Leticia Bautista Vargas
Expediente 230/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Leticia Bautista Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 230/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el tres de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Leticia Bautista Vargas, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora 1. Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con domicilio en Ometepec, Guerrero. Ejecutoras 2. Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con domicilio en Chilpancingo, Guerrero. 3. Agente Fiscal Estatal 9-02, con domicilio en Marquelia, Guerrero. ACTO RECLAMADO "El infundado y por demás inconstitucional, auto de fecha seis de diciembre de 2016, así como el oficio número 24/2017 de fecha 30 de enero de 2017, emitido por la Profra. Graciela Anzo Navarrete, administradora Fiscal Estatal número 902, derivado de la multa impuesta por la sala regional de la costa chica con residencia en Ometepec, Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/092/2015, mismo que me fue notificado el día 10 de febrero de 2017." SEGUNDO. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de siete de marzo de dos mil diecisiete, por auto de diecisiete de marzo siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo que fue registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 230/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se ordenó la notificación del asunto al tercero interesado Gildardo Justo Zurita; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la imposición de una multa como medida de apremio en la etapa de ejecución de sentencia, al funcionario que ocupa el cargo de la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo, que se tramita ante un tribunal administrativo que tiene su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Objeción de falsedad de firma. Enseguida, se procede a resolver lo relativo al incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo, planteado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En ese sentido, tenemos que éste objetó de falsa la firma que calza la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, con el argumento de que no provenía del puño y letra de la quejosa, y para justificar su objeción ofreció como prueba de su parte la pericial en materias de caligrafía y documentoscopía, sin embargo, dicho medio de convicción se tuvo por no ofrecido en la continuación de la audiencia constitucional de esta misma fecha, porque el representante social no exhibió dentro del plazo otorgado al efecto en la audiencia constitucional de veintiséis de mayo pasado, el cuestionario al tenor del cual versaría la pericial en comento, por lo que se carece de los elementos necesarios demostrativos del que pudiera corroborarse la afirmación de dicho funcionario, para advertir sobre la autenticidad o no de la firma cuestionada, pues la prueba idónea para ello sería la pericial aludida; en tales condiciones, dado que a simple vista no se puede apreciar si la firma calzada en esta demanda es apócrifa o no, resulta infundado el incidente de objeción de falsedad de firma planteado. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama por esta instancia: a) De la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente administrativo TCA/SRO/092/2015, mediante el cual se le impuso una multa de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la cantidad de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), y b) Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado y del Agente Fiscal Estatal 9-02, la ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y al Agente Fiscal Estatal 9-02 de Marquelia, Guerrero, en virtud de que así lo reconocieron al rendir sus informes con justificación, la primera por conducto de su Magistrada (fojas 65 y 35); manifestación que basta para tener por plenamente evidenciadas las conductas que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que además se robustece con la copia certificada de las diversas constancias procesales que integran el expediente administrativo TCA/SRO/092/2015, que remitió la Sala responsable en apoyo a su informe, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado, al rendir su informe justificado por conducto de la Directora General de Asuntos Jurídicos, negó el acto que se le atribuye (foja 53), su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el mismo, ya que dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue señalado en el presente juicio, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutar la multa combatida. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/092/2015, radicado ante la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, aquí tercero interesado Gildardo Justo Zurita, declarándose la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron para que "(.) las autoridades demandadas, otorguen al actor por concepto de indemnización: el pago de la cantidad de $33,171.60 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.), correspondiente a tres meses de salario base y el pago de la cantidad de $44,228.80 (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.) , por los seis años de servicio prestados; el pago de la cantidad de $7,371.46 (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.), por concepto de veinte días de vacaciones correspondientes al año dos mil quince; el pago de la cantidad de $14,742.92 (CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.), por concepto de cuarenta días de aguinaldo correspondiente al año dos mil quince, mismas que ascienden a la cantidad total de: $99,514.78 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 78/100 M.N.), así como, el pago de las demás prestaciones que por derecho le correspondan al actor, hasta en tanto no se realice el pago correspondiente." (fojas 74 a 76). 2. Por acuerdo de tres de junio siguiente causo ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, el cumplimiento de la misma, acuerdo que le fue notificado al Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, el veinte de junio de dos mil dieciséis (fojas 82, 84 y 86). 3. En acuerdo de doce de agosto del año pasado, en atención a lo solicitado por el actor en su ocurso de ocho del mismo mes, se requirió de nueva cuenta a las autoridades demandadas dieran cumplimiento a la sentencia, con el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondría una multa en forma individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), acuerdo que le fue notificado a la autoridad demandada Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, el cinco de septiembre de dicha anualidad (fojas 87, 88, 90 y 92). 4. Mediante oficio de ocho de septiembre de dos mil dieciséis las autoridades demandadas realizaron diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia, por lo que en acuerdo de treinta de septiembre siguiente se ordenó dar vista al actor, aquí tercero interesado, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniere (fojas 93 y 100). 5. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito a través del cual el actor desahogó la vista dada y solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento decretado a las autoridades demandas al ser omisas en acatar la sentencia, por lo que la Sala Regional responsable, impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) por la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), girando los oficios respectivos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo, y requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que en el término de tres días cumplieran la sentencia, apercibiéndolas que de ser omisas se les impondría una segunda multa en forma individual de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), actuación que se hizo del conocimiento de la autoridad demandada Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 105, 106, 108, 109, 111 y 113). 