en los que apoya su resolución y exponer las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para su emisión; además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 45. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación , que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." 46. En otro punto, el ordinal 17 de la Constitución General de la República consagra el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, el cual fue instituido por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por propia mano. 47. Esto es, al estar superada por el Estado de Derecho la vieja práctica de la venganza privada se deduce que la jurisdicción es un principio ineludible del orden jurídico constitucional impuesto a los individuos para la definición de sus derechos subjetivos, por virtud del cual se les otorga la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa o de declarar la existencia de una obligación y, en caso necesario, hacerla efectiva. 48. Ese derecho fundamental consigna a favor de los gobernados diversos principios relacionados con la administración de justicia, a saber: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y los plazos que para tal efecto establezcan las leyes. 2. De justicia completa, el cual consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto defina si le asiste o no la razón sobre los derechos que le aseguren la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. De justicia imparcial, que significa que el Juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda tal función no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. 49. Asimismo, debe precisarse que las autoridades que se encuentran obligadas a observar los citados principios son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 50. Lo expuesto tiene sustento en lo establecido por la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , con el epígrafe y la sinopsis siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." 51. Enseguida es necesario traer a contexto el contenido de los numerales 68, 458, 461, 471, 475 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales prescriben lo siguiente: "Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos." "Artículo 458. Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio." "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada." "Artículo 475. Trámite del Tribunal de alzada Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el Tribunal de alzada se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso." "Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente." 52. De las normas insertas se obtiene que el recurso de apelación constituye un medio de impugnación vertical de las resoluciones judiciales dictadas en los asuntos del orden penal que tiene por objeto que el superior examine la legalidad de la resolución apelada conforme a los agravios que el recurrente exprese, lo que implica que el inconforme deberá señalar la afectación que el acto impugnado causa en su esfera jurídica y los motivos que originan la lesión que aduzca y si en esa determinación se violaron los derechos fundamentales del imputado, por lo que el Tribunal de alzada una vez que reciba los registros correspondientes se pronunciará de plano sobre la admisión de ese mecanismo de impugnación y en la sentencia que pronuncie deberá confirmar, revocar o modificar la resolución apelada o, en su caso, ordenar la reposición del procedimiento atendiendo a los agravios que el apelante haya expresado, o bien, si al examinar oficiosamente el acto combatido detecta en suplencia de la queja deficiente alguna violación cometida en perjuicio del imputado. 53. Precisa señalar que la sentencia del órgano jurisdiccional de alzada deberá ser congruente con los agravios formulados y estar debidamente fundada y motivada; además, tiene que ser clara, concisa y evitará formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos. 54. En ese sentido, la segunda instancia en un proceso criminal sólo se abre a petición de la parte legítima para resolver sobre los agravios que el recurrente estime que le causa la decisión apelada y el penúltimo de los dispositivos transcritos impone la carga de que esos motivos de inconformidad se expresen cuando se interponga el referido mecanismo de defensa. 55. Ahora, es necesario tener presente que un agravio en el derecho procesal se entiende como la afectación o el perjuicio que una persona resiente en sus derechos con la emisión de una resolución judicial. 56. Así, el agravio es un elemento fundamental del recurso de apelación porque al mismo tiempo que su causación es lo que origina el interés y la legitimación para apelar, constituye el objeto principal de análisis por el Tribunal de alzada para apreciar la legalidad de la determinación apelada. 57. Desde esa perspectiva, los agravios sustentan la pretensión del apelante de que el órgano de alzada realice un nuevo examen o revisión de la resolución impugnada para el efecto de que previa declaración de su ilegalidad se modifique o revoque. 