Liliana Anahi Vázquez Ramirez
Expediente 631/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Liliana Anahi Vázquez Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el uno de julio de dos mil veintiuno, se negó la definitiva solicitada; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 8.1.2. punto 3 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
ANTECEDENTES En el Juzgado Quinto de lo Familiar del distrito Judicial del Centro, se encuentra radicado el expediente familiar 136/2021, en el cual Liliana Anahí Vásquez Ramírez, demandó a Eric Garnica Hernández, por propio derecho, en la vía de controversias familiares el pago de una pensión alimenticia provisional, y en su oportunidad definitiva, sobre la base de que vivió en concubinato con el demandado y procrearon dos hijos U.A y E. de apellidos G. V. El once de mayo de dos mil veintiuno, la juez responsable dictó un proveído en el que determinó que no había lugar a tener a la actora demandando por propio derecho y en la vía de controversias del orden familiar el pago de una pensión alimenticia provisional y posteriormente definitiva, en virtud que carece de interés jurídico para demandar a Eric Garnica Hernández, habida cuenta que no justificó el concubinato que afirmó. Lo anterior constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Liliana Anahí Vásquez Ramírez, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos de la Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, previo el cumplimiento de la prevención contenida en auto de siete del mismo mes y año, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 631/2021; asimismo, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y se ordenó el emplazamiento a juicio del tercero interesado Eric Garnica Hernández, quien se personó a este juicio mediante escrito de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Así, seguido el juicio por todos sus trámites, la audiencia constitucional, tuvo verificativo el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestiona un acto de autoridad que tiene competencia dentro de la demarcación donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: De la Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca: El auto de once de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 136/2021. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al rendir informe justificado, la secretaria encargada del Juzgado Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, aceptó la existencia del acto que se le atribuyó. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que anexó como justificación a su informe, deducidas del expediente 136/2021, de su índice, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. LEGITIMACIÓN. Liliana Anahí Vásquez Ramírez se encuentra legitimada para promover este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Amparo, dado que fue quien promovió por propio derecho el juicio de controversias del orden familiar el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva en contra de Eric Garnica Hernández, por lo que es parte en el expediente 136/2021, de donde se originan los actos reclamados y ser quien resiente la negativa de tenerle demandando la referida pensión. VII. PROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el tercero interesado hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Lo anterior, porque argumenta que la quejosa no acreditó la existencia legal del concubinato en el juicio de origen, por lo que aduce que carece de interés jurídico para demandar por su propio derecho en contra de dicho tercero el pago de la pensión alimenticia. Dicha causa de improcedencia resulta improcedente, dado que se encuentra vinculada al fondo del asunto. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las causales de improcedencia del juicio de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Soporta la consideración anterior la jurisprudencia P./J. 135/2001, registro 187973 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Con el objeto de explicar claramente lo anterior, es necesario puntualizar que la peticionaria de amparo, al promover el juicio constitucional, pretende que se analice la legalidad o no del acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 136/2021, en la parte en que la Juez Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro, determinó que no había lugar a tenerla demandando la pensión alimenticia provisional y luego definitiva a Eric Garnica Hernández, en virtud que no acreditó la existencia del concubinato, por lo que dijo carecía de interés jurídico para instar la acción. Así, este órgano jurisdiccional no podría analizar dicho tema en este apartado, como causa de improcedencia, ya que precisamente, la materia del fondo sería el análisis de si la quejosa tiene o no interés jurídico para instar la acción respectiva en la vía de controversias del orden familiar para demandar la pensión alimenticia, aspecto que desde luego se encuentra vinculado con el fondo del asunto. De ahí que se declare infundada, la referida causa improcedencia. No obstante, este órgano jurisdiccional estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Esa disposición legal prevé la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, el cual obliga al quejoso a agotar -antes a su presentación- los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. El citado principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley. Lo anterior, porque si una persona está vinculada al procedimiento natural y, por eso, tiene salvaguardado su derecho de oponer los medios de defensa ordinarios contra los actos producidos en él, carece de justificación para acudir ante los órganos constitucionales a iniciar el procedimiento extraordinario para la defensa de los derechos. Ilustra lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, materia común, décima época, con registro 2017117, que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En el caso, la parte quejosa reclama el auto de once de mayo de dos mil veinte, dictado en el expediente 136/2021, de su índice, el cual, en lo de interés, el juez responsable acordó determinar lo siguiente: En relación a la admisión de la demanda que promovió Liliana Anahí Vásquez Ramírez, determinó que no ha lugar a tenerla demandando por propio derecho en la vía de controversias del orden familiar, el pago de una pensión alimenticia primero provisional y luego definitiva en contra de Eric Garnica Hernández, dado que carece de interés jurídico para demandarlo, habida cuenta que no justificó la existencia del concubinato que afirmó la une con el citado demandado. Lo anterior, bajo el argumento de que si bien, los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, entre ellos, el de recibir alimentos, es extensivo a las personas que vivan en concubinato, dijo que para su existencia deben justificarse los requisitos siguientes: a) Que dos personas vivan o hayan vivido de manera estable como si fueran cónyuges en un domicilio común. b) que el plazo de la vida en común sea de dos años o más si no tienen hijos, o bien, c) que hayan tenido uno o más hijos, cualquiera que haya sido la duración de la vida en común, d) Que tales personas se encuentren