Ligia Magdalena Escamilla Luna

Expediente 2413/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2413/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Ana Luisa Luna Canche
  • Ligia Magdalena Escamilla Luna
  • Bertha Imelda Escamilla Luna
  • Manuel Jesus Escamilla Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el único punto resolutivo que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados a las responsables; se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivados del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, además de que se tomó en consideración los lineamientos expuestos por la Dirección General de Archivos. Notifíquese.

  2. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ana Luisa Luna Canche, Ligia Magdalena Escamilla Luna, Carlos Francisco Escamilla Luna, Bertha Imelda Escamilla Luna, Manuel Jesús Escamilla Luna y José Alfredo Escamilla Luna, contra el acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino, con sede en esta ciudad de Mérida, precisado en el segundo considerando de la presente sentencia constitucional; por los motivos precisados en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio correspondiente al alegato ministerial rendido por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo y se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la citada Ley de Amparo, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del trece de enero de dos mil veintidós; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrar la correspondiente audiencia incidental, sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. En este acto, el Secretario hace relación de la totalidad de constancias que obran en autos y da cuenta con el informe previo rendido por la Jueza Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, el cual obra agregado en autos. A lo que la Jueza acuerda: Téngase por relacionadas las constancias que integran los autos y por rendido en tiempo y forma el informe previo de la autoridad responsable. Sentado lo anterior, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se procede a celebrar la audiencia incidental. Abierto el período de pruebas, el Secretario hace constar que no existe alguna prueba que desahogar, por lo que se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, se da cuenta de que no fueron formulados por las partes; por lo que se cierra dicha etapa. Asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula pedimento. A continuación, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Visto para resolver en definitiva el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2413/2021- VI, promovido por Ana Luisa Luna Canché (representante común) y otros, contra el acto que reclamaron del Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, por violación a los artículos 8, 14 y 16 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, por duplicado; se pidió a la responsable su informe previo; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora es legalmente competente para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 130 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentran los informes previos de las autoridades responsables, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que la parte quejosa reclama la omisión del Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, de fijar fecha para la celebración de la audiencia de ley, en autos del juicio de sucesorio 774/2018, de su índice. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. En el informe previo correspondiente al Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, se aceptó la existencia del acto omisivo reclamado, por tal motivo, debe tenerse por existente el acto reclamado para los efectos de esta resolución. CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Ahora bien, a fin de resolver sobre la suspensión que se solicita y dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, es menester señalar que el Máximo Tribunal del País, emitió la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) cuyos datos se citarán posteriormente, en la que consideró que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. Consideró que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, por lo que la naturaleza negativa de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Concluyó que la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, por lo que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. La jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) fue emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2021263, fuente Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Común), publicada el viernes 06 de diciembre de 2019 y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 y señala lo siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Bajo las consideraciones de la jurisprudencia citada, se estima que en el caso no es procedente otorgar la medida cautelar que se solicita. Lo anterior es así, pues lo primero que debe determinarse son las consecuencias que en cada caso pueden producir los actos reclamados, a fin de determinar si el efecto que podría darse a la suspensión es alguno de los dos escenarios posibles, esto es, mantener las cosas en el estado que se encuentran o restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de fijar fecha para la celebración de la audiencia de ley, en autos del juicio sucesorio de origen 774/2018, de su índice, por lo que sus efectos implican que subsista la omisión de fijar fecha para la celebración de la referida audiencia; por tanto, conforme a ese supuesto, no es aplicable la hipótesis de conceder la suspensión para mantener las cosas en el estado que se encuentran, ya que el acto al no tener ejecución, ningún efecto provocaría. Por otro lado, tampoco es factible conceder la suspensión con la finalidad de restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado y, en su caso, que se fije fecha para la celebración de la audiencia de ley, en autos del juicio sucesorio de origen 774/2018, del índice de la responsable, pues en caso de hacerlo así, inevitablemente se prejuzgaría sobre el fondo del asunto y además, coincidiría con una eventual sentencia concesoria de amparo, lo que agotaría y dejaría sin materia el juicio de amparo, siendo que ese no es el objetivo de la suspensión, aunado a que la jurisprudencia citada impide tal proceder. Por tanto, lo dable en el presente caso es negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, por los motivos y fundamentos hechos valer con antelación. Por lo expuesto y considerado, se establece el siguiente punto resolutivo y esta Jueza, R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Ana Luisa Luna Canché (representante común) y otros la suspensión definitiva que solicitó contra el acto que reclamó del Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese.

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