LETICIA BAUTISTA VARGAS y Otros.

Expediente 335/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
335/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
07/11/2017

Partes del expediente

  • LETICIA BAUTISTA VARGAS y Otros.
  • Leticia Bautista Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 335/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el cuatro de abril de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, ambos por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con domicilio en Ometepec, Guerrero. Ejecutoras 2. Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con domicilio en Chilpancingo, Guerrero. 3. Agente Fiscal Estatal 9-02, con domicilio en Marquelia, Guerrero. ACTO RECLAMADO "El auto de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad responsable, por medio del cual nos impone una multa, en el expediente número TCA/SRO/103/2015, mismo que nos fue notificado el día trece de marzo de dos mil diecisiete." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete, por auto de dieciocho de abril siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo que fue registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 335/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en varias ocasiones, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso 36/2016 que lo modifica; en virtud de que se reclama la imposición de una multa como medida de apremio en la etapa de ejecución de sentencia, al funcionario que ocupa el cargo de la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo, que se tramita ante un tribunal administrativo que tiene su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los quejosos reclaman por esta instancia: a) De la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el auto de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente administrativo TCA/SRO/103/2015, mediante el cual se les impuso a cada uno una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $9,604.80 (nueve mil seiscientos cuatro pesos 80/100 M.N.), y b) Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado y del Agente Fiscal Estatal 9-02, la ejecución de dicho auto y el cobro de las multas. TERCERO. Oportunidad de la demanda. Bajo protesta de decir verdad, los quejosos manifestaron que el acto reclamado les fue notificado el trece de marzo del año en curso, sin que de autos se advierte una fecha diversa; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo les transcurrió del catorce de marzo al cinco de abril de dos mil diecisiete, descontados los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo y uno y dos de abril, por haber sido inhábiles, de ahí que, al haberse presentado la demanda el cuatro de abril pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y al Agente Fiscal Estatal 9-02 de Marquelia, Guerrero, en virtud de que así lo reconocieron al rendir sus informes con justificación, la primera por conducto de su Magistrada (fojas 27 y 149); manifestación que basta para tener por plenamente evidenciadas las conductas que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que además se robustece con la copia certificada de las diversas constancias procesales que integran el expediente administrativo TCA/SRO/103/2015, que allegó al sumario la Sala responsable, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado, al rendir su informe justificado por conducto de la Directora General de Asuntos Jurídicos, negó el acto que se le atribuye (foja 23), su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el mismo, ya que dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue señalado en el presente juicio, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutar la multa combatida. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El once de mayo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/103/2015, radicado ante la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, aquí tercero interesado Luís Maceda Vivar, declarándose la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron para que "(.) las autoridades demandadas, otorguen al actor el pago de la correspondiente indemnización y demás prestaciones que por derecho le corresponda, hasta en tanto no se realice el pago correspondiente." 2. Por auto de tres de junio siguiente causo ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, el cumplimiento de la misma, acuerdo que les fue notificado el veinte de junio de dos mil dieciséis. 3. En proveído de ocho de julio del año pasado, en atención a lo solicitado por el actor en su ocurso presentado el veintiocho de junio del mismo año, se requirió de nueva cuenta a las autoridades demandadas dieran cumplimiento a la sentencia, con el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondría una multa en forma individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), acuerdo que les fue notificado el dos de agosto de dicha anualidad. 4. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito a través del cual el actor solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento decretado a las autoridades demandas al ser omisas en acatar la sentencia, por lo que se impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) por la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), girando los oficios respectivos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo, y se requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que en el término de tres días cumplieran la sentencia, apercibiéndolas que de ser omisas se les impondría una segunda multa en forma individual de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N.), actuación que se hizo del conocimiento de las demandadas el diez de octubre de dos mil dieciséis. 5. Mediante auto de once de noviembre pasado, se tuvo a las autoridades demandadas desahogando fuera de término el requerimiento efectuado, con lo que se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 6. En proveído de dos de diciembre de la anualidad anterior se tuvo al actor desahogando la vista dada y en atención a sus manifestaciones, se hizo efectivo el apercibimiento de veintinueve de septiembre del mismo año y se impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) por la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N.), por lo que se ordenó girar los oficios correspondientes al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo; proveído que fue notificado a las demandadas el catorce de diciembre de dos mil dieciséis. 