Liebing Geovani Victoria Silva
Expediente 536/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Liebing Geovani Victoria Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, dado que resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas que el Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con sede en esta ciudad, aportó en este juicio constitucional, devuélvase ese instrumento mediante el oficio que al efecto se elabore. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos se advierte que en el juicio de amparo 536/2020 del que deriva esta incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese sumario y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se negó la suspensión provisional y en la interlocutoria pronunciada el tres de diciembre posterior, se negó la medida cautelar definitiva; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos de lo establecido por el normativo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que en este incidente de suspensión se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c), del artículo 21 del citado Acuerdo General. En otro punto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. En diverso aspecto, se estima que este incidente carece de relevancia documental, porque el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
".S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 536/2020 promovido por Liebing Geovanni Victoria Silva, en contra de la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veinte de julio de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020, en donde solicitó la devolución del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, y del acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veinte, dictado en dicha indagatoria, en donde se decretó el aseguramiento de esa unidad motriz, como objeto del delito de robo de vehículo específico equiparado previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca y se negó al justiciable la devolución del automóvil descrito, los cuales se atribuyen al Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con sede en esta localidad. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de petición, de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos por los numerales 8, 16 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. El diecisiete de junio de dos mil veinte, tres Agentes de la Policía Estatal de Oaxaca pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con domicilio en esta ciudad, a Liebing Geovanni Victoria Silva y un vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, porque los citados Agentes de Policía detuvieron al inconforme cuando conducía esa unidad motriz en una vialidad de la capital de esta entidad federativa, dado que las placas de circulación señaladas contaban con reporte de robo en la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados. 2. Al momento de su detención, el quejoso proporcionó a los Agentes de la citada institución policial su domicilio y su número telefónico 951 649 97 72, así como uno diverso de contacto que corresponde a su cónyuge. 3. En la propia data, el Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con residencia en esta localidad, inició la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020 en contra de Liebing Geovanni Victoria Silva, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo específico equiparado perpetrado en agravio de la sociedad, previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca. 4. A través del escrito presentado el veinte de julio de dos mil veinte, el disidente solicitó dentro de la citada carpeta de investigación la devolución del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, al cual anexó una documental que consideró pertinente para justificar su petición. 5. Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veinte, dictado en dicha indagatoria, el Fiscal señalado decretó el aseguramiento de la unidad motriz descrita, como objeto del delito de robo de vehículo específico equiparado previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca y en cuanto a la solicitud del justiciable contenida en el ocurso señalado en el punto que antecede, negó la devolución del automóvil descrito por las razones que expuso en tal proveído. 6. El cuatro de agosto de dos mil veinte, el aludido representante social notificó al inconforme el auto descrito en el punto que antecede, por la vía telefónica al número que proporcionó al momento de su detención e informó al disidente la negativa de devolver el vehículo que solicitó. 7. En consideración del titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 8. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Liebing Geovanni Victoria Silva promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. 9. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 8, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. 10. Por acuerdo de veintiuno de septiembre del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola con el progresivo 536/2020; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 11. La audiencia constitucional se llevó a cabo el nueve de febrero de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 12. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos que se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 13. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 14. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 15. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: Del Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con sede en esta ciudad, combate: ? La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veinte de julio de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020, en donde solicitó la devolución del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México. ? El acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veinte, dictado en dicha indagatoria, en donde decretó el aseguramiento de esa unidad motriz, como objeto del delito de robo de vehículo específico equiparado previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca y negó al justiciable la devolución del automóvil descrito. V. INEXISTENCIA DE UN ACTO IMPUGNADO 16. No es cierto el acto atribuido al Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con residencia en esta localidad, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que el justiciable presentó el veinte de julio de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020, en donde solicitó la devolución del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México. 