Lilia Martínez Cendejas

Expediente 130/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
130/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Lilia Martínez Cendejas

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de marzo de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, resiente en esta ciudad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. El promovente del amparo hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: La diligencia de desocupación y entrega de inmueble, materializada el ********************, en cumplimiento al auto de ********************, dictado en la etapa de ejecución de sentencia, dentro del juicio ordinario civil ********************, que sobre cumplimiento de contrato de compraventa promovió ********************, frente a la quejosa, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. De igual manera, la promovente aduce violaciones a sus derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitidos dentro de la propia etapa de ejecución de sentencia. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito, refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En la especie, se desecha de plano la demanda de garantías en estudio, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracciones XIII, XVIII y XXIII, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracciones XIII, XVIII y XXIII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen se consentimiento. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación al proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de laguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Conforme a la disposición contenida en la invocada fracción XIII, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, entendiéndose como tal que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió exista una relación de causa-efecto, es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución o proveído. Y respecto de la fracción XVIII, el juicio biinstancial se torna improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De igual manera, contiene excepciones al deber de interponer dichos recursos o medios de defensa; sin embargo, en el caso concreto no se actualizan, pues no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, ni auto de vinculación a proceso, tampoco es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni la resolución decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa fuera de procedimiento; además, se considera que la parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento de origen, ya que como se advierte de la narrativa de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, realizados por la promovente bajo protesta de decir verdad, es parte demandada dentro del juicio que genera tal acto de molestia, donde ha gestionado conforme a sus intereses personales. Para una mejor comprensión del problema jurídico sometido a la consideración de este Tribunal Constitucional, se estima pertinente precisar, en lo que aquí interesa, los antecedentes jurídicos que dieron origen al acto reclamado, de los cuales se desprende lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, fue tramitado el juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato de compraventa ********************promovido por ********************, frente a la quejosa ********************. 2. Con fecha ********************, el mandatario jurídico de la quejosa ********************, opuso la recusación sin expresión de causa, por lo que a la postre, el expediente fue turnado al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, registrándose bajo el número ********************. 3. Con fecha ********************, la demandada aquí quejosa, por conducto de su mandatario jurídico, dio contestación a la demanda entablada en su contra y señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones personales. 4. Seguido el juicio por su secuela procesal, el ******************** fue dictada la sentencia correspondiente declarándose procedente la acción ejercitada sobre cumplimiento de contrato que hizo valer ********************. 5. El ********************, fue declarada ejecutoriada la sentencia y se concedió a la demandada el término de tres días para su cumplimiento voluntario. 6. Con data ********************, la sentencia fue puesta en estado de ejecución, ordenándose sacar a remate un inmueble propiedad de la quejosa que le fue embargado, por lo que en fechas ********************, ********************, ********************y ********************, todas del referido año, tuvieron verificativo las audiencias de remate en primera, segunda, tercera y cuarta almoneda, última de ellas en la que la actora ********************, al no haber licitadores se adjudicó el bien embargado. 7. El ********************, la promovente del amparo, al no tener información alguna por parte de su apoderado legal ********************, sobre el estado procesal que guardaba el juicio, previamente una investigación, tuvo conocimiento que dicha persona, el ********************, había fallecido, por lo que contrató los servicios de diverso profesional, quien en compañía de la peticionaria de amparo, el ********************, acudieron al Juzgado señalado como responsable y al imponerse de las constancias que integraban el juicio materia del acto reclamado, advirtieron la existencia del proveído de ********************, en el que, a petición de la parte actora, se mandó requerir a la demandada para que dentro del término de tres días hábiles compareciera voluntariamente a otorgar la escritura del bien inmueble adjudicado. 