Leticia Bautista Vargas

Expediente 855/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
855/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Leticia Bautista Vargas
  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 811/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y remitido el mismo día por razón de turno al Juzgado Décimo de Distrito, Leticia Bautista Vargas, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: "1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. EJECUTORAS: 2. Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. 3. Agente Fiscal Estatal número 9-02, con sede en Marquelia, Guerrero." ACTO RECLAMADO: "a) El requerimiento de pago contenido en el oficio 150/2018 de treinta de agosto de dos mil dieciocho, respecto de la multa impuesta en el expediente laboral 685/2010, mediante oficio 7109/2018, por la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), más gastos de ejecución y su respectiva notificación, y b) El acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 685/2010, promovido por Ignacio Herrera Justo, mediante el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, impone una multa consistente en doscientos días de salario mínimo, que asciende a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), vigentes en la capital del Estado, así como la instrucción, indicación o mandamiento girado a las autoridades señaladas como ejecutoras, para que realicen el cobro correspondiente. Mediante, auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, el referido juzgado radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 1045/2018 y se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del asunto, asimismo, el día veintisiete siguiente fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, el oficio 16329/2018, mediante el cual la Secretaria del referido juzgado, remitió los autos de dicho juicio, el cual fue remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 811/2018 y se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se ordenó emplazar al tercero interesado Ignacio Herrera Justo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó la acumulación del juicio de amparo 855/2018, al presente juicio de amparo. CUARTO. Por otro lado, por escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Leticia Bautista Vargas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. EJECUTORAS: 2. Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. 3. Agente Fiscal Estatal número 9-02, con sede en Marquelia, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "1) El acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 685/2010, promovido por Ignacio Herrera Justo, mediante el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje responsable, impone una multa consistente en doscientos días de salario mínimo, que asciende a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), vigentes en la capital del Estado, así como la instrucción, indicación o mandamiento girado a las autoridades señaladas como ejecutoras, para que realicen el cobro correspondiente. 2) El requerimiento de pago contenido en el oficio 157/2018 de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, respecto de la multa impuesta en el expediente laboral 685/2010, mediante oficio 7109/2018, por la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), más gastos de ejecución." QUINTO. Por auto de quince de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda registrada en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 855/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se ordenó emplazar al tercero interesado Ignacio Herrera Justo y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución emitida dentro de un juicio laboral que se considera de imposible reparación, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama: a) La notificación de los requerimientos de pago contenidos en los oficios 150/2018 y 157/2018, de treinta de agosto y dieciocho de septiembre ambos de dos mil dieciocho, respecto de la multa impuesta en el expediente laboral 685/2010, mediante oficio 7109/2018, por la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), más gastos de ejecución y su respectiva notificación, y b) El acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 685/2010, promovido por Ignacio Herrera Justo, mediante el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, impone una multa consistente en doscientos días de salario mínimo, que asciende a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), vigentes en la capital del Estado, así como la instrucción, indicación o mandamiento girado a las autoridades señaladas como ejecutoras, para que realicen el cobro correspondiente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y el Agente Fiscal Estatal 9-02 de Marquelia, Guerrero, dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al rendir sus informes justificados aceptaron los actos que se les atribuyen, los cuales quedaron precisados en líneas precedentes. Por su parte, el Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, negó el acto que se le reclama; sin embargo, dada la calidad de ejecutora con la que fue designada, se desvirtúa dicha negativa con lo manifestado por la autoridad ordenadora. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Precisado los antecedentes de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora advierte de oficio que opera la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XII, concatenada con los numerales 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado marcado con el inciso b), que literalmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inciso de si vigencia. "Artículo 5º. Son parte en el juicio de amparo: El quejoso teniendo el carácter quien aduce ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". Del primero de los preceptos legales reproducidos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que aquella resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. En la especie, la improcedencia de que se habla, deriva de lo dispuesto en los numerales 5º y 6º de dicha legislación. Ello es así, pues el artículo 5º señalado dispone que una de las partes del juicio de amparo, lo es el quejoso que aduce ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º antes invocado y que con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, así como, que en términos del numeral 6º en mención, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, siempre y cuando aduzca ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Ahora bien, en el caso, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa impugna en la vía constitucional el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 685/2010, promovido por Ignacio Herrera Justo, mediante el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, impone una multa consistente en doscientos días de salario mínimo, que asciende a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), vigentes en la capital del Estado, así como la instrucción, indicación o mandamiento girado a las autoridades señaladas como ejecutoras, para que realicen el cobro correspondiente. Sin embargo, del análisis del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se observa que la