17. Se sostiene lo anterior, porque la citada autoridad en su informe justificado negó la existencia de esa actuación, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. 18. Además, la inexistencia de esa actuación se desprende de las constancias de la citada indagatoria que la mencionada responsable allegó en copias certificadas, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. 19. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO... 20. En efecto, de las actuaciones de la carpeta de investigación de origen se advierte lo siguiente: 21. El diecisiete de junio de dos mil veinte, tres Agentes de la Policía Estatal de Oaxaca pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con domicilio en esta ciudad, a Liebing Geovanni Victoria Silva y un vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, porque los citados Agentes de Policía detuvieron al inconforme cuando conducía esa unidad motriz en una vialidad de la capital de esta entidad federativa, dado que las placas de circulación señaladas contaban con reporte de robo en la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados. 22. Al momento de su detención, el quejoso proporcionó a los Agentes de la citada institución policial su domicilio y su número telefónico 951 649 97 72, así como uno diverso de contacto que corresponde a su cónyuge. 23. En la propia data, el Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con residencia en esta localidad, inició la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020 en contra de Liebing Geovanni Victoria Silva, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo específico equiparado perpetrado en agravio de la sociedad, previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca. 24. A través del escrito presentado el veinte de julio de dos mil veinte, el disidente solicitó dentro de la citada carpeta de investigación la devolución del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, al cual anexó una documental que consideró pertinente para justificar su petición. 25. Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veinte, dictado en dicha indagatoria, el Fiscal señalado decretó el aseguramiento de la unidad motriz descrita, como objeto del delito de robo de vehículo específico equiparado previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca y en cuanto a la solicitud del justiciable contenida en el ocurso señalado en el punto que antecede, negó la devolución del automóvil descrito por las razones que expuso en tal proveído. 26. El cuatro de agosto de dos mil veinte, el aludido representante social notificó al inconforme el auto descrito en el punto que antecede, por la vía telefónica al número que proporcionó al momento de su detención e informó al disidente la negativa de devolver el vehículo que solicitó. 27. Lo anterior revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto omisivo atacado no existía. 28. En efecto, se estima que al dieciocho de septiembre de dos mil veinte -data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión de dar respuesta al escrito que el disidente presentó el veinte de julio de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020, en donde solicitó la devolución del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, porque como se estableció el veinticinco de julio de esa anualidad, en la citada indagatoria, el Fiscal responsable decretó el aseguramiento de la unidad motriz descrita, como objeto del delito de robo de vehículo específico equiparado previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca y en cuanto a la solicitud del justiciable contenida en el ocurso señalado, negó la devolución del automóvil descrito por las razones que expuso en el proveído de la última data y esa determinación la notificó al disidente el cuatro de agosto siguiente, por la vía telefónica al número que proporcionó al momento de su detención e informó al disidente la negativa de devolver el vehículo que solicitó. 29. Tal situación evidencia que al menos un mes y medio antes de que el justiciable presentara su demanda de amparo, el órgano técnico de investigación responsable notificó por la vía telefónica al titular de la acción constitucional la respuesta que dio a su petición contenida en su escrito presentado el veinte de julio de dos mil veinte, en donde negó la devolución de la unidad motriz descrita; por tanto, no accedió a su pretensión. 30. Lo anterior pone de relieve que a la data en la que el disconforme promovió el juicio constitucional, el representante social responsable ya había notificado su respuesta a la solicitud que el disidente formuló. 31. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" 32. El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. 33. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. 34. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su demanda de amparo pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente, porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. 35. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo reclamado era inexistente es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 36. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA... 37. También cobra vigencia la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES... 38. Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito , que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO...39. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente asunto en cuanto al acto combatido al Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que el justiciable presentó el veinte de julio de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020, en donde solicitó la devolución del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, dada su inexistencia. VI. EXISTENCIA DEL DIVERSO ACTO COMBATIDO 40. Es cierto el acto combatido al Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con domicilio en esta localidad, consistente en el acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020, en donde decretó el aseguramiento del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, como objeto del delito de robo de vehículo específico equiparado previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca y negó al justiciable la devolución de la unidad motriz descrita, a pesar de que en su informe justificado negó la existencia de esa actuación; empero, dicha negativa fue desvirtuada con las manifestaciones que con posterioridad realizó de las cuales se advierte que reconoció su certeza, lo que conduce a tener por cierto el acto que fue atribuido a esa institución de procuración de justicia. 41. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que expone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA... 42. Además, la certeza del acto combatido se patentiza con las copias certificadas de las constancias de la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020, que el Fiscal responsable remitió en atención al requerimiento de veintiséis de noviembre del año próximo pasado, las cuales fueron valoradas en los párrafos precedentes, ya que en los autos de la indagatoria señalada se encuentra glosado el proveído atacado; de ahí que deba tenerse por demostrada la existencia de ese acto. VII. PROCEDENCIA 43. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 44. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO... 45. En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con domicilio en esta localidad, consistente en el acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020, en donde decretó el aseguramiento del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, como objeto del delito de robo de vehículo específico equiparado previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca y negó al justiciable la devolución de la unidad motriz descrita, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme consintió tácitamente esa actuación al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea. 46. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" 47. El precepto transcrito en último orden establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente y que se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional dentro de los plazos previstos legalmente. 48. Por otra parte, en el normativo 17 de la ley de la materia el legislador federal estableció un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo y, como excepciones a esa regla general, los casos siguientes: 48.1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyas hipótesis el plazo será de treinta días. 48.2. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años. 48.3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años contado a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. 48.4. Cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, a la Armada o a la Fuerza Aérea, en cuyos supuestos la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. 49. A su vez, el arábigo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos para el inicio del cómputo de los plazos (genérico y específicos) previstos por el ordinal 17 de la propia legislación, los cuales se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente: 49.1. A aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la actuación o de la resolución que reclame; 49.2. A aquél en el que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 49.3. A aquél en el que se ostente sabedor de la actuación combatida o de su ejecución. 50. En ese contexto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o de la actuación que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en el que haya tenido conocimiento de aquéllos o de su ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de esas actuaciones. 51. En esa línea, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en el que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas por el precepto 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que esos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. 52. Por otro lado, es necesario destacar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo debe estar probado de modo directo y no inferirse con base en presunciones. 53. Ese criterio jurídico se contiene en la jurisprudencia 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO... 54. También se invoca en respaldo de lo expuesto la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País , de contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL...55. La lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos permite establecer que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa le da la posibilidad de que pueda impugnarlo en la instancia constitucional, ya que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario podría darse el caso de que careciera de información para que estuviera en aptitud de hacerlo. 56. Con base en lo expuesto es factible sostener que para la actualización de la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acto que reclama, ya que sólo de esta manera el plazo genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda de amparo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación. 57. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, en virtud de que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días mencionado deba computarse a partir del siguiente al en el que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto que controvierte. 58. Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." 59. También cobra vigencia la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito , que indica: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." 60. Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que en la especie se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción constitucional examinado, porque la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días establecido por el ordinal 17 de la Ley de Amparo. 61. Para evidenciar lo anterior es necesario recordar que conforme a lo dispuesto por el normativo 18 de la ley de la materia, uno de los tres momentos para computar ese plazo genérico es a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la actuación o de la resolución que reclame. 62. En los párrafos anteriores se estableció que el acto impugnado en este sumario es el acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020, en donde se decretó el aseguramiento del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, como objeto del delito de robo de vehículo específico equiparado previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca y se negó al justiciable la devolución del automóvil descrito. 63. La actuación descrita no es de las que se enuncian en las cuatro fracciones del arábigo 17 de la Ley de Amparo, sino que se trata de un acto en donde se decretó el aseguramiento de una unidad motriz en una indagatoria y se negó su devolución; por tanto, en el caso rige el plazo genérico de quince días hábiles que señala el primer párrafo de ese precepto para la promoción del juicio constitucional. 