LETICIA MAYELA DIAZ ALONSO y Otros.

Expediente 1024/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1024/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • LETICIA MAYELA DIAZ ALONSO y Otros.
  • Leticia Mayela Diaz Alonso
  • Juez Mixto de Primer Instancia del Distrito Judicial de Ocotlan de Morelos, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    MESA I "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; asimismo, que no se encuentra pendiente devolver documentos originales. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del artículo 20 fracción III, del aludido Acuerdo General, atendiendo a que se negó la suspensión definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible. En cambio, con apoyo en el artículo 19, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil veintidós. Por tanto, transcurrido el plazo tres años, contado a partir de esta fecha, procédase a la transferencia de este expediente al depósito documental que para tal efecto designe la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de control. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es conservable, porque se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 17, fracción III, inciso a), el expediente deberá ser transferido al archivo de concentración después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al juez de la causa la documental que remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, c... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ...T... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es el acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno dictado en la controversia del orden familiar 216/2021, en el que se dictaron medidas de protección a favor de la quejosa, consistentes en: 1. Requerir a los demandados la desocupación del inmueble ubicado en el número doscientos uno de la calle Cinco de Mayo, Centro de Ocotlán de Morelos, Oaxaca; y permitir a la parte actora se instale en el mismo. 2. Requerir la entrega a la parte actora de los documentos de uso personal, identidad, bancarios, tarjetas, estados de cuenta, facturas, títulos de propiedad, identificaciones y demás, así como permitirle el goce de la posesión exclusiva del aludido inmueble. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de actos. SON CIERTOS los actos reclamados a la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán, Oaxaca, ya que así lo manifestó en su informe justificado. La autoridad responsable, Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán, Oaxaca, no rindió informe justificado a pesar de haber sido legalmente notificado de su solicitud. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo la autoridad responsable, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió el Juez responsable, las cuales previamente fueron valoradas. 1. En proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán, Oaxaca, admitió la demanda promovida por Germán Díaz Alonso, en su carácter de tutor provisional de Lucía Albina Alonso García, contra Leticia Mayela y Eduardo David, ambos de apellidos Díaz Alonso, mediante la cual, en la vía de controversias del orden familiar, les demandó las prestaciones indicadas en su escrito de demanda. 1.1. También ordenó emplazar a los demandados y correrles traslado con la demanda y anexos. 1.2. Asimismo, fijó fecha para la celebración de una audiencia familiar en la que las partes pudieran convenir en relación a sus diferencias. 1.3. Además en torno a la admisión de las pruebas ofrecidas por la actora. 1.4. Fijó pensión alimenticia provisional a favor de la actora Lucía Albina Alonso García, cuyo pagó quedó a cargo de los demandados. Y decretó las órdenes de protección siguientes: 2. De emergencia, consistente en requerir a los demandados en el momento del emplazamiento para que dentro del plazo de veinticuatro horas desocuparan el domicilio ubicado en la casa número doscientos uno de la calle Cinco de Mayo, Centro de Ocotlán, Oaxaca; llevándose sus pertenencias personales, a efecto de que la actora quedara instalada con su tutor provisional; la cual tendría duración ilimitada. 2.2. Preventiva, consistente en que la demandada Leticia Mayela Díaz Alonso, entregara en el acto del emplazamiento, los objetos de uso personal y documentos de identidad, así como bancarios, de manera enunciativa y no limitativa, tarjetas bancarias, estados de cuenta, facturas, títulos de propiedad, identificaciones, etcétera. 2.3. De naturaleza civil, consistente en otorgar a la actora la posesión exclusiva del inmueble precisado. Ordenes aquí reclamadas. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 22/91, registro 205800, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, página 60, por identidad de razón jurídica, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento.". Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: a) Que la autoridad responsable viola sus derechos humanos en virtud de que no los citó a juicio previamente a emitir la orden de desocupación y entrega del bien ubicado en cinco de mayo número doscientos uno colonia centro en el municipio d Ocotlán de Morelos, Oaxaca y así estar en aptitud de poder ser oídos y vencidos en juicio. b) Que antes de dictar la orden de desocupación y entrega, la autoridad responsable debió verificar de manera minuciosa que la parte actora se haya conducido con verdad al narrar los hechos en su demanda. Cita la Jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1º., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". c) Se viola en su perjuicio la garantía de seguridad y legalidad jurídica en virtud que la responsable con la determinación reclamada los priva de su derecho legítimo de convivencia con su progenitora y antes de dictar medidas tendentes a privarlos de ese derecho debió allegarse de prueba suficientes y realizar las diligencias necesarias para corroborar la veracidad de los hechos. d) Que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, dado que sin motivo alguno pues se concreta a lo manifestado por la parte actora, sin que se realizara las diligencias necesarias para mejor proveer y corroborar los hechos narrados por el actor. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación son INFUNDADOS como se verá a continuación. Respecto a los argumentos plasmados en los incisos a) y b), donde refieren los quejosos que la autoridad responsable previamente a emitir la orden de desocupación y entrega del bien inmueble, ubicado en cinco de mayo número doscientos uno colonia centro en el municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca debió citarlos para ser oídos y vencidos; además debió verificar de manera minuciosa que la parte actora se haya conducido con verdad al narrar los hechos en su demanda, resultan INFUNDADOS. Es así, dado que el Juez responsable cumplió con lo establecido en el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establece: "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. [.]." Del precepto transcrito, se deduce que tratándose de las medidas provisionales y urgentes en casos que involucren problemas de índole familiar, prevé la regla especial consistente en que el juez al recibir la demanda está obligado a tomar las medidas urgentes que sean necesarias, para proteger a quien solicita su intervención. Además, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento judicial instaurado donde las parte afectada puede aportar los medios de prueba que considere necesarios. Así, de acuerdo a las constancias de autos y señalado los antecedentes del acto reclamado en el considerando anterior; para cumplir con lo previsto en el numeral invocado, el Juez debe dictar las medidas cautelares como las impuestas en el juicio natural y que aquí reclaman los quejosos y para esto no es necesario citar a juicio a la parte demandada por el carácter de urgente y provisional que tienen, por lo que necesariamente la responsable debe tomar en cuenta la narración de hechos que haga la parte actora para actuar en consecuencia. Por lo anterior, el Juez no estaba obligado a citar a los quejosos previamente a emitir las medidas cautelares consistentes en la entrega y desocupación del bien inmueble ubicado en la calle cinco de mayo, número dos, del Centro de Ocotlán de Morelos, Oaxaca; la entrega por parte de los quejosos de las pertenencias, así como objetos de uso personal y documentos propiedad de la señora LUCÍA ALBINA ALONSO GARCÍA; pues contrario a lo argumentado por los aquí quejosos, no hay violación a sus derechos humanos y violación a la garantía de audiencia. ... Por otra parte, respecto a los argumentos vertidos en los incisos c) y d), también resultan INFUNDADOS, es así porque al revisar el acto tildado de inconstitucional se advierte que no se vulneró en perjuicio de los quejosos el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, ya que la autoridad responsable citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva (fundamentación). En efecto para dar sustento a su determinación invocó los artículos 27, 29 fracción I, 30 fracción V, 32 fracción III, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de Genero, también tomó en consideración las REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA EN LA XIV CUMBRE JUDCIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008; así como el artículo 9º, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Además, vertió los argumentos jurídicos que estimó razones particulares que la llevaron a impones la medias de protección que aquí reclaman los quejosos. En ese orden, la sentencia reclamada cuenta con la fundamentación y motivación, que para todo acto de autoridad pondera el artículo 16 Constitucional; esto es, con el objeto de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente al proceder de la autoridad que afecte o lesione su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Por último, refieren los quejosos que la Juez responsable viola los tratados internacionales de los que México forma parte, porque en el caso no protege la familia ya que la determinación reclamada se aprobó de forma arbitraria; contrario a lo argumentado por los quejosos la Juez responsable en aras de que la persona adulta mayor tenga un núcleo familiar donde se sienta a gusto y tenga calidad de vida, es que terminó esas medidas de protección y como ya se dijo son medidas provisionales que dependen directamente del desarrollo del procedimiento donde se emitieron, pudiendo revertirlas con los medios de prueba que aporten en el mismo. En ese panorama, el acuerdo reclamado en modo alguno es violatorio de derechos fundamentales contenidos en los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso establecidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que como se dijo está fundada y motivada, además de ser congruente y exhaustiva; por lo que ante tales circunstancias y dada la ineficacia jurídica de los conceptos de violación expuestos, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADOS. Negativa que se hace extensiva a la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán, Oaxaca, pues su actuar no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia del acto de ordenamiento. Se invoca en apoyo la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, octava época, tomo 55, julio de mil novecientos noventa y dos, página 41, con registro digital 218867, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORIAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicos propios." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a... ALONSO, contra actos de la Juez y Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán, Oaxaca, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio 643/2023, de la Jueza Mixto de Primera Instancia de Ocotlán, Oaxaca, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de junio pasado, remite la copia certificada del expediente 216/2021 de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba dicha documental, misma que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Finalmente, a fin de evitar la voluminosidad del presente expediente, fórmese un cuaderno de prueba con las constancias de mérito. NOTIFÍQUESE.

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