Ligia Cecilia Vázquez Massa
Expediente 1801/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1801/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ligia Cecilia Vázquez Massa
Actuaciones
- Incidental
Agréguese a estos autos el escrito de AUGUSTO RAMÓN SALAZAR PUERTO, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con seis copias del escrito de expresión de agravios que acompaña al mismo y sin anexos, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiséis de diciembre del año en curso. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 99 y 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO RECURRIDO, toda vez que en proveído de veintiséis de diciembre del año en curso, se negó a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y al Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, consistente en la orden de comisión temporal para laborar en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, en el periodo comprendido del seis de enero al quince de abril de dos mil veinte. Toda vez que, conforme a la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, por regla general es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del acto reclamado, ya que se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, en tanto que el ejercicio del encargo público del órgano jurisdiccional que desempeña constituye una función prioritaria para el Estado, pues se traduce en la administración de justicia que tiene como destinataria a la sociedad. Además, de que en el caso de que se le concediera el amparo, se le restituiría en el goce de la garantía individual violada, a través de la reincorporación en el lugar donde se desempeña, en cambio, de no acatarse esa disposición, la sociedad resentiría afectación al no efectuarse una debida impartición de justicia. Por tanto, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, se reserva remitir a la Superioridad copia certificada de las constancias conducentes, para que acuerde lo que legalmente corresponda, hasta en tanto quede debidamente notificado, el acuerdo dictado en el presente incidente de suspensión, debiendo obrar los acuses correspondientes de dicha determinación.
- Incidental
Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por LIGIA CECILIA VÁZQUEZ MASSA, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y de otra autoridad; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión solicitado. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídanse sus respectivos informes previos, los que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento. Ahora bien, en cuanto a la suspensión del acto reclamado, consistente en la orden de comisión temporal para laborar en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, en el periodo comprendido del seis de enero al quince de abril de dos mil veinte. Por lo que ve a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, en principio es conveniente establecer que para efectos de la suspensión se procede analizar si están colmadas las exigencias previstas en el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, cuyo texto dispone: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y,..." Para lo cual es indispensable determinar que por apariencia del buen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que es un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige al juzgador constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cuatelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, que se analice si de concederse la medida suspensional en base a esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia del buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que sólo en esa medida se puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados; y siempre y cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho los requisitos establecidos también en el diverso numeral 128, consistentes en que la solicite el agraviado (fracción I), y no se siga perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público (fracción II). Por lo que, en el presente caso SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, ya que, conforme a la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, por regla general es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del acto reclamado, toda vez que se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, en tanto que el ejercicio del encargo público del órgano jurisdiccional desempeña constituye una función prioritaria para el Estado, pues se traduce en la administración de justicia que tiene como destinataria a la sociedad. De ahí que, cualquier acto que tienda a suspender esa actividad en el lugar en el que se requiera, obstaculiza el derecho de los gobernados a que se les administre justicia en forma pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, de concederse el amparo, se le restituiría en el goce de la garantía individual violada, a través de la reincorporación en el lugar donde se desempeña, en cambio, de no acatarse esa disposición, la sociedad resentiría afectación al no efectuarse una debida impartición de justicia. Al respecto, encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 170017, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página: 175, del rubro y texto siguientes: "SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero y al Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y de Paz de la citada entidad federativa, los secretarios de acuerdos de los juzgados de primera instancia son auxiliares de los órganos jurisdiccionales a los que están adscritos, y en el desempeño de sus funciones coadyuvan con sus titulares para que los procedimientos de los juicios que tramitan se ajusten a las leyes y se haga eficiente la administración de justicia, por lo que sus actividades están intrínsecamente relacionadas con la encomienda del Juez de impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a su vez refleja que el ejercicio de su cargo tiene como destinataria a la sociedad y, por ende, es a ésta a quien le importa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. En ese sentido, contra la orden de cambio de adscripción de los servidores públicos de referencia, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, al no colmarse los requisitos previstos por las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues cualquier acto que tienda a suspender su actividad en el lugar en el que se requiera su ayuda involucra un obstáculo a la garantía de tutela jurisdiccional que resentirá la sociedad al no poder gozar del derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla de manera pronta en los plazos y términos que fijen las leyes. Además, el cambio de adscripción no es un acto irreparable ni ocasiona al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, porque en caso de obtener resolución favorable se le restituiría en el goce de la garantía individual violada a través de su reincorporación al lugar en el que se encontraba adscrito. La conclusión anterior no varía para el supuesto de que el cambio de adscripción sea para una ciudad distinta, porque siendo de un juzgado a otro de la misma instancia, es en igualdad de funciones, términos y condiciones, y las molestias que pudiera sufrir por ello no están por encima de los intereses de la sociedad a quien le interesa que en el lugar que se requiera una mejor administración de justicia se destinen los recursos humanos para cumplir con esa función primordial del Estado."
- Principal
Mesa II Vista la demanda de amparo promovida por LIGIA CECILIA VÁZQUEZ MASSA, contra el acto que reclama del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y de otra autoridad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, los que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, las responsables deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la prueba documental consiste en: -El oficio 4778, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de once de diciembre del año en curso. La cual será valorada y tomada en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tal efecto en su demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a VICTORIA EUGENIA EROSA RIVERO y AUGUSTO RAMÓN SALAZAR PUERTO; y a las personas restantes, con las limitaciones a que aduce dicho numeral. Así mismo, en cuanto a su diversa solicitud, consistente en que se permita el uso de medios electrónicos para tomar fotografías del presente expediente; con apoyo en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a lo instado. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con dos copias de la demanda que se recepciona.
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