LETICIA BAUTISTA VARGAS y Otros.
Expediente 334/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Leticia Bautista Vargas
- LETICIA BAUTISTA VARGAS y Otros.
- Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 334/2017. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito el cuatro de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, Presidente Municipal Constitucional y Director de Seguridad Público, ambos de Azoyú, Guerrero, Guerrero, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES. AUTORIDAD ORDENADORA: La Sala Regional Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero. AUTORIDAD EJECUTORA: 1.- El secretario de Finanzas y Administración del Estado, con sede en Chilpancingo. 2.- Administrador Fiscal Estatal 902 con sede en Marquelia, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS. "El auto de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad responsable, por medio del cual nos impone una multa en el expediente número TCA/SRO/092/2015, mismo que nos fue notificado el trece de marzo de dos mil diecisiete". SEGUNDO. Por auto de once de abril de dos mil diecisiete, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 334/2017, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diversos diferimientos, se verificó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la imposición de una multa como medida de apremio en la etapa de ejecución de sentencia, al funcionario que ocupa el cargo de la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo, que se tramita ante un tribunal administrativo que tiene su residencia en el lugar donde este juzgado de Distrito tiene jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) El acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la señalada como autoridad responsable, en el expediente TCA/SRO/092/2015, así como la multa por la cantidad de $7,203.60 (SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N.) impuesta en referido auto. TERCERO. Oportunidad. Bajo protesta de decir verdad, las quejosas manifestaron que el acto reclamado les fue notificado el trece de marzo del año en curso, sin que de autos se advierte una diversa; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del catorce de marzo al cinco de abril de dos mil diecisiete, descontados los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo y uno y dos de abril, de la presente anualidad, por haber sido inhábiles, de ahí que, al haberse presentado la demanda el cuatro de abril de dos mil diecisiete, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Magistrada de la Sala Regional Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, al rendir su respectivo informe justificado aceptó el acto que se le atribuye; lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente TCA/SRO/092/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo tanto, se tiene por cierto el acto reclamado que se le atribuye. Por su parte, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por conducto de su representante y el Agente Fiscal Estatal 9-02 de Marquelia, Guerrero, negaron los actos que se les atribuye consistente en la ejecución de la multa impuesta a las quejosas; negativa que se desvirtúa con las constancias remitidas por la autoridad ordenadora, específicamente del acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, en que esta última ordenó girar oficio al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado a efecto de que hiciera efectiva la sanción impuesta. CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes legitimadas no alegaron causas de improcedencia, ni se advierte la actualización oficiosa de alguna, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa. En ese sentido, para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, se estima conveniente señalar que, de las actuaciones remitidas por la responsable, atinentes al expediente TCA/SRO/092/2015, cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el párrafo que antecede, se obtienen los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1) El dieciséis de octubre de dos mil quince, Gildardo Justo Zurita promovió juicio de nulidad de actos en contra del Presidente Municipal Constitucional y Director de Seguridad Pública ambos de Azoyú, Guerrero, ante la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quedando registrada con el número de expediente TCA/SRO/092/2015. 2) Seguido el procedimiento, el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la Sala responsable emitió sentencia definitiva declarando la nulidad del acto impugnado y condenando a las demandadas a otorgar al actor la correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones en términos de ley; resolución que les fue notificada el veinte de mayo de dos mil dieciséis. 3) En auto de tres de junio de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se giró oficio a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a dicha sentencia, previniéndoseles para que informaran sobre el cumplimiento a la misma, proveído que fue notificado el veinte de junio de dos mil dieciséis. 4) Mediante escrito de ocho de agosto de dos mil dieciséis, Gildardo Justo Zurita, solicitó se requiriera el cumplimiento de la sentencia, apercibiendo a las demandadas para que en caso de renuencia se les impusiera una multa en términos del artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, actualizando su planilla de liquidación. 5) En proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis, tuvo por actualizada la planilla de liquidación del actor y requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, apercibidas que de no hacerlo se les impondría una multa de treinta unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional), determinación que les fue notificada el cinco de septiembre de dos mil dieciséis. 6) Por escrito de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, las demandadas solicitaron el término de veinte días a efecto de dar cumplimiento a la sentencia; dándosele vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 7) Por escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el actor solicitó a la autoridad responsable requiriera a las demandadas nuevamente a efecto de que dieran cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, y se les impusiera la multa correspondiente dada su renuencia. 8) En acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, la Sala Regional Ometepec, hizo efectivo el apercibimiento realizado a las demandadas en el diverso proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis, y les impuso la primera multa por la cantidad de treinta unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional); asimismo, les requirió para que dieran cumplimiento a la sentencia condenatoria con el apercibimiento que en caso de renuencia, se les impondría una segunda multa por sesenta unidades de medida y actualización equivalente a la cantidad de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional); determinación que les fue notificada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 9) Por escrito de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, Gildardo Justo Zurita, solicitó a la Sala responsable aplicara la segunda multa a las autoridades demandadas, ante el incumplimiento de la sentencia de veintinueve de abril de dicha anualidad; por su parte, las quejosas en esa misma dada exhibieron cheque número 0000035, con folio número 39224258 de uno de diciembre de dos mil dieciséis, por la cantidad de dos mil pesos a favor del actor, por lo que ordenó el resguardo de dicho documento y ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 10) Por otra parte, ante la contumacia de las autoridades demandadas, por auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, e impuso la segunda multa de sesenta unidades de medida y actualización equivalente a $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional); determinación que fue notificada a las demandadas el catorce de diciembre de dos mil dieciséis. 