libres de vínculo matrimonial y sin impedimentos para contraerlo. Así, determinó que al no aportar la actora medios de prueba para justificar la existencia del concubinato con base en los citados requisitos, determinó que carecía de interés jurídico para demandar por propio derecho el pago de pensión alimenticia a Eric Garnica Hernández; agregando, además, que la propia actora en los hechos de su demanda narró que se encuentra separada del demandado, lo que consideró una confesión que hace prueba plena en términos del artículo 380 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. No obstante, en dicho proveído admitió a trámite la demanda promovida por la citada quejosa en representación de sus menores hijos de identidad reservada U.A. y E de apellidos G. V. ordenando el emplazamiento de la parte demandada y el trámite del juicio en la vía propuesta por la actora, decretando las medidas pertinentes en relación a los alimentos de los referidos menores. Del análisis del auto reclamado se advierte que la quejosa debió interponer en su contra recurso de revocación, previsto en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en atención al imperativo legal contenido en el diverso 974 del invocado código procesal, que establece que en las controversias del orden familiar son procedentes todos los recursos, y su trámite se sujetará a las disposiciones generales que la misma legislación prevé. En efecto, los artículos 974, 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado establecen lo siguiente: Artículo 974. Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo. Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano. Pues la excepción al principio de definitividad lo constituye el que se aleguen exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, no así respecto de resoluciones dictadas, dentro de un juicio. Consecuentemente, al ser procedente el recurso de revocación contra el acto reclamado, conforme al principio de definitividad, la quejosa debió agotar dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo. Sin que la improcedencia del juicio de amparo, en sí misma, conculque el derecho a la impartición de justicia, porque los gobernados están obligados a cumplir con los requisitos de procedencia, para lo cual se deben tener en cuenta las reglas que definen y delimitan la procedencia del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2005917, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Es necesario precisar que no resulta aplicable el cuarto párrafo del artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad." Porque de esa transcripción se advierte que contra las medidas provisionales y urgentes que tome el juez en los casos de los alimentos o para proteger la integridad personal de quien solicite la intervención del órgano jurisdiccional, cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la ley, no procede recurso alguno. Sin embargo, en el caso, respecto a lo acordado en el auto reclamado en este juicio no se trata de una medida provisional ni de un caso urgente, como lo establece el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. Tampoco pasa inadvertido que la quejosa aduce que el acto reclamado es carente de la debida fundamentación y motivación, pues tales argumentos también pueden ser analizados en el recurso ordinario que se haga valer contra la determinación que aquí reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/10 C (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Registro digital 2023596, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, que aparece bajo el rubro y texto siguientes: RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA CIVIL. SU NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN. El derecho de impugnar las resoluciones judiciales tiene un primer sustento en el artículo 17 de la Constitución General que consagra el derecho de acceso a la justicia; sin embargo, este derecho fundamental aparece más claro en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los principios del recurso judicial. De esa forma, los recursos regulados en la legislación procesal civil son los instrumentos a través de los cuales el particular podrá impugnar la legalidad de las resoluciones judiciales de toda índole; tienen por objeto confirmar, revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Así, a través de los recursos ordinarios, podrá impugnar tanto aspectos de forma de la resolución que se recurra -como la carencia de fundamentación y motivación, falta de exhaustividad por no analizar los argumentos propuestos o la integridad de las pruebas ofrecidas, incongruencia entre lo pedido y lo resuelto, o la ausencia de los requisitos legalmente previstos para la validez de la resolución respectiva-, como el fondo de lo decidido u ordenado por estimarse que el juzgador recurrido incurrió, entre otras hipótesis, en indebida o incorrecta: I. Fundamentación, motivación o ambas; II. Valoración de las pruebas; III. Interpretación de la ley o la jurisprudencia; IV. Apreciación de la litis; y, V. Análisis de las constancias de autos. Dado que los recursos son medios de impugnación ordinaria, las únicas resoluciones que se podrán recurrir a través de ellos son aquellas que no hubieren adquirido firmeza o alcanzado la calidad de cosa juzgada, pues estas últimas sólo podrán combatirse con el empleo de medios extraordinarios de defensa y, específicamente, a través del juicio de amparo. Los recursos ordinarios se dividen o clasifican en horizontales y verticales: son horizontales aquellos de los que corresponde resolver al mismo juzgador que emitió la resolución recurrida en la misma instancia en que se sustancia el asunto; ejemplo de éstos en los juicios civiles y familiares son el de revocación y el de reposición; los verticales son aquellos de los que conoce un tribunal superior de instancia de aquel que emitió la resolución recurrida; ejemplo de éstos en los juicios civiles y familiares son el de apelación y el de queja. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que, en su caso, prevea la ley, tales como los determinados en el artículo 974 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, comprendido dentro del apartado de "Controversias de orden familiar", esto es, el recurso de revocación o de apelación, que corresponda. IX. DECISIÓN. Por lo anterior, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVIII del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, respecto al acto reclamado y por las consideraciones vertidas en el apartado VII de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS AL TERCERO INTERESADO)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto los autos, se advierte que el tercero interesado quedó emplazado a juicio el doce de agosto de dos mil veintiuno, lo que permite concluir que éste no tendrá conocimiento del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable con la debida anticipación de los ocho días a que se refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, no es posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se reprograman las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
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