Ligia del Carmi Castillo Castillo

Expediente 1854/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1854/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Ligia del Carmi Castillo Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, se hace la precisión de que este expediente carece de relevancia documental. Finalmente, se hace notar que en el presente asunto la parte quejosa, no solicitó el trámite del incidente de suspensión. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que AMPARÓ a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, mediante ocurso presentado vía electrónica el veintinueve de noviembre anterior, indicó que la Juez responsable ya había dado cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, cuenta habida que emitió el acuerdo relativo al punto cuatro de su escrito de uno de junio de dos mil veintiuno, mediante acuerdo pronunciado el diecisiete de noviembre siguiente, en el expediente 2902/2012, solicitando, por ende, que no se requiriera el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a dicha responsable, cuenta habida que, como quedó asentado, ya lo había hecho, encontrándose conforme con el mismo. En esa virtud, tomando en consideración las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa, y en aras de evitar dilaciones y requerimientos innecesarios, máxime que ésta ha manifestado su cabal conformidad con el cumplimiento dado por parte de la Juez responsable a la sentencia dictada en este juicio de amparo, de lo que no se tiene duda, cuenta habida que el ocurso respectivo cuenta con la firma electrónica, con evidencia criptográfica, de la parte quejosa, por lo que se tiene la certeza de que dicha promoción fue suscrita por ésta. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023937, que a la letra dispone: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." En ese sentido, y toda vez que la Juez responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, al haber dado respuesta a la petición elevada por la parte impetrante; es dable determinar que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito remitido electrónicamente por Mildred Isabel Pech Mex, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa Ligia del Carmi Castillo Castillo, mediante el cual hace diversas manifestación en relación con el cumplimiento de la sentencia emitida en estos autos. De lo que este órgano constitucional toma conocimiento, debiéndose proveer lo conducente en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con siete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo indirecto 1854/2021, promovido por Ligia del Carmi Castillo Castillo, por su propio derecho, contra un acto de la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la responsable y se vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniere. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental remitida por la Juez responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Téngase por ofrecida la prueba con la que dio cuenta la Secretaría, la cual, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se cierra esta etapa de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 1854/2021-VII. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este órgano de control constitucional, Ligia del Carmi Castillo Castillo, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, que hizo consistir en la falta de contestación a su ocurso presentado el uno de junio de dos mil veintiuno, en el que realizó diversas peticiones, todas dentro del expediente 2902/2012. SEGUNDO. Por proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la citada demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el expediente 1854/2021; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Federal; 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza omisiva y, por ende, carece de ejecución material; por tanto, para fincar la competencia para conocer de él, debe estarse al lugar de residencia de la autoridad ordenadora, que en la especie tiene su sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Es aplicable al caso, la tesis que a la letra dice: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión." SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: - La falta de contestación a su ocurso presentado el uno de junio de dos mil veintiuno, en el que realizó diversas peticiones, todas dentro del expediente 2902/2012. TERCERO. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en un acto omisivo, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de la demanda de amparo, pues se trata de una omisión en el actuar de la autoridad responsable, respecto de la cual la parte quejosa desconoce los motivos y razones que ésta tiene para proceder en ese sentido; de ahí que el amparo pueda promoverse en el momento en que la peticionaria de amparo estime que la citada responsable viola en su perjuicio sus derechos públicos subjetivos. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, al rendir su informe con justificación, admitió la existencia del acto reclamado; por tanto, debe tenerse por cierto el acto que de dicha responsable se reclama. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas al expediente 2902/2012, que remitió la Juez responsable como justificación de su informe, pues de ella se advierte que hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, no se había dictado acuerdo alguno en relación a las peticiones formuladas por la parte quejosa. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Estudio de fondo. Al no haber hecho valer las partes alguna causa de improcedencia, ni advertirse de manera oficiosa alguna que deba ser estudiada de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos de violación expuestos, sin que sea necesaria su transcripción al no existir disposición que obligue a ello, acorde a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." En ese sentido, debe decirse que es fundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa. Como se adelantó, de la interpretación integral de la demanda se obtiene que, en el caso, se reclama de la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la falta de respuesta al ocurso presentado por la parte quejosa, el uno de junio de dos mil veintiuno; acto que combate por considerarlo violatorio a sus derechos tutelados por el artículo 17 Constitucional. En su único concepto de violación, la parte quejosa sostiene esencialmente que ha transcurrido en exceso el término para que la autoridad responsable dicte el proveído relativo al escrito en el que realizó diversas solicitudes a la Juez responsable, todas derivadas del controvertido 2902/2012 de su índice. Entonces, para resolver el resumido argumento, se toma en cuenta el contenido de los dos primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución, que dicen: "Artículo 17. Ninguna podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De la interpretación literal del párrafo segundo del precepto transcrito, se arriba a las siguientes conclusiones: a) Garantiza a los gobernados, derechos relacionados con la administración de justicia, entre otros, el relativo a tener un acceso efectivo a la actividad de los tribunales; y, b) Prevé que la impartición de justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora, el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas resoluciones o realicen sus actuaciones; sin embargo, sí refiere que éstas se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Por tal motivo, en el caso examinado, el ordenamiento jurídico a aplicar en este asunto es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y la autoridad responsable debe sujetarse a dicha ley secundaria que rige su actuar, principalmente al contenido del artículo 22, que establece: "Artículo 22. Los decretos deben dictarse dentro de veinticuatro horas después del último trámite; los autos, dentro de tres días, y las sentencias dentro de ocho, salvo los casos en que la ley fije otros términos." En lo que interesa, el numeral 22 transcrito prevé que los autos deben dictarse dentro de los tres días siguientes a la solicitud respectiva. En el caso, consta que ante la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, se tramita el expediente 2902/2012, en el que la aquí quejosa Ligia del Carmi Castillo Castillo, por ocurso de uno de junio de dos mil veintiuno, solicitó: 1. Aprobar los incrementos de la pensión alimenticia de los años 2020 y 2021. 2. Aprobar la planilla exhibida el cinco de junio de dos mil veinte. 3. Aprobar la planilla exhibida el once de febrero de dos mil veintiuno. 4. La expedición de copia certificada de diversas constancias judiciales. 5. La autorización a Valeria Margarita Ortega Loria para imponerse de los autos. 6. Se tenga por conforme a Arceño Ek Cab con el avalúo exhibido el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, la Juez responsable, mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dio contestación a las solicitudes plasmadas en los numerales del 1 al 5 antes ponderados, indicando que, respecto a las diferencias e incremento de pensión alimenticia, fueron resueltas en la interlocutoria de veintiuno del propio octubre, en la que se advierte, de igual forma, el pronunciamiento en relación a las planillas de liquidación; en tanto que respecto a la expedición de copias y autorización requeridas, se accedió de conformidad a lo peticionado. Empero, dicha Juez responsable, en la determinación antes indicada, nada dijo en relación a la solicitud precisada en el número 6, relativa a que se tuviera por conforme a Arceño Ek Cab con el avalúo exhibido el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, es evidente que hasta la fecha en que se promovió la demanda (siete de octubre de dos mil veintiuno) e incluso hasta en la fecha que se resuelve el presente juicio, no existe constancia de que se haya emitido el auto en el que se provea lo conducente en relación a tener por conforme a Arceño Ek Cab con el avalúo exhibido el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Así las cosas, si en el expediente que se analiza no se ha dictado el auto relativo a la solicitud realizada por la ahora quejosa mediante ocurso de uno de junio anterior, habiendo trascurrido el plazo que para tal efecto establece el multicitado ordinal 22 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, es obvio que existe una afectación al derecho de la quejosa a que se le administre justicia pronta, previsto en el artículo 17 Constitucional. Por consiguiente, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder la protección de la Justicia Federal contra el acto que se reclama de la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Sin que pase desapercibido para esta Juzgadora Federal, el hecho de que quien pudiere tener el carácter de tercero interesado, no fue emplazado al presente juicio de amparo; empero, ello no constituye impedimento para emitir la anterior determinación, cuenta habida que con la misma no se les ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales, precisamente porque se trata de dar celeridad y continuidad al procedimiento laboral del que es parte, aunado a que se reclama la omisión de dar contestación a un escrito y, en su caso, lo que podía causarle agravio, lo sería la respuesta que se le dé a lo peticionado en el mismo. Efectos de la concesión: Dicha concesión se otorga para el efecto de que, de manera inmediata, la Juez responsable proceda al dictado del proveído que corresponda en relación al ocurso que presentó la quejosa, el uno de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó se tuviera por conforme a Arceño Ek Cab con el avalúo exhibido el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ligia del Carmi Castillo Castillo, contra el acto que reclamó de la Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y para los efectos precisados en el último subsecuente. Notifíquese por lista.

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