11) Por escrito de nueve de enero de dos mil diecisiete, la parte actora desahogó la vista que se le dio en auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis y solicitó se continuara con el procedimiento de ejecución de sentencia en términos de los artículos 135 y 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 12) En proveído de diecisiete de enero de dos mil diecisiete la Sala responsable, requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se les impondría la tercera multa individual de noventa unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 moneda nacional), acuerdo que fue notificado el uno de febrero de dos mil diecisiete. 13) En escrito de ocho de febrero de dos mil diecisiete las quejosas informaron a la Magistrada de la Sala Regional Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que a fin de dar cumplimiento al auto de diecisiete de enero del año en curso, se giró oficio al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, mediante el cual se instruyó el pago de la sentencia condenatoria, por lo que en proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera, acuerdo notificado a las quejosas el veinte de febrero de la presente anualidad. 14) Por escrito de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el actor Gildardo Justo Zurita, desahogó la vista que se le ordenó dar en proveído de diez de febrero, solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento de diecisiete de enero del año en curso y se impusiera a las demandadas la tercera multa, dada la renuencia para cumplir la sentencia condenatoria; asimismo, exhibió su planilla de liquidación actualizada. 15) Finalmente el uno de marzo de dos mil diecisiete, la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, y se les impuso la tercera multa de noventa unidades de medida y actualización equivalente a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 moneda nacional; asimismo requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, con el apercibimiento que de no hacerlo se harían acreedoras a una cuarta multa de ciento veinte unidades de medida y actualización equivalente a $9,058.80 (nueve mil cincuenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), y se enviaría el expediente a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia. Determinación que constituye el acto reclamado. Luego, las peticionarias del amparo, como único concepto de violación, esgrimieron esencialmente que los actos reclamados transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable soslayó que tales decisiones deben fundarse y motivarse, además que las multas son excesivas y violan sus derechos establecidos en la constitución pues fueron impuestas de manera personal, pues no existe razón para que sean vinculadas al expediente TCA/SRO/092/2015 de donde emana el acto reclamado, pues como personas físicas no fueron llamadas a juicio. Una vez establecidos los antecedentes directos de los actos reclamados y precisados los conceptos de violación, procede ahora verificar si estos últimos resultan fundados o no. Para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, en primer término es necesario tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." Y en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En este punto, es necesario recordar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), la garantía de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. Orienta la anterior determinación el criterio aislado integrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 143, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. En este punto, conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 388/2012, determinó -en la parte que interesa- lo siguiente: "(.) QUINTO. El tópico a resolver, por tanto, estriba en determinar si es procedente el juicio de amparo promovido contra el acuerdo mediante el cual se hace efectivo un apercibimiento de multa, o si debe considerarse que se trata de un acto derivado de otro consentido, al no haberse impugnado, en su oportunidad, el proveído por medio del cual se hizo el referido apercibimiento. Para hacer un pronunciamiento sobre el particular, debe tenerse presente, en principio, que el apercibimiento es una medida preventiva, una advertencia a una persona de que en caso de no acatar una orden, su conducta u omisión tendrá consecuencias. El apercibimiento es una prevención de la autoridad a la persona que debe hacer o dejar de hacer algo, y se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento; en otras palabras, el apercibimiento es un acto procesal a través del cual se previene a una persona, informándole que, de no acatar una obligación, se hará acreedora a la imposición de una sanción. Ahora bien, el Pleno ya determinó que el apercibimiento genérico de imponer medios de apremio no puede considerarse un acto de aplicación de la ley que los prevé, porque no se especifica en dicho apercibimiento cuál o cuáles de los medios coactivos le serán aplicados a los sujetos que intervienen en el proceso. (.) Con posterioridad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el solo apercibimiento de imponer una multa constituye acto de aplicación de la ley que lo prevé y otorga interés para la procedencia del amparo, si la autoridad establece con precisión la sanción pecuniaria, en caso de que el gobernado incumpla un requerimiento. (.) Empero, si bien esos criterios son orientadores en el sentido de evidenciar que se permite, en un momento dado, que la persona a quien va dirigido un apercibimiento pueda, por ese simple hecho, promover juicio de garantías cuando la autoridad determina con precisión la sanción en caso de incumplimiento, e invoca la norma que establece la medida para hacer cumplir su decisión, lo cierto es que no resuelven la presente contradicción de tesis, ya que, en la especie, se decidió solicitar la protección constitucional, derivado de que se hizo efectivo el apercibimiento de multa, y es evidente que la parte afectada puede optar por no combatir un apercibimiento, mediante el juicio de amparo, pese a que reúna las exigencias citadas. La razón obedece a que el apercibimiento de que se impondrá una multa, en caso de no acatar una orden, es un acto que no necesariamente puede considerarse como inminente; por el contrario, es un acto incierto, porque depende del incumplimiento del sujeto obligado que dé lugar a hacer efectivo dicho apercibimiento, con la consecuente imposición de una multa. En otras palabras, no hay certeza de que se haga efectivo el apercibimiento contenido en un acuerdo, pues depende del actuar de la persona; por tanto, dicho acto es autónomo y distinto de aquel que impone la multa, pues el apercibimiento queda sujeto a la potestad del juzgador para hacerlo efectivo o no, bastando considerar que el interesado tiene la posibilidad de acatar la orden contenida en el auto de referencia, pudiendo así evitar la sanción. Además si, como previamente se expuso, el acuerdo mediante el cual se advierte que en caso de no hacer o dejar de hacer se impondrá una multa, coloca al individuo en una situación ineludible de cumplimiento ante un mandato judicial perturbándolo en su esfera jurídica, lo cual se traduce en un acto de molestia protegido en el artículo 16 constitucional; de ahí que pueda ser impugnado en forma independiente del auto que hace efectivo el proveído por el que se apercibió al afectado de la imposición de la sanción como medida de apremio. (.) En las relatadas condiciones, no puede considerarse que el proveído por el cual se hace efectivo un apercibimiento y se impone una multa se trate de un acto derivado de otro consentido, debido a que no es una consecuencia legal necesaria del acuerdo de apercibimiento, pues la parte que fue apercibida tuvo la posibilidad de acatar una determinación, evitando que se le impusiera la multa. Por tanto, en el juicio de garantías en el que se reclama