Lilian de Monserrat Marin Gonzalez

Expediente 197/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
197/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Lilian de Monserrat Marin Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito del testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca del recurso de queja 140/2022 y de un legajo de copias certificadas de diversas constancias del juicio de amparo indirecto 197/2022 del índice de este Juzgado Federal. Por otra parte, glósense a los autos originales del juicio de amparo el oficio y la resolución señalados en la nota de cuenta y destrúyanse las copias de las constancias de este expediente que el Tribunal de alzada devolvió, porque no contienen actuación original alguna. Ahora bien, del contenido del citado fallo se advierte que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja que la inconforme interpuso en contra del proveído de veintitrés de febrero del año en curso, en donde se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los normativos 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la resolución de veinticuatro de junio de la presente anualidad, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito dictó en el toca del recurso de queja 140/2022 causó estado por ministerio de ley, por lo que esa situación genera la firmeza de la resolución de desechamiento del escrito inicial decretada en este medio extraordinario de defensa. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y como en el acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo y el Tribunal de alzada confirmó ese proveído, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese la comunicación señalada en la nota de cuenta al cuaderno en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el auto de quince de marzo actual, que el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional dictó en el toca 140/2022, en el que proveyó lo siguiente: a) Acusa recibo del escrito que la justiciable Lilian de Monserrat Marín González presentó, mediante el cual interpuso el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de febrero del año en curso, en donde se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional y expresa los agravios, del informe sobre la materia de la queja y de las copias certificadas de las actuaciones de este medio extraordinario de defensa que fueron remitidos. b) Admitió a trámite ese medio de impugnación. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA II. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese un ejemplar de los escritos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la justiciable Lilian de Monserrat Marín González interpone el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de febrero del año en curso, en donde se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional y anexa su escrito de expresión de agravios; además, señala las constancias que deberá remitirse al Tribunal de alzada con motivo de la interposición del citado mecanismo de impugnación. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se ordena remitir los originales de los ocursos en donde se interpone el mencionado recurso de queja y se expresan los agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, rendir el informe sobre la materia de la queja, en el que deberá señalarse que es cierto el acuerdo recurrido, enviar copias certificadas del auto impugnado y de todas las constancias relacionadas con esa determinación, así como las que la inconforme señaló en la última de las promociones indicadas. Por otro lado, es innecesario notificar a algún otro sujeto procesal la presente determinación para que señalen las constancias que deberán remitirse al Tribunal Constitucional que debe resolver dicho recurso en términos de lo dispuesto por el ordinal 101 de la ley que rige a este medio extraordinario de defensa, en razón de que el auto materia de la queja es el que desechó de plano la demanda de amparo, motivo por el cual no se hizo reconocimiento de parte diversa a la quejosa ni fueron emplazados a juicio sujetos procesales distintos. Notifíquese.

  4. Principal

    "MESA II. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y el anexo señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 197/2022. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la inconforme Lilian de Monserrat Marín González reclama el acto siguiente: Del Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la Vía Pública y Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, combate: La notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, en donde se le citó para que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, compareciera a una audiencia ante la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 702/2019 del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dictan las determinaciones siguientes: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Lilian de Monserrat Marín González, porque en relación con el acto reclamado al Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la Vía Pública y Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, en donde se le citó para que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, compareciera a una audiencia ante la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 702/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, se actualizan de manera manifiesta e indudable las hipótesis de inejercicio de la acción constitucional previstas por el arábigo 61, fracciones XIV y XXIII, de la Ley de Amparo, este último en relación con el diverso 107, fracción VI, de la propia legislación, interpretado en sentido contrario, porque por un lado respecto de esa actuación la inconforme consintió tácitamente ese acto al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea y, por otro, dado que la disidente no tiene el carácter de persona extraña frente al procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019 y, en esa medida, está en aptitud de acudir a dicho procedimiento seguido en forma de juicio y ejercer sus derechos, en tanto que aún no ha concluido ese asunto con la resolución respectiva. I. RESPECTO DE LA CAUSAL PREVISTA POR EL ARÁBIGO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" El precepto transcrito en último orden establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente y que se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional dentro de los plazos previstos legalmente. Por otra parte, en el normativo 17 de la ley de la materia el legislador federal estableció un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo y, como excepciones a esa regla general, los casos siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyas hipótesis el plazo será de treinta días; b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años contado a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, d) Cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, a la Armada o a la Fuerza Aérea, en cuyos supuestos la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. A su vez, el arábigo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos para el inicio del cómputo de los plazos (genérico y específicos) previstos por el ordinal 17 de la