7. Por escrito de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, las autoridades demandadas solicitaron se les permitiera realizar la consignación de pago que de manera parcial hacían mediante la exhibición del cheque número 0000045 por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), por lo que en acuerdo de seis del mismo mes no se acordó favorable su petición en razón de que el actor realizó diversas manifestaciones respecto al cheque exhibido por las demandadas, determinándose que no se podía tener por cumplida parcialmente la sentencia, por lo que se ordenó la devolución del título valor a éstas, acuerdo que se les notificó el catorce de diciembre siguiente. 8. En proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en atención a lo solicitado por el actor en su ocurso de veinticuatro del mismo mes, se hizo efectivo el apercibimiento de dos de diciembre anterior y se impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa de noventa unidades de medida y actualización (UMA) por la suma de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), girándose los oficios respectivos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo, por lo que se requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que en el término de tres días cumplieran la sentencia, apercibiéndolas que de ser omisas se les impondría una cuarta multa en forma individual de ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la suma de $9,604.80 (nueve mil seiscientos cuatro pesos 80/100 M.N.) y se remitiría el expediente a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado para que continuara con el procedimiento de ejecución de sentencia de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, actuación que se hizo del conocimiento de las autoridades demandadas el veinte de febrero del año en curso. 9. Por acuerdo de uno de marzo de esta anualidad, se tuvo por recibido el escrito a través del cual el actor solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento decretado a las autoridades demandas al ser omisas en acatar la sentencia, por lo que se impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa individual de ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA) por la cantidad de $9,604.80 (nueve mil seiscientos cuatro pesos 80/100 M.N.), y se giraron los oficios respectivos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo, asimismo se ordenó enviar el expediente a la Sala Superior Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado para que continuara con el procedimiento de ejecución de sentencia de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, actuación que se hizo del conocimiento de las autoridades demandadas el trece de marzo anterior (determinación que constituye el acto reclamado). 10. Finalmente, por oficios números 278/2017 y 279/2017 de uno de marzo del año en curso, se solicitó al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, ordenara a quien correspondiera el cobro de la multa impuesta en acuerdo de esa misma fecha, por ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $9,604.80 (nueve mil seiscientos cuatro pesos 80/100 M.N.), a las personas de Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, aquí quejosos, por ser quienes ocupaban los cargos de Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, respectivamente. SEXTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, se tiene que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, y el Agente Fiscal Estatal 9-02 de Marquelia, Guerrero, alegan que en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia; sin embargo, no vierten razonamiento alguno tendente a tratar de probar la actualización de dicha causal, sino que únicamente se limitan a citarla, lo que no es suficiente para que este juzgador quede obligado a efectuar un pronunciamiento al respecto, sino que es necesario que quien invoque alguna causal, exprese las razones lógico-jurídicas que considere llevan de manera indudable, a la actualización de la misma, situación que no sucedió, por lo que es de desestimar la causal invocada. SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. No habiendo diversa causal que analizar, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por los quejosos. Así, los peticionarios del amparo, como único concepto de violación esgrimieron esencialmente que los actos reclamados transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Sala responsable soslayó que tales decisiones deben fundarse y motivarse, además que las multas son excesivas y violan sus derechos establecidos en la Constitución pues fueron impuestas de manera personal, sin que exista razón para que sean vinculadas al expediente TCA/SRO/103/2015 de donde emana el acto reclamado, ya que como personas físicas no fueron llamadas al juicio. Ahora bien, para estar en aptitud de dilucidar sobre lo fundado o infundado de los motivos de disenso, en primer término es necesario tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." Y en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que de la segunda se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En este punto, es necesario recordar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), la garantía de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. Asimismo, conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 388/2012, determinó -en la parte que interesa- lo siguiente: "(.) QUINTO. El tópico a resolver, por tanto, estriba en determinar si es procedente el juicio de amparo promovido contra el acuerdo mediante el cual se hace efectivo un apercibimiento de multa, o si debe considerarse que se trata de un acto derivado de otro consentido, al no haberse impugnado, en su oportunidad, el proveído por medio del cual se hizo el referido apercibimiento. Para hacer un pronunciamiento sobre el particular, debe tenerse presente, en principio, que el apercibimiento es una medida preventiva, una advertencia a una persona de que en caso de no acatar una orden, su