Leticia Bribiesca Sánchez
Expediente 330/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leticia Bribiesca Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. TESTIMONIO. Agréguese a los autos el oficio con anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal de Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, por medio del cual, remite la ejecutoria de once de agosto de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 153/2022 en la que textualmente se resuelve: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja". Acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respecto de dicha circunstancia; glósense únicamente las constancias originales del cuadernillo de antecedentes respectivo y destrúyanse las restantes. CUMPLIMIENTO EJECUTORIA. Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del recurso de queja 153/2022 del índice del Tribunal oficiante, se emite una nueva resolución, la cual deberá firmarse en la propia fecha de su elaboración con sus respectivas firmas criptográficas (juez y secretario); lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, analizando al presente demanda al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que la Jueza de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. Improcedencia del juicio de amparo. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece la procedencia del juicio constitucional la cual debe analizarse de oficio, por ser un presupuesto procesal indispensable que garantiza la eficacia del mismo, esta juzgadora federal procede a su examen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, independientemente de, ese examen sea propuesto o no por las partes. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, número 1a./J.3/99, impresa en la Página 13, del Tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por identidad, registro 194697, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". Actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, aplicado a contrario sensu, 6º y 7º, todos de la Ley de Amparo. La suscrita advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, aplicado a contrario sensu, 6º y 7º, todos de la Ley de Amparo, en lo que concierne a la quejosa en su calidad de Agente del Ministerio Público Litigante adscrita a la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por los motivos que a continuación se exponen. En principio, conviene traer a contexto el contenido de los preceptos legales invocados, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De la lectura de estos preceptos se obtiene, el juicio de amparo se instituyó para salvaguardar los derechos fundamentales y las garantías individuales de los gobernados, frente a los desvíos del poder público, pero excepcionalmente, según lo autoriza el artículo 7° de la Ley de Amparo, es permisible a las personas morales oficiales hagan uso de este medio extraordinario de defensa, siempre y cuando el acto o ley reclamada afecte sus intereses patrimoniales y cuando no actúen provistas del "jus imperiun", sino en el mismo plano de un particular. Así, no basta el Estado por conducto de uno de sus órganos, acuda al juicio de amparo como parte litigante, pues ello no implica que al tratar de reclamar un acto derivado de un juicio natural, pueda considerarse como un derecho del hombre o como una garantía individual, para efecto de estar en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo como si se tratara de una garantía individual; pues únicamente le está permitido a las autoridades acudir cuando defienden derechos patrimoniales, porque entonces tales personas no actúan en funciones de imperio, lo cual no sucede en la especie, pues la quejosa en su carácter de Agente del Ministerio Público Litigante adscrita a la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, hace consistir los actos reclamados en los autos de diecisiete y veinte de mayo de dos mil veintidós, dictados por el Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Sahuayo, en el que se hizo efectiva la multa por la cantidad de $1.924.40 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 40/100 m.n.). En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia en análisis, pues como se ve, tratándose de personas morales oficiales con el carácter de parte dentro de un juicio, la única posibilidad de promover juicio de amparo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, habida cuenta, lo que les otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio ocasionado por el acto o la ley reclamada; es decir, la circunstancia de haber actuado en el procedimiento respectivo como autoridad no les da la legitimación necesaria para acudir a la vía de amparo, pues lo único que les otorga interés suficiente para ello, es la defensa de sus derechos patrimoniales, sin actuar en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Lo anterior se explica, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado lesiva de los derechos humanos, creó el juicio de amparo como un medio de control constitucional; luego, siendo en esencia aquellas restricciones al poder público las cuales salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de derechos fundamentales y, por lo mismo, no puede promover juicio de amparo. A esta regla general se opone la excepción marcada por el artículo 7º de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, cuando el acto o la ley reclamada afecte sus intereses patrimoniales; la causa u origen de esta excepción radica en que el Estado, por conducto de ellas, puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades investidas como poder público; en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y de la misma forma; esta equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél actúa como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los cuales principalmente se encuentran las garantías individuales protegidas por el juicio constitucional. Así, la excepción dispuesta por el artículo 7º de la Ley de Amparo, se refiere exclusivamente a la hipótesis de cuando las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales, o dicho en otras palabras, cuando las potestades acuden al juicio de amparo a defender esta clase de intereses, lo hacen en calidad de particulares, pero no como personas con facultad de imperio; en ese sentido, el citado precepto legal les autoriza a ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes designados en las leyes respectivas, sin embargo, esto sucede única y exclusivamente cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales. Esta regla de excepción, en el caso no se actualiza, pues al reclamar los autos de diecisiete y veinte de mayo de dos mil veintidós, dictados por el Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Sahuayo, en el que se hizo efectiva la multa por la cantidad de $1.924.40 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 40/100 m.n.), no se están defendiendo derechos patrimoniales inherentes al cargo, y como se dijo anteriormente, no basta que el ente acuda al juicio de amparo como parte litigante, pues dicha situación no implica que al tratar de reclamar el acto derivado de un juicio natural, pueda considerarse como un derecho del hombre o como una garantía individual, para efecto de la autoridad estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo como si se tratara de una garantía individual, como en el presente caso; por ende, es inaceptable en estos casos pueda solicitar amparo dicho ente jurídico, porque el juicio de amparo sólo es procedente contra actos de autoridad para tutelar los derechos públicos subjetivos de los gobernados. Lo hasta aquí expuesto, permite establecer los siguientes principios en relación con el tema en estudio: 1. La autoridad en un juicio no puede promover juicio de amparo, porque no lo hace en defensa de sus intereses patrimoniales, única hipótesis en la cual ello es posible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley de Amparo. 