Lilia Herlinda López Paniagua
Expediente 334/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lilia Herlinda López Paniagua
- Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, remite testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente en revisión 182/2021 de su índice, interpuesto por la quejosa Lila Herlinda López Paniagua, contra la interlocutoria dictada el catorce de abril de dos mil veintiuno, en este cuaderno incidental; en consecuencia, acúsese recibo. Ahora bien, de la resolución de Alzada se advierte que la Superioridad declaró sin materia el citado medio de impugnación, por lo que hágase dicha circunstancia del conocimiento de las partes. En consideración a lo anterior, de la certificación de cuenta, se advierte que el dieciséis de junio del año en curso, se dictó un acuerdo en el expediente principal de donde deriva este incidente, en el cual causó ejecutoria la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio de amparo, en el cual se ordenó su archivo como definitivo; por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, mediante atento oficio hágase lo anterior del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de Decimotercer Circuito, para lo que tenga a bien acordar en el incidente en revisión 182/2021, formado con motivo del recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa contra la interlocutoria dictada el catorce de abril del año en curso, en el incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 334/2021, promovido por * * *, contra todo lo actuado en el juicio sumario especial 190/2019, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y su ejecución, a cargo del actuario de su adscripción. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si le asiste la razón a la parte quejosa respecto a su pretensión de que se le debe otorgar garantía de audiencia en el referido juicio en materia civil. ANTECEDENTES Ante el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, Norberto Garnica García, con el carácter de apoderado de Abigail García Garnica, promovió un juicio sumario especial de desahucio, contra de Olimpio Romagnoli, al cual correspondió el 190/2019, respecto al bien inmueble ubicado en privada de Ricardo Hemández Casanova, casa 4, localidad San Sebastián Tutla, Oaxaca. Por auto de trece de junio de dos mil diecinueve, se radicó dicha demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada, cuya diligencia se efectuó por conducto de la aquí quejosa Lila Herlinda López Paniagua, el siete de agosto de dos mil diecinueve. Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo al demandado Olimpio Romagnoli contestando la demanda entablada en su contra. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia correspondiente, en la que se condenó a la parte demandada Olimpio Romagnoli, a la desocupación y entrega del bien inmueble arrendado y en su caso al lanzamiento del mismo. Por auto de quince diciembre de dos mil veinte, se tuvo al actor Norberto Garnica García, con el carácter de apoderado de Abigail García Garnica, promoviendo incidente de ejecutoriedad de sentencia. La quejosa refiere que el cinco de abril de dos mil veintiuno, se percató que su marido Olimpio Romagnoli, estaba demandado por Norberto Garnica Garcia, apoderado de Abigail García Garnica, en el referido juicio sumario especial 190/2019. Por lo anterior, acudió al dicho Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, pero no le dieron intervención porque argumentaron que no era parte. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Lila Herlinda López Paniagua, promovió juicio de amparo contra todo lo actuado en el expediente 190/2019 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y la ejecución de la sentencia dictada el diecinueve de febrero de dos mil veinte. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por auto de siete de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda promovida por la parte quejosa, la registró con el número 334/2021 y la admitió a trámite; asimismo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado. Seguido el trámite de ley, se celebró la audiencia constitucional que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tienen su origen dentro del territorio en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y del actuario llevador del expediente número 190/2019, adscrito a la segunda secretaría del citado órgano jurisdiccional, lo siguiente: La falta de emplazamiento, todo lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia y la orden de ejecución, dentro del juicio sumario civil 190/2019, promovido por Norberto Garnica García, en su calidad de apoderado de Abigail García Garnica, en contra de Olimpio Romagnoli. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia de los actos reclamados, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y que se corrobora con las documentales que remitió, consistentes en el juicio sumario especial 190/2019, de su índice. Medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." ANÁLISIS DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Como es sabido, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual solo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, por lo que éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. Este órgano jurisdiccional considera que respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en: la falta de emplazamiento, todo lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia y la orden de ejecución, dentro del juicio sumario civil 190/2019, promovido por Norberto Garnica García, en su calidad de apoderado de Abigail García Garnica, en contra de Olimpio Romagnoli; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del precepto 61, en correlación con el ordinal 5, fracción I, de la Ley de la Materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De lo reproducido se advierte que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Además, es oportuno señalar que la legitimación procesal, es la capacidad o potestad legal para ejercer o desplegar actos válidamente dentro del juicio, esto es, se traduce en la aptitud legal suficiente