Leonardo Tiro Moranchel

Expediente 554/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
554/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Tiro Moranchel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veintitrés. ARCHIVO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto dictado el doce de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, y es destruible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción II, del acuerdo general señalado. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. No es obstáculo, que no obren los acuses de recibo de los oficios por los cuales se ordenó la notificación de la referida resolución a las autoridades responsables foráneas, en razón de que carecen de legitimación para impugnar el auto que sobreseyó en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". SE INSTRUYE A ACTUARÍA. No obstante lo anterior, a fin estar en posibilidad de remitir el presente juicio de manera física al archivo, así como para la debida integración del expediente electrónico, se instruye a la actuaria o actuario que corresponda, realice las notificaciones del auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional, ordenadas mediante oficios M-554-2 y M-554-3 a las autoridades responsables 2. Juzgado Primero de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva en el Estado de Nayarit y 3. Director del Cefereso Numero Cuatro Noroeste, por medio de lista. SE DEVUELVE ANEXO. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla en apoyo a su informe de ley, con las que se formó el anexo I, se ordena su devolución. Sin que sea necesario requerirle acuse de recibo, toda vez que se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye a la actuaria o actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del aludido documento. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsa el procedimiento del presente asunto. Notifíquese por cualquier medio a la actuaria o actuario judicial que corresponda a fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en párrafos precedentes; por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Intégrese a los autos el informe justificado de la siguiente autoridad responsable: 1 Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla.Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que anexa. Forma cuaderno auxiliar. Con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con las documentales indicadas, fórmese el CUADERNO AUXILIAR I, respetando el folio original. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, circunstancias que permiten decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que en este juicio de amparo, -de acuerdo con lo establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el recurso de queja 120/2023- el quejoso Leonardo Tiro Moranchel reclama: Del 1. Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada dentro del proceso 364/2009, y acumulado 338/2009 ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley, para el delito por el que se le instruye dicha causa penal. Y del 2. Juez de Ejecución Penal del Estado de Nayarit y al 3. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste, con sede en Tepic, Nayarit, la ejecución del acto reclamado a la ordenadora. Al respecto, el juzgado responsable manifestó que es cierto el acto reclamado; sin embargo dicha certeza se desvirtúa por las siguientes razones. Como el quejoso reclama un acto omisivo, es pertinente examinar la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta está en condiciones de emitir una actuación o determinación; y, de resultar que no estaba constreñida a su realización, decretar el sobreseimiento por inexistencia. En efecto, en el caso de la omisión, no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Y es que en el caso de que los actos reclamados sean omisiones, no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que se debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. En ese orden de ideas, se considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; esto es, no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa. En ese orden de ideas debe decirse que quien esto resuelve no advierte que el juez responsable hubiera tenido la obligación de dejar al hoy quejoso en libertad dentro del proceso penal 364/2009, y acumulado 338/2009, de su estadística, pues contrario a lo que aduce, al momento de la presentación de la demanda de amparo, el lapso de prisión preventiva que sufría no había rebasado el tiempo máximo que la ley establece para el delito por el que se le instruyó dicho proceso. Se explica: El artículo 20 constitucional, aparatado B, fracción IX, segundo párrafo: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.)IX. (.) La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." De dicho mandamiento se desprende que, en efecto, el legislador confirió al juez penal la obligación de velar por que la persona imputada no permanezca en prisión preventiva más tiempo que el plazo máximo de pena fijado por la ley correspondiente al delito que motivare el proceso y, si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, tal persona debe ser puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiendo imponerle diversas medidas cautelares. Ahora, de las constancias integran el presente sumario, como de las que remitió el juzgado responsable (cuaderno auxiliar I), y de su informe justificado (foja 176) se aprecia, en lo que interesa: 1. Que Leonardo Tiro Moranchel, se encuentra recluido con motivo de los hechos que originaron el proceso penal 364/2009, y acumulado 338/2009, desde el diecinueve de mayo de dos mil diez, fecha en que se comunicó la puesta a disposición del quejoso. 2. Que el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en la causa penal 364/2009, y acumulado 338/2009, se dictó sentencia condenatoria contra Leonardo Tiro Moranchel, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico continuado, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403 fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Ángel Rivera Calderón y otros, condenándolo a sufrir una pena de prisión. Sentencia contra la cual se interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, registrándolo bajo el toca 35/2016; y, contra la sentencia de segunda instancia el quejoso promovió demanda de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto circuito, bajo el expediente D-57/2021, en el cual ordenó dejar insubsistente la sentencia de primer instancia. 