8. En virtud de que la demandada no compareció a otorgar la escritura de adjudicación del bien inmueble en litigio, en auto de ********************, el Juez responsable determinó remitir los autos del expediente a una Notaría Pública para la elaboración de la escritura correspondiente en favor de la actora del juicio; sin que ello, a la fecha, haya acontecido, ante la negativa del Notario Público para la elaboración de la escritura correspondiente al existir un acreedor preferente falto de notificación del procedimiento de remate y venta del inmueble embargado, que cuenta con gravamen derivado de un crédito hipotecario otorgado por el Instituto Nacional del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT). 9. Previa petición de la actora del juicio, por auto de ********************, el a quo responsable señaló día y hora hábiles de despacho para que personal del propio tribunal la pusiera en posesión real y material del inmueble adjudicado, toda vez que la quejosa no lo había hecho de manera voluntaria dentro del término de tres días que le había sido otorgado para ese efecto; diligencia que fue materializada el ********************; acto de autoridad que constituye materia del reclamo en la presente instancia constitucional. 10. Finalmente, la promovente de la tutela federal, refiere que durante la secuela procesal del juicio de donde emana el acto tildado de inconstitucional, a partir de la apertura del término probatorio y hasta la audiencia de remate quedó en completo estado de indefensión por no estar debidamente representada en el juicio ante el fallecimiento de su apoderado legal ********************, máxime que las notificaciones de las determinaciones correspondientes fueron realizadas mediante instructivo fijadas en la puerta de la oficina que sirvió como despacho de dicho finado, siendo que el juzgador, en todo caso, debió haberla requerido en su domicilio particular donde fue emplazada para que compareciera a imponerse del procedimiento y designara un nuevo mandatario; por lo que, sostiene la agraviada, tales actuaciones son violatorias de sus derechos humanos y de los derechos fundamentales que otorga a su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antecedentes que, como se mencionó, la promovente del amparo los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, máxime que es parte demandada en el contradictorio natural, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." En ese sentido, se establece que, respecto las violaciones a sus derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia, esto es, haber quedado en estado de indefensión debido a que las notificaciones correspondientes fueron realizadas por instructivo fijado en la puerta del inmueble que sirvió como despacho a su apoderado legal, que después de su fallecimiento permaneció cerrado, según aduce la quejosa, se actualizada la citada causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ello es así, pues tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. La causa de improcedencia se surte en razón de que, como fue puntualizado, no se está en presencia de actos que impliquen privación de la libertad, ni importa privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; además, la quejosa no es extraña al procedimiento del que deriva el acto reclamado (juicio ordinario civil ********************), ya que tienen el carácter de demandada; en tales condiciones, debe decirse que contra dichas violaciones que estima acontecieron en su perjuicio (notificaciones procesales), debe agotarse el medio de defensa ordinario consistente en el incidente de nulidad de notificaciones, antes de intentar el juicio de amparo. En efecto, en la fracción citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en esa vía. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él, es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Es sabido que, según la teoría general del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente, que el inferior que dictó la resolución impugnada no aplicó correctamente la ley en el caso en concreto, o arribó a esa resolución violando las normas esenciales del procedimiento; por lo que, de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer; sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, sólo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de la norma antes referida, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio referido, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la primera de dichas fracciones. Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." Así como la jurisprudencia I.4º C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada: Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia Ley de Amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento; lo que en la especie no acontece. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, con relación a la observancia del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, con motivo del interés superior de la menor, concluyó que, será posible dejar de observar tal principio cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora, tratándose del ejercicio de un derecho humano, ello trae aparejado como consecuencia que no debe existir obstáculo jurídico que implique la imposibilidad de hacer valer un acceso efectivo a la justicia. En seguimiento de la idea de que la quejosa puede acudir en sede ordinaria y combatir el acto de que se duele, antes de exponer los argumentos para evidenciar la causa de improcedencia invocada, resulta oportuno dejar precisado que la quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña al juicio de origen, como se evidencia, ya que tienen el carácter de demandada dentro del juicio de origen, dentro del cual ha promovido de acuerdo a sus intereses personales. Una vez establecido lo anterior y como se adelantó, esta juzgadora considera que respecto de las notificaciones practicadas a la quejosa del procedimiento del juicio ordinario civil ********************, específicamente desde la apertura del término probatorio hasta las audiencias de remate, cabe precisar que el artículo 96 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, establece: "Artículo 96. La nulidad de una actuación debe reclamarse dentro del término comprendido entre la fecha de la actuación misma y los tres días siguientes a aquel en que sea notificada legalmente la resolución subsecuente; pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." Asimismo, el artículo 98 del mismo ordenamiento legal, dispone: "Artículo 98. La nulidad de actuaciones y notificaciones se substanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes." De lo que se obtiene que la peticionaria de amparo, antes de acudir al juicio de amparo, debió haber impugnado las notificaciones que ahora aduce fueron realizadas de manera ilegal, mediante el incidente de nulidad de notificaciones, en términos del artículo 96 del referido código procesal, por lo que, al no haber agotado ese medio de defensa que establece la ley ordinaria que regula el acto reclamado, conduce al desechamiento de la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: VI.3o.C. J/62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175964 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Febrero de 2006 Pag. 1665 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Corolario con lo anterior, se destaca, que respecto del auto reclamado de ********************, en el que ante la renuencia de la quejosa en cuanto parte demandada dentro del supracitado juicio ordinario civil ********************, en hacer entrega de manera voluntaria a la actora ********************, del inmueble embargado, rematado y adjudicado materia de la litis, como quedó precisado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Ello, en relación con la diversa fracción XIII del propio numeral 61, así como del precepto 217 de la Ley de Amparo, que establecen: "XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De tales preceptos normativos, se desprende que la jurisprudencia que establezca el Más Alto Tribunal de la Nación Mexicana, es obligatoria para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden Común de las entidades federativas y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. Del primero de los citados numerales, se advierte la posibilidad de que el juicio de amparo se torne improcedente por alguna disposición distinta a las fracciones I a la XXII del propio numeral; hipótesis que se obtienen de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la jurisprudencia establecida por los Tribunales de la Federación. Igualmente, del segundo de los numerales trascritos, se desprende que la jurisprudencia establecida por el Máximo Tribunal del País, actuando ya sea en Pleno o en Salas, es de observancia obligatoria para los juzgados y tribunales pertenecientes a distintos fueros. Así, y para determinar, en la especie, la actualización de la causal de improcedencia en análisis, conviene traer a colación lo estatuido por el artículo 107 de la Ley de Amparo, que textualmente refiere: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del numeral transcrito, se desprende que tratándose de actos dictados en la etapa de remate, la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento. En ese sentido, se obtiene que la última resolución en la etapa de ejecución tratándose de remate, es la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o entrega de los bienes rematados. Aunque existen excepciones a esa regla general de procedencia del juicio de amparo, como por ejemplo, cuando la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento de origen, lo que en la especie no sucede porque la agraviada es parte demandada en el juicio de origen al cual se le llamó para que ejerciera sus derechos que estimara pertinentes, máxime que como lo indica ha gestionado de acuerdo a sus intereses particulares. Sustenta esta consideración, por analogía, la tesis aislada de la Compilación de 1985, Tercera Parte, páginas 174-175, de rubro "TERCEROS EXTRAÑOS AL PROCEDIMIENTO. AMPARO PROCEDENTE". No obstante lo anterior, sobre ese tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/2019, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, estableció que de la interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. Ello en razón de que, si bien el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y con la finalidad de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa; ello sólo refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Y si bien, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, que la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. Asimismo, puntualizó que la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, por lo que no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate. Razonamientos que se encuentran sustentados en la jurisprudencia 1ª./J. 57/2019 (10a), publicada en la página 110 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Décima Época, Materias Común y Civil, de rubro y texto: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA.". La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Bajo tales premisas