conducta u omisión tendrá consecuencias. El apercibimiento es una prevención de la autoridad a la persona que debe hacer o dejar de hacer algo, y se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento; en otras palabras, el apercibimiento es un acto procesal a través del cual se previene a una persona, informándole que, de no acatar una obligación, se hará acreedora a la imposición de una sanción. Ahora bien, el Pleno ya determinó que el apercibimiento genérico de imponer medios de apremio no puede considerarse un acto de aplicación de la ley que los prevé, porque no se especifica en dicho apercibimiento cuál o cuáles de los medios coactivos le serán aplicados a los sujetos que intervienen en el proceso. (.) Con posterioridad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el solo apercibimiento de imponer una multa constituye acto de aplicación de la ley que lo prevé y otorga interés para la procedencia del amparo, si la autoridad establece con precisión la sanción pecuniaria, en caso de que el gobernado incumpla un requerimiento. (.) Empero, si bien esos criterios son orientadores en el sentido de evidenciar que se permite, en un momento dado, que la persona a quien va dirigido un apercibimiento pueda, por ese simple hecho, promover juicio de garantías cuando la autoridad determina con precisión la sanción en caso de incumplimiento, e invoca la norma que establece la medida para hacer cumplir su decisión, lo cierto es que no resuelven la presente contradicción de tesis, ya que, en la especie, se decidió solicitar la protección constitucional, derivado de que se hizo efectivo el apercibimiento de multa, y es evidente que la parte afectada puede optar por no combatir un apercibimiento, mediante el juicio de amparo, pese a que reúna las exigencias citadas. La razón obedece a que el apercibimiento de que se impondrá una multa, en caso de no acatar una orden, es un acto que no necesariamente puede considerarse como inminente; por el contrario, es un acto incierto, porque depende del incumplimiento del sujeto obligado que dé lugar a hacer efectivo dicho apercibimiento, con la consecuente imposición de una multa. En otras palabras, no hay certeza de que se haga efectivo el apercibimiento contenido en un acuerdo, pues depende del actuar de la persona; por tanto, dicho acto es autónomo y distinto de aquel que impone la multa, pues el apercibimiento queda sujeto a la potestad del juzgador para hacerlo efectivo o no, bastando considerar que el interesado tiene la posibilidad de acatar la orden contenida en el auto de referencia, pudiendo así evitar la sanción. Además si, como previamente se expuso, el acuerdo mediante el cual se advierte que en caso de no hacer o dejar de hacer se impondrá una multa, coloca al individuo en una situación ineludible de cumplimiento ante un mandato judicial perturbándolo en su esfera jurídica, lo cual se traduce en un acto de molestia protegido en el artículo 16 constitucional; de ahí que pueda ser impugnado en forma independiente del auto que hace efectivo el proveído por el que se apercibió al afectado de la imposición de la sanción como medida de apremio. (.) En las relatadas condiciones, no puede considerarse que el proveído por el cual se hace efectivo un apercibimiento y se impone una multa se trate de un acto derivado de otro consentido, debido a que no es una consecuencia legal necesaria del acuerdo de apercibimiento, pues la parte que fue apercibida tuvo la posibilidad de acatar una determinación, evitando que se le impusiera la multa. Por tanto, en el juicio de garantías en el que se reclama el proveído por el que se hace efectivo un apercibimiento y se impone multa, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que prevé: (.) Toda vez que la imposición de la medida de apremio se produce como consecuencia de la conducta contumaz del obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición de una multa con el fin de hacer cumplir el mandato judicial, venciendo la resistencia de quien se opone a su acatamiento, por ende, cuando se impone una multa como medida de apremio, lo que subyace es el desacato de una determinación judicial, esto es, la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia que hizo necesaria la emisión de ese medio de coerción que se encuentra a la disposición de las autoridades judiciales para vencer la resistencia de las partes en el juicio o de terceros. Por esas razones, si la multa como sanción es una consecuencia del incumplimiento del sujeto obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición de esa medida, luego, su origen no es el auto por el que se apercibe al afectado, por lo que el amparo es procedente contra el auto que, haciendo efectivo el apercibimiento, impone la multa como medida de apremio, aun cuando no se hubiera impugnado por los medios legales el proveído por el que se le apercibe al afectado, porque no es un acto derivado de otro consentido. En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. (.) Partiendo de esas exigencias, el acuerdo por el que se impone como medida de apremio una multa no actualiza la primera, pues el auto de apercibimiento es autónomo y distinto de aquel que impone la sanción, dado que, como se mencionó, la prevención está sujeta a la potestad del juzgador para hacerla efectiva y porque el afectado tuvo la posibilidad de obedecer la orden judicial evitando la imposición de la multa con la que se le conminó, por tanto, no se trata de un acto derivado de otro consentido. (.)" Lo anterior, originó la integración de la jurisprudencia 2a./J. 1/2013 (10a.), publicada en la página 1426, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." Del texto inserto y jurisprudencia invocada con antelación, se deriva -en la parte que interesa-, el hecho de que la imposición de una medida de apremio se produce como consecuencia de la conducta contumaz del obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición de una multa con el fin de hacer cumplir el mandato judicial, el cual constituye un acto independiente y autónomo de aquel en el que se contiene el apercibimiento que da origen a aquella sanción; aspecto que lleva implícita la necesidad de que esto último, es decir, el apercibimiento, haya sido