64. Ahora, debe destacarse que de las actuaciones de la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020 de la estadística del Fiscal responsable se desprende que el acuerdo combatido se notificó personalmente al inconforme el cuatro de agosto de dos mil veinte, por la vía telefónica, en específico al número 951 649 97 72, que el disidente proporcionó al momento de su detención a los Agentes de la Policía Estatal de Oaxaca, en términos de lo señalado por el normativo 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales , por lo que elaboró la constancia respectiva que obra en la citada indagatoria. 65. Por otro lado, debe destacarse que la aludida notificación no fue combatida por el justiciable ni aportó algún medio de convicción con el que demostrara que esa notificación fue declarada nula, conforme a lo estatuido por el arábigo 88 del Código Nacional del Procedimientos Penales, que señala "La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código.". 66. Luego, si dicha notificación no fue atacada y tampoco el justiciable acreditó que se declaró su nulidad debe estimarse que goza del atributo de presunción de validez que no se desvirtuó; en contexto, es factible derivar de ella consecuencias jurídicas. 67. En esa línea, si el disidente fue notificado de manera personal del proveído impugnado el cuatro de agosto de dos mil veinte, entonces esa notificación surtió efectos al día siguiente al en el que se practicó, es decir, el cinco de agosto posterior, conforme a lo dispuesto por el ordinal 82, fracción I, inciso b), y último párrafo, del Código Nacional del Procedimientos Penales . 68. En ese sentido, el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional transcurrió para el quejoso del seis al veintiséis de agosto de dos mil veinte. 69. Del plazo indicado se descuentan el ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de agosto del año próximo pasado, por ser inhábiles en términos de lo establecido por el arábigo 19 de la ley de la materia. 70. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, la cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, como consta en la boleta de turno y en el sello de recepción puesto por la citada dependencia en la primera hoja del escrito inicial, entonces debe estimarse que ocurrió de manera extemporánea y, por ende, que este medio procesal de tutela constitucional no se promovió dentro del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. 71. Se afirma lo anterior, porque entre la fecha en la que inició a correr ese lapso y la de presentación de la demanda de amparo transcurrió con exceso el plazo de quince días indicado, aproximadamente treinta días hábiles, lo que conduce a establecer que el disidente consintió tácitamente el acto impugnado al haber ejercido la acción constitucional fuera del lapso genérico previsto legalmente. 72. Entonces, si la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, ya que entre las datas que fueron precisadas transcurrió con exceso el plazo genérico de quince días hábiles establecido por el numeral 17 de la legislación invocada debe concluirse que este juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente ante el consentimiento tácito del acuerdo atacado; de ahí que en el caso concreto se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. 73. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 13 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." VIII. DECISIÓN 74. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal determina decretar el sobreseimiento en este juicio constitucional, con fundamento en lo previsto por el normativo 63, fracción V, del propio ordenamiento, respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la mesa Uno con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía con Detenidos, con domicilio en esta localidad, consistente en el acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020, en donde decretó el aseguramiento del vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 1998, tipo Sedán, color morado, con números de serie 1HGCG5540WA067784 y placas de circulación MNW 1450 del Estado de México, como objeto del delito de robo de vehículo específico equiparado previsto y sancionado por el artículo 357 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca y negó al justiciable la devolución del automóvil descrito. 75. En otro aspecto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada es innecesario el estudio de la diversa que el Fiscal Federal adscrito a este órgano jurisdiccional invocó en su escrito de alegatos, porque aun cuando operara la que señala sería irrelevante, dado que el sentido de esta resolución no cambiaría. 76. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País , que informa: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." 77. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 78. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 79. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 80. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Liebing Geovanni Victoria Silva en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese personalmente (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no se celebró ni difirió la audiencia constitucional en la fecha que estaba señalada, cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de plazos y términos que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, a fin de reprogramar la fecha de la audiencia constitucional, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Atento a ello, se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Pronunciamiento sobre la promoción de cuenta. En diverso aspecto, agréguese el ocurso señalado en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Uno con Detenidos de la Fiscalía General de Oaxaca, en atención al requerimiento de veintiséis de noviembre del año próximo pasado, remite copia certificada de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación 18886/FVCE/OAXACA/2020; en consecuencia, se tiene a la responsable por cumplido el aludido requerimiento. Por otro lado, para un mejor manejo de ese instrumento, fórmese por separado el tomo I de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Tribunal, en el entendido de que conforma el expediente relativo a este asunto. En otro punto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase a la citada responsable por anunciada la documental indicada, sin perjuicio de admitirla, relacionarla y desahogarla en la audiencia constitucional, conforme a lo estatuido por los arábigos 123 y 124 de la ley de la materia, por lo que dese vista a las partes con el contenido de ese instrumento. Precisa señalar que para la consulta de las documentales indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 25/2020 del Pleno del citado Consejo, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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