el proveído por el que se hace efectivo un apercibimiento y se impone multa, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que prevé: (.) Toda vez que la imposición de la medida de apremio se produce como consecuencia de la conducta contumaz del obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición de una multa con el fin de hacer cumplir el mandato judicial, venciendo la resistencia de quien se opone a su acatamiento, por ende, cuando se impone una multa como medida de apremio, lo que subyace es el desacato de una determinación judicial, esto es, la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia que hizo necesaria la emisión de ese medio de coerción que se encuentra a la disposición de las autoridades judiciales para vencer la resistencia de las partes en el juicio o de terceros. Por esas razones, si la multa como sanción es una consecuencia del incumplimiento del sujeto obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición de esa medida, luego, su origen no es el auto por el que se apercibe al afectado, por lo que el amparo es procedente contra el auto que, haciendo efectivo el apercibimiento, impone la multa como medida de apremio, aun cuando no se hubiera impugnado por los medios legales el proveído por el que se le apercibe al afectado, porque no es un acto derivado de otro consentido. En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. (.) Partiendo de esas exigencias, el acuerdo por el que se impone como medida de apremio una multa no actualiza la primera, pues el auto de apercibimiento es autónomo y distinto de aquel que impone la sanción, dado que, como se mencionó, la prevención está sujeta a la potestad del juzgador para hacerla efectiva y porque el afectado tuvo la posibilidad de obedecer la orden judicial evitando la imposición de la multa con la que se le conminó, por tanto, no se trata de un acto derivado de otro consentido. (.)" Lo anterior, originó la integración de la jurisprudencia 2a./J. 1/2013 (10a.), publicada en la página 1426, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." Del texto inserto y jurisprudencia invocada con antelación, se deriva -en la parte que interesa-, el hecho de que la imposición de una medida de apremio se produce como consecuencia de la conducta contumaz del obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición de una multa con el fin de hacer cumplir el mandato judicial, el cual constituye un acto independiente y autónomo de aquel en el que se contiene el apercibimiento que da origen a aquella sanción; aspecto que lleva implícita la necesidad de que esto último, es decir, el apercibimiento, haya sido efectivamente notificado al destinatario de la solicitud, pues lo que subyace es el desacato de una determinación judicial, o sea la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia que hizo necesaria la emisión de ese medio de coerción que se encuentra a la disposición de las autoridades judiciales para vencer la resistencia de las partes en el juicio o de terceros. En concatenación con lo anterior, al integrar la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, si al imponerse una multa con motivo del incumplimiento de una sentencia dictada por alguna de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con independencia de que se haya indicado el nombre del funcionario responsable, o bien, sólo se refiera al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, aquella medida de apremio se entiende que se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Dicho criterio jurisprudencial se encuentra publicado en la página 110, del Tomo XIII, febrero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Por otro lado, los artículos 135 al 142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: "Artículo 135. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la Sala competente dictará el auto respectivo y la comunicará por oficio y sin demora alguna a las autoridades, y a los organismos demandados para su inmediato cumplimiento. En el oficio respectivo, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos esta notificación." "Artículo 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia." "Artículo 137. En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional." "Artículo 138. Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura Local, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio político correspondiente." "Artículo 139. Las sanciones mencionadas en este capítulo también serán procedentes, cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto reclamado en el procedimiento." "Artículo 140. La sala no podrá variar ni modificar su sentencia después de notificada, sin perjuicio del incidente de aclaración de sentencia." "Artículo 141. Los acuerdos dictados por las Salas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no serán recurribles." "Artículo 142. No podrá archivarse ningún juicio contencioso administrativo sin que se haya cumplido cabalmente la sentencia ejecutoriada en que se haya declarado la invalidez del acto o la disposición general impugnada." Como puede advertirse, de acuerdo con los artículos citados el periodo de ejecución de cumplimiento de la sentencia, comienza de oficio, y que en caso de hacerlo, se requerirá a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto del cumplimiento de la misma. Concluido el término anterior, si la sentencia no quedaré cumplida la Sala Regional de oficio o a petición de parte, requerirá de nueva cuenta a la responsable apercibiéndola de multa, si la autoridad o servidor público persistiere en su actitud, la Sala Superior resolverá a instancia de la Sala Regional requerir al superior sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta, si no se diera el cumplimiento, la Sala Superior estará en aptitud de destituir al servidor, excepto cuando goce de fuero constitucional. Ahora bien, del proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la responsable y que constituye el acto reclamado por esta vía, se advierte que: 1.- Toda vez que el término otorgado a las demandadas para dar cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, transcurrió con exceso, sin que las mismas hayan informado nada al respecto; además que de los autos del expediente de origen se advertía que fueron requeridas mediante diversos proveídos de tres de junio, doce de agosto, quince de noviembre, seis de diciembre todos de dos mil dieciséis, así como el diverso de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por lo que es inconcuso que en perjuicio de la parte actora al derecho a una justicia pronta y expedita, retardaron el procedimiento de ejecución de sentencia. 2.- Con fundamento en el artículo 4, fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para hacer cumplir en sus términos la sentencia emitida en el juicio TCA/SRO/092/2015, hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el que fue notificado a las demandadas Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, Presidente Municipal Constitucional y Director de Seguridad Pública, ambas del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero. De lo antes reseñado, se advierte que contrario a lo manifestado por las peticionarias del amparo, la autoridad responsable fundó y motivó adecuadamente su determinación, por lo que lo manifestado por las quejosas deviene infundado. Además, como obra en autos y se destacó en líneas precedentes, y no obstante de habérseles requerido el cumplimiento de la sentencia condenatoria en diversas ocasiones, el uno de febrero del año en curso, se notificó al Presidente Municipal y al Director de Seguridad Pública, del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, el auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el que se le requirió nuevamente para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, dieran cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo TCA/SRO/092/2015, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo otorgado, se harían acreedores a una sanción equivalente a noventa unidades de medida y actualización a razón de $80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional), equivalente a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 moneda nacional); además, la Sala responsable motivó su resolución en el hecho de que a pesar de que las demandadas manifestaron haber girado oficio al Tesorero de la Municipalidad, a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, éste no lo realizó, por lo que estimó que las autoridades demandadas han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de ochos meses en perjuicio de la actora; luego, válidamente puede afirmarse que la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero sí ajustó su proceder al texto constitucional destacado al emitir el proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior es así, porque previo a hacer efectiva la multa a que se refiere dicho proveído, la autoridad responsable hizo saber a los destinatarios del requerimiento tanto la obligación que debían cumplir, el plazo para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento, de modo que resulta inexacto lo esgrimido en el concepto de violación sintetizado que hacen valer. Aunado a lo anterior, tampoco puede soslayarse que de conformidad con los ordinales invocados, queda de relieve el hecho de que la autoridad responsable ordenadora está facultada para requerir el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo de origen, sin que sea necesario exigir mayor fundamentación y motivación para ello, porque como se advierte de aquellos ordinales, ese proceder es una consecuencia lógica y natural del propio sentido de la resolución definitiva, que está expresamente regulado en los artículos 135 a 142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. También resulta ineficaz lo que aducen las peticionarias del amparo en el sentido de que es ilegal la multa que se les impuso como personas físicas, en tanto que no se encuentran vinculadas al juicio contencioso del que emana el acto reclamado. Lo anterior es así, porque como como se advierte de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, las peticionarias del amparo Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, desempeñan los cargos públicos de Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, por ende, como titulares de dichas áreas de gobierno demandadas en el juicio contencioso administrativo TCA/SRO/087/2014, son quienes incurrieron en la omisión de cumplir con la sentencia en dicho juicio, por lo que es a dichas quejosas como personas físicas o titulares de dichas dependencias, a quienes debe imponérseles la medida de apremio. Orienta lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO). La Ley No. 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo, como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones durante la etapa de ejecución del laudo. Asimismo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 974, de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en aquellos casos en que el titular de una unidad administrativa demandada incurra en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo se le impondrá una multa equivalente a ciertos días de salario vigente, en su calidad de funcionario o persona física y no así a la unidad administrativa. De ahí que, una vez fijada la multa en la etapa de ejecución del laudo en el procedimiento laboral burocrático, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada". Finalmente, deviene infundado lo que aducen las peticionarias del amparo en el sentido de que la multa que les fue impuesta resulta excesiva; ello es así, pues como ha quedado de relieve, el término otorgado a las autoridades demandadas para dar cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, transcurrió en exceso, por lo que no se advierte que la sanción sea desproporcionada al proceder que se le atribuye a la parte quejosa, por virtud de la cual se les impuso la sanción económica. De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de la Sala Superior en el sentido de dar cumplimiento a sus sentencias, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dicho precepto al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento (quejoso). Aunado a lo anterior, por lo que ve a la cantidad equivalente a noventa unidades de medida y actualización (uma), a razón de $80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional), equivalente a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 moneda nacional), que la responsable impuso como sanción económica, -que incluso no es el monto máximo de la medida de apremio que prevé el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de la entidad-, los argumentos que expresa la parte quejosa del amparo, resultan infundados, dado que contrario a lo que sostiene, la sanción que le fue impuesta se encuentra fundada en el artículo 136 del código procesal en cita, y dentro de las consideraciones invocadas es porque a pesar de habérsele impuestos diversas multas reiteradamente ha incurrido en el incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural, en el que se ha retardado el procedimiento de ejecución de sentencia en perjuicio de la parte actora. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en el auto de uno de marzo de dos mil diecisiete, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente, los que se advierte que los hizo consistir en agravantes (reincidencia), por tanto, se estima fundada y motivada la determinación de la responsable. En abundamiento de lo anterior, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el artículo 136 del código contencioso estatal otorga al juzgador (magistrado de sala), el uso del arbitrio individualizador, que para no ser ilegal debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de una persona física que ostenta cargo de servidor público municipal, quien indudablemente tiene la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio. Al caso se comparte el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismos que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Novena Época, con el número de tesis VI.3o.A. J/20, en la página 1172, mismo que es del rubro y texto siguientes: "MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable." En ese sentido, no le son benéficos los criterios que invoca la parte quejosa, dado que los elementos que deben atenderse al fijarse las multas, quedaron debidamente requisitados. En mérito de lo expuesto, al resultar infundado el concepto de violación esgrimido por las inconformes, lo que procede es negar la protección federal que solicita contra el proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, que emitió la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero dentro del expediente TCA/SRO/092/2015, por el que hizo efectivo el apercibimiento de multa contenido en diverso acuerdo de diecisiete de enero del año en curso. Determinación que se hace extensiva a las autoridades responsables ejecutoras, en virtud de que el que se le reprocha no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a los de la ordenadora. Orienta lo anterior, la jurisprudencia consultable a página doscientos ochenta y seis, del Volumen 91-96, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA.- Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LETICIA BAUTISTA VARGAS E ISABEL GUZMÁN MIRANDA, Presidente Municipal Constitucional y Director de Seguridad Público, ambos de Azoyú, Guerrero, Guerrero, en contra del acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/092/2015, y sus actos de ejecución para hacer efectiva la medida de apremio ahí determinada, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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CITATORIO. CON ESTA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE DICE: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 334/2017. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito el cuatro de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, Presidente Municipal Constitucional y Director de Seguridad Público, ambos de Azoyú, Guerrero, Guerrero, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES. AUTORIDAD ORDENADORA: La Sala Regional Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero. AUTORIDAD EJECUTORA: 1.- El secretario de Finanzas y Administración del Estado, con sede en Chilpancingo. 2.- Administrador Fiscal Estatal 902 con sede en Marquelia, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS. "El auto de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad responsable, por medio del cual nos impone una multa en el expediente número TCA/SRO/092/2015, mismo que nos fue notificado el trece de marzo de dos mil diecisiete". SEGUNDO. Por auto de once de abril de dos mil diecisiete, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 334/2017, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diversos diferimientos, se verificó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la imposición de una multa como medida de apremio en la etapa de ejecución de sentencia, al funcionario que ocupa el cargo de la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo, que se tramita ante un tribunal administrativo que tiene su residencia en el lugar donde este juzgado de Distrito tiene jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) El acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la señalada como autoridad responsable, en el expediente TCA/SRO/092/2015, así como la multa por la cantidad de $7,203.60 (SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N.) impuesta en referido auto. TERCERO. Oportunidad. Bajo protesta de decir verdad, las quejosas manifestaron que el acto reclamado les fue notificado el trece de marzo del año en curso, sin que de autos se advierte una diversa; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del catorce de marzo al cinco de abril de dos mil diecisiete, descontados los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo y uno y dos de abril, de la presente anualidad, por haber sido inhábiles, de ahí que, al haberse presentado la demanda el cuatro de abril de dos mil diecisiete, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Magistrada de la Sala Regional Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, al rendir su respectivo informe justificado aceptó el acto que se le atribuye; lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente TCA/SRO/092/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo tanto, se tiene por cierto el acto reclamado que se le atribuye. Por su parte, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por conducto de su representante y el Agente Fiscal Estatal 9-02 de Marquelia, Guerrero, negaron los actos que se les atribuye consistente en la ejecución de la multa impuesta a las quejosas; negativa que se desvirtúa con las constancias remitidas por la autoridad ordenadora, específicamente del acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, en que esta última ordenó girar oficio al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado a efecto de que hiciera efectiva la sanción impuesta. CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes legitimadas no alegaron causas de improcedencia, ni se advierte la actualización oficiosa de alguna, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa. En ese sentido, para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, se estima conveniente señalar que, de las actuaciones remitidas por la responsable, atinentes al expediente TCA/SRO/092/2015, cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el párrafo que antecede, se obtienen los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1) El dieciséis de octubre de dos mil quince, Gildardo Justo Zurita promovió juicio de nulidad de actos en contra del Presidente Municipal Constitucional y Director de Seguridad Pública ambos de Azoyú, Guerrero, ante la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quedando registrada con el número de expediente TCA/SRO/092/2015. 2) Seguido el procedimiento, el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la Sala responsable emitió sentencia definitiva declarando la nulidad del acto impugnado y condenando a las demandadas a otorgar al actor la correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones en términos de ley; resolución que les fue notificada el veinte de mayo de dos mil dieciséis. 3) En auto de tres de junio de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se giró oficio a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a dicha sentencia, previniéndoseles para que informaran sobre el cumplimiento a la misma, proveído que fue notificado el veinte de junio de dos mil dieciséis. 4) Mediante escrito de ocho de agosto de dos mil dieciséis, Gildardo Justo Zurita, solicitó se requiriera el cumplimiento de la sentencia, apercibiendo a las demandadas para que en caso de renuencia se les impusiera una multa en términos del artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, actualizando su planilla de liquidación. 5) En proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis, tuvo por actualizada la planilla de liquidación del actor y requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, apercibidas que de no hacerlo se les impondría una multa de treinta unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional), determinación que les fue notificada el cinco de septiembre de dos mil dieciséis. 6) Por escrito de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, las demandadas solicitaron el término de veinte días a efecto de dar cumplimiento a la sentencia; dándosele vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 7) Por escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el actor solicitó a la autoridad responsable requiriera a las demandadas nuevamente a efecto de que dieran cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, y se les impusiera la multa correspondiente dada su renuencia. 8) En acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, la Sala Regional Ometepec, hizo efectivo el apercibimiento realizado a las demandadas en el diverso proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis, y les impuso la primera multa por la cantidad de treinta unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional); asimismo, les requirió para que dieran cumplimiento a la sentencia condenatoria con el apercibimiento que en caso de renuencia, se les impondría una segunda multa por sesenta unidades de medida y actualización equivalente a la cantidad de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional); determinación que les fue notificada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 9) Por escrito de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, Gildardo Justo Zurita, solicitó a la Sala responsable aplicara la segunda multa a las autoridades demandadas, ante el incumplimiento de la sentencia de veintinueve de abril de dicha anualidad; por su parte, las quejosas en esa misma dada exhibieron cheque número 0000035, con folio número 39224258 de uno de diciembre de dos mil dieciséis, por la cantidad de dos mil pesos a favor del actor, por lo que ordenó el resguardo de dicho documento y ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 10) Por otra parte, ante la contumacia de las autoridades demandadas, por auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, e impuso la segunda multa de sesenta unidades de medida y actualización equivalente a $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional); determinación que fue notificada a las demandadas el catorce de diciembre de dos mil dieciséis. 11) Por escrito de nueve de enero de dos mil diecisiete, la parte actora desahogó la vista que se le dio en auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis y solicitó se continuara con el procedimiento de ejecución de sentencia en términos de los artículos 135 y 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 12) En proveído de diecisiete de enero de dos mil diecisiete la Sala responsable, requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se les impondría la tercera multa individual de noventa unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 moneda nacional), acuerdo que fue notificado el uno de febrero de dos mil diecisiete. 13) En escrito de ocho de febrero de dos mil diecisiete las quejosas informaron a la Magistrada de la Sala Regional Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que a fin de dar cumplimiento al auto de diecisiete de enero del año en curso, se giró oficio al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, mediante el cual se instruyó el pago de la sentencia condenatoria, por lo que en proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera, acuerdo notificado a las quejosas el veinte de febrero de la presente anualidad. 14) Por escrito de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el actor Gildardo Justo Zurita, desahogó la vista que se le ordenó dar en proveído de diez de febrero, solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento de diecisiete de enero del año en curso y se impusiera a las demandadas la tercera multa, dada la renuencia para cumplir la sentencia condenatoria; asimismo, exhibió su planilla de liquidación actualizada. 15) Finalmente el uno de marzo de dos mil diecisiete, la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, y se les impuso la tercera multa de noventa unidades de medida y actualización equivalente a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 moneda nacional; asimismo requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, con el apercibimiento que de no hacerlo se harían acreedoras a una cuarta multa de ciento veinte unidades de medida y actualización equivalente a $9,058.80 (nueve mil cincuenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), y se enviaría el expediente a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia. Determinación que constituye el acto reclamado. Luego, las peticionarias del amparo, como único concepto de violación, esgrimieron esencialmente que los actos reclamados transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable soslayó que tales decisiones deben fundarse y motivarse, además que las multas son excesivas y violan sus derechos establecidos en la constitución pues fueron impuestas de manera personal, pues no existe razón para que sean vinculadas al expediente TCA/SRO/092/2015 de donde emana el acto reclamado, pues como personas físicas no fueron llamadas a juicio. Una vez establecidos los antecedentes directos de los actos reclamados y precisados los conceptos de violación, procede ahora verificar si estos últimos resultan fundados o no. Para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, en primer término es necesario tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." Y en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En este punto, es necesario recordar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), la garantía de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. Orienta la anterior determinación el criterio aislado integrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 143, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. En este punto, conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 388/2012, determinó -en la parte que interesa- lo siguiente: "(.) QUINTO. El tópico a resolver, por tanto, estriba en determinar si es procedente el juicio de amparo promovido contra el acuerdo mediante el cual se hace efectivo un apercibimiento de multa, o si debe considerarse que se trata de un acto derivado de otro consentido, al no haberse impugnado, en su oportunidad, el proveído por medio del cual se hizo el referido apercibimiento. Para hacer un pronunciamiento sobre el particular, debe tenerse presente, en principio, que el apercibimiento es una medida preventiva, una advertencia a una persona de que en caso de no acatar una orden, su conducta u omisión tendrá consecuencias. El apercibimiento es una prevención de la autoridad a la persona que debe hacer o dejar de hacer algo, y se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento; en otras palabras, el apercibimiento es un acto procesal a través del cual se previene a una persona, informándole que, de no acatar una obligación, se hará acreedora a la imposición de una sanción. Ahora bien, el Pleno ya determinó que el apercibimiento genérico de imponer medios de apremio no puede considerarse un acto de aplicación de la ley que los prevé, porque no se especifica en dicho apercibimiento cuál o cuáles de los medios coactivos le serán aplicados a los sujetos que intervienen en el proceso. (.) Con posterioridad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el solo apercibimiento de imponer una multa constituye acto de aplicación de la ley que lo prevé y otorga interés para la procedencia del amparo, si la autoridad establece con precisión la sanción pecuniaria, en caso de que el gobernado incumpla un requerimiento. (.) Empero, si bien esos criterios son orientadores en el sentido de evidenciar que se permite, en un momento dado, que la persona a quien va dirigido un apercibimiento pueda, por ese simple hecho, promover juicio de garantías cuando la autoridad determina con precisión la sanción en caso de incumplimiento, e invoca la norma que establece la medida para hacer cumplir su decisión, lo cierto es que no resuelven la presente contradicción de tesis, ya que, en la especie, se decidió solicitar la protección constitucional, derivado de que se hizo efectivo el apercibimiento de multa, y es evidente que la parte afectada puede optar por no combatir un apercibimiento, mediante el juicio de amparo, pese a que reúna las exigencias citadas. La razón obedece a que el apercibimiento de que se impondrá una multa, en caso de no acatar una orden, es un acto que no necesariamente puede considerarse como inminente; por el contrario, es un acto incierto, porque depende del incumplimiento del sujeto obligado que dé lugar a hacer efectivo dicho apercibimiento, con la consecuente imposición de una multa. En otras palabras, no hay certeza de que se haga efectivo el apercibimiento contenido en un acuerdo, pues depende del actuar de la persona; por tanto, dicho acto es autónomo y distinto de aquel que impone la multa, pues el apercibimiento queda sujeto a la potestad del juzgador para hacerlo efectivo o no, bastando considerar que el interesado tiene la posibilidad de acatar la orden contenida en el auto de referencia, pudiendo así evitar la sanción. Además si, como previamente se expuso, el acuerdo mediante el cual se advierte que en caso de no hacer o dejar de hacer se impondrá una multa, coloca al individuo en una situación ineludible de cumplimiento ante un mandato judicial perturbándolo en su esfera jurídica, lo cual se traduce en un acto de molestia protegido en el artículo 16 constitucional; de ahí que pueda ser impugnado en forma independiente del auto que hace efectivo el proveído por el que se apercibió al afectado de la imposición de la sanción como medida de apremio. (.) En las relatadas condiciones, no puede considerarse que el proveído por el cual se hace efectivo un apercibimiento y se impone una multa se trate de un acto derivado de otro consentido, debido a que no es una consecuencia legal necesaria del acuerdo de apercibimiento, pues la parte que fue apercibida tuvo la posibilidad de acatar una determinación, evitando que se le impusiera la multa. Por tanto, en el juicio de garantías en el que se reclama el proveído por el que se hace efectivo un apercibimiento y se impone multa, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que prevé: (.) Toda vez que la imposición de la medida de apremio se produce como consecuencia de la conducta