LETICIA MAYELA DIAZ ALONSO y Otros.

Expediente 1300/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1300/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • LETICIA MAYELA DIAZ ALONSO y Otros.
  • Leticia Mayela Diaz Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Leticia Mayela y Eduardo David, ambos de apellidos Díaz Alonso, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1300/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica y, conforme a la certificación secretarial, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jessie Anthony Ramírez López y únicamente para imponerse de los autos a la(s) restante(s) persona(s) que refiere. Ahora bien, de un estudio integral de la demanda de amparo, y, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por actualizarse un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, como a continuación se precisa. De la interpretación gramatical del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que la demanda debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías como lo que dispone el numeral en mención: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, de un estudio integral de la demanda de amparo y los anexos que acompañan, se advierte que los quejosos, como parte demandada en un juicio familiar, reclaman la orden de desocupación y entrega del bien inmueble, contenida en el acuerdo de seis de octubre pasado dictada en el expediente 26/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos. (...) El principio de definitividad del acto reclamado en el juicio de amparo consagrado en los numerales transcritos, impone al promovente la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la ley que tenga el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio destaca en el hecho de que el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado, puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que podrían perjudicarle, como lo es el recurso de apelación previsto en los numerales 972 y 974, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, por tratarse de una determinación procedimental en una controversia del orden familiar. Luego, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral invocado, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; 3. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y 4. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, previstos en los incisos a), b) y c), del citado numeral, los actos reclamados que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; los que afecten la libertad personal del promovente, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento; lo que en el caso no acontece. Sin que al efecto se pueda considerar actualizada alguna de las excepciones a que alude la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, referente a la posible irreparabilidad del acto reclamado o los efectos procesales del recurso legal, pues no se está en el caso de que el medio de defensa que está previsto para combatir el acto en estudio. (...) Luego, si el citado medio de defensa está legalmente previsto, su agotamiento previo al juicio de amparo, no es potestativo para los amparistas, sino obligatorio a ellos, aun cuando reclamen un acto en juicio de imposible reparación, contra el cual, de interponerse el recurso de apelación que prevé la ley procesal, no suspendería el acto reclamado, porque tal situación no constituye una excepción para cumplir con el principio de definitividad del acto reclamado, sino que en todo caso, se refiere a los casos en que se reclaman actos de autoridades distintas de las jurisdiccionales; de ahí que debió interponerse en forma previa a este juicio. Por lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último interpretado en sentido contrario, procede desechar la demanda de amparo promovida por Leticia Mayela y Eduardo David, ambos de apellidos Díaz Alonso. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del citado Pleno, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico y número de teléfono que menciona únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dicha parte para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. ... Lo que será una vez que se pueda obtener acceso al expediente físico, previa cita que agende. Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del mismo Pleno, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al secretario encargado del trámite, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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