Lilia Delgado Pineda
Expediente 747/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- LILIA DELGADO PINEDA y Otros.
- Lilia Delgado Pineda
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta municipalidad, por el que hace saber que se admitió el recurso de queja hecho valer en el presente juicio de amparo, al que le correspondió el toca 251/2019, por lo que este órgano jurisdiccional queda enterado de lo expuesto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mesa de Amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene a la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado de Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito informando que en el recurso de queja 251/2019 de su índice, previo a acordar respecto a la admisión o no del medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa en contra del auto que desechó su demanda de amparo, requirió a dicha parte procesal para que ratificara la firma que calza el escrito de agravios al que correspondió el folio 13283; por lo que este juzgado queda enterado de lo manifestado para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mesa de Amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el libelo señalado en la nota de cuenta mediante el cual se advierte que la quejosa **************** interpone recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este expediente. Atento lo anterior, se ordena remitir el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimotercer Circuito, en turno, rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación... Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 747/2019. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Lilia Delgado Pineda, porque en relación a los actos que reclama, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que no constituyen actos de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto en principio debe señalarse que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la quejosa en el escrito de cuenta, se advierte lo siguiente: Refiere que . . y otras personas invadieron una parte de un terreno de su propiedad y promovieron un interdicto en su contra para retener la posesión. Dicho expediente se radicó ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, radicándose el expediente 80/2018. Manifiesta que una vez que se le emplazó al mencionado juicio, contestó en tiempo y forma la demanda y ofreció pruebas, mismas que fueron desechadas, por lo que interpuso recurso de apelación, integrándose el toca civil 333/2018 en la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el que ordenó revocar el auto apelado y la admisión de las pruebas ofertadas. Posteriormente, el veinte de agosto de dos mil dieciocho, ofreció como prueba superveniente un sobre cerrado con dos videos, los cuales contenían grabaciones relativas a la diligencia de inspección judicial practicada por la entonces Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Santo Domingo Zanatepec, con el fin de demostrar que lo asentado por la fedataria que llevó a cabo la diligencia no coincide con los hechos reales ocurridos en dicha inspección. Sin embargo, por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Juez natural determinó no admitir las pruebas señaladas en el párrafo que antecede. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, el que se turnó a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde se radicó el toca civil 79/2019 y el doce de julio pasado, se confirmó el auto apelado. En ese orden de ideas, es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional del País al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Corte puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro siete, junio de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página treinta y nueve, de contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). . . Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, página mil ochenta y seis, que reza: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.. . También fortalece lo expuesto la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro veintinueve, abril de dos mil dieciséis, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página quince, que señala: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. . . En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva, es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable, los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar hasta el dictado del fallo definitivo para poder combatir en la vía directa las violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de dicho fallo. Con base en lo anterior, debe establecerse que la resolución de la Sala que confirma el acuerdo por el cual se determinó no admitir las pruebas supervenientes que ofertó la aquí quejosa, no constituye un acto de imposible reparación en la medida en que no produce una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, etcétera. Lo expuesto patentiza que el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, sino que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se dicta una sentencia favorable para los intereses de la promovente del amparo. Efectivamente, la resolución de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca que confirma el auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho que no admitió las pruebas supervenientes que ofertó, por el momento en que se produce sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales. Por ende se insiste, no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa situación ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva -esto es, cuando se dicte sentencia definitiva- en la medida en que influya en sentido negativo para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva para poder combatir esa violación adjetiva mediante el juicio de amparo directo, siempre que haya afectado las defensas de la inconforme, trascendiendo al resultado del fallo, en términos de lo prescrito en el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En esa línea, el hecho de que se haya determinado no admitir las pruebas supervenientes que ofertó y que esa decisión de haya confirmado por la Sala responsable, no puede conducir a considerar que se está frente a un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado en la Carta Magna o en los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales, porque puede ocurrir que la afectada obtenga una sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hayan causado con la deserción de la probanza relativa. Dicho en otros términos, los efectos de la resolución que confirmó la no admisión de la prueba que ofreció, se actualizarán hasta el dictado del fallo definitivo, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con esa determinación se vulneraron las defensas de la promovente y si con motivo de ello se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado del fallo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Ya que se insiste, la única afectación que resiente la quejosa con la no admisión de su prueba superveniente, únicamente afecta derechos adjetivos que pueden repararse en caso de obtener sentencia favorable, y de no ser así, impugnarse en la vía correspondiente. Luego, si la resolución reclamada no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es indudable que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que puedan ser consideradas como actos que producen efectos de imposible reparación. Por las consideraciones expuestas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Lilia Delgado Pineda, contra la resolución de doce de julio de dos mil diecinueve, dictada en el toca 79/2019 del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó el auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el cual el Juez Mixto de Primera Instancia de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca determinó no admitir la prueba superveniente que ofertó, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica, y por autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Levin Schadsy Dolores Santiago, debido a que su cédula aparece en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho con el número 5844318 y únicamente para oír y recibir notificaciones a Martín Vargas Ruiz, por así señalarlo expresamente Notifíquese personalmente. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LALEY DE AMPARO
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