Ligia del Carmi Castillo Castillo
Expediente 1867/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1867/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ligia del Carmi Castillo Castillo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de trece de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio, y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por Ligia del Carmi Castillo Castillo, contra actos que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino; en tal virtud, fórmese expediente y regístrese con el número 1867/2021-VI. Ahora bien, a fin de examinar la demanda de amparo promovida, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. El citado precepto dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad, consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece, esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivos, por lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos o medios de defensa, dentro del procedimiento que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la actuación respectiva pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En el caso concreto, como se dijo, la parte quejosa reclama el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió no acceder a liquidar la sociedad legal, en autos del expediente 391/2021 relativo al juicio de divorcio incausado, que instauró contra Arceño Ek Cab. Al respecto, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio de divorcio incausado, la resolución reclamada, es proveniente de un Tribunal judicial (del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser nulificada. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra toda resolución, determinación y auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes o alguna otra persona, son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto, los artículos 421, 423,424 y 425 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, disponen lo siguiente: Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación. Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda. De conformidad con dichos preceptos, se aprecia que la legislación procesal en materia familiar, establece con toda claridad la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra diversas determinaciones dictadas en los procedimientos y tienen como finalidad que se confirme, modifique o revoque la determinación impugnada. En lo que interesa, el recurso revocación procede contra autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella que no fueren apelables. Así, respecto al acto reclamado se advierte que no fue pronunciado dentro de una audiencia celebrada por el Juez Familiar responsable, por lo cual la revocación debió ser interpuesta al día siguiente de la notificación respectiva. Lo anterior se afirma, pues el acto reclamado es un auto en el que el Juez responsable no accedió a integrar a la litis la solicitud de liquidación de la sociedad legal, en autos del expediente 391/2021 relativo al juicio de divorcio incausado promovido por la parte quejosa. En ese sentido, es dable colegir que contra el acto reclamado procedía el recurso de revocación, pues de los citados numerales se advierte que se trata de un recurso ordinario idóneo a efecto de obtener su revocación o modificación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Registro digital: 188629, Novena Época Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1107, que señala: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. NECESIDAD DE AGOTARLO CUANDO LA INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONFORME AL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO. Cuando el procedimiento se sigue de acuerdo con una legislación reformada no aplicable, los recursos que se interpongan deben ser a la luz de la normatividad correcta. Si en el caso concreto se siguió un juicio bajo el Código de Comercio anterior a la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, pero de las constancias de autos se advierte que es aplicable el reformado, es inconcuso que los recursos que se contengan en este último deben ser interpuestos por la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de agotar el principio de definitividad, porque la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de intereses es impugnable a través del recurso de apelación, que se introdujo en el artículo 1348 del Código de Comercio en su texto actual, pues el hecho de que dicho acto se apoyara indebidamente en su texto anterior no aplicable, no constituye impedimento para promover el recurso ordinario, porque su procedencia emana directamente de la ley y representa el medio ordinario para impugnar la incorrecta fundamentación del acto." Ciertamente, dicho recurso es el medio de impugnación idóneo que pudo hacerse valer contra el acto reclamado, pues ésta previsto por la ley ordinaria, procede contra los autos fuera de audiencia y con el mismo pudo obtenerse la revocación o modificación del acto reclamado. Lo anterior evidencia que, si existía un medio de impugnación ordinario procedente contra la resolución reclamada, ésta carece de definitividad, puesto que el quejoso no agotó el recurso ordinario previo al juicio de amparo, que estaba en aptitud de interponer. En esas condiciones, al no agotar dicho recurso, la parte quejosa no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste se torna improcedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." En efecto, la regla de definitividad implica la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado; no siendo opcional para el quejoso el elegir por uno u otro, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo no constituye un recurso ordinario sino que se erige como un juicio o medio de control constitucional que, para su procedencia requiere la satisfacción de diversos requisitos entre ellos, el de definitividad del acto reclamado. Dicho principio se encuentra contenido en la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con dicho precepto constitucional, para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Lo que en el particular no acontece, pues el artículo 422 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, prohíbe la renuncia de los recursos. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, sin embargo, durante la contingencia derivada del covid-19 tómese en consideración para notificar a la parte quejosa el correo electrónico que proporcionó en su demanda, ya que es acorde con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020. Y como autorizados a Nancy Patricia Canul Canche, Mildred Isabel Pech Mex y Linda Karelly Canul Canche, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y por lo que respecta a las personas restantes, con las limitaciones que establece el numeral antes invocado, ya que así lo manifiesta la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Ahora bien, en cuanto a que se otorgue, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, formular promociones y se le notifique los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello sus nombres de usuarios: "PATRICIACANUL" y "MILDREDPECH", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover y que le sea notificado en el mismo con sus nombres de usuarios "PATRICIACANUL" y "MILDREDPECH", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan.Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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