3. Por lo que la situación jurídica el quejos recae en el auto de formal prisión que se le dictó el veintidós de mayo de dos mil diez, que se pronunció como probable responsable de la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por el artículo 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. 4. Que los ordinales 402 y 403, fracción IV del Código Penal para el Estado de Puebla, en la época de comisión de los hechos disponían:"Artículo 402.- Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.""Artículo 403.- El delito de fraude se sancionará: IV.- Con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años, cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario, y (.)" Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el delito que se atribuyó al quejoso es de carácter continuado, por lo que es menester traer a colación el diverso arábigo 97 de la codificación sustantiva de la materia y fuero: "Artículo 97.- En el caso de delito continuado se aumentará la sanción hasta en una tercera parte de la correspondiente al delito cometido." 5. Que de acuerdo con lo anterior, la pena máxima a imponer al hoy sentenciado sería, por el tipo básico del delito de fraude en términos del artículo 403, fracción IV, del citado ordenamiento legal, de diez años. No obstante a ello debe abonársele una tercera parte de dicha sanción corporal, en términos del artículo 97 del ordenamiento sustantivo penal de referencia, esto es tres años, cuatro meses. Lo que arroja un total de trece años y cuatro meses de prisión. 6. Que la demanda de amparo que motivó el presente juicio fue originalmente presentada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit (foja 7); y 7. Que de un análisis de las anteriores circunstancias se aprecia con meridiana claridad desde el momento en que se decretó su detención en el proceso 364/2009 y acumulado 338/2009 (el diecinueve de mayo de dos mil diez) al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de mayo de dos mil veintitrés), transcurrieron trece años con tres días. Así las cosas, si bien es cierto como lo adujo el impetrante de garantías, conforme lo señala la fracción IX, Apartado B, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley o el delito que motivare el proceso; y, en caso de hacerlo es obligación de la autoridad jurisdiccional dejar en libertad al imputado; no menos cierto es que en el particular tal obligación no existe, en tanto que como se vio, al momento de instar la presente contienda constitucional, su cautiverio preventivo no superaba el máximo de la pena a imponer por el delito por el que se le dictó el auto de formal prisión, como lo afirmó. En mérito de lo expuesto, es que se concluye que la autoridad judicial no estaba obligada a poner al quejoso en libertad al no actualizarse la condición supracitada, de ahí que, como se adelantó, la omisión atribuida sea inexistente y, en consecuencia, proceda el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis siguiente:"ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Sobreseimiento que hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las restantes responsables, pues al no existir la obligación del juez de la causa de dejar en libertad al hoy quejoso, tampoco existe la de las autoridades ejecutoras de actuar en consecuencia. En mérito de lo expuesto, se dejan sin efecto las diez horas con ocho minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E.Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento; pues fue presentada físicamente y pone fin al juicio. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    -AVISO-Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo se notifica por medio de lista a la parte DEFENSOR PUBLICO, el proveído de _12 DE SEPTIEMBRE de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Intégrese a los autos el informe justificado de la siguiente autoridad responsable: 1 Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla.Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que anexa. Forma cuaderno auxiliar. Con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con las documentales indicadas, fórmese el CUADERNO AUXILIAR I, respetando el folio original. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, circunstancias que permiten decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que en este juicio de amparo, -de acuerdo con lo establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el recurso de queja 120/2023- el quejoso Leonardo Tiro Moranchel reclama: Del 1. Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada dentro del proceso 364/2009, y acumulado 338/2009 ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley, para el delito por el que se le instruye dicha causa penal. Y del 2. Juez de Ejecución Penal del Estado de Nayarit y al 3. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste, con sede en Tepic, Nayarit, la ejecución del acto reclamado a la ordenadora. Al respecto, el juzgado responsable manifestó que es cierto el acto reclamado; sin embargo dicha certeza se desvirtúa por las siguientes razones. Como el quejoso reclama un acto omisivo, es pertinente examinar la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta está en condiciones de emitir una actuación o determinación; y, de resultar que no estaba constreñida a su realización, decretar el sobreseimiento por inexistencia. En efecto, en el caso de la omisión, no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Y es que en el caso de que los actos reclamados sean omisiones, no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que se debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. En ese orden de ideas, se considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; esto es, no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa. En ese orden de ideas debe decirse que quien esto resuelve