6. Mediante auto de seis de diciembre pasado, se tuvo a las autoridades demandadas desahogando fuera de termino el requerimiento efectuado y al actor por hechas sus manifestaciones, en consecuencia, la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento de quince de noviembre anterior e impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) por la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), por lo que se ordenó girar los oficios correspondientes al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo; proveído que le fue notificado al Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 114, 115, 118, 123 y 125). 7. Finalmente, por oficio número 1349/2016 de seis de diciembre del año pasado, la Sala responsable solicitó al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, ordenara a quien correspondiera el cobro de la multa impuesta en acuerdo de esa misma fecha, por sesenta unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), a la persona de Leticia Bautista Vargas, aquí quejosa, por ser quien ocupaba el cargo de Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero (foja 120). SEXTO. Actualización de una causal de improcedencia. Precisado los antecedentes de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, respecto al acto que se precisa en el inciso a) del considerando segundo, consistente en el auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/SRO/092/2015, atribuido a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que la quejosa tuvo conocimiento de dicho acto. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado la quejosa sabedora de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifiquen ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión el plazo será de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Sobre este rubro, primero hay que acentuar que la demanda de amparo se promovió por la quejosa en contra del auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/SRO/092/2015. Ahora bien, de la relación de constancias del expediente natural que se realizó en el considerando que antecede, y que fueron valoradas con antelación, se advierte que dicho auto le fue notificado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por oficio 2816/2016, entregado por la Actuaria adscrita a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (foja 123); por lo que, debe considerarse que a partir de la fecha citada la quejosa conoció el proveído que reclama. Ilustra en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190848, que señala: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Por tanto, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al en que se tuvo conocimiento del proveído que reclama que impone una multa por incumplir con la sentencia de nulidad, se obtiene que el término de quince días para promover el presente juico de amparo transcurrió del quince de diciembre de dos mil dieciséis al veinticinco de enero de dos mil diecisiete; descontándose los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero del año en curso por ser inhábiles, así como los días del diecisiete de diciembre pasado al seis de enero de esta anualidad por haber gozado la Sala responsable de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciséis; de manera que si la demanda fue presentada el tres de marzo del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego es inconcuso que dicho acto fue consentido tácitamente por la quejosa; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución precisado en el inciso b) y que se atribuye al Secretario de Finanzas y Administración del Estado y al Agente Fiscal Estatal 9-02 de Marquelia, Guerrero, en virtud de que no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 230/2017 promovido por Leticia Bautista Vargas, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la licenciadaLorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado que autoriza. Doy fe.-
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CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".... AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 230/2017, promovido por Leticia Bautista Vargas, por derecho propio, se procede a celebrarla encontrándose en audiencia pública el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE CONSTAR QUE SE DIO LECTURA DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en la página 185, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, aplicada por analogía que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: téngase por hecha la relación de constancias y por leídas las mismas para los efectos legales conducentes. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: la Secretaria da cuenta con las documentales allegadas por el Agente Fiscal Estatal 9-02 de Marquelia, Guerrero, por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado y por la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en apoyo a sus informes con justificación, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana ofrecidos por los dos primeros, y hace constar que las demás partes no ofrecieron medio de convicción alguno. Y HACE CONSTAR: que mediante auto de seis de abril pasado, se remitió a esta audiencia para que se proveyera lo conducente a la objeción de falsedad que hizo valer el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en el presente juicio respecto de la firma que calza la demanda de amparo. A LO ANTERIOR EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas las pruebas de referencia, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de resolver el asunto. Al no haber pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. Ahora bien, con fundamento en el artículo 122 de la ley de la materia, se suspende la presente audiencia y se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y contrapruebas relativas a demostrar la autenticidad o falsedad que hizo valer el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, respecto de la firma que calza el escrito inicial de demanda, después de lo cual se continuara con la audiencia constitucional. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 122 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba pericial en las materias de grafoscopía y documentoscopía que ofrece el representante social de la adscripción; no obstante, tomando en consideración que no exhibió copias del cuestionario relativo para distribuirlo entre las demás partes, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que se le haga de la presente audiencia, remita cinco tantos del citado cuestionario, para que este Juzgado esté en aptitud de correr traslado a las demás partes con el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, se tendrá por desierta la probanza de que se trata por su notorio desinterés en su desahogo. Expuesto lo anterior, se ordena que el contenido de esta diligencia se haga saber en forma personal a la parte quejosa y al tercero interesado, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y mediante oficio a las autoridades responsables, firmando al calce los que en ella intervinieron para su debida constancia legal. Doy fe.- ..."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído inmediato anterior, se tuvo por recibido el informe justificado de la Magistrada de la Sala Regional Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
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