58. En otro punto, es necesario tener presente lo establecido por el ordinal 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo que señala: "en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad." 59. De la norma citada se obtiene que este órgano jurisdiccional debe analizar la regularidad constitucional del acto reclamado tal como aparezca probado ante la responsable, lo cual implica por regla general que no se admitan ni se tomen en consideración las pruebas que no se hayan rendido ante dicha autoridad; esto es, en la sentencia de amparo deben tenerse los mismos elementos que la responsable tuvo para pronunciar el acto que se le reprocha a fin de evaluar si su actuación es acorde con las prevenciones contenidas en la Carta Magna o no. 60. En el caso, de las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, podemos advertir que la sala responsable realizó un análisis dogmático y carente de exhaustividad, en virtud de que en ésta se omite un análisis completo e íntegro respecto de la idoneidad y al alcance probatorio de cada uno de los datos de prueba ofertados por la representación social y analizados por el A quo, por lo que incurrió en una falta de congruencia en la determinación de no vinculación a proceso dictada, en relación con la probabilidad de que el imputado -aquí tercero interesado-cometió o participó en la comisión del delito de sustracción de menores que se le atribuye. 61. Lo anterior es así, porque al resolver el recurso de apelación substanciado bajo el toca penal JOTPAI/03/2023, el magistrado presidente de la Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, se apartó de la causa de pedir expuesta en los cinco agravios expuestos por el apelante en relación con el auto de vinculación a proceso; es decir, resolvió de manera incongruente con lo pedido. 62. Además, no realizó un ejercicio de valoración o en su caso, ponderación de todos y cada una de los datos de prueba que tomó en consideración el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, para dictar la vinculación a proceso, anunciados por la representación social al solicitar la vinculación a proceso y los que ofreció la defensa, consistentes en la denuncia de Liliana Denisse Castellanos Velasco; entrevista realizada a Arturo Castellanos Alejos, declaración de Josefina Velasco Manqueros; actas de nacimiento de las menores de iniciales R.S.C. y M.L.S.C.; inspección ocular de nueve de noviembre de dos mil veinte; copia simple del expediente familiar 168/2020 del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca; declaración de la menor de iniciales M.L.S.C.; dictamen psicológico de ocho de febrero de dos mil veintiuno; comparecencia de Luis Armando Santibáñez Villanueva de doce de octubre de dos mil veinte; declaración de la menor M.L.S.C.; declaración de la menor R.S.C.; carátula de solicitud de modificación de guarda y custodia con folio de pre-registro 12760/2020, de dieciséis de octubre de dos mil veinte; escrito de Luis Armando Santibáñez Villanueva, de dieciséis de octubre de dos mil veinte; audiencia de carácter familiar celebrada el veintinueve de octubre de dos mil veinte, ante el juez Segundo Familiar del Centro, en el expediente 164/2020. 63. Es decir, no se advierte que el magistrado responsable realizara una valoración exhaustiva de los datos de prueba de cargo y de descargo que lo llevaran a concluir, como lo hizo, en el sentido que el imputado contaba con una causa de justificación para no devolver a sus menores hijas con su progenitora el día en que debía hacerlo, y que por ende, no se acredita el hecho que la ley señala como delio de sustracción de menores y mucho menos la probabilidad de que el imputado lo cometió, por lo que determinó dictar auto de no vinculación a proceso a favor de Luis Armando Santibáñez Villaueva. 64. Así, del análisis de la resolución que se somete a escrutinio se advierte que, aun cuando en la resolución existe un apartado que se titula "examen de los agravios de los recurrentes", en el mismo solamente se limitó a decir lo siguiente: "[.] -EXAMEN DE LOS AGRAVIOS DE LOS RECURRENTES- CUARTO. Al no encontrar violaciones a derechos fundamentales del imputado Luis Armando Santibáñez Villanueva que esta Sala deba reparar de oficio, procede a pronunciarse sobre los agravios expresados por éste, sin extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en su escrito de interposición del recurso; ello con apoyo en la tesis de número de registro 222213, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Julio de 1991, Materia(s): Común, Página: 122, que establece: "AGRAVIOS. EXAMEN DE LOS. Es obvio que ninguna lesión a los derechos de los quejosos pueda causarse por la sola circunstancia de que los agravios se hayan estudiado en su conjunto, esto es, englobándolos todos ellos, para su análisis, en diversos grupos: ha de admitirse que lo que interesa no es precisamente la forma como los agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, etc.; lo que importa es el dato substancial de que se estudien todos, de que ninguno quede libre de examen, cualquiera que sea la forma que al efecto se elija.". Ahora bien, el apelante indica