Leticia Bautista Vargas

Expediente 284/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
284/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
19/09/2017

Partes del expediente

  • Leticia Bautista Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 284/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Leticia Bautista Vargas, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora 1. Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con domicilio en Ometepec, Guerrero. Ejecutora 2. Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. ACTO RECLAMADO "El infundado y por demás inconstitucional, auto de fecha treinta y uno de enero de 2017, dictado por la Sala Regional Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso del Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRO/103/2015." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Previa prevención de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, por auto de cinco de abril siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 284/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se reconoció el carácter de tercero interesado a Luis Maceda Vivar. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la imposición de una multa como medida de apremio en la etapa de ejecución de sentencia, al funcionario que ocupa el cargo de la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo, que se tramita ante un tribunal administrativo que tiene su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama por esta instancia: a) De la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/103/2015, mediante el cual se le impuso una multa de noventa unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), y b) Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado, la ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación, por conducto de su Magistrada; manifestación que basta para tener por plenamente evidenciadas las conductas que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que además se robustece con la copia certificada de las diversas constancias procesales que integran el expediente administrativo TCA/SRO/103/2015, remitido como apoyo a su informe, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado por conducto de la Directora General de Asuntos Jurídicos, negó el acto que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el mismo, dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue señalado en el presente juicio, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutar la multa combatida. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El once de mayo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/092/2015, radicado ante la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, aquí tercero interesado Luis Maceda Vivar, declarándose la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron para que "(.) las autoridades demandadas otorguen al actor el pago la correspondiente indemnización, y demás prestaciones que por derecho le correspondan, hasta en tanto no se realice el pago correspondiente." 2. Por acuerdo de tres de junio siguiente causo ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, el cumplimiento de la misma, acuerdo que le fue notificado a la Presidenta Municipal de Azoyu, Guerrero, el veinte de junio de dos mil dieciséis. 3. Por escrito de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la autorizada de la parte actora presentó planilla de liquidación, por lo que, mediante acuerdo de fecha ocho de julio siguiente, se tuvo por precluido el término de las autoridades demandadas, para que exhibieran la correspondiente planilla de liquidación, señalándose la cantidad de $66,666.32 (SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N) a pagar al actor Luis Maceda Vivar, con el apercibimiento que no de hacerlo así, se les impondría una multa en forma individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), acuerdo que le fue notificado a la autoridad demandada Presidenta Municipal de Azoyu, Guerrero, el dos de agosto de dicha anualidad 4. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Regional responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado a las autoridades demandas en proveído de ocho de julio pasado, al haber desahogado fuera término el requerimiento ahí formulado, por lo que impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) por la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), girando los oficios respectivos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo, y requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que en el término de tres días cumplieran la sentencia, apercibiéndolas que de ser omisas se les impondría una segunda multa en forma individual de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), actuación que se hizo del conocimiento de la autoridad demandada Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, el tres de octubre de dos mil dieciséis. 6. Mediante auto de once de noviembre pasado, se tuvo a las autoridades demandadas por exhibiendo el cheque con número de folio 163282289, a nombre del actor Luis Maceda Vivar, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), en cumplimiento a la sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, con lo cual se dio vista a la parte actora por el término de tres días. 7. En auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis, atento a las manifestaciones del autorizado de la parte actora, se ordenó la devolución del título de crédito aludido a las autoridades demandadas, y se determinó que estas han sido omisas en dar cumplimiento a la sentencia y se hizo efectivo el apercibimiento de veintinueve de septiembre de dicha anualidad y se les impuso una multa sesenta unidades de medida y actualización, equivalente a $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), lo que se ordenó ejecutar por conducto del Secretario de Finanzas y Administración del Estado, y se requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que en el término de tres días cumplieran la sentencia, apercibiéndolas que de no hacerlo se les impondría una nueva multa en forma individual de noventa unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 moneda nacional); proveído que se notificó a la Presidenta Municipal de Azoyu, Guerrero, el catorce de diciembre siguiente. 8.- Finalmente, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante el desacato de las autoridades responsables, en dar cumplimiento a la sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, se procedió a hacer efectivo el apercibimiento de dos de diciembre pasado y se les impuso una multa de noventa unidades de medida y actualización, equivalente a $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), para lo cual se giró oficio al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, lo que constituye el acto reclamado, a fin de hacerlo efectivo, actuación que se hizo del conocimiento a la autoridad demandada Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, aquí quejosa, el veinte de febrero de dos mil diecisiete. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Precisado los antecedentes de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, respecto al acto reclamado, consistente en el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/103/2015, atribuido a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que la quejosa tuvo conocimiento de dicho acto. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado la quejosa sabedora de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifiquen ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión el plazo será de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Sobre este rubro, primero hay que acentuar que la demanda de amparo se promovió por la quejosa en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/103/2015. Ahora bien, de la relación de constancias del expediente natural valoradas con antelación, se advierte que dicho auto se le notificó a la autoridad demandada aquí quejosa, por oficio 0243/2017 entregado por la Actuaria adscrita a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el veinte de febrero de dos mil diecisiete, en las oficinas del propio Ayuntamiento Municipal de Azoyú que representa, por conducto de su Secretario General, como se aprecia de la razón actuarial; por lo que, debe considerarse que a partir de la fecha citada la quejosa conoció el proveído que reclama; de ahí que para la promoción de la demanda de amparo que nos ocupa deba atenderse el plazo a que alude el mencionado artículo 17 de la ley de la materia, en relación con el diverso 33, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, máxime que este Juzgado Federal no está facultado para analizar oficiosamente la legalidad de la notificación de la resolución reclamada, a virtud de que el propio numeral 18 de la Ley de Amparo, prevé que para los efectos de la presentación de la demanda, las notificaciones y la forma en que surten efectos, se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa aludido con el que cuentan las partes en el procedimiento de origen, en este caso el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el citado Código. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 5/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, página 461, cuyo tenor es: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." Por tanto, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al en que se tuvo conocimiento del proveído que reclama, se obtiene que el término de quince días para promover el presente juicio de amparo transcurrió del veintiuno de febrero al trece de marzo de dos mil diecisiete; descontándose los días veinticinco y veintiséis de febrero, cuatro, cinco, once y doce de marzo de la presente anualidad, por haber sido inhábiles, de manera que si la demanda fue presentada el diecisiete de marzo del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego es inconcuso que dicho acto fue consentido tácitamente por la quejosa; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuye al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en virtud de que no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 284/2017 promovido por Leticia Bautista Vargas, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 284/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Leticia Bautista Vargas, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora 1. Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con domicilio en Ometepec, Guerrero. Ejecutora 2. Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. ACTO RECLAMADO "El infundado y por demás inconstitucional, auto de fecha treinta y uno de enero de 2017, dictado por la Sala Regional Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso del Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRO/103/2015." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Previa prevención de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, por auto de cinco de abril siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 284/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se reconoció el carácter de tercero interesado a Luis Maceda Vivar. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la imposición de una multa como medida de apremio en la etapa de ejecución de sentencia, al funcionario que ocupa el cargo de la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo, que se tramita ante un tribunal administrativo que tiene su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama por esta instancia: a) De la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/103/2015, mediante el cual se le impuso una multa de noventa unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), y b) Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado, la ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación, por conducto de su Magistrada; manifestación que basta para tener por plenamente evidenciadas las conductas que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que además se robustece con la copia certificada de las diversas constancias procesales que integran el expediente administrativo TCA/SRO/103/2015, remitido como apoyo a su informe, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado por conducto de la Directora General de Asuntos Jurídicos, negó el acto que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el mismo, dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue señalado en el presente juicio, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutar la multa combatida. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El once de mayo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/092/2015, radicado ante la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, aquí tercero interesado Luis Maceda Vivar, declarándose la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron para que "(.) las autoridades demandadas otorguen al actor el pago la correspondiente indemnización, y demás prestaciones que por derecho le correspondan, hasta en tanto no se realice el pago correspondiente." 2. Por acuerdo de tres de junio siguiente causo ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, el cumplimiento de la misma, acuerdo que le fue notificado a la Presidenta Municipal de Azoyu, Guerrero, el veinte de junio de dos mil dieciséis. 3. Por escrito de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la autorizada de la parte actora presentó planilla de liquidación, por lo que, mediante acuerdo de fecha ocho de julio siguiente, se tuvo por precluido el término de las autoridades demandadas, para que exhibieran la correspondiente planilla de liquidación, señalándose la cantidad de $66,666.32 (SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N) a pagar al actor Luis Maceda Vivar, con el apercibimiento que no de hacerlo así, se les impondría una multa en forma individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), acuerdo que le fue notificado a la autoridad demandada Presidenta Municipal de Azoyu, Guerrero, el dos de agosto de dicha anualidad 4. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Regional responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado a las autoridades demandas en proveído de ocho de julio pasado, al haber desahogado fuera término el requerimiento ahí formulado, por lo que impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) por la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), girando los oficios respectivos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo, y requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que en el término de tres días cumplieran la sentencia, apercibiéndolas que de ser omisas se les impondría una segunda multa en forma individual de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), actuación que se hizo del conocimiento de la autoridad demandada Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, el tres de octubre de dos mil dieciséis. 6. Mediante auto de once de noviembre pasado, se tuvo a las autoridades demandadas por exhibiendo el cheque con número de folio 163282289, a nombre del actor Luis Maceda Vivar, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), en cumplimiento a la sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, con lo cual se dio vista a la parte actora por el término de tres días. 7. En auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis, atento a las manifestaciones del autorizado de la parte actora, se ordenó la devolución del título de crédito aludido a las autoridades demandadas, y se determinó que estas han sido omisas en dar cumplimiento a la sentencia y se hizo efectivo el apercibimiento de veintinueve de septiembre de dicha anualidad y se les impuso una multa sesenta unidades de medida y actualización, equivalente a $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), lo que se ordenó ejecutar por conducto del Secretario de Finanzas y Administración del Estado, y se requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que en el término de tres días cumplieran la sentencia, apercibiéndolas que de no hacerlo se les impondría una nueva multa en forma individual de noventa unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 moneda nacional); proveído que se notificó a la Presidenta Municipal de Azoyu, Guerrero, el catorce de diciembre siguiente. 8.- Finalmente, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante el desacato de las autoridades responsables, en dar cumplimiento a la sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, se procedió a hacer efectivo el apercibimiento de dos de diciembre pasado y se les impuso una multa de noventa unidades de medida y actualización, equivalente a $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), para lo cual se giró oficio al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, lo que constituye el acto reclamado, a fin de hacerlo efectivo, actuación que se hizo del conocimiento a la autoridad demandada Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, aquí quejosa, el veinte de febrero de dos mil diecisiete. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Precisado los antecedentes de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, respecto al acto reclamado, consistente en el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/103/2015, atribuido a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que la quejosa tuvo conocimiento de dicho acto. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado la quejosa sabedora de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifiquen ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión el plazo será de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Sobre este rubro, primero hay que acentuar que la demanda de amparo se promovió por la quejosa en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/103/2015. Ahora bien, de la relación de constancias del expediente natural valoradas con antelación, se advierte que dicho auto se le notificó a la autoridad demandada aquí quejosa, por oficio 0243/2017 entregado por la Actuaria adscrita a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el veinte de febrero de dos mil diecisiete, en las oficinas del propio Ayuntamiento Municipal de Azoyú que representa, por conducto de su Secretario General, como se aprecia de la razón actuarial; por lo que, debe considerarse que a partir de la fecha citada la quejosa conoció el proveído que reclama; de ahí que para la promoción de la demanda de amparo que nos ocupa deba atenderse el plazo a que alude el mencionado artículo 17 de la ley de la materia, en relación con el diverso 33, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, máxime que este Juzgado Federal no está facultado para analizar oficiosamente la legalidad de la notificación de la resolución reclamada, a virtud de que el propio numeral 18 de la Ley de Amparo, prevé que para los efectos de la presentación de la demanda, las notificaciones y la forma en que surten efectos, se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa aludido con el que cuentan las partes en el procedimiento de origen, en este caso el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el citado Código. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 5/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, página 461, cuyo tenor es: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." Por tanto, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al en que se tuvo conocimiento del proveído que reclama, se obtiene que el término de quince días para promover el presente juicio de amparo transcurrió del veintiuno de febrero al trece de marzo de dos mil diecisiete; descontándose los días veinticinco y veintiséis de febrero, cuatro, cinco, once y doce de marzo de la presente anualidad, por haber sido inhábiles, de manera que si la demanda fue presentada el diecisiete de marzo del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego es inconcuso que dicho acto fue consentido tácitamente por la quejosa; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuye al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en virtud de que no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 284/2017 promovido por Leticia Bautista Vargas, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de siete de julio de la presente anualidad, se tuvieron por recibidas las constancias que la Magistrada de la Sala Regional Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en aquella ciudad, tomó en consideración para la emisión del acto reclamado, las cuales no fueron conocidas por las partes con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

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