contumaz del obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición de una multa con el fin de hacer cumplir el mandato judicial, venciendo la resistencia de quien se opone a su acatamiento, por ende, cuando se impone una multa como medida de apremio, lo que subyace es el desacato de una determinación judicial, esto es, la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia que hizo necesaria la emisión de ese medio de coerción que se encuentra a la disposición de las autoridades judiciales para vencer la resistencia de las partes en el juicio o de terceros. Por esas razones, si la multa como sanción es una consecuencia del incumplimiento del sujeto obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición de esa medida, luego, su origen no es el auto por el que se apercibe al afectado, por lo que el amparo es procedente contra el auto que, haciendo efectivo el apercibimiento, impone la multa como medida de apremio, aun cuando no se hubiera impugnado por los medios legales el proveído por el que se le apercibe al afectado, porque no es un acto derivado de otro consentido. En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. (.) Partiendo de esas exigencias, el acuerdo por el que se impone como medida de apremio una multa no actualiza la primera, pues el auto de apercibimiento es autónomo y distinto de aquel que impone la sanción, dado que, como se mencionó, la prevención está sujeta a la potestad del juzgador para hacerla efectiva y porque el afectado tuvo la posibilidad de obedecer la orden judicial evitando la imposición de la multa con la que se le conminó, por tanto, no se trata de un acto derivado de otro consentido. (.)" Lo anterior, originó la integración de la jurisprudencia 2a./J. 1/2013 (10a.), publicada en la página 1426, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." Del texto inserto y jurisprudencia invocada con antelación, se deriva -en la parte que interesa-, el hecho de que la imposición de una medida de apremio se produce como consecuencia de la conducta contumaz del obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición de una multa con el fin de hacer cumplir el mandato judicial, el cual constituye un acto independiente y autónomo de aquel en el que se contiene el apercibimiento que da origen a aquella sanción; aspecto que lleva implícita la necesidad de que esto último, es decir, el apercibimiento, haya sido efectivamente notificado al destinatario de la solicitud, pues lo que subyace es el desacato de una determinación judicial, o sea la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia que hizo necesaria la emisión de ese medio de coerción que se encuentra a la disposición de las autoridades judiciales para vencer la resistencia de las partes en el juicio o de terceros. En concatenación con lo anterior, al integrar la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, si al imponerse una multa con motivo del incumplimiento de una sentencia dictada por alguna de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con independencia de que se haya indicado el nombre del funcionario responsable, o bien, sólo se refiera al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, aquella medida de apremio se entiende que se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Dicho criterio jurisprudencial se encuentra publicado en la página 110, del Tomo XIII, febrero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Por otro lado, los artículos 135 al 142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: "Artículo 135. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la Sala competente dictará el auto respectivo y la comunicará por oficio y sin demora alguna a las autoridades, y a los organismos demandados para su inmediato cumplimiento. En el oficio respectivo, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos esta notificación." "Artículo 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia." "Artículo 137. En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional." "Artículo 138. Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura Local, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio político correspondiente." "Artículo 139. Las sanciones mencionadas en este capítulo también serán procedentes, cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto reclamado en el procedimiento." "Artículo 140. La sala no podrá variar ni modificar su sentencia después de notificada, sin perjuicio del incidente de aclaración de sentencia." "Artículo 141. Los acuerdos dictados por las Salas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no serán recurribles." "Artículo 142. No podrá archivarse ningún juicio contencioso administrativo sin que se haya cumplido cabalmente la sentencia ejecutoriada en que se haya declarado la invalidez del acto o la disposición general impugnada." Como puede advertirse, de acuerdo con los artículos citados el periodo de ejecución de cumplimiento de la sentencia, comienza de oficio, y que en caso de hacerlo, se requerirá a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto del cumplimiento de la misma. Concluido el término anterior, si la sentencia no quedaré cumplida la Sala Regional de oficio o a petición de parte, requerirá de nueva cuenta a la responsable apercibiéndola de multa, si la autoridad o servidor público persistiere en su actitud, la Sala Superior resolverá a instancia de la Sala Regional requerir al superior sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta, si no se diera el cumplimiento, la Sala Superior estará en aptitud de destituir al servidor, excepto cuando goce de fuero constitucional. Ahora bien, del proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la responsable y que constituye el acto reclamado por esta vía, se advierte que: 1.- Toda vez que el término otorgado a las demandadas para dar cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, transcurrió con exceso, sin que las mismas hayan informado nada al respecto; además que de los autos del expediente de origen se advertía que fueron requeridas mediante diversos proveídos de tres de junio, doce de agosto, quince de noviembre, seis de diciembre todos de dos mil dieciséis, así como el diverso de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por lo que es inconcuso que en perjuicio de la parte actora al derecho a una justicia pronta y expedita, retardaron el procedimiento de ejecución de sentencia. 2.- Con fundamento en el artículo 4, fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para hacer cumplir en sus términos la sentencia emitida en el juicio TCA/SRO/092/2015, hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el que fue notificado a las demandadas Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, Presidente Municipal Constitucional y Director de Seguridad Pública, ambas del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero. De lo antes reseñado, se advierte que contrario a lo manifestado por las peticionarias del amparo, la autoridad responsable fundó y motivó adecuadamente su determinación, por lo que lo manifestado por las quejosas deviene infundado. Además, como obra en autos y se destacó en líneas precedentes, y no obstante de habérseles requerido el cumplimiento de la sentencia condenatoria en diversas ocasiones, el uno de febrero del año en curso, se notificó al Presidente Municipal y al Director de Seguridad Pública, del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, el auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el que se le requirió nuevamente para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, dieran cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo TCA/SRO/092/2015, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo otorgado, se harían acreedores a una sanción equivalente a noventa unidades de medida y actualización a razón de $80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional), equivalente a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 