Ligia del Rosario Molina Burgos

Expediente 946/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
946/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Ligia del Rosario Molina Burgos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de once de julio del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA V. M Vista la demanda de amparo promovida por LIGIA DEL ROSARIO MOLINA BURGOS, contra un acto que reclama del Coordinador de Información y Difusión del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad; por tanto, fórmese expediente y regístrese la demanda en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número V-946/2019. Ahora bien, toda vez que de la lectura del escrito de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la omisión por parte del Coordinador de Información y Difusión del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, de dar contestación al escrito presentado ante ella, el tres de junio de dos mil diecinueve. En el caso, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 113 de la Ley de Amparo y 8 constitucional, por las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable", no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el Juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el Juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintidós hipótesis establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de derechos fundamentales y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la quejosa, al cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Esto es así, pues respecto a la omisión de dar respuesta a su petición de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y, presentada ante la responsable el tres de junio del propio año, tal y como se advierte de las constancias que anexo la parte quejosa a su demanda de amparo, cabe destacar que si bien es cierto, de conformidad con el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario y aquélla persona que se ostenta titular de un derecho, el cual estima ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado; también resulta cierto, que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por la peticionaria de amparo, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, pues resulta que ese derecho subjetivo puede o no existir. Por el caso, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado con antelación: "Artículo 8º (constitucional). Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al "peticionario." En tales condiciones, es preciso que la quejosa demuestre que se encuentra afectada en su derecho de petición, pues de no hacerlo, como en el caso sucede, es patente que no se actualiza la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición y, por ende, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto de juicio de amparo, por tanto la acción constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el derecho fundamental que consagra el artículo 8 constitucional, se refiere a que toda petición hecha ante una autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo en breve término, y que éste se le haga saber a la interesada. Sin embargo, es preciso señalar que para determinar si una autoridad, en ejercicio de sus funciones, omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora bien, en la demanda de amparo promovida por la quejosa, se advierte que mediante escrito de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y, presentada ante la responsable el tres de junio del propio año, solicitó a la autoridad responsable copias certificadas de diversas constancias que obran en autos del expediente personal de la parte quejosa. En ese tenor, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término o plazo razonable, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petitoria de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que a la data en que se interpuso la demanda de derechos fundamentales, que lo fue el diez de julio del año en curso, en tanto que la solicitud fue hecha antes la autoridad responsable el tres de junio del año en curso, por lo que solo han pasado veintiocho días hábiles, como plasmó la parte quejosa en su demanda de amparo, lo cual realizó bajo protesta de decir verdad, por lo que aún no se puede hablar de una abierta omisión por parte de la autoridad señalada como responsable. Precisado lo anterior, el suscrito estima que en el caso se surte la causal de improcedencia en comento, ya que como quedó precisado con antelación, la parte quejosa formuló petición ante la autoridad responsable el tres de junio del año en curso, según se advierte del contenido de su demanda, y el diez de julio del año en curso, presentó su escrito de demanda de amparo; por tanto, es incuestionable que no ha transcurrido un plazo prudente o razonable para que la autoridad a quien dirige su petición realice las gestiones conducentes para emitir la resolución correspondiente y lleven a cabo la notificación del mismo. Encuentra exacta aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de Tesis 294/2018, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De ahí que, si su demanda fue presentada el diez de julio del año en curso, y dicha petición fue realizada, el tres de junio del año en curso, cuya omisión de contestar reclama, es obvio que no ha transcurrido un plazo razonable o breve término para que la autoridad responsable de contestación a su petición formulada y estuviera en aptitud de hacerle de su conocimiento la respuesta recaída a la misma. En esa virtud, no es posible que a la fecha de la presentación del libelo de amparo, la autoridad responsable esté en aptitud de dar contestación y hacer del conocimiento de la quejosa la resolución recaída a su petición, dada la fecha de presentación de su solicitud ante la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1º.5 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Página 633, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 1, del mismo ordenamiento y 8 Constitucional, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar. Por otra parte, atento a lo solicitado por la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo; y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Antonio Sosa Yam y con las limitaciones que establece la parte final del referido numeral, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a Lucía del Carmen Moreno Manzano. Por otra parte, en cuanto a la diversa solicitud de la parte quejosa en el sentido del uso de aparatos electrónicos para el seguimiento del presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que pueda hacer uso de los medios electrónicos que alude en su escrito de cuenta al momento de la consulta del presente asunto Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.Esta foja corresponde a la parte final del acuerdo de fecha once de julio de dos mil diecinueve, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno bajo el número V-946/2019. Conste.

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