Ligia María Parra Chable

Expediente 1194/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1194/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Ligia María Parra Chable

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el siete de junio de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, a siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y anexo que acompaña con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en diversas actuaciones del juicio laboral 282/2016. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye "la negativa por parte de la autoridad responsable de proporcionar al quejoso la justicia pronta y expedita, al no emitir y realizar el nombramiento de Notario Público con residencia en esta ciudad, para que en el desempeño de su cargo se constituya al local que ocupa esa H. Junta Especial Número Cuatro, para rendir protesta a su cargo y emita el proyecto de Escrituración con Traslación de dominio, con vías, previa su aprobación, se realice de manera definitiva la escrituración del inmueble embargado, rematado y adjudicado a mi favor, y darle continuación al expediente" en autos del juicio laboral 282/2016. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama en esencia la negativa por parte de la autoridad responsable para nombrar un Notario Público con residencia en esta ciudad, para que se realice de manera definitiva la escrituración del inmueble embargado, rematado y adjudicado a favor de la parte quejosa, así como darle continuidad al expediente laboral 282/2016. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que en fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, emitió un proveído en el que se designa al Titular de la Notaria Pública Número Noventa y Seis del Estado, José Enrique Franco Carrillo, a fin de que ante él se lleve a cabo la escritura del predio número cuatrocientos veinticinco de la calle treinta y nueve del fraccionamiento Juan Pablo II de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, adjudicado a favor de la aquí quejosa. Ahora bien, si bien es cierto que del informe justificado de la responsable, no se advierten las constancias de notificación del acuerdo citado, ello no es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, puesto que con la sola emisión del acuerdo han cesado los efectos de la omisión reclamada, toda vez que, en el caso, se está ante una violación al artículo 17 de la Carta Magna, esto es, de denegación de justicia y no el relativo al diverso 8°, relativo al derecho de petición, respecto del cual sí es necesario que la autoridad haga del conocimiento del solicitante, la respuesta recaída a su petición; ello, aunado a que la parte quejosa quedará enterada de su contenido una vez que este acuerdo de sobreseimiento le sea notificado. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable en fecha treinta de mayo de dos mil veintidós dictó un acuerdo mediante el cual designó a un Notario Público con sede en esta ciudad, a fin de llevar a cabo la escrituración del predio número cuatrocientos veinticinco de la calle treinta y nueve del fraccionamiento Juan Pablo II de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, adjudicado a favor de la aquí quejosa. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la negativa impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la Junta responsable en fecha treinta de mayo de dos mil veintidós dictó un acuerdo mediante el cual designó a un Notario Público con sede en esta ciudad, a fin de llevar a cabo la escrituración del predio número cuatrocientos veinticinco de la calle treinta y nueve del fraccionamiento Juan Pablo II de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, adjudicado a favor de la aquí quejosa, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SECCION AMPAROS EXP. I. 246/2022. OFICIO. 22880. AL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. P R E S E N T E. Constante de (178) ciento setenta y ocho fojas útiles, y de conformidad con lo acordado en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictado en los presentes autos del juicio de amparo al rubro citado, promovido por ROGER ALBERTO PÉREZ CHAN, contra actos del que reclama del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estad de Yucatán, con sede en esta ciudad; me permito remitirle el presente expediente, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa antes mencionada contra la sentencia quince de marzo de dos mil veintidós, terminada de transcribir el treinta y uno del mismo mes y año, junto con el escrito de expresión de agravios respectivo, junto con la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente, cumpliendo de éste modo, lo ordenado en el artículo 89 de la Ley de Amparo. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. MÉRIDA, YUCATÁN A 11 DE MAYO DE 2022 A T E N T A M E N T E. KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN.

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