propia legislación, los cuales se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente: a) A aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la actuación o de la resolución que reclame; b) A aquél en el que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A aquél en el que se ostente sabedor de la actuación combatida o de su ejecución. En ese contexto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o de la actuación que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en el que haya tenido conocimiento de aquéllos o de su ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de esas actuaciones. En esa línea, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en el que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas por el precepto 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que esos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otro lado, es necesario destacar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo debe estar probado de modo directo y no inferirse con base en presunciones. Ese criterio jurídico se contiene en la jurisprudencia 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." También se invoca en respaldo de lo expuesto la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País, de contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones." La lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos permite establecer que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa le da la posibilidad de que pueda impugnarlo en la instancia constitucional, ya que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario podría darse el caso de que careciera de información para que estuviera en aptitud de hacerlo. Con base en lo expuesto es factible sostener que para la actualización de la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acto que reclama, ya que sólo de esta manera el plazo genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda de amparo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, en virtud de que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días mencionado deba computarse a partir del siguiente al en el que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto que controvierte. Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También cobra vigencia la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que en la especie se patentiza de manera manifiesta e indudable el supuesto de inejercicio de la acción constitucional examinado, porque la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días establecido por el ordinal 17 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior es necesario recordar que conforme a lo dispuesto por el normativo 18 de la ley de la materia, uno de los tres momentos para computar ese plazo genérico es a partir del día siguiente a aquél en el que el titular de la acción constitucional haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En los párrafos anteriores se estableció que el acto impugnado en este asunto es la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, en donde se le citó para que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, compareciera a una audiencia ante la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 702/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, la cual atribuye al Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la Vía Pública y Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El acto descrito no es de aquellos que se enuncian en las cuatro fracciones del arábigo 17 de la Ley de Amparo; por tanto, en el caso rige el plazo genérico de quince días hábiles que señala el primer párrafo de ese precepto para la promoción del juicio constitucional. Ahora, debe señalarse que la justiciable tuvo conocimiento del acto reclamado el seis de enero de dos mil veintidós, porque en la razón actuarial de esa data que obra en el juicio de amparo 702/2019 del control de este Juzgado Federal se desprende que le fue notificado el proveído de cinco de enero anterior, dictado en ese medio extraordinario de defensa, en el que se dio vista a las partes que integran la relación jurídico procesal en ese asunto para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con el informe de cumplimiento del fallo protector rendido por las responsables y se le corrió traslado con el instrumento que constituye la actuación combatida, como lo hizo constar el fedatario judicial adscrito y el autorizado la quejosa estableció la recepción de ese documento de su puño y letra; por tanto, el seis de enero de dos mil veintidós, se enteró de su contenido, porque en la razón actuarial referida se establecieron los aspectos destacados, lo que le posibilitó planear un estrategia de defensa para atacar de manera oportuna ese acto, por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente a aquel en el que la justiciable haya tenido conocimiento de la actuación impugnada. En ese sentido, es claro que la inconforme tuvo conocimiento de la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, en donde se le citó para que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, compareciera a una audiencia ante la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 702/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, que reprocha al Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la Vía Pública y Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el seis de enero de dos mil veintidós. Para demostrar ese aserto debe indicarse que del juicio de amparo 702/2019 del control de este Juzgado Federal se advierte que Lilian de Monserrat Marín González reclamó de la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, del Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en Vía Pública y Presidente de la Comisión, de la Regidora de Gobierno y Espectáculos de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Regidora de Artes, Cultura y Patrimonio Inmaterial y de Educación, Ciencia y Tecnología, del Subdirector de Regulación de la Actividad en Vía Pública, todos del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los actos consistentes en: (i) el acuerdo de inicio al procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, específicamente, en el apartado que ordena la suspensión temporal de operaciones de la actividad comercial móvil con equipo rodante; (ii) el emplazamiento a dicho procedimiento, practicado mediante oficio DG/SRAVP/182/2019, el veintitrés de julio de dos mil diecinueve; y, (iii) todo lo actuado con posteridad a dicho emplazamiento, así como las consecuencias jurídicas de esos actos. Substanciado el proceso constitucional en sus etapas, el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva en ese asunto, en la que por un lado se negó el amparo a la disidente, respecto del (i) acuerdo de inicio al procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, específicamente, en el apartado que ordena la suspensión temporal de operaciones de la actividad comercial móvil con equipo rodante y, por otro, se otorgó la protección constitucional a la justiciable en relación a las actuaciones consistentes en (ii) el emplazamiento a dicho procedimiento, practicado mediante oficio DG/SRAVP/182/2019, el veintitrés de julio de dos mil diecinueve y, (iii) todo lo actuado con posteridad a dicho emplazamiento, así como las consecuencias jurídicas de esos actos; esa resolución causó ejecutoria por ministerio de ley como se indicó en el proveído de diecinueve de noviembre del año próximo pasado, por lo que en ese auto se requirió a las responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector. Luego, en el proveído de cinco de enero del año en curso, dictado en ese medio extraordinario de defensa se dio vista a las partes que integran la relación jurídico procesal en ese juicio constitucional para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por las responsables, en el entendido de que en el caso de que no realizaran manifestación alguna se resolvería lo conducente respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El proveído anterior se notificó de manera personal a Lilian de Monserrat Marín González el seis de enero de dos mil veintidós, por conducto de su autorizado; en la razón actuarial de esa data el fedatario judicial de la adscripción hizo constar la notificación que realizó a la disidente de ese auto y le corrió traslado con el instrumento que constituye el acto reclamado, tal como lo hizo constar ese servidor público; además, el autorizado de la quejosa estableció la recepción de ese documento de su puño y letra; por tanto, el seis de enero de dos mil veintidós, se enteró del contenido de esa actuación. Las actuaciones descritas del juicio biinstancial señalado constituyen hechos notorios para este órgano de control constitucional, en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a lo estatuido por su numeral 2, porque se trata de un asunto que corresponde a su estadística, el cual se tiene a la vista al dictar esta determinación y no es necesario agregar copia certificada de las constancias enunciadas. En respaldo de lo anterior se cita por las razones que expone la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Lo anterior evidencia que la disidente tuvo conocimiento de la actuación combatida, es decir, de la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, en donde se le citó para que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, compareciera a una audiencia ante la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 702/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, que atribuye al Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la Vía Pública y Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el seis de enero de dos mil veintidós, porque en la razón actuarial de esa data fue notificada del proveído de cinco de enero anterior, dictado en ese medio extraordinario de defensa, en el que se dio vista a las partes que integran la relación jurídico procesal en ese juicio constitucional para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con el informe de cumplimiento del fallo protector rendido por las responsables y se le corrió traslado con el instrumento que constituye el acto reclamado, como lo hizo constar el fedatario judicial de la adscripción y el autorizado de la propia quejosa estableció la recepción de ese documento de su puño y letra; por tanto, el seis de enero de dos mil veintidós, se enteró de su contenido, porque en la razón actuarial referida se establecieron los aspectos destacados, lo que le posibilitó planear un estrategia de defensa para atacar de manera oportuna ese acto. Luego, si la disidente tuvo conocimiento del acto impugnado el seis de enero de dos mil veintidós, entonces el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional transcurrió del siete al veintisiete de enero de dos mil veintidós. Del plazo indicado se descuentan el ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés, todos de enero de dos mil veintidós, por ser inhábiles en términos de lo establecido por el arábigo 19 de la ley de la materia. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el veintidós de febrero de dos mil veintidós, tal como se colige del sello original de recepción puesto en la primera hoja de ese ocurso, entonces debe estimarse que ocurrió de manera extemporánea y, por ende, que este medio procesal de tutela constitucional no se promovió dentro del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque entre la fecha en la que inició a correr ese plazo y la de presentación de la demanda de amparo transcurrió con exceso el lapso de quince días indicado, puesto que mediaron treinta y dos días hábiles, lo que conduce a establecer que la disidente consintió tácitamente el acto combatido al Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la Vía Pública y Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, en donde se le citó para que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, compareciera a una audiencia ante la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 702/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, al haber ejercido la acción constitucional fuera del plazo genérico previsto legalmente. Entonces, si la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, ya que entre las datas que fueron precisadas transcurrió con exceso el plazo genérico de quince días hábiles establecido por el numeral 17 de la legislación invocada debe concluirse que este juicio de protección de los derechos fundamentales es notoriamente improcedente ante el consentimiento tácito del acto reclamado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 13 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Lilian de Monserrat Marín González en contra del acto reclamado al Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la Vía Pública y Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, en donde se le citó para que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, compareciera a una audiencia ante la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 702/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. II. RESPECTO DE LA CAUSAL PREVISTA POR EL ARÁBIGO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN VI, DE LA PROPIA LEGISLACIÓN, ESTE ÚLTIMO INTERPRETADO EN SENTIDO CONTRARIO. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, del precepto inserto en segundo orden se advierte que el juicio de protección de los derechos fundamentales procede contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él. En tal sentido, debe precisarse que tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse al supuesto de procedencia del amparo indirecto previsto por el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; sin embargo, acorde con el criterio actual adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Con base en lo anterior es factible sostener que para los efectos del juicio de amparo, en términos del ordinal 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es en principio aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del asunto o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, y queda incluida en este concepto por equiparación la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 7/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por otro lado, es preciso indicar que el Alto Tribunal del País ha establecido en relación con la procedencia de este medio procesal de tutela constitucional cuando se promueve por una persona extraña al juicio por equiparación que ese carácter se pierde cuando el gobernado conoce de la existencia del procedimiento contencioso y de sus datos de identificación antes de que se dicte la sentencia, ya que basta ese conocimiento para dar por sentado que está en aptitud de integrarse a la relación jurídica procesal para hacer valer los recursos y los medios ordinarios de defensa previstos por la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. La Superioridad también ha sostenido que cuando el afectado conoce de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparece al asunto a pesar de que no haya sido legalmente emplazado desvirtúa su carácter de persona extraña frente al procedimiento relativo, porque al acudir a la controversia tiene la posibilidad de defenderse dentro de ella, pero puntualizó que ese criterio no es extensivo a todos los casos, ya que no es válido afirmar que la calidad de persona extraña al juicio alegada por la parte formal en el contradictorio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del proceso contencioso y la comparecencia a él, porque basta que antes de que se dicte el fallo correspondiente el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda ese carácter, dado que en tal supuesto está en aptitud de incorporarse a la relación jurídica procesal para hacer valer los mecanismos de defensa establecidos por la legislación aplicable a fin de defender sus intereses. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También se cita por las razones que suministra la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, que informa: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.', la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.', en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Enseguida debe tenerse presente que la disidente promovió este medio extraordinario de defensa ostentándose como persona extraña frente al procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, dado que asevera que no fue debidamente llamada a ese procedimiento y tampoco se le emplazó de manera correcta, por lo que sostiene que dichas situaciones provocaron que se vulnerara en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en la medida en la que la actuación atacada veda la posibilidad de que ejerza su derecho de defensa en ese procedimiento administrativo. Sin embargo, del contenido integral del escrito inicial y su anexo se advierte que la peticionaria del amparo conoció de la existencia de tal procedimiento antes de que pueda pronunciarse la resolución final en dicho asunto. Con base en lo anterior, es factible sostener que si el procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019 se encuentra en trámite, de acuerdo con lo expuesto por la justiciable y hasta este momento no se ha dictado la resolución que culmine ese asunto, entonces la calidad de persona extraña al juicio con la que la inconforme se ostenta está desvirtuada, porque conoció de la existencia de ese procedimiento, de sus datos de identificación y la autoridad ante la cual se instrumenta antes de que pueda pronunciarse la resolución final respectiva, por lo que basta ese conocimiento para dar por sentado que está en aptitud de incorporarse al procedimiento respectivo para hacer valer los recursos y los medios ordinarios de defensa previstos por la ley para ejercer su derecho fundamental de defensa. En ese sentido, al estar evidenciado que la quejosa conoce del procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019 señalado antes de que pueda dictarse la resolución final en ese asunto es factible concluir que el carácter de persona extraña con la que promueve se encuentra desvirtuado, dado que en tal supuesto está en aptitud de incorporarse al citado procedimiento para hacer valer los mecanismos de defensa establecidos por la legislación aplicable a fin de defender sus intereses. Las consideraciones expuestas evidencian que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, en relación con el acto reclamado al Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la Vía Pública y Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, en donde se le citó para que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, compareciera a una audiencia ante la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 702/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, dado que la disidente no tiene el carácter de persona extraña frente a tal procedimiento y, en esa medida, está en aptitud de acudir a él y promover los mecanismos que estime pertinentes para defender sus derechos, en tanto que aún no ha concluido ese asunto con la resolución final. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Lilian de Monserrat Marín González en contra del acto reclamado al Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la Vía Pública y Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio en la Vía Pública de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo CMyCVP/EA/002/2019, en donde se le citó para que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, compareciera a una audiencia ante la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 702/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la inconforme el que indica en su ocurso y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a las personas que designa con esa calidad, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicita expresamente. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. En cuanto a la petición de la disidente relativa a que se realicen las notificaciones de las resoluciones que se dicten en este asunto en el número telefónico y en la cuenta de correo electrónico que proporciona, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 26 fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo dígase a la justiciable que no ha lugar a acordar de manera favorable su petición, porque para estar en aptitud de autorizar la realización de notificaciones electrónicas en el presente asunto es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas y deben señalar el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que en el caso se haya colmado esas exigencias con el suministro de un número telefónico y de una cuenta de correo electrónico, porque en todo caso esos datos servirán para establecer un contacto con la quejosa en el supuesto de las comunicaciones no procesales, como se indica en los arábigos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, pero no para autorizar la práctica de notificaciones electrónicas; en consecuencia, una vez que se satisfagan los aludidos requisitos, previa insistencia de la justiciable respecto de la solicitud indicada, se proveerá lo que en derecho corresponda. No obstante lo anterior, con base en lo previsto por los dispositivos 5 y 22 del Acuerdo General citado en primer orden se tiene a la titular de la acción de amparo proporcionando el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que señala para establecer el contacto con ella en los casos de las comunicaciones no procesales. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

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