multa le fue impuesta al Síndico Procurador del Ayuntamiento Demandado, el C. Lorenzo Crispín Emperatriz, es decir, no fue aplicada en forma específica a la aquí quejosa Leticia Bautista Vargas. Esto es así, porque en el acuerdo impugnado, si bien se dijo que la multa se aplicaba a la parte demandada, también se indicó que la multa impuesta ahí señalada correspondía al Síndico Procurador del Ayuntamiento Demandado, el C. Lorenzo Crispín Emperatriz, por tanto, es quien cuenta con legitimación activa para instar el juicio de amparo, en la medida que sólo es la referida persona quien resiente los efectos de la multa reclamada en su esfera jurídica, no así la quejosa Leticia Bautista Vargas. En virtud de lo anterior, se hace patente que la demanda constitucional se promovió a nombre de una persona que no contaba con legitimación para ello al no ver afectados sus derechos patrimoniales. Consecuentemente, al resultar operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5 y 6 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación que expresó el impetrante de amparo, para demostrar las violaciones que alega, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Página 335, Materia Común, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Determinación que no es posible hacer extensiva a los actos de ejecución, en razón de lo que se analizará en el siguiente considerando, sin que resulte óbice lo establecido en la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 286, del Volumen 91-96, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 253622, en virtud de dichos actos de ejecución se reclaman por vicios propios. QUINTO. Por otro lado, respecto del acto reclamado marcado con el inciso a); es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, el segundo concepto de violación que propone el quejoso, en el que esencialmente expresa: Que los requerimientos de pago que reclama resultan ilegales en razón de que la multa impuesta mediante auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido dentro del procedimiento laboral 685/2010 por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, no refiere que la multa se impuso a la aquí quejosa, por tanto, no es posible jurídicamente realizar el cobro de dicha sanción mediante los requerimientos de pago reclamados. Para convenir en ello, resulta necesario precisar los antecedentes del asunto, obtenidos de las constancias procesales aportadas por la autoridad responsable, de los que se desprende lo siguiente: El diez de julio de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en el expediente 685/2010, requirió al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Azoyu, Guerrero, a fin de que dentro del término de diez días, diera cumplimiento a laudo o en su defecto manifestara y acreditara el impedimento legal que tuviera para no hacerlo así, con el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo requerido se le impondría como medida de apremio la multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente en la Capital del Estado. Al no haber dado cumplimiento a lo señalado en el punto inmediato anterior, mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 685/2010, promovido por Ignacio Herrera Justo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se impone una multa al Síndico Procurador del Ayuntamiento Demandado, el C. Lorenzo Crispín Emperatriz, consistente en doscientos días de salario mínimo, que asciende a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), vigentes en la capital del Estado, así como giró la instrucción, indicación o mandamiento girado a las autoridades señaladas como ejecutoras, para que realicen el cobro correspondiente. En cumplimiento a lo anterior, mediante requerimientos de pago contenidos en los oficios 150/2018 y 157/2018, de treinta de agosto y dieciocho de septiembre ambos de dos mil dieciocho, le notificó a Leticia Vargas Bautista, la multa impuesta en el expediente laboral 685/2010, mediante oficio 7109/2018, por la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), más gastos de ejecución y su respectiva notificación, y La determinación anterior es la que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Ahora bien, una vez que fueron precisados los antecedentes del acto reclamado, de su confrontación con el motivo de disenso que se analiza, como ya se dijo, resulta fundado. Es fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa en el que sostiene que la multa impuesta por la autoridad responsable es violatoria del artículo 16 Constitucional, al carecer de fundamentación y motivación, por no haber sido notificada de manera personal del apercibimiento respectivo. Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...". De conformidad con lo dispuesto por el precepto constitucional transcrito, cualquier acto de autoridad que cause molestia a un particular debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que deben citarse con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En efecto, debe decirse que el auto reclamado, no cumple con la fundamentación y motivación que para todo acto de autoridad exige el artículo 16 Constitucional. Lo anterior se estima así, toda vez que el cobro coactivo que la responsable pretende realizar respecto de la multa impuesta mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 685/2010 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, corresponde al C. Lorenzo Crispín Emperatriz, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento Demandado. En esa consideración, el requerimiento de pago formulado por la responsable carece de sustento jurídico para llevarlo a cabo, en razón de que la sanción que se pretende ejecutar no fue impuesta a la persona requerida (aquí quejosa), sino que ésta corresponde a una persona diversa, como claramente se advierte del auto anteriormente descrito. Asimismo, se hace la precisión en cuanto a que la multa fue impuesta al Síndico Procurador del Ayuntamiento Demandado, derivado del incumplimiento de un requerimiento formulado previamente mediante auto de diez de julio de dos mil diecisiete, a dicho servidor público, por lo que al no haber dado contestación al mismo, se hizo acreedor a la sanción determinada en el diverso auto de veintiocho de junio del presente año. De lo anterior se advierte que tanto el requerimiento, como el apercibimiento correspondiente y la multa impuesta en el auto en comento, fueron dirigidos al C. Lorenzo Crispín Emperatriz, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento Demandado, y no a la aquí quejosa, por ello, resulta fundado el argumento que ésta sostiene en cuanto a que dicha sanción no le fue directamente impuesta a ella, resultando en consecuencia ilegales los requerimientos de pago que se le formularon mediante los actos reclamados. Asimismo, de las constancias que fueron allegadas por las partes al presente asunto, no se advierte la existencia de algún otro acto por medio del cual se hubiera impuesto una sanción económica a la quejosa, en la cuantía que la autoridad responsable pretende hacerle efectiva, ni dentro del procedimiento laboral en cita, ni dentro de otro procedimiento. En tales condiciones, dichos requerimientos de pago contenidos en los oficios 150/2018 y 