Lidia Andrade Granados
Expediente 467/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 02/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lidia Andrade Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
I. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 7733, de once de junio del año en curso, al que se anexó el juicio sucesorio intestamentario 517/2015; situación de la que este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
I. Del estado procesal de autos, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, como se desprende de la certificación precisada en el inciso a) de la cuenta secretarial, sin que la parte legitimada hubiese recurrido la resolución que sobreseyó en el presente juicio de garantías. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa, para la publicación de sus datos personales, al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio de la demanda, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que sobreseyó en el presente juicio de garantías, HA QUEDADO FIRME; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. Devuélvase al juez responsable, las documentales remitidas en apoyo a su informe justificado, consistente en el juicio sucesorio intestamentario 517/2015, (integrado en cuatro tomos), solicitándole ordene a quien corresponda, acuse el recibo de estilo respectivo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que en la respectiva resolución únicamente sobreseyó en el juicio, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Principal
I. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Uruapan, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías 467/2017-I, promovido por Lidia Andrade Granados, por su propio derecho. En audiencia pública, el licenciado Rubén Olvera Arreola, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien actúa con el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan por su importancia: demanda de amparo (fojas 2 a 6); acuerdo de cinco de octubre de dos mil diecisiete, por el cual se previno a la quejosa aclarara su demanda (fojas 14 a 18); escrito aclaratorio (fojas 21 y 22); informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 42 y 43), proveídos de veinticuatro de noviembre y catorce de diciembre pasado y dos de febrero de dos mil dieciocho (fojas 71, 81, 147 a 149), por los cuales se tuvieron por emplazados a los terceros interesados Leticia, David y Graciela, de apellidos Andrade Granados. Asimismo, da cuenta al Juez, con la circunstancia de que ha transcurrido el término de veinte días, concedido a la parte quejosa, en proveído de diez de abril del año en curso, a efecto de que compareciera ante este órgano jurisdiccional, a recoger los edictos para emplazar al presente juicio de garantías, a la diversa tercera interesada Norma y/o Norma Angélica Andrade Granados, sin que lo haya hecho, el cual transcurrió del dieciocho de abril al dieciséis de mayo del año en curso, descontando los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril, uno, cinco, seis, doce y trece de mayo actual, por haber sido inhábiles. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe con justificación de las autoridades responsables, así como por legalmente emplazados al presente juicio a los terceros interesados, a excepción de la citada tercero interesada Norma y/o Norma Angélica Andrade Granados, quien a la fecha no fue posible emplazar. Asimismo, por lo que corresponde a la circunstancia de que transcurrió el término de veinte días, concedido a la parte quejosa, en auto de diez de abril de dos mil dieciocho, a efecto de compareciera ante este órgano jurisdiccional, para recoger los edictos relativos al emplazamiento de la mencionada tercera interesada Norma y/o Norma Angélica Andrade Granados, hágase efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y tómese en consideración para la emisión de la presente resolución. Abierto el periodo probatorio, el Secretario hace constar que la quejosa anexó a su demanda diversas constancias (fojas 25 a 29), la tercero interesada Leticia Andrade Granados, hizo lo propio en su escrito de veintitrés de noviembre pasado (foja 61); por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán, en apoyo a su informe justificado remitió el juicio sucesorio intestamentario 517/2015, relativos a la primera, segunda, tercera y cuarta sección, de donde derivan los actos reclamados, con los cuales se ordenó formó cuaderno de pruebas por separado (fojas 50). A lo anterior el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza jurídica, los medios de convicción relacionados. Sin existir prueba pendiente de desahogo, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que las terceros interesadas Leticia Andrade Granados y Griselda Andrade Granados, los formularon en sus escritos presentados el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete y uno de febrero del año en curso (fojas 21, 22, 137 a 139); asimismo, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través del pedimento 216/2016, agregado a fojas 39 y 40, los formuló. A lo que el Juez acuerda, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, ténganse por hechas las manifestaciones del representante social de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar. Se cierra el periodo de alegatos. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución; y, Vistos; para dictar sentencia definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 467/2017-I, promovido por Lidia Andrade Granados, contra actos del Juez Primero de lo Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado en esa misma fecha a este Juzgado Quinto de Distrito, Lidia Andrade Granados, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: Ordenadora 1.- JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA. Ejecutoras 2. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL. CON SEDE EN APATZINGÁN, MICHOACÁN Actos Reclamados: La sentencia definitiva dictada dentro de la cuarta sección del juicio sucesorio intestamentario número 517/2015, a bienes de la señora Paula Granados Hernández, promovido por Leticia Andrade Granados, en su carácter de heredera y albacea definitiva. SEGUNDO. Por cuestión de turno la demanda fue remitida a este juzgado, por lo que se registró en el libro de gobierno con el número 467/2017-I, por auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en el que se reclaman actos de un juicio sucesorio intestamentario 517/2015, a bienes de Paula Granados Hernández, promovido por Leticia Andrade Granados; además, de que se trata de actos pronunciados por una autoridad judicial residente en Apatzingán, Michoacán, la cual se encuentra circunscrita al territorio sobre el cual este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil y Actuario adscrito a dicho tribunal, al rendir su informe de ley aceptaron la existencia del acto que le reclama la quejosa, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 42 y 43). Circunstancia que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado el Juez responsable, consistentes en el juicio sucesorio intestamentario 517/2015, relativos a la primera, segunda, tercera y cuarta sección; documental que tiene pleno valor probatorio, lo anterior, con fundamento en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo estatuido en el artículo 2°, del último ordenamiento legal invocado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, foja doscientos treinta y uno, Tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO. Análisis de la procedencia del juicio. Previamente al análisis de fondo de la litis constitucional planteada, es necesario estudiar de oficio, las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 940, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea de que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 27 fracción III, inciso b), 5º, fracción III y 63, fracción II, del propio ordenamiento legal, por la falta de recoger los edictos correspondientes para su publicación, a efecto de emplazar a la tercero interesada Norma y/o Norma Angélica Andrade Granados. Lo anterior, toda vez que del contenido de la audiencia constitucional que antecede, se advierte que en proveído de diez de abril de dos mil dieciocho, se previno a la parte quejosa, para que dentro de veinte días hábiles, contados a partir de la legal notificación, comparecieran ante la secretaría de este órgano jurisdiccional, a efecto de recoger las copias certificadas de los edictos correspondientes, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, tendientes a emplazar al presente juicio de garantías a la citada Norma y/o Norma Angélica Andrade Granados, sin que lo hayan hecho. Asimismo, la peticionaria de garantías no realizó manifestación alguna, en el sentido de que se encuentra materialmente imposibilitada para la publicación de tales edictos, y en su caso, acreditarlo con indicios suficientes que demuestren que, en realidad, no tienen capacidad económica para sufragar un pago semejante, a efecto de que este juzgado estuviera en condiciones de proveer lo conducente, como le fue indicado, por tanto, hágase efectivo el apercibimiento a que se contrae dicho acuerdo de prevención y por consiguiente lo que procede es sobreseer el presente juicio. Lo anterior es así, pues para la prosecución del juicio de garantías, es requisito fundamental el emplazamiento de todas las partes que en él intervienen, de lo contrario, se incumple con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; además, la prosecución del juicio de amparo, no puede quedar al arbitrio de la parte quejosa, entorpeciendo con su actuar la celeridad del asunto, y en vía de consecuencia contravenir lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues no debe perderse de vista que el interés particular no debe estar por encima del interés público, protegido por dicho precepto constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 64/2002 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 186587 1 de 1 Segunda Sala Tomo XVI, Julio de 2002 Pag. 211 Jurisprudencia(Común) EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Por tanto, como se dijo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para el sobreseimiento decretado, que haya sido admitida la demanda de garantías y se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público, deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Es de invocar el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional". Así las cosas, se hace innecesario abordar el estudio de los conceptos de violación expresados, de acuerdo con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". CUARTO. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 467/2017-I, promovido por Lidia Andrade Granados, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. En términos del considerando cuarto del presente fallo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.
- Principal
I. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de diez de abril del año en curso, se concedió a la parte quejosa el término de veinte días hábiles, contados a partir de la legal notificación de dicho proveído, para que compareciera a recoger las copias certificadas de los edictos respectivos, así como entregarlos para su publicación y acreditar ante este tribunal su entrega (efectuar las gestiones tendiente a su publicación), de lo cual debería exhibir las constancias que avalen tales publicaciones, término que se encuentra transcurriendo. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración.
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