Leonardo Tiro Moranchel

Expediente 1188/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1188/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Tiro Moranchel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil veintitrés. A los autos, el oficio FEDH/UEIDTOTCID-V/011/2023 signado por ********************, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, en donde solicita se expida copia certificada de todo lo actuado en este sumario constitucional, con la finalidad de integrar su respectiva carpeta de investigación. Por lo tanto, sin ulterior acuerdo, remítasele las constancias que solicita. Notifíquese por oficio a ********************, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes; y, cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil veintidós. De acuerdo a la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de diecisiete de noviembre dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar.En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General).Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General antes mencionado, hágase saber a la parte procesal en mención que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que anexó a su demanda de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese por lista al promovente.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. A sus autos, el oficio FEDH/UEIDTOTCID-IV/904/2022 signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante el cual, en suma, informa que se inició la carpeta de investigación ********************, respecto de los actos de posible tortura cometidos en agravio del aquí promovente. De lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Finalmente, se tiene a referida fiscal, solicitando copias de las actuaciones dentro del sumario constitucional ********************, de esta estadística; al respecto, dígasele que dichas constancias deberán ser solicitadas en el correspondiente juicio de derechos fundamentales. Notifíquese por oficio a la fiscal de referencia y cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. AUTOS. De acuerdo a la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al promovente ********************, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el siete de noviembre de dos mi veintidós. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte promovente en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al promovente por conducto de su autorizado en términos amplios, el presente auto en el domicilio designado para tal efecto, ya que en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas a dicho peticionario de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a/J. 104/2022 (11a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable. DIVERSA PROVIDENCIA. Finalmente, hágase del conocimiento de la presente determinación a la autoridad responsable. Notifíquese personalmente al promovente por conducto de su autorizado en términos amplios; y, por oficio a la autoridad responsable y al agente el Ministerio Público de la Federación.

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