157/2018, derivan de un acto inexistente, en razón de que la sanción contenida en el proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, no se encuentra dirigida a la quejosa y, por tanto, carecen de sustento jurídico que justifique el cobro que se pretende hacerle efectivo. En tales condiciones, resulta procedente conceder el amparo y protección constitucional que solicita la parte quejosa, para el efecto de que: Se dejen sin efectos los requerimientos de pago contenidos en los oficios 150/2018 y 157/2018, mediante los cuales se pretende hacer efectivo a la quejosa el pago de la multa impuesta mediante el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente número 685/2010, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, en cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo, que asciende a $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.). Por lo antes expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 811/2018 y su acumulado 855/2018, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a la quejosa Leticia Vargas Bautista, por los motivos establecidos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  2. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A LA PARTE TERCERO INTERESADO IGNACIO HERRERA JUSTO, EL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; doce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto, téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Mixto de Paz del Municipio de Azoyu, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 214/2018, que le fue enviado para que en auxilio de este órgano judicial notificara el inicio del presente juicio al tercero interesado Ignacio Herrera Justo. Acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro respectivo. En tales condiciones, téngase por hecha la referida notificación y en virtud de que de las constancias que integran la referida comunicación oficial, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se otorgó a Ignacio Herrera Justo, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiere hecho así, ya que no es posible tenerle como tal el de su residencia como lo solicitó en la diligencia por encontrarse fuera de esta ciudad, por tanto, se ordena efectuarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por lista, sin perjuicio del derecho que le asiste de señalar con posterioridad domicilio en esta ciudad para tales efectos, en caso de apersonarse al juicio. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ante este juzgado se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 811/2018, promovido también por la aquí quejosa Leticia Bautista Vargas, en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, ambos con sede en Chilpancingo, así como del Fiscal Estatal número 9-02 de Marquelia, Guerrero, de quienes reclamo: a) El requerimiento de pago contenido en el oficio 150/2018 de treinta de agosto de dos mil dieciocho, respecto de la multa impuesta en el expediente laboral 685/2010, mediante oficio 7109/2018, por la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), más gastos de ejecución y su respectiva notificación, y b) El acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 685/2010, promovido por Ignacio Herrera Justo, mediante el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, impone una multa consistente en doscientos días de salario mínimo, que asciende a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), vigentes en la capital del Estado, así como la instrucción, indicación o mandamiento girado a las autoridades señaladas como ejecutoras, para que realicen el cobro correspondiente. Mientras que en el juicio 855/2018 que nos ocupa se advierte que la quejosa reclama de las mismas autoridades responsables: a) El requerimiento de pago contenido en el oficio 157/2018 de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, respecto de la multa impuesta en el expediente laboral 685/2010, mediante oficio 7109/2018, por la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), más gastos de ejecución y su respectiva notificación, y b) El acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 685/2010, promovido por Ignacio Herrera Justo, mediante el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, impone una multa consistente en doscientos días de salario mínimo, que asciende a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), vigente en la capital del Estado, así como la instrucción, indicación o mandamiento girado a las autoridades señaladas como ejecutoras, para que realicen el cobro correspondiente. De lo expuesto tenemos que en los juicios de amparo 811/2018 y 855/2018, se reclama el mismo acuerdo con motivo de distintos actos de ejecución, pues en ambos se reclama el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 685/2010, con motivo de la multa decretada por doscientos días de salario mínimo que corresponde a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), sólo que en el primero a través del requerimiento de pago contenido en el oficio 150/2018 y en el segundo en el requerimiento contenido en el diverso 157/2018. En esas condiciones, al estar relacionados entre sí los actos reclamados en los citados asuntos y a fin de evitar se emitan sentencias contradictorias, dadas las facultades que otorga el numeral 66 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la acumulación del juicio de amparo 855/2018 al diverso 811/2018, por ser este último el más antiguo, por reclamarse en ambos el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral 685/2010, con motivo de la multa ahí decretada por doscientos días de salario mínimo que corresponde a la cantidad de $17,672.00 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), solo que con motivo de diversos actos de ejecución, sin necesidad de abrir y tramitar el incidente respectivo, ya que en esta hipótesis este Tribunal considera que no se trata de una cuestión incidental, sino de una determinación de autoridad jurisdiccional que se emite de plano al encontrarse ambos juicios radicados en este órgano de control constitucional. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial número P./J. 24/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Tomo I, Libro 22, Septiembre de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio y con copia certificada de este proveído dese cuenta en el juicio de amparo 811/2018. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE TERCERO INTERESADA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL.-

  4. Incidental

    Acapulco, Guerrero; doce de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Mixto de Paz del Municipio de Azoyu, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 215/2018, que le fue enviado para notificar el proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho, al tercero interesado Ignacio Herrera Justo. Acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro respectivo. En tales condiciones, téngase por hecha la referida notificación. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.Razón.- Las anteriores firmas corresponden al acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 855/2018.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

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