en su escrito de expresión de agravios que interpone el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso que le fue dictado, de fecha once de diciembre de dos mil veintidós, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; exponiendo al respecto los agravios que a su juicio le fueron causados, los cuales no se transcriben de conformidad con la Jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 196477, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: VI.2o. J/129, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, abril de 1998, página 599, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS". Por lo que hace a los agravios que expone el recurrente, debe decirse que son FUNDADOS, pues efectivamente no está justificado el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores, por lo siguiente: El Juez de Control después de ponderar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público estableció que se acreditaban los hechos consistentes en: [.]". 65. Ahora, de dicho apartado se aprecia que la resolución que se tilda de inconstitucional es subjetiva pues extendió el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en los agravios y con ello se aprecia que fue más allá de los límites del recurso, no obstante que precisó que el acto no era violatorio de derechos fundamentales del imputado. 66. En esa tesitura, es fundado el concepto de violación que expresa la quejosa, pues efectivamente, el magistrado responsable no realizó la valoración de ninguno de los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación y que fueron tomados en consideración por el juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso, para determinar porqué, en su caso, el imputado tenía una justificación para no regresar a la menor el día en que debió hacerlo, y tampoco explicó cómo es que al día siguiente ya se encontraba en condiciones de regresarla con su progenitora, solamente se basó en la cronología de los hechos, pero no estableció claramente cuál fue la causa que justificó la conducta del imputado y cómo es que esa causa desapareció al día siguiente en que ya se encontró en condiciones de devolverla a su mamá, sobre todo si tenía el deber de garantizar la seguridad de sus menores hijas. 67. Por otra parte, en la resolución reclamada se concluyó que los datos probatorios presentados por el Ministerio Público no establecieron, en grado de suposición, que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores en agravio de la infante M.L.S.C. y que no existe la posibilidad real que el apelante lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, en el desarrollo de la resolución combatida solamente se aprecia que la sala encontró justificada la conducta del imputado, pues afirma que en su actuar no existe dolo, dado que el imputado simplemente garantizó la seguridad de sus hijas; sin embargo, la resolución carece de la debida motivación, habida cuenta que no se expresó cuáles fueron los datos de prueba que lo llevaron a esa conclusión, esto es, a sostener dicha justificante. 68. Tampoco queda claro si no quedó acreditado el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores en agravio de la infante M.L.S.C., o lo que no se justificó es la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por existir una causa que justificó su actuar; sobre todo porque del material probatorio que remitió, anexo a su informe justificado, se aprecia que los actos violentos se cometieron en agravio de diversa menor y por los que incluso, presentó una denuncia en contra de la madre de las niñas. 69. De ahí que el Tribunal responsable, al resolver el recurso de apelación tramitado bajo el toca penal JOTPAI/03/2023, se limita a realizar afirmaciones que se estiman carentes de exhaustividad y congruencia, lo que es suficiente para conceder la protección constitucional, porque se vulneró en perjuicio de la justiciable los derechos fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva reconocidos por los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se resolvió respecto a una cuestión planteada en el recurso de apelación y dictó una sentencia en contravención a las prevenciones establecidas en los numerales 461, 471 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 70. Las consideraciones expuestas evidencian la existencia de una violación procesal, pues ante la falta de congruencia en la resolución reclamada, se vulneraron en perjuicio de la solicitante del amparo los derechos fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva reconocidos a favor del disidente por los arábigos 16 y 17 de la Carta Magna, porque la violación adjetiva indicada. 71. También asiste razón a la quejosa cuando manifiesta que la resolución combatida es violatoria de sus derechos fundamentales porque en ella, la sala responsable afirmó que no se encuentra justificado el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores, agregando que no se justificó con los datos de prueba que obran en el legajo de investigación (denuncia, declaración de los testigos y de las menores, actas de nacimiento a favor de las niñas y copia del expediente familiar 164/2020); lo anterior es así, porque como se ha determinado en esta sentencia, la Sala responsable no realizó la ponderación de ninguno de los elementos de prueba de cargo y de descargo que obran en la carpeta de investigación y que fueron tomados en consideración para vincular a proceso al apelante, sino que su resolución se sustenta en lo que dijo fue una cronología de hechos, pasando por alto que por el momento y dado el estándar probatorio que se requiere para esta fase preliminar del proceso, únicamente basta para establecer la presencia de un hecho que tiene la apariencia de delito y la existencia de una probabilidad de que intervino el imputado en su comisión; es decir, no se requiere acreditación plena. 72. Se afirma lo anterior, ya que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que por hecho ilícito no debe considerarse que se requiera acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal atribuido al imputado, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual y a la ponderación por parte del juzgador respecto a dichos hechos corroborados con los datos de prueba manifestados por el Ministerio Público, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino como se dijo, con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no anticipar juicio sobre el delito y al que se le imputa su comisión; y la responsable debe resolver sólo con datos de pruebas, considerados como la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 73. Por tanto, resulta fundado lo aseverado por la parte quejosa, respecto al hecho de que la Sala responsable, no realizó una exacta valoración de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, vulnerando en su perjuicio, el debido proceso y seguridad jurídica, estipulados en los numerales 1, 14, 16 y 20 Constitucionales; pues como se ha venido señalando, en la sentencia combatida no se asentó argumento alguno que permita advertir que se llevó a cabo el ejercicio de ponderación de los datos probatorios y que ello permitiera arribar a la conclusión de que no se debe vincular a proceso al imputado. 74. Por otra parte, debe señalarse que si la sentencia que el Tribunal de alzada responsable dictó en el toca penal JOTPAI/32/2023, constituye el antecedente del diverso acto reclamado consistente en la ejecución de tal fallo que se reprocha al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, es inconcuso que la declaratoria de inconstitucionalidad de tal resolución trae como consecuencia que todos las actuaciones posteriores a ella también resulten inconstitucionales en vía de consecuencia, en atención a su origen, al ser frutos de un acto viciado. 75. En ese contexto, se decreta la inconstitucionalidad del acto ejecutivo reclamado al Juez primigenio señalado. 76. En la especie cobra vigencia la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , que señala: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal." X. DECISIÓN: 77. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación formulados, en medida que se suple la deficiencia de la queja, de conformidad con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Liliana Denisse Castellanos Velasco, para el efecto de que el Magistrado Presidente de la Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución que se emitió el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro del toca JOTPAI/32/2023, que revocó el auto de vinculación a proceso dictado el once de diciembre de dos mil veintidós, por el juez natural, en la causa penal 1115/2022, en relación al hecho delictivo de sustracción de menores, decretando auto de no vinculación a proceso a favor del imputado. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, debidamente fundada y motivada, en la que, partiendo de la causa de pedir, realice la valoración de los datos de prueba de cargo y descargo que obran en la carpeta de investigación y que se tomaron en consideración para dictar el auto de vinculación a proceso, de acuerdo al ejercicio de ponderación que para esta etapa del procedimiento se requiere; en el entendido de que el sentido de la resolución puede ser el mismo o diverso, siempre y cuando cumpla con los requisitos constitucionales establecidos. 78. Finalmente, debe decirse que en esta sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, siguen siendo aplicables, de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en esas condiciones, lo que en ellos se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. 79. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Liliana Denisse Castellanos Velasco contra el acto reclamado a las autoridades responsables para los efectos precisados en el apartado X de esta sentencia federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como prueba del Juez de Control del circuito judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, las documentales que remite para tal efecto. Con el informe y las documentales referidas con antelación, dése vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

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