Librada Higareda Montaño

Expediente 470/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
470/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Librada Higareda Montaño

Actuaciones

  1. Principal

    EJ. Uruapan, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. ACUSA RECIBO. Agréguese el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 2077/2019-ME-Ir, derivado del proveído de veintisiete de septiembre pasado, por el cual se remitió el original del escrito presentado por la quejosa; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EJ. Uruapan, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. MANIFESTACIONES QUEJOSA. Agréguese el escrito signado por la quejosa Librada Higareda Montaño, por el cual hace aclaración en relación al lugar donde tuvo su última adscripción, esto es, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Zamora, Michoacán. Ahora, toda vez que en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, este tribunal declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por la citada quejosa, al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, misma que correspondió su conocimiento al Juzgado Segundo de Distrito, como se advierte de la certificación de cuenta. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de dicha autoridad, remitiendo el oficio derivado del presente acuerdo vía correo electrónico, en alcance al diverso 1439/2019, de diecinueve de septiembre pasado, anexándole copia simple del escrito de cuenta, sin perjuicio de enviar el original por medio del servicio de mensajería acelerada "Estafeta", para los efectos legales a que haya lugar, dejando en su lugar copia certificada. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    III. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Librada Higareda Montaño, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 470/2019-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la ley de la Materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que la impetrante del amparo en esencia señala como acto reclamado: a) La sanción, promulgación, refrendo y orden de publicación del Decreto Legislativo 542, mediante el cual se reforma y se adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, aprobado en sesión extraordinaria número 162, de once de agosto del dos mil quince. En virtud de que la autoridad responsable en comento sancionó, promulgó y ordenó publicar el artículo quinto transitorio del decreto 542, de manera distinta a como fue aprobado en la sesión extraordinaria número 162, de once de agosto del dos mil quince. b) La sanción, promulgación, refrendo y orden de publicación del Decreto Legislativo 638, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán y del decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cinco de octubre del dos mil dieciocho. c) El cumplimiento o ejecución del acuerdo emitido por la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en la sesión ordinaria celebrada al veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, en el que fue aprobada su solicitud de pensión de jubilación. INCOMPETENCIA. Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92 , sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Establecido lo anterior, y una vez analizado el acto reclamado, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo , este Juzgado de Distrito determina carecer de competencia legal para conocer del presente juicio por las razones que se expondrán a continuación. Se vuelve necesario precisar que la competencia de los Jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII, del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Como se ve del precepto constitucional transcrito, es el criterio de la ejecución del acto reclamado el que preponderantemente determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia con claridad que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, no es competente por razón de territorio para conocer ni resolver el juicio de amparo en que se actúa, pues se estima que ello, conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde a los Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, pues, como ya se precisó, la quejosa refiere en los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, que su última adscripción fue como Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. Además, en el recibo de nómina a nombre de la quejosa que ésta exhibe, correspondiente al período del uno al quince de agosto del dos mil diecinueve, aparece que fue expedido en Zamora, aunado a que también exhibe copia simple de su credencial de elector, en la que se advierte su domicilio ubicado en la calle Othon Núñez Norte, número 43, en la colonia Ramírez, en dicha ciudad. En efecto, del escrito de demanda se advierte que el domicilio donde laboraba y recibía su salario la quejosa, y donde percibirá su pensión, no corresponde a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito, con sede en Uruapan, Michoacán, por lo que esta Juzgadora estima que se surte la competencia en el lugar en donde ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito, con residencia en Morelia, Michoacán, pues es ahí donde se debe materializar el acto reclamado, relacionado con el pago que la agraviada reciba con motivo de su pensión como trabajadora del Poder Judicial del Estado de Michoacán, lo que reclama como acto de ejecución de las normas tildadas de inconstitucionales. Máxime que es la competencia una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado, salvo en los casos en que los actos no tienen ejecución. Cobra aplicación al caso la tesis visible en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, Materia Común (registro 805490), sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, con rubro: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." De lo anterior se desprende que, tratándose de la competencia para conocer la demanda de amparo que se interponga en contra de la sanción, promulgación refrendo y orden de publicación, de los Decretos reclamados y su ejecución, el Juez de Distrito competente para resolver el asunto será el del lugar donde la quejosa reciba el pago de su pensión por jubilación. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Punto Cuarto, fracción VII, párrafo cuarto del citado Acuerdo General; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, en razón de que los actos reclamados tienen ejecución en la jurisdicción donde ejercen competencia los Juzgados de Distrito con sede en Morelia, Michoacán, por tanto, se declina competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en dicha ciudad capital, en turno; quien, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 470/2019-II, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese al homólogo federal que le corresponda el conocimiento del asunto, el acuse de recibo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. Por otra parte, téngase como autorizados en los amplios términos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisca Arias González, Blanca Jiménez Merino, Gerardo Lozano Orozco, Román Rubén Corona Ferreyra, Antonio Méndez Areyano y Fernando Fernández Castañeda, toda vez que después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se encontró registro de sus cedulas profesionales que los acreditan como Licenciados en Derecho. Ahora bien, ténganse como autorizado en términos restringidos del numeral en cita, a Alejandro Landaverde Álvarez, por no encontrarse cédula profesional expedida en su favor, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ni en la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.

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