no advierte que el juez responsable hubiera tenido la obligación de dejar al hoy quejoso en libertad dentro del proceso penal 364/2009, y acumulado 338/2009, de su estadística, pues contrario a lo que aduce, al momento de la presentación de la demanda de amparo, el lapso de prisión preventiva que sufría no había rebasado el tiempo máximo que la ley establece para el delito por el que se le instruyó dicho proceso. Se explica: El artículo 20 constitucional, aparatado B, fracción IX, segundo párrafo: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.)IX. (.) La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." De dicho mandamiento se desprende que, en efecto, el legislador confirió al juez penal la obligación de velar por que la persona imputada no permanezca en prisión preventiva más tiempo que el plazo máximo de pena fijado por la ley correspondiente al delito que motivare el proceso y, si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, tal persona debe ser puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiendo imponerle diversas medidas cautelares. Ahora, de las constancias integran el presente sumario, como de las que remitió el juzgado responsable (cuaderno auxiliar I), y de su informe justificado (foja 176) se aprecia, en lo que interesa: 1. Que Leonardo Tiro Moranchel, se encuentra recluido con motivo de los hechos que originaron el proceso penal 364/2009, y acumulado 338/2009, desde el diecinueve de mayo de dos mil diez, fecha en que se comunicó la puesta a disposición del quejoso. 2. Que el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en la causa penal 364/2009, y acumulado 338/2009, se dictó sentencia condenatoria contra Leonardo Tiro Moranchel, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico continuado, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403 fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Ángel Rivera Calderón y otros, condenándolo a sufrir una pena de prisión. Sentencia contra la cual se interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, registrándolo bajo el toca 35/2016; y, contra la sentencia de segunda instancia el quejoso promovió demanda de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto circuito, bajo el expediente D-57/2021, en el cual ordenó dejar insubsistente la sentencia de primer instancia. 3. Por lo que la situación jurídica el quejos recae en el auto de formal prisión que se le dictó el veintidós de mayo de dos mil diez, que se pronunció como probable responsable de la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por el artículo 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. 4. Que los ordinales 402 y 403, fracción IV del Código Penal para el Estado de Puebla, en la época de comisión de los hechos disponían:"Artículo 402.- Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.""Artículo 403.- El delito de fraude se sancionará: IV.- Con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años, cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario, y (.)" Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el delito que se atribuyó al quejoso es de carácter continuado, por lo que es menester traer a colación el diverso arábigo 97 de la codificación sustantiva de la materia y fuero: "Artículo 97.- En el caso de delito continuado se aumentará la sanción hasta en una tercera parte de la correspondiente al delito cometido." 5. Que de acuerdo con lo anterior, la pena máxima a imponer al hoy sentenciado sería, por el tipo básico del delito de fraude en términos del artículo 403, fracción IV, del citado ordenamiento legal, de diez años. No obstante a ello debe abonársele una tercera parte de dicha sanción corporal, en términos del artículo 97 del ordenamiento sustantivo penal de referencia, esto es tres años, cuatro meses. Lo que arroja un total de trece años y cuatro meses de prisión. 6. Que la demanda de amparo que motivó el presente juicio fue originalmente presentada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit (foja 7); y 7. Que de un análisis de las anteriores circunstancias se aprecia con meridiana claridad desde el momento en que se decretó su detención en el proceso 364/2009 y acumulado 338/2009 (el diecinueve de mayo de dos mil diez) al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de mayo de dos mil veintitrés), transcurrieron trece años con tres días. Así las cosas, si bien es cierto como lo adujo el impetrante de garantías, conforme lo señala la fracción IX, Apartado B, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley o el delito que motivare el proceso; y, en caso de hacerlo es obligación de la autoridad jurisdiccional dejar en libertad al imputado; no menos cierto es que en el particular tal obligación no existe, en tanto que como se vio, al momento de instar la presente contienda constitucional, su cautiverio preventivo no superaba el máximo de la pena a imponer por el delito por el que se le dictó el auto de formal prisión, como lo afirmó. En mérito de lo expuesto, es que se concluye que la autoridad judicial no estaba obligada a poner al quejoso en libertad al no actualizarse la condición supracitada, de ahí que, como se adelantó, la omisión atribuida sea inexistente y, en consecuencia, proceda el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis siguiente:"ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Sobreseimiento que hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las restantes responsables, pues al no existir la obligación del juez de la causa de dejar en libertad al hoy quejoso, tampoco existe la de las autoridades ejecutoras de actuar en consecuencia. En mérito de lo expuesto, se dejan sin efecto las diez horas con ocho minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E.Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento; pues fue presentada físicamente y pone fin al juicio. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable: 3. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste, con sede en Tepic, Nayarit.Con el que se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público y por lista a las demás partes.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano