Leticia Reyna Lopez
Expediente 384/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leticia Reyna Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I-A " R E S U L T A N D O C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisó que el acto reclamado lo es: La falta de emisión del auto de calificación de pruebas correspondiente en el juicio laboral 1060/2015 (4). Es así, en virtud de que los demás actos que señala en los incisos b), c) y d), son consecuencia de la falta de emisión del acuerdo de calificación de pruebas que se tiene como único acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, volumen XIX, abril de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO.- Existencia del acto reclamado. Del informe justificado que rindió el Auxiliar de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte la existencia del acto reclamado consistente en la falta de emisión del acuerdo de calificación de pruebas correspondiente en el juicio laboral 1060/2015 (4); en virtud de que si bien es cierto la responsable dictó el acuerdo relativo el quince de abril pasado, la quejosa lo desconocía, razón por la cual, se tiene como cierto el acto que se le reclama. CUARTO.- Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que la suscrita advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, como lo asevera la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II.- Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". La interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias remitidas por la responsable con su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quince de abril de dos mil veintiuno, la Junta responsable emitió auto de calificación de pruebas en el juicio laboral 1060/2015 (4). En ese orden, es evidente que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, porque la autoridad responsable no había emitido auto de calificación de pruebas siguiente etapa en el procedimiento laboral; acto que fue emitido el quince de abril del año en curso, por tanto, se reitera, han cesado los efectos del acto reclamado. Luego, como se precisó, se actualiza la causal de improcedencia invocada y por tanto, procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número cuatrocientos quince, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Jurisprudencias que continúan vigentes, a pesar de haberse emitido a la luz de la Ley de Amparo abrogada, por así permitirlo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, toda vez que la causa de improcedencia invocada está prevista en términos idénticos tanto en la Ley de Amparo vigente, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la citada fracción XXI del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia Ley de la Materia. No pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad responsable en el sentido de que aún no ha sido notificado a la parte quejosa el auto dictado el quince de abril pasado en el expediente laboral número 1060/2015 (4), dado que no cuenta con actuarios ya que por la contingencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov 2 (Covid-19) no están laborando sino hasta nuevo aviso; sin embargo, toda vez que reclama el derecho humano tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho precepto no obliga a esta autoridad contar con la notificación de dicho acuerdo para resolver el presente asunto; además, cuando se promueve un amparo como en el caso, por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Sirve de apoyo para la parte final del párrafo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Lo resaltado no es de origen. QUINTO.- En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, Se Resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por LETICIA REYNA LÓPEZ. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de esta resolución. Notifíquese y regístrese..."
- Principal
MESA I ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurre el término de ocho días concedido a las partes en auto de tres del mes actual. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Auxiliar de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes. Dése vista a las partes por el término genérico de ocho días. NOTIFÍQUESE.Lo provee y firma electrónicamente, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el(la) licenciado(a) Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretario(a) que autoriza y da fe.VFMP'ijs..
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