Leonardo Tiro Moranchel

Expediente 555/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
555/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Tiro Moranchel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA AL DEFENSOR PÚBLICO DE LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, primero de agosto de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintitrés en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención a los artículos 15 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente al quejoso, por conducto de su defensor público.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. QUEJA FUNDADA Agréguese a los autos el oficio III-448/2023, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el toca ********************, de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en la presente incidencia, misma que en sus puntos resolutivos señala: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por ********************, por propio derecho, contra la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Tercero en Materia Penal en el Estado de Puebla dentro del juicio de amparo indirecto 555/2023, en la que se desechó de plano la demanda constitucional." Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se advierte que el Tribunal de Alzada declaró fundado el recurso de queja para los efectos siguientes: "(.) dado que el acto reclamado en la demanda de amparo generadora del auto recurrido coincide con la materia de la contradicción de criterios en comento, pues ambos hacen referencia a la prisión preventiva excesiva dentro de un proceso del sistema penal tradicional, ya que el acto reclamado por el quejoso es toralmente "la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada dentro del proceso ********************, del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley"; debe concluirse que, conforme a las consideraciones del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Sur, en el caso a estudio, opera la hipótesis de excepción, prevista en la última parte del inciso b), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, el juicio de amparo indirecto es procedente, sin necesidad de agotar medio ordinario de defensa alguno. De ahí que lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja, a fin de que, de no advertir diversa causal de improcedencia, se provea sobre la admisión de la demanda de amparo y continúe la secuela procesal correspondiente (.) Acúsese recibo; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ********************, en el presente juicio de amparo reclama: Del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la causa penal ********************: La omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada en dicho proceso ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley. Al respecto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) Lo anterior es así, porque existe un antecedente registrado en el libro de gobierno de este juzgado, respecto del juicio de amparo ********************, donde ******************** reclama: Del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la causa penal ********************: La omisión de tramitar el incidente de modificación de medidas cautelares. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se ordena traer los autos del referido expediente a la vista como un hecho notorio dado que el juicio de amparo citado guarda estrecha vinculación con el presente sumario de derechos fundamentales, sin que resulte necesario agregar copias de las constancias respectivas. Marco jurídico Una vez narrado lo anterior, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contracción de tesis 64/2017, señaló que a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se incorporó al orden constitucional el sistema procesal penal acusatorio y oral, el cual propone un sistema garantista en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado. De igual forma la Sala determinó que se planteó el establecimiento de un nuevo marco constitucional, con el cual se asegurara en favor de todas las partes el debido proceso bajo un contexto de respeto irrestricto a los derechos humanos, así como a los principios de mínima intervención del derecho penal, presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva. En esa tesitura, la Sala consideró que los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, tienen la posibilidad de revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la luz del vigente artículo 19 constitucional. Dicha facultad, está sustentada en el artículo Quinto Transitorio del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya literalidad es la siguiente: "Quinto. Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código". Dispositivo legal transcrito, el cual al ser interpretado gramaticalmente se obtiene que el legislador secundario previó la posibilidad de que los inculpados del sistema penal anterior soliciten la revisión, modificación o sustitución de la medida privativa de libertad, consistente en la prisión preventiva que les haya sido impuesta, sin importar que ésta se haya decretado con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial." Como se ve, el transitorio en cita establece los parámetros para regular los temas relacionados con las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial, durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal de corte acusatorio adversarial. Así, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la facultad extraordinaria otorgada a los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, para revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la que están sujetas diversas personas contra las que se sigue proceso en dicho sistema. Ello es así, ya que obedece a que en términos del artículo 1o. Constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación con la prisión preventiva. Las consideraciones antes referidas, quedaron plasmadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), que establece: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita." Por esa razón, si el artículo Quinto Transitorio del decreto de reforma, contempla normas procesales más benéficas para todo