Lilia Martínez Cendejas

Expediente 27/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
27/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Lilia Martínez Cendejas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de febrero de dos mil veintidós. CUMPLE CON PREVENCIÓN. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, glósese a los autos el escrito de cuenta, signado por la peticionaria del amparo ******************** por medio del cual, cumple con la prevención formulada en proveído de veintiuno de enero del año en curso, en que se le requirió para que precise de manera clara y concreta el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable. Del contenido del ocurso que se recibe manifiesta que el acuerdo de ********************, es el siguiente: "Visto el escrito presentado por Laura Irma Espinoza Armas, en cuanto parte actora dentro del presente juicio y tomando en consideración en que la audiencia de remate celebrada en data 3 tres de noviembre del año en curso, ha quedado firme; consecuentemente, como lo solicita, se ordena requerir a la demandada ******************** mediante notificación personal, que se le realice, para que dentro del término de 3 tres días otorgue de manera voluntaria la escritura respectiva del bien inmueble adjudicado en su cuarta almoneda judicial de fecha 3 tres de noviembre del año en curso bajo el apercibimiento que de no hacerlo este tribunal la ordenará en su rebeldía". PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la promovente señala como acto reclamado lo siguiente: "El auto de fecha 13 de diciembre del año 2021 dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil dentro del juicio Ordinario Civil número ******************** que sobre cumplimiento de contrato de compraventa promovió en mi contra la señora ********************. El cual constituye el acto reclamado, violatorio de mis derechos humanos y fundamentales que otorgan los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8 fracción 1, 17 fracciones 1 y 4, 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y contra el que se pide el amparo y protección de la justicia de la unión". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo establece el precepto 113 de la Ley de la materia, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sustenta lo anterior la tesis del epígrafe siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el primer normativo invocado, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley, mientras que la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De lo anterior se desprende que cuando se trata de procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Cabe precisar que esas reglas específicas de procedencia del juicio biinstancial fueron instrumentadas por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que este medio de control constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución sin que múltiples amparos obstaculicen dicha ejecución; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad está interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, hasta en tanto se dicte la última resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó el promovente en la demanda de amparo; siendo los siguientes: 1. Ante el ********************, se tramita el juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato de compraventa ********************promovido por ********************frente a la quejosa ********************. 2. Con fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, se opuso la recusación sin expresión de causa ante el ********************, expediente que por razón de turno, correspondió conocer al ********************, registrándose bajo el expediente ********************. 3. En sentencia de ******************** se declaró procedente la acción ejercitada sobre cumplimiento de contrato que hizo valer ********************. 4. Con fecha ********************, se declaró ejecutoriada la sentencia y se concedió el término de tres días para que se cumpliera voluntariamente con la sentencia. 5. Con fecha ********************, se llevó a cabo la primera almoneda, el veinti********************, la segunda almoneda, el ********************tercera almoneda y el ********************cuarta almoneda. 6. En la última almoneda la actora ******************** se adjudicó el bien inmueble, toda vez que no hubo licitadores. Antecedentes que, como se mencionó, la promovente del amparo los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, máxime que es parte demandada en el contradictorio natural, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Ante tales razonamientos, esta juzgadora arriba a la conclusión de que en el caso, se está ante un acto respecto del cual no es procedente el juicio de amparo, toda vez que lo reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento ejecutivo de la sentencia dictada en el juicio de origen. En efecto, en el caso que nos atañe, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, toda vez que la promovente de amparo acude a la presente instancia constitucional, en reclamo del proveído de ********************, en el que se otorgó a la quejosa el término de tres días, a fin de que de manera voluntaria otorgara las escrituras del bien inmueble que nos ocupa en favor de ********************. Sin embargo, no debe perderse de vista que la determinación aquí combatida, constituye una actuación emitida en la fase de ejecución de sentencia; es decir, se trata de actos intermedios para lograr el cumplimiento de una sentencia y no será hasta que se ordene inscribir el bien inmueble, en su caso, a nombre de la tercera interesada, lo que constituya la última resolución en el procedimiento respectivo. Pues como fue especificado, si bien es cierto que el acto reclamado se encuentra emitido en la etapa procesal de ejecución de sentencia, éste no constituye precisamente la última determinación jurídica previa a su ejecución material, pues se orientan en forma directa a preparar y lograr ese objetivo; por lo que, en el caso que nos ocupa, se actualiza la hipótesis contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII, del numeral 61 del mismo ordenamiento. De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia número 177, visible en la página 145, del Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable al presente caso la tesis de jurisprudencia número 2°. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 230 y 231, del Tomo VII, (Febrero 1998), de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento jurídico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de febrero de dos mil veintidós. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, glósese a los autos el escrito de cuenta, signado por la peticionaria del amparo Lilia Martínez Cendejas, por medio del cual, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiuno de enero del año en curso, en que se le requirió para que precise de manera clara y concreta el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable. Del contenido del ocurso que se recibe manifiesta lo siguiente: "El auto de fecha 13 de diciembre del año 2021 dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil dentro del juicio Ordinario Civil número 929/2019 que sobre cumplimiento de contrato de compraventa promovió en mi contra la señera Laura Irma Espinosa Armas, el cual constituye el acto reclamado, es violatorio de mis garantías consagradas en los articulas 1, 14 y 16 constitucionales, toda vez que con el mismo se me priva del derecho de mi propiedad del inmueble que se remató y adjudico en el citado juicio a favor de la actora, ya que desde el auto de fecha 17 de enero del año 2020 en que se ordenó abrir el juicio a prueba, no fui debidamente notificada, en virtud de que cuando se realizó a través de instructivo en el domicilio que señalo mi apoderado el licenciado Bulfrano Benjume Barragán, éste ya habla fallecido con fecha 2 de noviembre del año 2019, y desde esa notificación hasta el auto de fecha 13 de diciembre del año 2021, nunca estuve enterada sino hasta el día 15 del mismo mes y año, por lo tanto, se violaron en mi perjuicio las garantías de audiencia y debido proceso al no ser oída y vencida como lo marca la ley". Manifestaciones por las que no ha lugar a proveer de conformidad el referido escrito de cuenta, toda vez que no cumple con el requerimiento realizado, tal como se le previno, en razón de que no precisa de manera clara y concisa el contenido del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, mediante notificación personal, hágase del conocimiento de la promovente Lilia Martínez Cendejas, que subsiste la prevención y plazo otorgado en auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dado que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."; el plazo que se le otorgó se interrumpió ante la presentación del ocurso de cuenta, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto y deberá tomar en consideración que conforme a la certificación de cuenta ya transcurrieron tres días. En ese tenor, previo al pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda que intenta, de conformidad con lo que establece el artículo 114, en relación con el 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la citada promovente Lilia Martínez Cendejas, para que al momento de desahogar la prevención en su cabalidad, manifieste de manera clara y concreta, el acto que reclama de la autoridad que señala como responsable; esto es, el contenido del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno. PRECISIÓN. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla la propia quejosa, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia(Común) "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento formulado, en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    I. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por Lilia Martínez Cendejas, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 27/2022-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. En principio se precisa que el artículo 114 de la Ley de Amparo, faculta para prevenir a la parte quejosa a fin de que realice las aclaraciones pertinentes, siempre que dentro de su escrito de demanda se advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la propia ley, no se acompañe el documento que acredite su personalidad o éste resulte insuficiente, no se exprese con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias para el traslado a las partes a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia. En ese sentido, con apoyo en el artículo 108, fracción IV, en relación con el numeral 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito, con copias suficientes para cada una de las partes y bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise de manera clara y concreta el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable. Lo anterior, toda vez que de un análisis sistemático de la demanda de amparo, en específico del capítulo relativo al acto reclamado, se advierte que la quejosa, señala: "El auto de fecha 13 de diciembre del año 2021 dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil dentro del juicio Ordinario Civil número 929/2019 que sobre cumplimiento de contrato de compraventa promovió en mi contra la señora Laura Irma Espinosa Armas. El cual constituye el acto reclamado, violatorio de mis derechos humanos y fundamentales que otorgan los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8 fracción 1, 17 fracciones 1 y 4, 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y contra el que se pide el amparo y protección de la justicia de la unión". Manifestaciones que, crean confusión, toda vez que como se precisó, no indica con claridad el acto que en particular reclama a la autoridad que precisa como responsable, es decir, no especifica de qué trata el auto que reclama. Lo anterior, a fin de estar en condiciones de fijar la litis en el presente juicio de amparo y solicitar el informe de ley a la responsable y esté en aptitud de rendirlo adecuadamente, de resultar procedente su admisión. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: XX.57 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202853 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Marzo de 1996 Pag. 871 Tesis Aislada(Común) "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". PRECISIÓN. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla la propia quejosa, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia(Común) "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento formulado, en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores presenciales en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo; y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. Por otra parte, téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a Carlos Rafael Alonzo Abarca, Héctor Cortes Arreola, Dante Trejo Torres y Esaú Camarena Chávez, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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