efectivamente notificado al destinatario de la solicitud, pues lo que subyace es el desacato de una determinación judicial, o sea la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia que hizo necesaria la emisión de ese medio de coerción que se encuentra a la disposición de las autoridades judiciales para vencer la resistencia de las partes en el juicio o de terceros. En concatenación con lo anterior, al integrar la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, si al imponerse una multa con motivo del incumplimiento de una sentencia dictada por alguna de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con independencia de que se haya indicado el nombre del funcionario responsable, o bien, sólo se refiera al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, aquella medida de apremio se entiende que se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Dicho criterio jurisprudencial se encuentra publicado en la página 110, Tomo XIII, Febrero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Por otro lado, los artículos 135 al 142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: "Artículo 135. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la Sala competente dictará el auto respectivo y la comunicará por oficio y sin demora alguna a las autoridades, y a los organismos demandados para su inmediato cumplimiento. En el oficio respectivo, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos esta notificación." "Artículo 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia." "Artículo 137. En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional." "Artículo 138. Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura Local, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio político correspondiente." "Artículo 139. Las sanciones mencionadas en este capítulo también serán procedentes, cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto reclamado en el procedimiento." "Artículo 140. La sala no podrá variar ni modificar su sentencia después de notificada, sin perjuicio del incidente de aclaración de sentencia." "Artículo 141. Los acuerdos dictados por las Salas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no serán recurribles." "Artículo 142. No podrá archivarse ningún juicio contencioso administrativo sin que se haya cumplido cabalmente la sentencia ejecutoriada en que se haya declarado la invalidez del acto o la disposición general impugnada." Como puede advertirse, de acuerdo con los artículos citados el periodo de ejecución de cumplimiento de la sentencia, comienza de oficio, y que en caso de hacerlo, se requerirá a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto del cumplimiento de la misma. Concluido el término anterior, si la sentencia no quedaré cumplida la Sala Regional de oficio o a petición de parte, requerirá de nueva cuenta a la responsable apercibiéndola de multa, si la autoridad o servidor público persistiere en su actitud, la Sala Superior resolverá a instancia de la Sala Regional requerir al superior sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta, si no se diera el cumplimiento, la Sala Superior estará en aptitud de destituir al servidor, excepto cuando goce de fuero constitucional. Ahora bien, del proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la responsable y que constituye el acto reclamado por esta vía, se advierte que: 1. Transcurrió en exceso el término otorgado a las demandadas para dar cumplimiento a la sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, sin que así lo hubieren hecho; además que de los autos del expediente de origen se advertía que fueron requeridas mediante proveídos de tres de junio, ocho de julio y veintinueve de septiembre todos de dos mil dieciséis, así como treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, por lo que es inconcuso que en perjuicio de la parte actora al derecho a una justicia pronta y expedita, retardaron el procedimiento de ejecución de sentencia. 2. Con fundamento en el artículo 4, fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para hacer cumplir en sus términos la sentencia emitida en el juicio TCA/SRO/103/2015, hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el que fue notificado a las demandadas Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, el veinte de febrero del año en curso. De lo antes reseñado, se advierte que contrario a lo manifestado por los quejosos, la autoridad responsable fundó y motivó adecuadamente su determinación, por lo que lo manifestado al respecto por aquéllos deviene infundado. Además, como obra en autos y se destacó en líneas precedentes, no obstante habérseles requerido el cumplimiento de la sentencia condenatoria en diversas ocasiones, el veinte de febrero del año en curso se notificó al Presidente Municipal y al Director de Seguridad Pública Municipal, ambos del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en el que se les requirió para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, dieran cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo TCA/SRO/103/2015, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo otorgado, se harían acreedores a una sanción de ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $9,604.80 (nueve mil seiscientos cuatro pesos 80/100 M.N.); además, la Sala responsable motivó su resolución en el hecho de que a pesar de los múltiples requerimientos y multas impuestas a las demandadas, éstas no habían dado cumplimiento a la sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, por lo que estimó que han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de ochos meses en perjuicio de la parte actora, aquí tercera interesada; luego, válidamente puede afirmarse que la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero sí ajustó su proceder al texto constitucional destacado al emitir el proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior es así, porque previo a hacer efectiva la multa a que se refiere dicho proveído, la autoridad responsable hizo saber a los destinatarios del requerimiento tanto la obligación que debían cumplir, el plazo para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento, de modo que resulta inexacto lo esgrimido en el concepto de