procesado, que con el anterior sistema tradicional, es dable concluir que el juez puede válidamente analizar si procede o no aplicar una medida cautelar diversa, pues de lo contrario se estarían coartando los derechos de igualdad del inculpado. Ciertamente, no existe disposición expresa que prohíba la posibilidad de solicitar la revisión de medidas cautelares cuando previamente se ha solicitado otro beneficio pues ni el artículo Quinto transitorio, ni ningún otro precepto, excluye la posibilidad de solicitar uno u otro beneficio, de tal suerte que si el aquí quejoso está sujeto a prisión preventiva, es dable que el juez analizará su solicitud en términos de dicho numeral y los diversos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que este juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado), en los términos que establecen los artículos antes citados. Asimismo, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. Bajo ese contexto normativo, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, dado que en el juicio de amparo ********************, el cual, se admitió a trámite donde la litis de ese procedimiento versa precisamente en que el juez del proceso lleve a cabo la tramitación de una incidencia para la revisión de la medida cautelar (prisión preventiva) que actualmente tiene el quejoso. Ahora en el juicio de amparo en que se actúa, como se dijo se reclama la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada en dicho proceso ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley; sin embargo, como se expuso, este juzgador Federal no tiene el alcance de declarar procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado), en los términos que establecen los artículos 153 a 171 del ordenamiento en cita, y de resultar procedente la sustitución de la medida cautelar, el juez del proceso deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. De ahí que, en ambos procedimientos de amparo se tiene como finalidad de que se lleve a cabo la revisión para la modificación de la medida cautelar que actualmente tiene el quejoso. Sin embargo, en el juicio de amparo en que se actúa (555/2023) una vez tramitado procedimiento, de resultar procedente, a efecto de restituir al quejoso en sus derechos fundamentales se concedería el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez del proceso tramite el incidente a que se ha hecho referencia. Ahora en el juicio de amparo ********************, como se dijo, propiamente se analiza la omisión de la autoridad responsable de tramitar la revisión para la modificación de la medida cautelar, esto es, las razones o fundamentos jurídicos por los cuales el juez del proceso no ha dado el trámite respectivo. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, porque en ambos juicios de amparo se ventilan aspectos propios para la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso. Por tanto, pues resulta improcedente el sumario constitucional que se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. No se desatiende que el promovente del amparo en los dos juicios denomina de diversa forma el acto reclamado, sin embargo, ambas se encuentran encaminadas a combatir aspectos para que se lleve a cabo la revisión de la medida cautelar impuesta por haber transcurrido el plazo para ser juzgado. Tiene aplicación al caso las tesis cuyos rubros, texto y datos de localización, son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Asimismo, se destaca que la presente determinación no deja en estado de indefensión al quejoso porque se reitera, en el juicio de amparo ********************, el cual se encuentra en trámite, se estudian las razones jurídicas por las cuales el juez Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, ha sido omiso en tramitar la revisión de la medida cautelar, pues de resultar procedente, es el facultado para modificar la prisión preventiva del promovente del amparo. Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso por conducto de su defensor público. Es de señalar que, no es el caso de ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso está privado de su libertad, pues en el escrito de demanda se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran personalmente en el domicilio indicada, ubicado en la ciudad de Puebla, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que su defensor público, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público y por oficio a la Superioridad.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Nahieli Avendaño Palacios, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, Tel:(222) 303 7276 P. 344 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 555/2023, PROMOVIDO POR LEONARDO TIRO MORANCHEL, EN ESTA DATA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: "San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. QUEJA FUNDADA Agréguese a los autos el oficio III-448/2023, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el toca ********************, de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en la presente incidencia, misma que en sus puntos resolutivos señala: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por ********************, por propio derecho, contra la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Tercero en Materia Penal en el Estado de Puebla dentro del juicio de amparo indirecto 555/2023, en la que se desechó de plano la demanda constitucional." Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se advierte que el Tribunal de Alzada declaró fundado el recurso de queja para los efectos siguientes: "(.) dado que el acto reclamado en la demanda de amparo generadora del auto recurrido coincide con la materia de la contradicción de criterios en comento, pues ambos hacen referencia a la prisión preventiva excesiva dentro de un proceso del sistema penal tradicional, ya que el acto reclamado por el quejoso es toralmente "la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada dentro del proceso ********************, del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley"; debe concluirse que, conforme a las consideraciones del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Sur, en el caso a estudio, opera la hipótesis de excepción, prevista en la última parte del inciso b), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, el juicio de amparo indirecto es procedente, sin necesidad de agotar medio ordinario de defensa alguno. De ahí que lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja, a fin de que, de no advertir diversa causal de improcedencia, se provea sobre la admisión de la demanda de amparo y continúe la secuela procesal correspondiente (.) Acúsese recibo; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ********************, en el presente juicio de amparo reclama: Del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la causa penal ********************: La omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada en dicho proceso ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley. Al respecto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) Lo anterior es así, porque existe un antecedente registrado en el libro de gobierno de este juzgado, respecto del juicio de amparo ********************, donde ******************** reclama: Del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la causa penal ********************: La omisión de tramitar el incidente de modificación de medidas cautelares. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se ordena traer los autos del referido expediente a la vista como un hecho notorio dado que el juicio de amparo citado guarda estrecha vinculación con el presente sumario de derechos fundamentales, sin que resulte necesario agregar copias de las constancias respectivas. Marco jurídico Una vez narrado lo anterior, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contracción de tesis 64/2017, señaló que a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se incorporó al orden constitucional el sistema procesal penal acusatorio y oral, el cual propone un sistema garantista en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado. De igual forma la Sala determinó que se planteó el establecimiento de un nuevo marco constitucional, con el cual se asegurara en favor de todas las partes el debido proceso bajo un contexto de respeto irrestricto a los derechos humanos, así como a los principios de mínima intervención del derecho penal, presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva. En esa tesitura, la Sala consideró que los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, tienen la posibilidad de revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la luz del vigente artículo 19 constitucional. Dicha facultad, está sustentada en el artículo Quinto Transitorio del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya literalidad es la siguiente: "Quinto. Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código". Dispositivo legal transcrito, el cual al ser interpretado gramaticalmente se obtiene que el legislador secundario previó la posibilidad de que los inculpados del sistema penal anterior soliciten la revisión, modificación o sustitución de la medida privativa de libertad, consistente en la prisión preventiva que les haya sido impuesta, sin importar que ésta se haya decretado con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial." Como se ve, el transitorio en cita establece los parámetros para regular los temas relacionados con las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial, durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal de corte acusatorio adversarial. Así, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la facultad extraordinaria otorgada a los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, para revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la que están sujetas diversas personas contra las que se sigue proceso en dicho sistema. Ello es así, ya que obedece a que en términos del artículo 1o. Constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación con la prisión preventiva. Las consideraciones antes referidas, quedaron plasmadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), que establece: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita." Por esa razón, si el artículo Quinto Transitorio del decreto de reforma, contempla normas procesales más benéficas para todo procesado, que con el anterior sistema tradicional, es dable concluir que el juez puede válidamente analizar si procede o no aplicar una medida cautelar diversa, pues de lo contrario se estarían coartando los derechos de igualdad del inculpado. Ciertamente, no existe disposición expresa que prohíba la posibilidad de solicitar la revisión de medidas cautelares cuando previamente se ha solicitado otro beneficio pues ni el artículo Quinto transitorio, ni ningún otro precepto, excluye la posibilidad de solicitar uno u otro beneficio, de tal suerte que si el aquí quejoso está sujeto a prisión preventiva, es dable que el juez analizará su solicitud en términos de dicho numeral y los diversos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que este juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado), en los términos que establecen los artículos antes citados. Asimismo, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. Bajo ese contexto normativo, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, dado que en el juicio de amparo ********************, el cual, se admitió a trámite donde la litis de ese procedimiento versa precisamente en que el juez del proceso lleve a cabo la tramitación de una incidencia para la revisión de la medida cautelar (prisión preventiva) que actualmente tiene el quejoso. Ahora en el juicio de amparo en que se actúa, como se dijo se reclama la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada en dicho proceso ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley; sin embargo, como se expuso, este juzgador Federal no tiene el alcance de declarar procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado), en los términos que establecen los artículos 153 a 171 del ordenamiento en cita, y de resultar procedente la sustitución de la medida cautelar, el juez del proceso deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. De ahí que, en ambos procedimientos de amparo se tiene como finalidad de que se lleve a cabo la revisión para la modificación de la medida cautelar que actualmente tiene el quejoso. Sin embargo, en el juicio de amparo en que se actúa (555/2023) una vez tramitado procedimiento, de resultar procedente, a efecto de restituir al quejoso en sus derechos fundamentales se concedería el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez del proceso tramite el incidente a que se ha hecho referencia. Ahora en el juicio de amparo ********************, como se dijo, propiamente se analiza la omisión de la autoridad responsable de tramitar la revisión para la modificación de la medida cautelar, esto es, las razones o fundamentos jurídicos por los cuales el juez del proceso no ha dado el trámite respectivo. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, porque en ambos juicios de amparo se ventilan aspectos propios para la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso. Por tanto, pues resulta improcedente el sumario constitucional que se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. No se desatiende que el promovente del amparo en los dos juicios denomina de diversa forma el acto reclamado, sin embargo, ambas se encuentran encaminadas a combatir aspectos para que se lleve a cabo la revisión de la medida cautelar impuesta por haber transcurrido el plazo para ser juzgado. Tiene aplicación al caso las tesis cuyos rubros, texto y datos de localización, son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Asimismo, se destaca que la presente determinación no deja en estado de indefensión al quejoso porque se reitera, en el juicio de amparo ********************, el cual se encuentra en trámite, se estudian las razones jurídicas por las cuales el juez Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, ha sido omiso en tramitar la revisión de la medida cautelar, pues de resultar procedente, es el facultado para modificar la prisión preventiva del promovente del amparo. Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso por conducto de su defensor público. Es de señalar que, no es el caso de ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso está privado de su libertad, pues en el escrito de demanda se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran personalmente en el domicilio indicada, ubicado en la ciudad de Puebla, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que su defensor público, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público y por oficio a la Superioridad.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA AL DEFENSOR PÚBLICO DE LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. QUEJA FUNDADA Agréguese a los autos el oficio III-448/2023, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el toca ********************, de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en la presente incidencia, misma que en sus puntos resolutivos señala: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por ********************, por propio derecho, contra la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Tercero en Materia Penal en el Estado de Puebla dentro del juicio de amparo indirecto 555/2023, en la que se desechó de plano la demanda constitucional." Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se advierte que el Tribunal de Alzada declaró fundado el recurso de queja para los efectos siguientes: "(.) dado que el acto reclamado en la demanda de amparo generadora del auto recurrido coincide con la materia de la contradicción de criterios en comento, pues ambos hacen referencia a la prisión preventiva excesiva dentro de un proceso del sistema penal tradicional, ya que el acto reclamado por el quejoso es toralmente "la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada dentro del proceso ********************, del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley"; debe concluirse que, conforme a las consideraciones del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Sur, en el caso a estudio, opera la hipótesis de excepción, prevista en la última parte del inciso b), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, el juicio de amparo indirecto es procedente, sin necesidad de agotar medio ordinario de defensa alguno. De ahí que lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja, a fin de que, de no advertir diversa causal de improcedencia, se provea sobre la admisión de la demanda de amparo y continúe la secuela procesal correspondiente (.) Acúsese recibo; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ********************, en el presente juicio de amparo reclama: Del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la causa penal ********************: La omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada en dicho proceso ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley. Al respecto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) Lo anterior es así, porque existe un antecedente registrado en el libro de gobierno de este juzgado, respecto del juicio de amparo ********************, donde ******************** reclama: Del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la causa penal ********************: La omisión de tramitar el incidente de modificación de medidas cautelares. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se ordena traer los autos del referido expediente a la vista como un hecho notorio dado que el juicio de amparo citado guarda estrecha vinculación con el presente sumario de derechos fundamentales, sin que resulte necesario agregar copias de las constancias respectivas. Marco jurídico Una vez narrado lo anterior, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contracción de tesis 64/2017, señaló que a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se incorporó al orden constitucional el sistema procesal penal acusatorio y oral, el cual propone un sistema garantista en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado. De igual forma la Sala determinó que se planteó el establecimiento de un nuevo marco constitucional, con el cual se asegurara en favor de todas las partes el debido proceso bajo un contexto de respeto irrestricto a los derechos humanos, así como a los principios de mínima intervención del derecho penal, presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva. En esa tesitura, la Sala consideró que los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, tienen la posibilidad de revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la luz del vigente artículo 19 constitucional. Dicha facultad, está sustentada en el artículo Quinto Transitorio del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya literalidad es la siguiente: "Quinto. Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código". Dispositivo legal transcrito, el cual al ser interpretado gramaticalmente se obtiene que el legislador secundario previó la posibilidad de que los inculpados del sistema penal anterior soliciten la revisión, modificación o sustitución de la medida privativa de libertad, consistente en la prisión preventiva que les haya sido impuesta, sin importar que ésta se haya decretado con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial." Como se ve, el transitorio en cita establece los parámetros para regular los temas relacionados con las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial, durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal de corte acusatorio adversarial. Así, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la facultad extraordinaria otorgada a los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, para revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la que están sujetas diversas personas contra las que se sigue proceso en dicho sistema. Ello es así, ya que obedece a que en términos del artículo 1o. Constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación con la prisión preventiva. Las consideraciones antes referidas, quedaron plasmadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), que establece: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita." Por esa razón, si el artículo Quinto Transitorio del decreto de reforma, contempla normas procesales más benéficas para todo procesado, que con el anterior sistema tradicional, es dable concluir que el juez puede válidamente analizar si procede o no aplicar una medida cautelar diversa, pues de lo contrario se estarían coartando los derechos de igualdad del inculpado. Ciertamente, no existe disposición expresa que prohíba la posibilidad de solicitar la revisión de medidas cautelares cuando previamente se ha solicitado otro beneficio pues ni el artículo Quinto transitorio, ni ningún otro precepto, excluye la posibilidad de solicitar uno u otro beneficio, de tal suerte que si el aquí quejoso está sujeto a prisión preventiva, es dable que el juez analizará su solicitud en términos de dicho numeral y los diversos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que este juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado), en los términos que establecen los artículos antes citados. Asimismo, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. Bajo ese contexto normativo, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, dado que en el juicio de amparo ********************, el cual, se admitió a trámite donde la litis de ese procedimiento versa precisamente en que el juez del proceso lleve a cabo la tramitación de una incidencia para la revisión de la medida cautelar (prisión preventiva) que actualmente tiene el quejoso. Ahora en el juicio de amparo en que se actúa, como se dijo se reclama la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada en dicho proceso ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley; sin embargo, como se expuso, este juzgador Federal no tiene el alcance de declarar procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado), en los términos que establecen los artículos 153 a 171 del ordenamiento en cita, y de resultar procedente la sustitución de la medida cautelar, el juez del proceso deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. De ahí que, en ambos procedimientos de amparo se tiene como finalidad de que se lleve a cabo la revisión para la modificación de la medida cautelar que actualmente tiene el quejoso. Sin embargo, en el juicio de amparo en que se actúa (555/2023) una vez tramitado procedimiento, de resultar procedente, a efecto de restituir al quejoso en sus derechos fundamentales se concedería el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez del proceso tramite el incidente a que se ha hecho referencia. Ahora en el juicio de amparo ********************, como se dijo, propiamente se analiza la omisión de la autoridad responsable de tramitar la revisión para la modificación de la medida cautelar, esto es, las razones o fundamentos jurídicos por los cuales el juez del proceso no ha dado el trámite respectivo. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, porque en ambos juicios de amparo se ventilan aspectos propios para la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso. Por tanto, pues resulta improcedente el sumario constitucional que se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. No se desatiende que el promovente del amparo en los dos juicios denomina de diversa forma el acto reclamado, sin embargo, ambas se encuentran encaminadas a combatir aspectos para que se lleve a cabo la revisión de la medida cautelar impuesta por haber transcurrido el plazo para ser juzgado. Tiene aplicación al caso las tesis cuyos rubros, texto y datos de localización, son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Asimismo, se destaca que la presente determinación no deja en estado de indefensión al quejoso porque se reitera, en el juicio de amparo ********************, el cual se encuentra en trámite, se estudian las razones jurídicas por las cuales el juez Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, ha sido omiso en tramitar la revisión de la medida cautelar, pues de resultar procedente, es el facultado para modificar la prisión preventiva del promovente del amparo. Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso por conducto de su defensor público. Es de señalar que, no es el caso de ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso está privado de su libertad, pues en el escrito de demanda se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran personalmente en el domicilio indicada, ubicado en la ciudad de Puebla, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que su defensor público, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público y por oficio a la Superioridad.