LETICIA MAYELA DIAZ ALONSO y Otros.
Expediente 1413/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1413/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- LETICIA MAYELA DIAZ ALONSO y Otros.
- Leticia Mayela Diaz Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Incidental
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Archivo Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se declaró cumplida la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal. Por tanto, con fundamento en el artículo 9° del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Destino final original de incidente Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. Destino final duplicado de incidente En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devuélvase al Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, el tomo de pruebas que adjuntó a su informe justificado, consistente en copias certificadas deducidas del expediente familiar 216/2021, de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 1413/2021 promovido por Leticia Mayela Díaz Alonso y Eduardo David Díaz Alonso, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca y del Actuario adscrito a dicho Juzgado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado el veintisiete siguiente, los quejosos Leticia Mayela Díaz Alonso y Eduardo David Díaz Alonso, demandados en el juicio de origen; demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades y actos: "(.) III. Autoridades responsables. Tiene el carácter de autoridad responsable en calidad de ordenadora: 1.- Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, llevador del expediente 216/2021 de origen. 2.- Actuario adscrito a dicho Juzgado. IV.- ACTO RECLAMADO. Reclamados de la autoridad señalada como ordenadora: El apercibimiento de ARRESTO HASTA POR TREINTA Y SEIS HORAS como medida de apremio. La orden de protección consistente en la orden de desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en (.). La orden de protección consistente en la entrega por parte de los suscritos, de las pertenencias, así como objetos de uso personal y documentos propiedad de nuestra señora madre LUCINA ALBINA ALONSO GARCÍA. De la autoridad señalada como ejecutora reclamados el cumplimiento que se pretende dar a la medida de apremio (arresto hasta por treinta y seis horas) y las órdenes de protección dictadas en su contra).". Actos que los quejosos señalaron como violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en la demanda de amparo expresaron los antecedentes y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS EN ESTE JUZGADO. Cabe precisar que resulta un hecho notorio para este Juzgador en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que previo a la promoción de la demanda origen de este expediente, los aquí quejosos promovieron el juicio de amparo 1024/2021, contra las medidas de protección dictadas en acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno en el juicio de origen; expediente en el cual, por resolución de veintiséis de abril de dos mil veintidós se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia por cesación de efectos de los actos reclamados. Y en el que los quejosos interpusieron recurso de revisión, el cual se encuentra pendiente de resolución. Asimismo, en el diverso juicio de amparo 1414/2021 del índice de este juzgado, el aquí tercero interesado German Díaz Alonso, por propio derecho y en representación de su madre Lucía Albina Alonso García, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del juez señalado como autoridad responsable en este juicio, para hacer cumplir las órdenes de protección dictadas en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno en el juicio de origen. TERCERO. Trámite del juicio. En auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo respecto de los actos precisados en los incisos b, c y d precisados en el primer resolutivo de esta resolución -órdenes de protección dictadas el seis de diciembre de dos mil veintiuno y su ejecución-, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que respecto de dichos actos había litispendencia por ser materia del diverso juicio de amparo 1024/2021. Y se admitió a trámite únicamente respecto del apercibimiento de la orden de arresto hasta por treinta y seis horas reclamado a la autoridad judicial responsable, y por ende su ejecución reclamada al actuario. Por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Germán Díaz Alonso (parte actora en el juicio de origen); se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. En auto de veintiuno de enero del actual, se tuvo al tercero interesado Germán Díaz Alonso apersonándose al juicio en su carácter de tercero interesado. Mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca y de la persona que funge como curador de Lucía Albina Alonso García. En auto de veintidós de marzo del actual se tuvo al citado Agente apersonándose al presente juicio. Por auto de dieciocho de mayo del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable informando el nombre de la curadora provisional de Lucía Albina Alonso García por lo que se ordenó su emplazamiento mediante despacho. En proveído de veintiuno de junio del actual, se