Leonardo Tiro Moranchel
Expediente 349/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonardo Tiro Moranchel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veintitrés. I. Resolución queda firme. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. III. Valoración expediente principal. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental, es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción I, del acuerdo general señalado. IV. Valoración incidente de suspensión. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción III, del acuerdo general señalado Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. V. Devolución de documentales. Por otro lado, devuélvase al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal ********************de su índice (anexo I); sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que la autoridad en mención es local, por lo que el actuario de la adscripción encargado de practicar dicha diligencia, tendrá que verificar que la autoridad en cita asiente su recepción. VI. Integración del expediente físico. Dada su importancia, el presente proveído debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su defensor público; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa autoridad tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CITATORIO-Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo se notifica por medio de lista a la parte promovente, el proveído de 09 DE OCTUBRE _ de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veintitrés. I. Resolución queda firme. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. III. Valoración expediente principal. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental, es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción I, del acuerdo general señalado. IV. Valoración incidente de suspensión. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción III, del acuerdo general señalado Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. V. Devolución de documentales. Por otro lado, devuélvase al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal ********************de su índice (anexo I); sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que la autoridad en mención es local, por lo que el actuario de la adscripción encargado de practicar dicha diligencia, tendrá que verificar que la autoridad en cita asiente su recepción. VI. Integración del expediente físico. Dada su importancia, el presente proveído debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su defensor público; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa autoridad tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. I. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a sus informes de ley, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de sobreseimiento, respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. II. Antecedentes del juicio. En principio, es necesario precisar que por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, solicitó el amparo y la protección de la justicia Federal, contra los actos del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla y otras autoridades, que precisó en el propio ocurso. En la misma fecha, se turnó la demanda al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, quien por auto de veintisiete de marzo siguiente, radicó la demanda de amparo y la registró bajo el número de juicio de amparo indirecto 235/2023-VIII; asimismo, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y declinó competencia por razón de territorio, entre otras, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno. El veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, recibió el oficio 8792 del Juzgado antes mencionado, y turnó dicho comunicado -junto con la demanda de amparo- al entonces Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. El treinta de marzo de dos mil veintitrés, la titular del mencionado órgano jurisdiccional, radicó el expediente y lo registró bajo el número de juicio de amparo indirecto ********************; además, decretó de oficio y de plano, la separación de juicios debido a que la multiplicidad de actos reclamados a las autoridades judiciales se encontraban desvinculados entre sí. Luego, mediante oficio 6927/2023, la homóloga federal remitió a la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, copia certificada de todo lo actuado en el sumario de referencia, a efecto de que se registrara como un asunto nuevo. Así, el tres de abril del año en curso, la Oficina de Correspondencia Común turnó a este juzgado Federal la misiva indicada, en la que se precisó que el presente sumario versaría respecto a los actos reclamados al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del proceso ******************** de su índice, consistentes en: "(.) Reclamo de todas las autoridades señaladas como responsables la omisión a ser sentenciado por el delito que se me acusa porque según el Código Penal del Estado de Puebla, en su artículo 402, 403 y 404, el delito de fraude se castigará con una pena máxima de prisión de 10 años y sin en cambio llevo compurgando cerca de 13 años de prisión. Reclamo de todas las autoridades señaladas como responsables a imponerme una medida cautelar diferente a la prisión para que continúe mi proceso en libertad. Reclamo de todas las autoridades señaladas como responsables el acusarme 2 veces o más por el mismo delito. Reclamo de las autoridades señaladas como responsables la omisión a acumular los procesos en su propio juzgado y la omisión de acumular todos los procesos de todos los juzgados en un solo Juzgado que correspondería al 5 Penal en la causa El cuatro de abril del presente año, con los documentos antes mencionados, se radicó el juicio de amparo en que se actúa con el número de expediente 349/2023; este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto y previno al quejoso por las razones ahí expuestas. Previa aclaración de la demanda y designación de defensor público, el veintiocho de abril siguiente, por una parte, se desechó parcialmente la demanda de amparo por los actos precisados como: "2. La omisión de imponerle una medida cautelar diferente a la prisión para que continúe su proceso en libertad; 3. Acusarlo dos veces o más por el mismo delito; y, 4. La omisión de acumular el proceso penal del índice del Juzgado Tercero de lo Penal de Puebla, Puebla, a la diversa causa penal del índice del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, Puebla." Por otra parte, se admitió la demanda -con incidente de suspensión- por el acto restante, consistente en la omisión de dictar sentencia en la causa penal del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; se requirió el informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja; mismo que fue radicado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de toca Q-109/2023. Así, mediante ejecutoria de diecisiete de agosto del año en curso, el tribunal de alzada declaró parcialmente fundado el medio de impugnación citado, y ordenó admitir la demanda respecto del acto reclamado consistente en la omisión de imponerle al quejoso una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, para que continúe su proceso en libertad. Por tanto, el treinta de agosto pasado, se admitió la demanda por cuanto hace a dicho acto, se proveyó lo conducente en el incidente de suspensión derivado de éste expediente, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable y se dio nuevamente la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público Federal adscrito. III. Fijación de la litis. Dicho lo anterior, se concluye que los actos reclamados por el quejoso ********************, respecto del cual versa la litis en este controvertido constitucional, son: a) La omisión de dictarle sentencia en la causa penal ******************** del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; y, b) La omisión de imponerle, dentro de la misma causa penal, una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, para que continúe su proceso en libertad. IV. Análisis de la causal de sobreseimiento -inexistencia de los actos reclamados-. En primer término, es oportuno destacar que, como ya fue precisado, los actos reclamados en esta instancia constitucional son de naturaleza omisiva; por tanto, para determinar su existencia o inexistencia, no basta con la rendición del informe de la autoridad responsable en determinado sentido ni con la manifestación que al respecto realiza la parte quejosa