violación sintetizado que hacen valer. Aunado a lo anterior, tampoco puede soslayarse que de conformidad con los ordinales invocados, queda de relieve el hecho de que la autoridad responsable ordenadora está facultada para requerir el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo de origen, sin que sea necesario exigir mayor fundamentación y motivación para ello, porque como se advierte de aquellos ordinales, ese proceder es una consecuencia lógica y natural del propio sentido de la resolución definitiva, que está expresamente regulado en los artículos 135 al 142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. También resulta ineficaz lo que aducen los peticionarios del amparo en el sentido de que es ilegal la multa que se les impuso como personas físicas, en tanto que no se encuentran vinculadas al juicio contencioso del que emana el acto reclamado. Lo anterior es así, porque como como se advierte de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, los quejosos Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, desempeñan respectivamente los cargos públicos de Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, por ende, como titulares de dichas áreas de gobierno demandadas en el juicio contencioso administrativo TCA/SRO/103/2015, son quienes incurrieron en la omisión de cumplir con la sentencia en dicho expediente, por lo que es a ellos como personas físicas o titulares de dichas dependencias, a quienes debe imponérseles la medida de apremio. Orienta lo anterior, en lo conducente, el criterio XXI.2o.C.T.6 L (10a.) sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 2771, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2013930, cuyo contenido es el siguiente: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO). La Ley No. 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo, como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones durante la etapa de ejecución del laudo. Asimismo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 974, de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en aquellos casos en que el titular de una unidad administrativa demandada incurra en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo se le impondrá una multa equivalente a ciertos días de salario vigente, en su calidad de funcionario o persona física y no así a la unidad administrativa. De ahí que, una vez fijada la multa en la etapa de ejecución del laudo en el procedimiento laboral burocrático, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada". Finalmente, también deviene infundado lo que aducen los quejosos en el sentido de que la multa que les fue impuesta resulta excesiva; ello es así, pues como ha quedado de relieve, el término otorgado a las autoridades demandadas para dar cumplimiento a la sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, transcurrió en exceso, por lo que no se advierte que la sanción sea desproporcionada al proceder que se les atribuye y por virtud del cual se les impuso la sanción económica. De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de la Sala responsable en el sentido de dar cumplimiento a sus sentencias, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dicho precepto al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento (quejosos). Aunado a lo anterior, por lo que ve a la cantidad de ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la suma de $9,604.80 (nueve mil seiscientos cuatro pesos 80/100 M.N.), que la Sala responsable impuso como sanción económica, los argumentos que expresa la parte quejosa resultan infundados, dado que contrario a lo que sostiene, la sanción que le fue impuesta se encuentra fundada en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de esta entidad federativa, y dentro de las consideraciones invocadas es porque a pesar de habérsele impuestos diversas multas reiteradamente ha incurrido en el incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural, en el que se ha retardado el procedimiento de ejecución de sentencia en perjuicio de la parte actora. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues en el auto de uno de marzo de dos mil diecisiete, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente, los que se advierte que se hicieron consistir en agravantes (reincidencia), por tanto, se estima fundada y motivada la determinación de la responsable. En abundamiento de lo anterior, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el artículo 136 del código contencioso estatal otorga al juzgador (magistrado de sala), el uso del arbitrio individualizador, que para no ser ilegal debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de personas físicas que ostentan el cargo de servidores públicos municipales, quienes indudablemente tienen la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio. Al caso se comparte el criterio jurisprudencial VI.3o.A. J/20, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que puede ser consultado en la página 1172, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable." En ese sentido, no le son benéficos los criterios que invoca la parte quejosa, dado que los elementos que deben atenderse al fijarse las multas, quedaron debidamente requisitados. En mérito de lo expuesto, al resultar infundado el concepto de violación esgrimido por los quejosos, lo que procede es negar la protección federal que solicitaron contra el proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero dentro del expediente TCA/SRO/103/2015, por el que hizo efectivo el apercibimiento de multa contenido en diverso acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso. Determinación que se hace extensiva a las autoridades responsables ejecutoras, en virtud de que el acto que se les reprocha no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyú, Guerrero, Guerrero, en contra del acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/103/2015, y sus actos de ejecución para hacer efectiva la medida de apremio ahí determinada, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el seis de octubre de dos mil diecisiete, asistido de la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado que autoriza. Doy fe.-

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