tuvo a la Procuradora de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, apersonándose al presente juicio como tercera interesada y se ordenó realizarle las notificaciones mediante oficio. Por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo trámite del juicio se desahogó al tenor del acta que antecede el siete de julio de dos mil veintidós; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza civil, especializado en materia familiar, seguido ante autoridades jurisdiccionales de primera instancia del orden local, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama: Autoridades responsables Actos reclamados Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. El apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas como medida de apremio dictado mediante auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno en el juicio de origen. Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. La ejecución de dicha determinación. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la ejecución del apercibimiento de arresto. Es inexistente la ejecución del apercibimiento de arresto reclamado al actuario de primera instancia, ya que no quedó demostrada la materialización de dicho apercibimiento aunado a que el actuario señalado como autoridad responsable no cuenta con facultades para privar de la libertad a las personas -es decir, ejecutar el arresto-, pues su proceder únicamente se limita a notificar o practicar las diligencias ordenadas por la autoridad judicial. Sin que la parte quejosa aportara ningún medio de convicción para desvirtuar lo anterior. De ahí que aunque la autoridad ejecutora no rindió su informe justificado, no ha lugar a presumir la existencia del acto de ejecución que se le atribuye por las consideraciones precisadas con antelación. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE MULTA RECLAMADO. CUARTO. Certeza del acto. ES CIERTO el acto reclamado consistente en el apercibimiento de arresto dictado en el juicio de origen el seis de diciembre de dos mil veintiuno, ya que así lo manifestó la autoridad judicial responsable al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: El treinta de agosto de dos mil veintiuno, se radicó el expediente familiar 216/2021 ante la autoridad responsable, derivado de la demanda presentada por Germán Díaz Alonso con el carácter de tutor provisional de Lucía Albina Alonso García, contra Leticia Mayela y Eduardo David, ambos de apellidos Díaz Alonso, de quienes reclamó el pago de las siguientes prestaciones: Pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva. Depósito de Lucía Albina Alonso García y del propio promovente en su carácter de tutor en su domicilio particular. La devolución al tutor provisional de los documentos personales de Lucía Albina Alonso García. Un informe que rindan los demandados respecto de los gastos realizados a favor de Lucía Albina Alonso García. La devolución del dinero ahorrado a nombre de Lucía Albina Alonso García. En dicho auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se dictaron órdenes de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil a favor de Lucía Albina Alonso García, consistentes en requerir a los demandados, aquí quejosos: La desocupación del inmueble ubicado en calle cinco de mayo número doscientos uno Centro de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Asimismo, llevarse sus pertenencias de carácter personal y permitir que se instalaran en dicho domicilio el actor Germán Díaz Alonso en su calidad de tutor provisional y su representada Lucía Albina Alonso García. Y que en el acto de emplazamiento entregaran todos los documentos de uso personal, de identidad, bancarios, tarjetas, estados de cuenta, facturas, títulos de propiedad, identificaciones y demás en forma genérica como permitir que su representada goce de la posesión de dicho inmueble. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, la actuaria realizó la diligencia de notificación, traslado y emplazamiento a los demandados, y en el mismo acto se les requirió para que en el plazo de veinticuatro horas desocuparan el domicilio ubicado en la casa número doscientos uno de la Calle Cinco de Mayo, Ocotlán, Oaxaca. En auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, ante el incumplimiento de los demandados para acatar las medidas de protección a favor de Lucía Albina Alonso García, se ordenó nuevamente requerir a los demandados el cumplimiento de dichas medidas de protección, entre otras determinaciones; y en términos del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado para el cumplimiento de las mismas se ordenó su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública. En auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, dado la desobediencia de los demandados, nuevamente se ordenó el cumplimiento de las órdenes de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil derivadas del auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en diligencia de notificación y requerimiento por parte de la actuaria adscrita al Juzgado de Primera instancia, se solicitó a los demandados el cumplimiento de las medidas de protección, sin que dieran cumplimiento a las mismas. En auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó nuevamente requerir a los demandados el cumplimiento de las órdenes de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil dictadas en auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, el cual fue notificado a las partes vía electrónica el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. El citado apercibimiento realizado en la determinación de seis de diciembre de dos mil veintiuno, constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del contenido literal del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha causal de improcedencia se actualizará cuando, además de que se dejen insubsistentes los actos reclamados, con ello también sean destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, de una manera tal, que no exista huella de la invasión de la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Así lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración 2a./J.59/99, con número de registro 193758, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Conforme a la citada jurisprudencia, el juicio de amparo será improcedente cuando se hubiese dejado insubsistente el acto o actos reclamados, y las violaciones también hayan quedado insubsistentes, como si el amparo se hubiese concedido. En el caso, el acto reclamado consiste en el apercibimiento de arresto realizado en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, por la autoridad responsable en el juicio de origen. Sin embargo, resulta un hecho notorio que mediante diverso juicio de amparo 1414/2021 del índice de este Juzgado, mediante resolución de veintisiete de junio del actual, se concedió el amparo a Germán Díaz Alonso, por propio derecho y en representación de Lucina Albina Alonso García, y se determinó que los medios de apremio de multa y arresto no son eficaces para lograr el fin pretendido, y garantizar las medidas de protección impuestas, ya que con tales medios de apremio, no es posible poner en posesión el inmueble a la parte actora, ni tampoco la desocupación del inmueble y la entrega de los documentos personales de la señora Lucía Albina Alonso García. Y se determinó que con el arresto, únicamente se pretende privar de la libertad por un tiempo determinado, por lo que el apercibimiento de arresto no es un medio idóneo para hacer cumplir la medida cautelar decretada por el juez natural, por lo que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa -aquí tercera interesada-, para el efecto de que se emita un acuerdo en el que el juez natural se pronuncie sobre la procedencia de alguna medida eficaz para el cumplimiento de las medidas de protección decretadas en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, observando las consideraciones de esa determinación. Es decir, tanto la parte actora como la parte demandada en el juicio natural, promovieron juicios de amparo contra el mismo acto de autoridad -proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio de origen- y en el juicio 1414/2021 presentado por el aquí tercero interesado, se concedió la protección constitucional. Por ello, se considera que el apercibimiento de arresto decretado en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno y sus efectos, cesaron con la determinación emitida en el citado juicio de amparo. De modo que ese apercibimiento y sus efectos, ya no inciden en la esfera jurídica del quejoso, sino lo determinado en el diverso juicio de amparo 1414/2021, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto sobre el cual ya existe un pronunciamiento de invalidez. Sin que sea obstáculo para determinar lo anterior, el hecho que el referido juicio de amparo, se encuentra pendiente de causar ejecutoria, ya que se reitera, esa nueva situación jurídica generada con motivo del fallo protector, es la que incide en la esfera jurídica de los quejosos y en la vigencia y ejecutividad del acto aquí reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/261, registro 175579, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1854, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. SI EXISTEN DOS AMPAROS RELACIONADOS Y EN UNO DE ELLOS SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, DEBE SOBRESEERSE EN EL SEGUNDO JUICIO, POR HABER CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si se promueven dos juicios de amparo, los que están relacionados porque son promovidos por las partes del juicio natural en contra del mismo acto reclamado, esto es, la sentencia de apelación pronunciada por la Sala responsable, y si en uno de ellos se concede el amparo para el efecto de que el tribunal ad quem la deje insubsistente y pronuncie otra, bien sea siguiendo los lineamientos dados en la ejecutoria, a la que queda vinculada, o con libertad de jurisdicción; entonces, el segundo juicio de garantías debe sobreseerse, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pues es evidente que los efectos de dicho acto reclamado han cesado y se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVI, del ordenamiento legal citado.". Asimismo, la tesis I.9o.C.133 C, registro 174779, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1166, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO CIVIL. OPERA