moneda nacional); además, la Sala responsable motivó su resolución en el hecho de que a pesar de que las demandadas manifestaron haber girado oficio al Tesorero de la Municipalidad, a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, éste no lo realizó, por lo que estimó que las autoridades demandadas han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de ochos meses en perjuicio de la actora; luego, válidamente puede afirmarse que la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero sí ajustó su proceder al texto constitucional destacado al emitir el proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior es así, porque previo a hacer efectiva la multa a que se refiere dicho proveído, la autoridad responsable hizo saber a los destinatarios del requerimiento tanto la obligación que debían cumplir, el plazo para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento, de modo que resulta inexacto lo esgrimido en el concepto de violación sintetizado que hacen valer. Aunado a lo anterior, tampoco puede soslayarse que de conformidad con los ordinales invocados, queda de relieve el hecho de que la autoridad responsable ordenadora está facultada para requerir el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo de origen, sin que sea necesario exigir mayor fundamentación y motivación para ello, porque como se advierte de aquellos ordinales, ese proceder es una consecuencia lógica y natural del propio sentido de la resolución definitiva, que está expresamente regulado en los artículos 135 a 142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. También resulta ineficaz lo que aducen las peticionarias del amparo en el sentido de que es ilegal la multa que se les impuso como personas físicas, en tanto que no se encuentran vinculadas al juicio contencioso del que emana el acto reclamado. Lo anterior es así, porque como como se advierte de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, las peticionarias del amparo Leticia Bautista Vargas e Isabel Guzmán Miranda, desempeñan los cargos públicos de Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Azoyú, Guerrero, por ende, como titulares de dichas áreas de gobierno demandadas en el juicio contencioso administrativo TCA/SRO/087/2014, son quienes incurrieron en la omisión de cumplir con la sentencia en dicho juicio, por lo que es a dichas quejosas como personas físicas o titulares de dichas dependencias, a quienes debe imponérseles la medida de apremio. Orienta lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO). La Ley No. 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo, como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones durante la etapa de ejecución del laudo. Asimismo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 974, de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en aquellos casos en que el titular de una unidad administrativa demandada incurra en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo se le impondrá una multa equivalente a ciertos días de salario vigente, en su calidad de funcionario o persona física y no así a la unidad administrativa. De ahí que, una vez fijada la multa en la etapa de ejecución del laudo en el procedimiento laboral burocrático, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada". Finalmente, deviene infundado lo que aducen las peticionarias del amparo en el sentido de que la multa que les fue impuesta resulta excesiva; ello es así, pues como ha quedado de relieve, el término otorgado a las autoridades demandadas para dar cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, transcurrió en exceso, por lo que no se advierte que la sanción sea desproporcionada al proceder que se le atribuye a la parte quejosa, por virtud de la cual se les impuso la sanción económica. De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de la Sala Superior en el sentido de dar cumplimiento a sus sentencias, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dicho precepto al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento (quejoso). Aunado a lo anterior, por lo que ve a la cantidad equivalente a noventa unidades de medida y actualización (uma), a razón de $80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional), equivalente a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 moneda nacional), que la responsable impuso como sanción económica, -que incluso no es el monto máximo de la medida de apremio que prevé el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de la entidad-, los argumentos que expresa la parte quejosa del amparo, resultan infundados, dado que contrario a lo que sostiene, la sanción que le fue impuesta se encuentra fundada en el artículo 136 del código procesal en cita, y dentro de las consideraciones invocadas es porque a pesar de habérsele impuestos diversas multas reiteradamente ha incurrido en el incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural, en el que se ha retardado el procedimiento de ejecución de sentencia en perjuicio de la parte actora. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en el auto de uno de marzo de dos mil diecisiete, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente, los que se advierte que los hizo consistir en agravantes (reincidencia), por tanto, se estima fundada y motivada la determinación de la responsable. En abundamiento de lo anterior, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el artículo 136 del código contencioso estatal otorga al juzgador (magistrado de sala), el uso del arbitrio individualizador, que para no ser ilegal debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de una persona física que ostenta cargo de servidor público municipal, quien indudablemente tiene la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio. Al caso se comparte el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismos que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Novena Época, con el número de tesis VI.3o.A. J/20, en la página 1172, mismo que es del rubro y texto siguientes: "MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable." En ese sentido, no le son benéficos los criterios que invoca la parte quejosa, dado que los elementos que deben atenderse al fijarse las multas, quedaron debidamente requisitados. En mérito de lo expuesto, al resultar infundado el concepto de violación esgrimido por las inconformes, lo que procede es negar la protección federal que solicita contra el proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, que emitió la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero dentro del expediente TCA/SRO/092/2015, por el que hizo efectivo el apercibimiento de multa contenido en diverso acuerdo de diecisiete de enero del año en curso. Determinación que se hace extensiva a las autoridades responsables ejecutoras, en virtud de que el que se le reprocha no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a los de la ordenadora. Orienta lo anterior, la jurisprudencia consultable a página doscientos ochenta y seis, del Volumen 91-96, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA.- Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LETICIA BAUTISTA VARGAS E ISABEL GUZMÁN MIRANDA, Presidente Municipal Constitucional y Director de Seguridad Público, ambos de Azoyú, Guerrero, Guerrero, en contra del acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/092/2015, y sus actos de ejecución para hacer efectiva la medida de apremio ahí determinada, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cuatro de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada de la Sala Regional Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en aquella ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento que se le formulo en proveído de doce de veinticinco de mayo pasado y remite las constancias requeridas en dicho acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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