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Nahieli Avendaño Palacios, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, Tel:(222) 303 7276 P. 344 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 555/2023, PROMOVIDO POR LEONARDO TIRO MORANCHEL, EN ESTA DATA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: "San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. QUEJA FUNDADA Agréguese a los autos el oficio III-448/2023, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el toca ********************, de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en la presente incidencia, misma que en sus puntos resolutivos señala: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por ********************, por propio derecho, contra la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Tercero en Materia Penal en el Estado de Puebla dentro del juicio de amparo indirecto 555/2023, en la que se desechó de plano la demanda constitucional." Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se advierte que el Tribunal de Alzada declaró fundado el recurso de queja para los efectos siguientes: "(.) dado que el acto reclamado en la demanda de amparo generadora del auto recurrido coincide con la materia de la contradicción de criterios en comento, pues ambos hacen referencia a la prisión preventiva excesiva dentro de un proceso del sistema penal tradicional, ya que el acto reclamado por el quejoso es toralmente "la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada dentro del proceso ********************, del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley"; debe concluirse que, conforme a las consideraciones del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Sur, en el caso a estudio, opera la hipótesis de excepción, prevista en la última parte del inciso b), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, el juicio de amparo indirecto es procedente, sin necesidad de agotar medio ordinario de defensa alguno. De ahí que lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja, a fin de que, de no advertir diversa causal de improcedencia, se provea sobre la admisión de la demanda de amparo y continúe la secuela procesal correspondiente (.) Acúsese recibo; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ********************, en el presente juicio de amparo reclama: Del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la causa penal ********************: La omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada en dicho proceso ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley. Al respecto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) Lo anterior es así, porque existe un antecedente registrado en el libro de gobierno de este juzgado, respecto del juicio de amparo ********************, donde ******************** reclama: Del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en la causa penal ********************: La omisión de tramitar el incidente de modificación de medidas cautelares. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se ordena traer los autos del referido expediente a la vista como un hecho notorio dado que el juicio de amparo citado guarda estrecha vinculación con el presente sumario de derechos fundamentales, sin que resulte necesario agregar copias de las constancias respectivas. Marco jurídico Una vez narrado lo anterior, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contracción de tesis 64/2017, señaló que a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se incorporó al orden constitucional el sistema procesal penal acusatorio y oral, el cual propone un sistema garantista en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado. De igual forma la Sala determinó que se planteó el establecimiento de un nuevo marco constitucional, con el cual se asegurara en favor de todas las partes el debido proceso bajo un contexto de respeto irrestricto a los derechos humanos, así como a los principios de mínima intervención del derecho penal, presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva. En esa tesitura, la Sala consideró que los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, tienen la posibilidad de revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la luz del vigente artículo 19 constitucional. Dicha facultad, está sustentada en el artículo Quinto Transitorio del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya literalidad es la siguiente: "Quinto. Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código". Dispositivo legal transcrito, el cual al ser interpretado gramaticalmente se obtiene que el legislador secundario previó la posibilidad de que los inculpados del sistema penal anterior soliciten la revisión, modificación o sustitución de la medida privativa de libertad, consistente en la prisión preventiva que les haya sido impuesta, sin importar que ésta se haya decretado con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial." Como se ve, el transitorio en cita establece los parámetros para regular los temas relacionados con las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial, durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal de corte acusatorio adversarial. Así, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la facultad extraordinaria otorgada a los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, para revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la que están sujetas diversas personas contra las que se sigue proceso en dicho sistema. Ello es así, ya que obedece a que en términos del artículo 1o. Constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación con la prisión preventiva. Las consideraciones antes referidas, quedaron plasmadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), que establece: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita." Por esa razón, si el artículo Quinto Transitorio del decreto de reforma, contempla normas procesales