normativas, válidamente puede establecerse que el proveído reclamado de ********************, dictado dentro del juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, promovido por ********************, en contra de la quejosa ********************, que ordenó la desocupación y entrega a la parte actora del inmueble materia del embargo y adjudicación, materializada el ********************, es un acto derivado de otro consentido, y para que la causal de improcedencia invocada se actualice en dichos términos, es preciso que se den los siguientes requisitos: 1) Que exista un acto consentido tácitamente; Que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió exista una relación de causa a efecto, es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución o proveído; y, Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. Cuestión que a juicio de este Tribunal de amparo sí se demuestra, por las consideraciones que a continuación se exponen. El primer requisito, relativo a que exista un acto consentido tácitamente, necesario para que se actualice la causa de improcedencia señalada en los párrafos que anteceden, se demuestra, en virtud de que el auto de ********************, tildado de inconstitucional por la quejosa, deriva de que la parte demandada en el juicio de origen no acató el requerimiento realizado en el diverso de ********************, en el que, a petición de la parte actora, se le requirió para que dentro del término de tres días hábiles compareciera voluntariamente a otorgar la escritura del bien inmueble adjudicado. De ahí que, lo que determinó el juez responsable en ese acuerdo de ********************, fue como consecuencia de que la parte demandada -aquí quejosa- no compareció para otorgar de manera voluntaria, en favor de la actora del juicio, la escritura de adjudicación del inmueble rematado en el litigio, dentro del término establecido para ese efecto en auto de ********************; determinación de referencia -la de ********************-, que al constituir la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, no fue combatida por la quejosa. Por lo tanto, al no haber sido combatido por la parte quejosa el proveído de ********************, mediante el cual se ordenó requerir a la parte demandada el otorgamiento voluntario de la escritura de adjudicación del bien inmueble rematado, en favor de la actora del juicio, del cual deriva, como se ha especificado, el diverso acuerdo de ********************, que es materia esencial del reclamo en la presente instancia constitucional, debe estimarse que el mismo constituye un acto derivado de otro consentido, por la parte quejosa. Por otro lado, el segundo de los mencionados requisitos también queda comprobado, ya que como se puntualizó en párrafos anteriores, el acto reclamado en estudio, se sustenta precisamente en que la parte demandada en el juicio de origen no acató la determinación del otorgamiento, de manera voluntaria en favor de la parte actora, de la escritura de adjudicación del bien inmueble en litigio, contenida en proveído de ********************, mismo que se reitera fue consentido tácitamente. Asimismo y por lo que hace al tercer y último de los supuestos, en la demanda de garantías, el quejoso señaló como acto reclamado destacado el auto de ********************, dictado a consecuencia de no haberse cumplido con lo determinado en el supracitado acuerdo de ********************. Así, se tiene que la quejosa ********************, al reclamar en la demanda en estudio el proveído de ********************, tácitamente consintió el diverso de ******************** (que es el considerado como la última resolución dentro del procedimiento de remate, para la procedencia del juicio de amparo indirecto), mismo que al constituir parte del procedimiento de la etapa de ejecución de remate, la presente demanda se torna improcedente, pues como se puntualizó, en la etapa de ejecución de sentencia, la última resolución para los efectos de su procedencia, es la que ordena a la parte demandada el otorgamiento en forma voluntaria de la escritura del bien rematado, en favor del adjudicatario, en cuyo caso, se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia 69, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 45, Tomo 75, correspondiente al mes de marzo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Consecuentemente, al actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones XIII, XVIII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo, en concordancia con la fracción IV del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECBIR NOTIFICACIONES. Ténganse como personas autorizadas de la promovente para efectos de oír y recibir notificaciones personales, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, habida cuenta que se constató en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, obran registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho. Y para el único efecto de oír y recibir notificaciones personales e imponerse de constancias de autos, en términos de la última parte del párrafo segundo del invocado precepto, a ********************, toda vez que no se cumple con dicho requisito. Asimismo, se tiene por señalado como domicilio procesal para los efectos precisados, el ubicado en ********************Centro de esta ciudad. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.e.

  3. Principal

    POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS), QUE EN LO CONDUCENTE DICE: DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo...CITATORIO.

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