CUANDO UN ACTO PROCESAL ES SUSTITUIDO POR LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ EL FONDO SUSTANCIAL CONTROVERTIDO. La jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", no es aplicable a la materia civil, en donde la cesación de efectos opera de manera distinta a como sucede en materia administrativa. Del análisis de cada ejecutoria que sirvió como precedente para integrar dicha jurisprudencia, se advierte que se examinaron actos de naturaleza eminentemente administrativa, distinta de la judicial. Ahora bien, es clara la aplicación obligatoria de la jurisprudencia indicada, en los asuntos de naturaleza administrativa, en donde los actos que emiten las autoridades no se pronuncian dentro de un procedimiento que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento judicial, pues generalmente la autoridad actúa con imperio mediante la emisión de determinaciones unilaterales, apoyadas en la coercibilidad del Estado, respecto de las cuales es necesario que exista un acto que revoque y destruya definitivamente los efectos lesivos del que se reclama, para concluir que ha cesado en sus efectos. Sin embargo, en un juicio civil, la cesación de efectos opera generalmente por sustitución procesal. Todo juicio se conforma con una serie de actos procesales, concatenados e íntimamente relacionados entre sí, de tal manera que la existencia de uno constituye la base y el sustento para la emisión de otro posterior. Así, algunos de dichos actos son trascendentales para la adecuada prosecusión del procedimiento, pues sin su emisión, no sería dable la sustanciación y culminación del juicio; algunos otros actos no son de trascendencia elemental porque están desvinculados de las etapas procesales que marcan el desarrollo del juicio. Así las cosas, cada acto procesal constituye la base fundamental sin la cual no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Esa serie concatenada y lógica de actos es lo que constituye al juicio, donde un acto es consecuencia y sustituto de otro, y así lo concibió el legislador, quien previó que para la impugnación de determinado acto jurídico dictado dentro del proceso, se le concede a la parte a quien le afecte un término máximo, de tal forma que una vez transcurrido, se pierde el derecho de hacerlo; tal previsión constituye una forma de obtener el desarrollo normal de un juicio apegado a la legalidad, paso a paso. Por esa misma razón, algunos tribunales federales han establecido criterios que explican que aun dictada la sentencia en un juicio civil, no puede operar un cambio de situación jurídica, porque para ello es indispensable que exista autonomía entre la primera y la posterior situación existente, siendo que los procesos jurisdiccionales del orden civil, ordinariamente se instruyen mediante una secuencia ordenada de actos, donde por regla general, la validez de los posteriores depende de la de los anteriores, de modo que si se invalida alguno, también quedan sin efectos los que se hayan continuado realizando sobre la base de aquél. Entonces, opera la cesación de efectos cuando se emita una resolución que sustituye a la dictada con antelación. Sin embargo, esa no es la única manera en que opera la cesación de efectos en un juicio civil, pues ésta existe cuando un acto procesal queda sustituido por otra actuación, como es la sentencia que culmina el procedimiento y resuelve el fondo sustancial controvertido.". Se hace la precisión que la jurisprudencia y tesis invocada, correspondiente a la novena época, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, en virtud de que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente.. En consecuencia, dada la actualización de la causa de improcedencia de cesación de efectos, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, respecto del apercibimiento de arresto, procede SOBRESEER EN EL JUICIO, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Leticia Mayela Díaz Alonso y Eduardo David Díaz Alonso, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca y del Actuario adscrito a dicho Juzgado, por las razones apuntadas en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Dámaris Angélica Arango Vera, Secretaria que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por el tercero interesado Germán Díaz Alonso, por el cual solicita la consulta del expediente electrónico y que se le practiquen las notificaciones de manera electrónica. Al respecto, atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico de este asunto, con el usuario "gadyjimenez". Para ello, la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema. Asimismo, se autoriza al tercero interesado de que se trata las notificaciones electrónicas de las resoluciones emitidas en este asunto, por lo que dígase al promovente que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, únicamente en caso de no lograrse la notificación por ese medio, se deberá efectuar en el domicilio que señala en autos, del cual solo se toma conocimiento para dicha circunstancia, en atención a la autorización de notificaciones electrónicas. Tome conocimiento el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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