más benéficas para todo procesado, que con el anterior sistema tradicional, es dable concluir que el juez puede válidamente analizar si procede o no aplicar una medida cautelar diversa, pues de lo contrario se estarían coartando los derechos de igualdad del inculpado. Ciertamente, no existe disposición expresa que prohíba la posibilidad de solicitar la revisión de medidas cautelares cuando previamente se ha solicitado otro beneficio pues ni el artículo Quinto transitorio, ni ningún otro precepto, excluye la posibilidad de solicitar uno u otro beneficio, de tal suerte que si el aquí quejoso está sujeto a prisión preventiva, es dable que el juez analizará su solicitud en términos de dicho numeral y los diversos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que este juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado), en los términos que establecen los artículos antes citados. Asimismo, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. Bajo ese contexto normativo, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, dado que en el juicio de amparo ********************, el cual, se admitió a trámite donde la litis de ese procedimiento versa precisamente en que el juez del proceso lleve a cabo la tramitación de una incidencia para la revisión de la medida cautelar (prisión preventiva) que actualmente tiene el quejoso. Ahora en el juicio de amparo en que se actúa, como se dijo se reclama la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada en dicho proceso ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley; sin embargo, como se expuso, este juzgador Federal no tiene el alcance de declarar procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado), en los términos que establecen los artículos 153 a 171 del ordenamiento en cita, y de resultar procedente la sustitución de la medida cautelar, el juez del proceso deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. De ahí que, en ambos procedimientos de amparo se tiene como finalidad de que se lleve a cabo la revisión para la modificación de la medida cautelar que actualmente tiene el quejoso. Sin embargo, en el juicio de amparo en que se actúa (555/2023) una vez tramitado procedimiento, de resultar procedente, a efecto de restituir al quejoso en sus derechos fundamentales se concedería el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez del proceso tramite el incidente a que se ha hecho referencia. Ahora en el juicio de amparo ********************, como se dijo, propiamente se analiza la omisión de la autoridad responsable de tramitar la revisión para la modificación de la medida cautelar, esto es, las razones o fundamentos jurídicos por los cuales el juez del proceso no ha dado el trámite respectivo. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, porque en ambos juicios de amparo se ventilan aspectos propios para la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso. Por tanto, pues resulta improcedente el sumario constitucional que se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. No se desatiende que el promovente del amparo en los dos juicios denomina de diversa forma el acto reclamado, sin embargo, ambas se encuentran encaminadas a combatir aspectos para que se lleve a cabo la revisión de la medida cautelar impuesta por haber transcurrido el plazo para ser juzgado. Tiene aplicación al caso las tesis cuyos rubros, texto y datos de localización, son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Asimismo, se destaca que la presente determinación no deja en estado de indefensión al quejoso porque se reitera, en el juicio de amparo ********************, el cual se encuentra en trámite, se estudian las razones jurídicas por las cuales el juez Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, ha sido omiso en tramitar la revisión de la medida cautelar, pues de resultar procedente, es el facultado para modificar la prisión preventiva del promovente del amparo. Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso por conducto de su defensor público. Es de señalar que, no es el caso de ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso está privado de su libertad, pues en el escrito de demanda se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran personalmente en el domicilio indicada, ubicado en la ciudad de Puebla, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que su defensor público, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público y por oficio a la Superioridad.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. PREÁMBULO Intégrese a los autos el oficio remitido -vía interconexión- por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic: ********************; visto su contenido, primero debe decirse que la promoción de mérito se presentó de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y ésta se encuentra vigente y cuenta con la evidencia criptográfica, con la que se acredita que el signante es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. DILIGENCIA EXHORTO 167/2023 (ORDEN 443/2023) I. Notificación al quejoso ******************** Del oficio de cuenta se aprecia que la remitente devuelve debidamente diligenciado el exhorto 167/2023 (orden 443/2023), del índice este Juzgado de Distrito, pues de las constancias que adjunta, se evidencia que el veintidós de junio de dos mil veintitrés, al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en El Rincón, del municipio de Tepic, Nayarit, se entrevistó con el quejoso ********************y le notificó el auto de nueve y dieciséis de junio de dos mil veintitrés. II. Anotaciones de rigor Por tanto, se tiene por hecha la diligencia encomendada; se ordena dar de baja la comunicación oficial de mérito y realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No ha lugar a acusar recibo de la comunicación oficial de cuenta, en virtud de que al enviar dichas constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el acuse se genera de forma automática. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución no se integrará al expediente físico pues no resulta indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Cúmplase.

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