2. Si en dicha controversia la actuación de la autoridad es como tal, entonces no tiene legitimación para promover juicio de amparo, pues el hecho de ser parte en el juicio de origen, no le da legitimación para promover amparo, al no concretarse la hipótesis del artículo 7º de la ley de la materia, ello pues el objeto del procedimiento constitucional es resolver toda controversia suscitada por leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales establecidas para proteger los derechos de las personas físicas o morales, los cuales no pueden hacerse extensivas a las personas de derecho público, máxime cuando no opera la excepción a esta regla, esto es, la defensa de los derechos patrimoniales, pues no actúa como persona moral de derecho privado, sino como ente de derecho público. 3. De acuerdo con los artículos 107, fracción I, constitucional y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, pues ello le otorga legitimación para promover la instancia constitucional; sin embargo, la circunstancia de haber actuado como parte dentro del juicio de origen no le da la legitimación necesaria, por carecer de interés suficiente para acudir al juicio biinstancial, porque no lo hace defendiendo derechos patrimoniales. Lo anterior es así, toda vez que del escrito inicial de demanda, se advierte las determinaciones reclamadas se encuentra circunscrita a la imposición de una multa por la cantidad de $1.924.40 UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS, a la Agente del Ministerio Público Litigante adscrita a la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en atención a los apercibimientos decretados en la causa penal 44/2022. Bajo tales premisas, en el caso, la autoridad quejosa no se encuentra en los casos previstos en el artículo 7° de la Ley de Amparo, pues es claro que no estamos ante un acto que la afecte en su patrimonio, derivado de una relación de igualdad con los particulares. Lo anterior encuentra sustento por similitud jurídica, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 65/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página novecientos setenta y cuatro, Registro: 2009360, con rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." En la tesis transcrita se sostiene, al imponerse una multa a un funcionario -refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado de que se trate, en este caso, Agente del Ministerio Publico-, debe entenderse la sanción económica se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad se le sanciona. Lo cual también se considera por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 3/2001, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, página ciento diez, Registro: 190346, que dispone: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." En cuya ejecutoria se sostuvo, el titular de una dirección o dependencia del Gobierno o de un organismo descentralizado, cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo, actuando por propio derecho, cuando reclama la resolución emitida por una Sala al resolver un recurso de queja interpuesto en un juicio de nulidad, en la que se le impone una multa a razón de cierto número de días de salario por omitir dar cumplimiento a la sentencia emitida en dicho juicio, pues la multa es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica. Ello, debido a que cuando una multa se impone por omisión total en el cumplimiento de la sentencia o por repetición de la resolución anulada al referido funcionario, debe entenderse la misma recae sobre la persona física quien ejerce el cargo, con independencia de la Sala al imponerla, mencione o no el nombre del funcionario responsable, o bien, se refiera al titular de la dirección o dependencia del Gobierno o del organismo descentralizado, pues la multa se impone en el equivalente a Unidades de Medida y Actualización, las que en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, éstas se calculan sobre los días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del Gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. Sostener lo contrario, dijo, implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al cual están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. Es ilustrativa al respecto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 92/2010, de la Segunda Sala del Supremo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página doscientos noventa y dos, Novena Época, Registro: 164276, del siguiente literal: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente." Consecuentemente, si la multa se impone al titular de una dependencia, la persona física que desempeña el cargo es quien debe cubrir el monto de aquélla con su propio peculio y no con el presupuesto de la dependencia a la que pertenezca. Por ello, las personas morales oficiales carecen de legitimación para impugnar los actos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, porque se insiste, su importe deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, con sus propios fondos y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se tratara, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta. Entonces, si en el acto que se reclama, se impuso al servidor público una multa por no cumplir con lo solicitado, dicha medida de apremio, adquiere el carácter de personal, pues los entes públicos como ficción del derecho tienen vida jurídica a través de los actos de las personas físicas que actúan en su nombre y si una autoridad omitió cumplir con lo requerido, el responsable de ello no será el ente público, sino el funcionario que incurre en la conducta omisiva y quien de su peculio, debe cubrir la sanción impuesta como consecuencia del defectuoso ejercicio de su función y no con el presupuesto o el patrimonio de la dependencia del gobierno a la que se encuentra adscrito. Por lo anterior, el individuo quien desempeña un cargo público por sí es quien tiene interés jurídico para reclamar resoluciones que guardan relación con multas impuestas con motivo de su función. De ahí se concluya, al no afectarse los intereses patrimoniales del Estado con los actos que se reclaman, sino los personales de quien funge como autoridad con el cargo correspondiente, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo, por cuanto hace a los actos impugnados por la quejosa en su carácter de Agente del Ministerio Público Litigante adscrita a la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 171/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página cuatrocientos sesenta y siete, Registro: 176216, la cual dice: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la Superioridad.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de julio de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 4073/2022, firmado en forma electrónica por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 11610/2022, por el que se remitió el escrito de expresión de agravios y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, para la substanciación del recurso de queja hecho valer contra el proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, el cual fue radicado y admitido como recurso de queja 153/2022, de su índice, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. En otro orden de ideas, en atención a la solicitud planteada por la Superioridad a efecto de que se ponga a su disposición el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo a efecto de que éste pueda ser vinculado al recurso de queja 153/2022, de su índice, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta y vinculación del expediente electrónico, ello para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, instrúyase al analista jurídico SISE, adscrito a éste órgano jurisdiccional a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de junio de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Leticia Bribiesca Sánchez, parte quejosa dentro del presente juicio, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA hecho valer en contra del proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes. Remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, el original y copia del ocurso en cuestión. NOTIFÍQUESE.
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