en su demanda, ya que para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente una obligación correlativa para actuar en el sentido que pretende el gobernado, conforme lo dispongan las normas legales aplicables. Por ende, una omisión relacionada con la actividad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y de las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa pretende, porque de no ser así, se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Resulta orientadora la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos" Ahora bien, previo a realizar el análisis correspondiente a la legalidad de los actos reclamados, es necesario reiterar que, con motivo de la separación de juicios decretada por la Titular del entonces Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este Juzgado de Distrito le correspondió conocer de los actos reclamados que quedaron precisados en el punto "III" de esta determinación, derivados a la causa penal ********************, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Sentado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 162 y 305), negó la existencia de los actos que se le atribuyen. Además, en lo que aquí interesa, hizo del conocimiento de esta potestad federal que la causa penal ******************** de su índice, no se instruye en contra del aquí quejoso ********************, sino que se inició en contra de ********************, por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo. En ese sentido, resulta evidente la inexistencia de los actos que se analizan, tomando en cuenta que, para que se actualicen las figuras de omisión a que alude el quejoso, era necesario que la causa penal ******************** del índice de la responsable se instruyera en su contra, y que la autoridad judicial a la que se le atribuyeron los actos reclamados, hubiera dejado de actuar conforme a lo establecido en la ley. Apoya lo anterior, a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En consecuencia, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional. Establecido lo anterior, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta patente la falta de materia de la acción de amparo, pues la inexistencia de los actos reclamados ha quedado acreditada fehacientemente con lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado. Tiene aplicación al caso, la tesis de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Por otro lado, no pasa inadvertido para quien esto resuelve, que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, aludió que la causa penal ********************, de su índice, sí se instruye en contra del aquí quejoso, por el delito de fraude genérico; y, que en dicha causa, el catorce de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria en contra de ********************; asimismo, que el nueve de junio de dos mil veintitrés, dicha autoridad acordó el escrito del sentenciado, a través del cual promovió un incidente de modificación de medida cautelar, consistente en el cese de la prisión preventiva y/o modificación de la misma, en el que se determinó que no había lugar a admitir dicho incidente en virtud que dentro de la causa penal ********************, se dictó sentencia condenatoria. No obstante ello, se estima inconducente analizar en este juicio las actuaciones derivadas de la causa en comento, pues ello implicaría variar la litis fijada, dado que, como se ha puntualizado a lo largo de esta determinación, el presente controvertido versa únicamente en relación con los actos derivados del proceso ********************. En efecto, este juzgador no está facultado para cambiar los elementos del juicio de amparo señalados por el accionante constitucional, como lo es la indicación del acto reclamado, ni siquiera en suplencia de deficiencia de la queja. Ello es así, pues si bien el artículo 79 de la Ley de Amparo, prevé la figura jurídica conocida como suplencia de la deficiencia de la queja de los conceptos de violación o agravios, misma que en materia penal opera inclusive ante la ausencia de los mismos; lo cierto es que tal suplencia de ningún modo faculta al juzgador de amparo a corregir o modificar el acto señalado como reclamado por la parte quejosa. Resultan aplicables a lo anterior, las jurisprudencias de rubros y textos siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." "QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. ALCANCES. En materia penal la suplencia de la queja consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, pero no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló en la demanda, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." Sumado a todo lo anterior, esta autoridad no puede presumir que el quejoso, por error, señaló que los actos reclamados derivaban del proceso ******************** en lugar del diverso ********************, pues como se observa del escrito inicial de demanda, el accionante constitucional manifestó que los actos atribuidos al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla derivan de las causas penales 60/2010, 233/2010, ********************, 457/2009, ******************** y otros. Es decir, no puede estimarse un error mecanográfico cuando señaló, entre otros, tanto el proceso ******************** como el diverso ********************; máxime que, derivado de la separación de juicios decretada por la Titular del entonces Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo ********************, los actos cometidos en el proceso ********************, son materia de estudio en diverso juicio de derechos fundamentales, como se advierte del oficio ********************-juicio 31- signado por la referida homóloga federal. VI. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con veinte minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VII. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, dada su relevancia, al tratarse de la determinación que pone fin a la litis constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su defensor público; por oficio a la autoridad responsable, a la diversa autoridad tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintitrés. I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 349/2023 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por ********************, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional y definitiva solicitadas. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión - derivado del acto reclamado respecto del cual el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el recurso de queja 109/2023, ordenó tramitar-; se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: -La omisión de imponerle una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, para que continúe su proceso en libertad, por lo que respecta a la causa penal ********************del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable identificada en el cuadro precedente, al rendir su informe previo negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa. Pues al efecto, la autoridad responsable indicó que, si bien, en su índice se encuentra radicada la causa penal ********************ésta se sigue en contra de una persona diversa al aquí quejoso ********************. En ese sentido, se corrobora la negativa de la autoridad responsable, y al efecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. Por tanto, al no existir el acto reclamado a la autoridad responsable no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." QUINTO. Notificación personal a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso por conducto de su defensor público el presente auto. No ha lugar a ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad - Centro Federal de Readaptación Social, Número 4 Noreste Tepic, Nayarit-, pues en el escrito de demanda se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran personalmente en el domicilio indicado, ubicado en la ciudad de Puebla, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que su defensor público, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. SEXTO. Integración de expediente. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: UNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ******************** en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí citadas. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa por conducto de su defensor público; y mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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