para ejercitar una acción dentro de un proceso determinado y poner así en movimiento al órgano jurisdiccional; en tanto que la legitimación en la causa, se identifica como interés jurídico, mismo que se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de una acción de índole jurisdiccional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con el quejoso. Cabe precisar, que el interés jurídico se traduce en la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado y la posterior violación o desconocimiento del mismo, es lo que configura uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías en los términos que lo establecen los artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues en caso de no demostrarse durante la secuela, da lugar a la improcedencia del juicio de garantías. Esto es así, ya que el artículo 6 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame y que sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. De ahí que el agraviado, para promover el juicio de amparo debe tener un derecho que se pretende desconocido por las autoridades a través de los actos que reclama; y por ende, un interés jurídico que se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Por ello, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta y cinco, Volumen 72, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". En consecuencia, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable y desde luego que dentro del juicio de garantías debe acreditar que existe a su favor ese derecho. Sentado lo anterior, en el caso concreto, la ahora solicitante de la tutela constitucional, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de garantías, cuenta habida que los actos reclamados en nada inciden en la esfera jurídica de los derechos que le son propios. Esto es así, porque en el sumario civil 190/2019, promovido por Norberto Garnica García, en su calidad de apoderado de Abigail García Garnica, en contra de Olimpio Romagnoli, fue accionado con motivo de la recisión de un contrato de arrendamiento celebrado entre dichas partes, respecto al bien inmueble ubicado en privada de Ricardo Hernández Casanova, casa 4, localidad San Sebastián Tutla, Oaxaca. De lo que se desprende que la quejosa Lila Herlinda López Paniagua no es parte de la relación jurídica procesal creada con motivo de la instauración del procedimiento de origen, por lo que no existe demanda de prestación alguna en su contra, para ahí derivar la necesidad de que le sea comunicada las determinaciones reclamadas. En ese sentido, conviene señalar que las personas que son partes de un juicio, son quienes están sometidas a la decisión de la autoridad judicial, a fin de que declare o constituya un derecho o imponga una condena, o bien, se les absuelva de las prestaciones reclamadas. De modo que las partes en un juicio son aquellas que piden o contra quienes se pide en juicio una declaración de derecho. Por esas razones, las partes son las únicas que en ese juicio pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya sea para demostrar su acción o sus excepciones, así como para impugnar las determinaciones que les agravien. De ahí que también sean las únicas facultadas para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de la violación que estiman infringida por la autoridad judicial, al haberse realizado dentro de dicho procedimiento. Luego, como se estableció, la quejosa es ajena a la relación jurídico procesal establecida en la jurisdicción voluntaria de origen, razón por la cual, en un primer término, los actos reclamados no afectan su interés jurídico y, por ende, no le causa algún agravio personal y directo. Por lo tanto, la quejosa al no ser parte en el sumario civil 190/2019, se ostenta con el carácter de tercera extraña en estricto sentido, para efectos del juicio de amparo. Esto, porque por tercera extraña, se entiende a aquella persona física o moral que no figura en el procedimiento como parte en sentido material (actor, demandado, tercero interesado, etc.), pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es decir, lo que se busca es sustraer de una contienda y sus efectos, los derechos que hubieran sido afectados al gobernado precisamente porque la misma no se enderezó en su contra, de ahí que no sea el proceso la sustancia del debate en la sede constitucional, ya que los efectos de la sentencia que llegara a dictarse, no tendrían por consecuencia vincular a que se deje insubsistente todo lo ahí actuado, sino únicamente restituirle los derechos afectados. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 1305, Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." De ahí que, la quejosa al promover con dicha calidad, para que demuestre tener un interés jurídico susceptible de ser protegido en esta instancia constitucional respecto del inmueble que defiende, debe acreditar que tiene un derecho jurídicamente tutelado para que este órgano de control constitucional este en aptitud legal de analizar el fondo de la inconstitucionalidad planteada al respecto. Al respecto, la peticionaria de amparo señaló bajo protesta de decir verdad en su demanda lo siguiente: a) Que desde el año mil novecientos noventa y nueve, ha vivido y habita en el domicilio ubicado en privada de Ricardo Hemández Casanova, casa 4, localidad San Sebastián Tutla, Oaxaca. b) Su esposo Olimpio Romagnoli, le dijo que le había comprado esa casa. c) Que ha ocupado el citado inmueble a título de propietaria, es decir, con ánimus domini, o sea, sin reconocer la existencia de otro propietario o poseedor mediato del bien, además, en forma pacífica, continua y pública por más de veintiún años. d) El inmueble referido tiene las medidas y colindancias siguientes: Al Norte, mide 22 metros y colinda con la casa número 5, habitada por Piero A. Buila Durazo. Al Sur, mide 22 metros y colinda con casa número 3 ocupada por Joice Ordaz Giron. Al Oriente, mide 8 metros y colinda con privada Ricardo Hernández Casanova; y al poniente mide 8 metros y colinda con la propiedad del Dr. Aragón Curí. e) El cinco de abril de dos mil veintiuno, la quejosa refiere que se percató que su marido Olimpio Romagnoli, esta demandado por Norberto Garnica Garcia, apoderado de Abigail García Garnica, donde le reclaman en juicio sumario especial 190/2019, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la acción desahucio en el juicio en contra de su propiedad, y al preguntarle le comento que ya estaba la fecha para ejecutar la sentencia donde ordenaban sacarlo. f) Por lo anterior, acudió al dicho Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, pero no le dieron intervención porque argumentaron que no era parte. Para acreditar su dicho ofreció como prueba: Copia certificada de la credencial de elector expedida a su favor, por el Instituto Federal Electoral, donde se aprecia como domicilio de la identificada el ubicado en Privada de Ricardo Hernández Casanova, casa 4, localidad San Sebastián Tutla, Oaxaca. Copia Certificada de un estado de cuenta de la institución bancaria Banorte, a su nombre, donde se aprecia como domicilio de la cuentahabiente en citado inmueble. Copia certificada de un pago de tenencia vehicular del año dos mil seis, de un automóvil a nombre de la quejosa, donde se aprecia como su domicilio el citado inmueble. Sin embargo, tales probanzas son insuficientes para demostrar que la quejosa no demostró que tiene derecho a poseer el inmueble materia de disputa dentro del el sumario civil 190/2019, ubicado en privada de Ricardo Hernández Casanova, casa 4, localidad San Sebastián Tutla, Oaxaca. Que se ostenta como poseedora, pero no exhibe documento que acredite su derecho a poseer ese inmueble. Esto es así, porque con las documentales antes descritas, únicamente se demuestra que la quejosa Lila Herlinda López Paniagua habita en ese domicilio y lo tiene registrado como tal ante diversas instituciones públicas y privadas; pero no exhibe un documento que la acredite como la legítima poseedora y que por ello, lo actuado en el juicio sumario materia de estudio, afecta alguno de sus derechos. Máxime que, como se advirtió en líneas precedentes, la quejosa en su escrito inicial de demanda, manifestó bajo protesta de decir verdad que su esposo Olimpio Romagnoli, le dijo que le había comprado esa casa, cuya circunstancia no quedó acreditada con documento alguno de los descritos. De ahí que este juzgador estime que la promovente del amparo carece de interés jurídico, al no acreditar que los actos que reclama afecten su esfera jurídica de derechos. Más aún que el interés jurídico, tratándose del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones. Sobre este punto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, pronunciada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en la página diecisiete, número ochenta y dos, octubre de mil novecientos noventa y cuatro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 297, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página doscientos cuarenta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Así como la jurisprudencia 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página quince, tomo XV, febrero de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO, CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4º. De la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia el acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En las narradas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. No es obstáculo a la decisión que se adopta, el hecho de que se tuvo como cierto el acto reclamado, pues es requisito indispensable que el gobernado que estime violatorias sus garantías individuales impugne el acto de autoridad a través del juicio de garantías, en el que se observen las reglas o presupuestos establecidos por la propia ley para la procedencia de la acción constitucional. Así las cosas, no basta la existencia de un acto autoritario que según el gobernado, vulnere sus derechos fundamentales tutelados por la constitución política del país para que prospere el juicio, sino que se requiere que el peticionario de garantías acredite que ese acto afecta su esfera jurídica, que no es otra cosa que los derechos subjetivos tutelados por la ley, de suerte tal que si no se acredita el interés jurídico, la acción constitucional se torna improcedente. Sobre el particular tiene aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Jurisprudencia número I. 1o. A. J/3, visible en la página novecientos veintitrés, Tomo III, segunda parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Materia Administrativa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso". En consecuencia, la causal de sobreseimiento invocada impide ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Apoya lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad responsable a quien se le atribuye la ejecución de los actos reclamados en esta vía, ya que no fueron impugnados por vicios propios. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible en la página 50, volumen 24, tercera parte del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo que respecta a la falta de emplazamiento al presente juicio del diverso tercero interesado Olimpio Romagnoli, es necesario establecer que en atención a la conclusión alcanzada en los párrafos que anteceden, el suscrito considera que tal situación no le causa ningún perjuicio al haberse sobreseído en el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 41/98, de rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA." DECISIÓN Al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el dispositivo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por * * *, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de lo precisado en el apartado VI de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de Decimotercer Circuito, informa que aceptó la competencia que le fue declina por razón de materia, para conocer del recurso de revisión que hizo valer la quejosa ********************, contra la resolución interlocutoria de catorce de abril del año en curso, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 334/2021. Así mismo, informa que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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